Tierra para lucrar: la Ley 712 de Río Negro y el DNU de Milei entregan los territorios a las multinacionales

Las políticas del presidente Javier Milei están hechas para beneficiar con mejores ganancias al sector minero, energético e inmobiliario. El 7 de diciembre se aprobó la nueva ley de tierra N° 712 en Río Negro y luego a través del mega DNU 70/23 se deroga la Ley de Tierras, dos medidas que apuntan a entregar los bienes comunes. El acceso a la vivienda y la defensa del territorio son ejes claves de las organizaciones sociales y asambleas territoriales que se manifiestan en rechazo a la política del saqueo.

 

El 29 de diciembre entró en vigencia el Mega DNU de Javier Milei que favorece a la casta empresarial, inmobiliaria y en particular al sector minero extractivista. La derogación de la Ley de Tierras (26.737) busca habilitar la extranjerización de la tierra para entregar los recursos naturales propios de la Argentina a corporaciones económicas y financieras trasnacionales, poderosos del mundo y capitales desconocidos. Está en juego el agua, el litio, los derechos de los pueblos originarios y hasta la producción agropecuaria en zonas claves.

 

A las más de 300 derogaciones de leyes, Milei sumó el proyecto de Ley “Ómnibus”. Entre ambas iniciativas, la Agencia Tierra Viva destaca las siguientes modificaciones a favor de los capitales privados mineros:

  • Derogación de un canon establecido en la Ley de Comercio Minero (DNU).
  • Derogación de obligaciones para informar qué y cómo llevan adelante las explotaciones (DNU).
  • Congelamiento de las retenciones en un 4,5 por ciento y un techo del 15 por ciento a futuro (proyecto de ley).
  • Creación de un Régimen Especial para Grandes Inversiones (proyecto de ley).
  • Modificación en la protección de glaciares que habilitará más proyectos de explotación (proyecto de ley).
  • Privatización de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, propiedad del estado nacional, el estado catamarqueño y la Universidad de Tucumán (proyecto de ley).
  • Modificación del artículo 194 del Código Penal para incrementar las penas y tipificar como “organizadores” a quienes se manifiestan en las calles (proyecto de ley).

 

En diciembre Milei derogó la Ley de Tierras que entró en vigencia en 2011 producto de la lucha de organizaciones ambientalistas y agrarias porque limita la posesión extranjera. La Ley establecía un Registro Nacional de Tierras y Cuerpos de Agua y que sólo puede haber un 15 % de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 % ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas) o sus equivalentes.

 

Entonces prohibía la venta a extranjeros de tierras “que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. La misma restricción rige para “inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera”. Las compraventas deben ser autorizadas por el Estado y creó un Registro de Tierras. Si queda firme, el DNU barrerá con todo.

 

Entrega de los territorios al saqueo

Pero el avance sobre la soberanía y el derecho indígena ya había sido avasallado en algunas provincias durante el 2023. En Jujuy con la Reforma de Morales y en Río Negro con la Ley 712.

 

Comarca de Pie une a organizaciones en defensa del territorio de Río Negro y Chubut y denuncia el tratamiento exprés, sin consulta libre e informada de la 712 que reemplaza a la histórica Ley de Tierras 279, que trataba en su texto el uso de la tierra por quien la trabaja.

 

Esta Ley compromete 5 millones de hectáreas de tierras fiscales urbanas y rurales para habilitar el uso inmobiliario y la explotación energética como la minería. La nueva autoridad de aplicación es la Dirección de Tierras que tendrá el rol de policía para desalojar familias campesinas e indígenas que habitan estos territorios.

 

Para esto también se modifica el status de Áreas Naturales Protegidas para habilitarla para la explotación de bienes comunes como en la Meseta de Somuncurá, región donde existen cientos de proyectos mineros. Así se desconocen los derechos de comunidades mapuche tehuelches y de los productores rurales porque eliminan toda instancia de consulta y participación de la población.

 

En total hay 12 proyectos de minería metalífera en la zona de El Foyel, Los Repollos, Ñorquinco, Cuesta del Ternero, y Villegas, todos ellos en las nacientes de ríos. Comarca de Pie denuncia que la empresa Fortesecur recibió 625 mil hectáreas para la producción de hidrógeno verde: “de verde no tiene nada ya que su modelo productivo es orientado a más saqueo y destrucción”. Además señalan que Río Negro es una de las diez provincias firmantes del acuerdo de manera inconsulta y privada con Mekorot, empresa israelí denunciada por el apartheid en Palestina. Es decir, deja sin agua a la población de una nación pero desde el gobierno aseguran que vendrá a “gestionar el uso del agua” en nuestros territorios.

 

También señalan que en la misma línea se derogó la ley 3308 que protegía al Golfo San Matías habilitando la construcción de un puerto petrolero en Punta Colorada. “Este feroz avance se da en el marco del IIRSA Infraestructura para la Integración Regional Sudamericana”.

La resistencia anti extractivista

Las organizaciones de la Comarca de Pie en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida aseguran que no existe licencia social para llevar adelante ningún proyecto, minero, extractivista, hidroeléctrico, inmobiliario. Vienen realizando actividades como la proyección de un documental sobre el IIRSA y el mapeo comunitario, que es un encuentro de quienes habitan los territorios por un buen vivir y allí con ayuda de mapas identifican amenazas y resistencias. En ese marco llaman a coordinar acciones locales, provinciales, nacionales y plurinacionales para lograr la derogación del paquete de leyes sancionadas en tiempo récord por pedido del gobierno de Río Negro y el DNU de Milei.

 

“Es una comarca interprovincial con una identidad ambiental fuerte, tenemos la historia de justicia por Santiago Maldonado, de las comunidades mapuche. Se tiene muy presente la lucha en Esquel, Chubut, en defensa del agua, es algo que nos guía y siempre se recuerda” dice un compañero del FOL Bolsón. Cuenta que el 20 de diciembre, a 22 años del estallido del 2001, marcharon por la derogación de la 712 y las leyes pro mineras. “Se llegó al consenso que las luchas ambientales tienen una raíz común con los problemas que se vienen por el avance de la derecha y que constitucionalmente el derecho a la protesta nos permite cuidar y garantizar otros derechos” agrega.

 

La agenda de lucha en la comarca sigue con actividades para defender el territorio. Mañana se realizará una asamblea para unificar los reclamos de todos los sectores afectados por el mega DNU y el proyecto de ley “Ómnibus”. El jueves 4 se realizará un festival por el agua, por la vida y por la tierra en la manzana cultural de El Bolsón “para habitar los espacios de resistencia, fortalecer el intercambio y las economías locales, alegrar los corazones y promover el encuentro y la cultura” dice la convocatoria.

Tomado de folweb.com.ar

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