CI.- Trabajadoras y trabajadores protestan en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Denuncian abusos laborales y despidos injustificados sin que hasta la fecha se pronuncie el Ministerio del Trabajo.

Este 11 de enero, trabajadoras y trabajadores de Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena protestan para denunciar varios casos de abuso y explotación laboral, falta de pagos y despidos injustificados cometidos por las empresas Morelco-Cenit, Saferbo y Van Camp’ s.

Despidos injustificados en Morelco- Cenit

Por su parte, obreros y obreras de la empresa Morelco-Cenit, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, rechazan los despidos injustificados de trabajadores y trabajadoras que reclaman sus derechos laborales.

Exigen el reintegro de todas las personas despedidas de forma injusta. Morelco es una empresa asociada con la petrolera Ecopetrol.

Desde el pasado 6 de diciembre del año pasado, las trabajadoras y trabajadores de Morelco realizan una protesta pacífica.

Según Nikolas Mojica Sáenz, empleado de Morelco— Cenit debido a que estaban exigiendo la remuneración de su trabajo y la empresa les despidió sin justa causa. Afirmó que la exigencia que hacen es que las 32 personas despedidas vuelvan a ser reintegradas a sus labores.

Mojica hizo un llamado a la solidaridad de las otras organizaciones sindicales para que les apoyen en la lucha que adelantan.

Denuncian que hasta el momento las directivas de Morelco-Cenit no se han sentado a negociar con las obreras y obreros que protestan y han recurrido a criminalizar la protesta y buscar el desalojo del grupo de manifestantes.

Saferbo es mala paga con las obreras y obreros

Mientras tanto, trabajadores y trabajadoras de Saferbo en Medellín denuncian que la empresa de transportes hasta la fecha no han hecho el pago de la prima violando el artículo 306 del Código sustantivo de trabajo. Señalan que el Ministerio del Trabajo no ha hecho nada para proteger sus derechos.

Los obreros y obreras denuncian que la empresa de Transportes Saferbo precariza los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, ya que dejó de cancelar salarios, primas y vacaciones, vulnerando los derechos no solo de sus empleados, sino también de las familias.

Obreros y obreras de Coordinadora y Sintracap denuncian a la empresa Van Camp’ s.

Advierten que la multinacional viola los derechos laborales y humanos de las mujeres a tal punto, que descuenta los tiempos que utilizan para realizar sus necesidades fisiológicas bajo el argumento de que esta actividad no es tiempo laboral, obligándolas a utilizar pañales desechables.

En días pasados, la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acusó a la empresa de atunes Van Camp ´ s de cometer prácticas de abuso laboral contra las trabajadoras, como es impedirles ir al baño.

“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho a la parte de las flores, de los atunes Van Camp’ s, por ejemplo, y se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores”, dijo la ministra Ramírez.

Intermediación laboral y mercurio en el atún Van Camp’s

De hecho, en 2016, Van Camp’s fue multada por $2757 millones de pesos por intermediación laboral, la cual era realizada a cerca del 95% de los trabajadores y trabajadoras que trabajaban por medio de empresas como A Tiempo Servicios S.A.S. y Servicios Empresariales Ltda.

Durante 2016, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encontró exceso de mercurio en varias latas de atún Van Camp’ s. El primer caso se presentó en el departamento de Boyacá, el segundo caso en el departamento colombiano de Santander.

En 2015, la Escuela Nacional Sindical realizó un estudio e identificó cinco empresas con las peores condiciones laborales en Colombia. Encabezando el estudio, aparece la productora de atún Van Camps, Productos Ramo, Palmas del Cesar, Emtelco (Epm y Milicom) y la IPS (Universidad de Antioquia).

Los trabajadores y trabajadoras de Coordinadora y Sintracap afirman: «Rechazamos enérgicamente el actuar genocida de estas empresas y exigimos a Morelco-Cenit, Van Camp’s y Saferbo, el reintegro de los trabajadores despedidos y el reconocimiento de todos sus derechos laborales». De igual forma, exigen acciones por parte del Ministerio del Trabajo.

CI FC/10/01/2024/

CI.- El Movimiento Social Sumainwayuu anunció que el 15 de enero convocará una movilización general en La Guajira debido a las órdenes de desalojo realizado por la administración regional. Comunidades denuncian que aunque el Gobierno nacional dictó medidas para el tratamiento de los conflictos ancestrales, la administración regional insiste en desalojar a los pueblos indígenas.

El Movimiento Social Sumainwayuu señaló que a partir del próximo 15 de enero realizará una movilización en el departamento de La Guajira para protestar por los desalojos de viviendas que enfrentan las familias, por cuenta del Gobierno regional.

La movilización indígena por el derecho a la vivienda reunirá a comunidades de Riohacha, Manaure, Barrancas, Fonseca, Distracción, Maicao, Uribia, entre otras poblaciones del departamento de La Guajira.

