En entrevista con Correo del Caroní, el vicepresidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y autoridad única de la Guayana Esequiba, mayor general Alexis Rodríguez Cabello, rechazó la huelga de hambre organizada por jubilados de la estatal durante agosto de 2023 y señaló que los huelguistas respaldan “partidos que pidieron invasión al país y sanciones”.
En el marco del aniversario número 63 de la CVG, este medio consultó a Rodríguez Cabello acerca de cuáles serán las iniciativas de seguridad social que la junta interventora se plantea promover durante el 2024 y los motivos de la falta atención al grupo de jubilados que lleva 6 años protestando de forma semanal en las adyacencias de la sede la casa matriz.
– ¿Qué nos puede comentar sobre el tema de los jubilados y pensionados que organizaron una huelga de hambre frente a la CVG?
– Yo respeto ese término de huelga de hambre. Yo sé lo que pasó allí y quiénes estaban detrás y cuál es la verdadera intención. Cuando tú empiezas a jalar la cabuyita, tú le ves el rostro de quién estaba dirigiendo esa huelga de hambre. Allí estaba otro, que en otrora traicionó a los trabajadores de las empresas básicas con una cajita feliz y es el mismo que ahora viene a utilizar a los trabajadores. Cuando eso sucedió, también había una mesa que tenemos y la vamos a organizar en estos días. Lo que pasa es que son acciones que vamos a tomar, pero no me compete decir lo que vamos a hacer. Para nosotros no es el que grite más duro, el que pretenda tomar una medida x, nosotros vemos a los trabajadores de manera holística.
En contexto, esta huelga de hambre fue emprendida por 5 jubilados de CVG y respaldada por la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).
El objetivo entonces era lograr el recálculo del monto correspondiente a una serie de beneficios laborales y exigir el pago de prestaciones sociales para jubilados de CVG, quienes pasan a nómina inactiva sin recibir el beneficio correspondiente que, por ley, debería pagarse 5 días hábiles después de hacerse efectiva la jubilación. Durante esta manifestación se constató la existencia de casos de trabajadores jubilados en 2016, que continuaban sin recibir el pago correspondiente.
Tras 8 días de protesta, la junta interventora se reunió con los huelguistas el 23 de agosto de 2023 y firmó un acta convenio que les comprometía a instalar una mesa de trabajo para discutir la problemática. Sin embargo, la estatal incumplió con el acuerdo y la instancia nunca fue conformada, dejando a los manifestantes sin respuestas.
– Ustedes firmaron un acta convenio con estos huelguistas. ¿Qué pasó?
– Lo que está pautado en esa acta no se aparta de lo que se estaba discutiendo en la otra mesa, que se incluyan o hagan presentes en aquella mesa. Vamos a hacerlas más ampliadas y metiendo a todo el mundo. Estos mismos que se ponen ahí con eso que ellos llaman huelga de hambre que no es ninguna huelga de hambre, son los mismos que tú después ves apoyando un partido cuya dirigencia pidió invasión al país y sanciones. Es una contradicción. Si tú agarras y pides sanciones, pides que te bloqueen la cuenta, pides invasión. ¿Cómo vas a pedir beneficios si tú pediste, promoviste y lograste que al país le robaran sus activos y cuentas? Al país lo saquearon. Para un reclamo tiene que tener moral.
En este sentido, el oficialismo denuncia que durante el año 2019, durante el período de interinato dirigido por Juan Guaidó, los bloques opositores exigían intervención de fuerzas militares en el país. Asimismo responsabilizan de la crisis económica y emergencia humanitaria compleja al denominado “bloqueo económico”, disfemismo que es usado para referirse a las sanciones económicas impuestas en 2017 a Venezuela por aplicar políticas represivas.
Sin embargo, según el relato de los adultos mayores, la crisis productiva de las empresas básicas data del año 2014, cuando el país aún no tenía conflictos con la comunidad internacional. Asimismo los afectados afirman que el Estado sigue un “plan de exterminio” contra la tercera edad, manteniéndolos en la pobreza extrema.
Según la apreciación de empleados entrevistados por Correo del Caroní, a casi un año de gestión, la junta interventora no ha ofrecido respuestas a temas de envergadura como la reincorporación de trabajadores no requeridos, la discusión de contrataciones colectivas y la restitución del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).
