13/01/2024
La Federación sindical IndustriALL, presente en 140 países de todo el mundo, y la asociación ambientalista Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe advierten sobre los retrocesos que implican el DNU y la Ley Ómnibus y se solidarizan con la medida de fuerza convocada para el 24 de enero.
Por Canal Abierto.
Diferentes sindicatos, federaciones y organizaciones de distintas partes del planeta están haciendo llegar en los últimos días fuertes manifestaciones de solidaridad para con el paro general que convocaron las centrales sindicales de Argentina contra el DNU y la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei que cercenan derechos laborales, recortan conquistas gremiales y entregan soberanía, entre otras afectaciones sociales.
La medida de fuerza nacional fue convocada por la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP para el próximo miércoles 24 de enero.
IndustriALL Global Union, la máxima federación mundial de sindicatos industriales que representa a más de 50 millones de personas en 140 países, envió un comunicado “en solidaridad con la jornada nacional de lucha” que comienza diciendo: “Damos apoyo a las movilizaciones y plan de acción en todo el país para poner un freno a las violaciones de los derechos constituciones y laborales a través de la imposición del DNU, que incluye la derogación o modificación de 366 leyes, que de hecho resultaría en una reforma laboral, además del intento a través del proyecto de Ley Ómnibus, que incluye más de 700 leyes, de forzar, de una vez, una reforma constitucional”.
“Celebramos la decisión adoptada por la Cámara de Trabajo, ante el amparo presentado por la CGT y las dos CTA entre otros, de suspender la reforma laboral incluida en el DNU. De todas maneras, expresamos junto a Uds. una gran preocupación ya que la eventual adopción de algunas de las medidas que el gobierno de Milei está tratando de imponer resultaría en la desregulación de la mayoría de los sectores industriales y un resultante desastroso aumento del desempleo”, agrega el texto.
Luego de criticar medidas represivas como el protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich, los industriales del mundo advierten “la reforma laboral que el gobierno de Milei intenta aplicar estaría en clara violación de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, y en particular resultaría en el cercenamiento del derecho a huelga, contemplado en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Por su parte, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que reúne a las organizaciones de la Federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) en 14 países del sur y el centro del continente, también se pronunció fuertemente “ante la ofensiva autoritaria y neoliberal desplegada desde la asunción del presidente Javier Milei”
“En menos de un mes de ocupar el poder –dice la reconocida asociación ambientalista-, el representante de extrema derecha neoliberal ha violentado a la sociedad argentina con sus proyectos autoritarios de reformas legales inconstitucionales a través de un decreto presidencial “de necesidad y urgencia”, además de profundizar enormemente la pobreza con una devaluación de la moneda del 120%; llevar a cabo un ajuste total del Estado en materia social y privilegiar su carácter represivo; e imponer la apertura económica y la desindustrialización; generar una inflación descontrolada y un aumento abrumador del costo de vida, efectivizando una ‘doctrina de shock’”.
“Todas estas medidas que perjudican al grueso de la población, serán respaldadas por otra norma de prohibición de las protestas: a través de un Protocolo del Ministerio de Seguridad que prohíbe el derecho fundamental a exigir y manifestarse públicamente, a organizarse social y políticamente y a ejercer la libertad de expresión. Estos derechos, consagrados por la Constitución Nacional Argentina y en acuerdos internacionales a los que el país suscribe, serán gravemente vulnerados por las medidas que buscan criminalizar a los sectores populares, organizaciones sociales y sus referentes”, agrega ATALC.
Sobre la cuestión ambiental, el escrito denuncia: “No conforme con estas atrocidades, posteriormente Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contiene más de 600 artículos. Popularmente conocida como “Ley ómnibus” por la cantidad de modificaciones que propone. Sin embargo, es en realidad una fuerte reforma inconstitucional del Estado: le quita de facultades al Poder Legislativo, propone la privatización de 41 empresas estatales, permite el endeudamiento externo desde el Poder Ejecutivo sin pasar por el parlamento, elimina el derecho a la protesta social,
modifica la ley de glaciares habilitando la minería y otras actividades económicas en zona periglaciar y amenazando el agua de las comunidades cordilleranas, habilita el desmonte modificando la Ley de Bosques, establece un “Régimen de Incentivo para grandes inversiones” destinado a sectores de agroindustria, infraestructura, minería, forestal, gas y petróleo, brindándoles seguridad jurídica y protección de derechos en materia tributaria, faculta al poder ejecutivo la creación de un “mercado doméstico de emisión de gases de efecto invernadero” pudiendo asignar derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía, establece un mercado de carbono en el cual quienes hayan cumplido sus “metas de carbono” puedan “vender” su cupo a los que no estén cumpliendo las metas,
modifica la ley de los 1.000 días que complementa la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Introduce como objetivo la “detección de madres embarazadas e hijos por nacer” abriendo la puerta a la derogación de la ley del aborto”.
“Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular nos encontramos en alerta a nivel nacional e internacional. ATALC apoya el llamamiento a paro general, se solidariza con los movimientos populares argentinos en la calle a pesar de los riesgos, hace responsable al gobierno de Javier Milei por la integridad de los y las manifestantes y llama a la comunidad internacional a una alerta permanente y solidaridad activa para que Argentina no pierda los derechos que ha conquistado con años de luchas populares”, concluyen.
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La intimación de Bullrich empieza a tomar vuelo internacional y la Federación Mundial del Transporte condenó la «criminalización» de la protestas y las multas a los gremios
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) repudió lo que consideró una «criminalización de las protestas en Argentina», respaldó a las organizaciones del país que forman parte de esa entidad y se solidarizó ante «los posibles embates autoritarios que infrinjan las libertades sindicales y laborales, como el intento de cobro de multas».
La ITF, que reúne a más de 20 millones de trabajadores del transporte de 670 sindicatos en 150 países, y a la que están adheridos los gremios argentinos, expresó su «enérgico repudio» a la carta-documento enviada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich al Sindicato de Camioneros y a otros gremios.
La organización sostuvo que «el intento de implementar castigos económicos por ejercer el derecho a manifestarse y presentar un escrito en sede judicial para impugnar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) linda con prácticas de gobiernos totalitarios y autoritarios y es tan inconstitucional como el propio DNU que está siendo impugnado», puntualizó.
«Aunque se comprende la importancia de mantener el orden y la seguridad pública, es inaceptable que en un país en el que de forma presunta rige la democracia y la libertad de expresión y asociación sindical se produzca semejante avasallamiento», afirmó.
Además, sostuvo que Argentina es signataria de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el 98, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.
«Esos convenios subrayan la importancia de garantizar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que están amenazados por la imposición de multas económicas a los trabajadores que participan en manifestaciones sindicales, como una forma de desincentivar la participación en actividades gremiales legítimas», cuestionó la ITF.
La entidad mundial aseguró que el cotitular de la CGT Pablo Moyano, quien participó en «aquella pacífica movilización para presentar un escrito en representación de la CGT», es un «referente sindical nacional y vicepresidente de la ITF», por lo que «siempre tendrá, al igual que los demás gremios, el respaldo internacional y la solidaridad global ante este o cualquier otro posible embate autoritario que infrinja las libertades sindicales y laborales».
«La ITF condena la criminalización de la protesta y, en especial, las actitudes amedrentadoras como el intento de cobrar supuestos e incomprobables gastos por algún operativo de la fuerza pública, que ya percibe su salario y partida presupuestaria justamente para cuidar y preservar el orden público en estas situaciones», remarcó.
También sostuvo que «estas actitudes de violencia política deben cesar de forma inmediata, porque los sindicatos son parte de la solución y no del problema», y agregó que «el movimiento de trabajadores es una pieza fundamental para el diálogo social por el que la OIT y los países democráticos y civilizados bregan, por lo que resulta alarmante percibir que la Argentina dejaría de ser parte de ellos», a la vez que urgió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a «retrotraer estas medidas amedrentadoras para promover el consenso, el diálogo y la negociación».
«La ITF continuará monitoreando la situación y no escatimará medidas nacionales e internacionales para velar por los derechos de todas las organizaciones afiliadas, por el bien de los trabajadores del transporte y de la sociedad argentina en su conjunto», afirmó.
El Ministerio de Seguridad intimó a Camioneros y a otros sindicatos a pagar sumas millonarias por haber protestado el 27 de diciembre último en los Tribunales.
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