Hasta ahora fueron despojadas de sus territorios más de 3000 personas (Unas 1500 familias) de distintas edades, principalmente de las poblaciones de Cachaca, Mejía, Potrerito, Wayuukaso y Villa Iler.

Administración municipal desconoce línea del gobierno

Desde el pasado 16 de diciembre de 2022 se reunieron el Movimiento Social Sumainwayuu con el gobierno nacional. En dicha Mesa Interinstitucional participa el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Tierras.

Según el Movimiento Social Sumainwayuu en la mesa con el Gobierno fue acordada la presentación de una solicitud para suspender los desalojos. Sin embargo, la administración municipal desatendió las órdenes del Ministerio del Interior y procedió a desatar los desalojos contra la comunidad Wayucaso, Tuc Tuc, Santa Clara, Potrerito, entre otras.

Incluso, el Ministerio del Interior se pronunció nuevamente en marzo de 2023. En carta dirigida al Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Carlos Andrés Guzmán Díaz. El radicado también fue enviado con copia a las autoridades territoriales.

El Ministerio del Interior expresó en el radicado: “Desde esta cartera, a partir de las solicitudes de las comunidades indígenas asentadas en el Distrito de Riohacha, desde el pasado 16 de diciembre de 2022 venimos acompañando bajo nuestra misionalidad la situación; por todo lo anterior, se hace necesario agotar institucionalmente y de acuerdo a las competencias en materia de tierras, de formalización de predios y de la tradición de los mismos, en garantía de derechos de las partes, lo cual permitirá encontrar alternativas posibles para minimizar el uso de la fuerza en este tipo de procedimientos enmarcados dentro de la Ley 1801 de 2016”.

Así mismo, en el pronunciamiento: “El Ministerio del Interior reitera la solicitud de intervención, dado que se nos ha informado que se siguen adelantando procedimientos de desalojo por parte de la Inspección de Policía de Riohacha, desconociendo las concertaciones adelantadas por las instituciones, situación que no solo pone en riesgo inminente a la población indígena, especialmente a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores asentados en los territorios en disputa”.

Protesta pacífica

A pesar de los reiterados pronunciamientos de la Comunidad y del Gobierno nacional, el pasado 26 de diciembre hubo un nuevo desalojo, esta vez contra la comunidad de Jarinjinamana.

Es por esto que el Movimiento Social Sumainwayuu MSSW, el Movimiento Cultural Wayuu MCW-TnR olo’ileeraa akua’ipa, la Asociación de Autoridades Suuliwou Laülaayuu, el Movimiento Causa Caribe, MSMEA-P, el Comité Departamental Impulsor para la Participación para la Paz, el Movimiento de Mujeres Tejiendo Futuro y el Movimiento Hijos de la Lluvia convocaron a la comunidad a realizar una protesta pacífica para el próximo 15 de enero en varias regiones del departamento guajiro.

Una protesta pacífica anunciada

En junio del pasado año, una delegación indígena de La Guajira estuvo en Bogotá donde denunció ser víctima de desalojos y despojo de sus territorios.

En aquel entonces, indígenas de nueve comunidades Wayúu que habitan en Riohacha llegaron a Bogotá para denunciar ante el gobierno nacional que terceros les están desalon de sus territorios ancestrales para construir proyectos urbanísticos. Incluso, denunciaron que las instituciones regionales desconocían sus derechos.

De hecho, las comunidades informaron que en La Guajira sufrían abusos de la fuerza pública y la presencia de grupos paramilitares, quienes apoyan los desalojos y ataques contra las comunidades.

También cuestionaron la autonomía de las autoridades regionales, ya que algunos funcionarios tienen compromisos con particulares para efectuar los desalojos.

Incluso, el entonces alcalde José Ramiro Bermúdez, el inspector de policía Francisco Peñaranda Pinto y el capitán Diego Amorocho fueron denunciados por las comunidades ante la Procuraduría y otros organismos de control de ser responsables de desalojar a los pueblos indígenas.

En ese entonces, el líder Wayúu Pedro Ballesteros dijo: “Ha venido gente armada con policía a amenazarnos y sacarnos. Uno ve que nos desbaratan las viviendas, nos corretean con armas”. Además, afirmó que las instituciones en su región “no respetan ningún derecho ni ancestral ni occidental”.

Proyectos urbanísticos contra pueblos indígenas

Según las comunidades entre los proyectos urbanísticos figuran la cárcel de mediana seguridad para una población de 10 mil internos, la construcción de una laguna de oxidación y terceros beneficiados con escrituración ilegal sobre los predios ancestrales para ampliar el poder de clanes políticos como la familia Char.

Pedro Ballesteros del movimiento Sumainwayúu explicó que en una de las zonas donde buscan desalojar a las comunidades indígenas existe un proyecto de construcción de 1300 apartamentos y que estas zonas se han valorizado. Del mismo modo, aumentó el valor económico de las tierras.

CI FC/10/01/2024/18:00