Rodríguez Cabello aboga por la enseñanza pública
Durante el mes de septiembre, padres y representantes que trabajan en empresas de la CVG salieron a protestar para exigir el cumplimiento de la cláusula educativa de sus contrataciones colectivas: el pago de la matrícula de colegios privados para sus hijos.
Esta cláusula viene siendo violentada aproximadamente desde el año 2021, cuando la estatal decidió rescindir los convenios con las instituciones privadas y entregar un aporte económico limitado a los padres para que ellos gestionen la inscripción de sus hijos por sí mismos.
En el caso de CVG Bauxilum, los afectados denunciaron el año pasado que en esta compañía el aporte era de 55 dólares por trabajador, lo que es un monto insuficiente para costear la escolaridad en el sector privado. La situación es aún más cuesta arriba para quienes tienen más de un hijo.
Sobre esto, Rodríguez Cabello aseveró que están trabajando en solventar la problemática; sin embargo, manifestó que el nuevo sistema apunta hacia que los trabajadores trasladen a sus hijos a escuelas públicas.
– En cuanto al tema educativo, ¿cómo han dado respuesta a los reclamos del personal en cuanto al pago de colegios privados? ¿Se retomaron los convenios?
– No. Lo que se hizo es una metodología más sana. ¿Cómo es que nosotros tenemos colegios públicos y vamos a ir contra lo que dice la contratación colectiva? Que dice que solamente se les pagará a los hijos de los trabajadores un colegio público cuando no exista un colegio privado en el sitio donde viven. Nosotros comenzamos un proceso de depuración de esas nóminas y esos niños. Mira, de un monto de 100% nos dimos cuenta de que la deuda era 40%.
– ¿Cuál es el estado de esos planteles públicos?
– Nosotros hemos hecho un esfuerzo. Hemos reparado colegios nuestros y otros, pero de la noche a la mañana no podemos hacer todo. Una de las cosas que nos estamos proponiendo para el próximo año escolar va en esa vía también.
Sobre el tema, la presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Violeta Salas, afirmó en entrevista con este medio que los convenios se rompieron debido a demoras e incumplimiento de pagos por parte de CVG.
“La gran mayoría de los colegios no tiene convenio con las empresas. Hubo un tiempo que lo había y se demoraban en el pago. A finales de julio nos pidieron una relación, tanto el ministerio como la junta interventora, de los trabajadores que tenían morosidad con los colegios privados. Ellos estaban pendientes de cancelar la deuda de los trabajadores”, alegó la gremialista.
Hay que destacar que padres y representantes afirman no querer hacer el cambio de plantel debido a las malas condiciones que viven los alumnos en las instituciones del Estado.
Según el Colegio de Profesores del estado Bolívar, el 80% de los planteles no está en condiciones para impartir clases. La secretaria general de la institución, Aida González, ha venido denunciando reiteradamente que las reparaciones ejecutadas a través del programa Bricomiles se limitan a pintar la fachada y no a restaurar los planteles que, entre otros, tienen problemas de humedad, techos dañados y falta de servicios públicos.
Más de 8 mil trabajadores permanecen desincorporados
En cuanto a la desincorporación de más de 10 mil trabajadores durante pandemia, hace más de 4 años, Rodríguez Cabello aseguró que continúan trabajando en la reincorporación de estos empleados.
– ¿Qué va a pasar con los trabajadores no requeridos?
– Se ha comenzado a incorporar a algunos, pero es una de las grandes prioridades que tenemos nosotros. Hay como 8 mil y tantos desincorporados. Eso es lo que está en nómina, pero cuando vas a la práctica hay menos. Hay una metodología que vamos a aplicar este año. Una cosa viene con la otra. Vamos a depurar todo eso y vamos a un proceso de reincorporación de trabajadores.
En 2022, el entonces presidente de CVG, Pedro Maldonado, puso como fecha tope el 2023 para alcanzar la reincorporación de todos los trabajadores. No obstante, este objetivo no se logró y el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela en CVG fue aprehendido, junto a miembros de su junta directiva, por corrupción.
Tomado de correodelcaroni.com
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