ARGENTINA- Eduardo Giordano*: Milei activa la motosierra con su terapia de choque/ Ver- DANIEL CAMPIONE*: Movilizaciones, paros y la cabeza de los dirigentes

 

En sus primeras semanas de Gobierno, el ultraneoliberal Javier Milei ha desplegado una batería de recortes y ajustes que atentan contra los derechos y las condiciones de supervivencia de la mayoría de la población argentina.
Cacerolazo para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei. - 1
En la madrugada del 20 de diciembre, miles de argentinos tomaron las calles de Buenos Aires después de que Javier Milei anunciara el ultraneoliberal Decreto Nacional de Urgencia. EVA MÁÑEZ
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Las primeras dos semanas del Gobierno ultraneoliberal de Javier Milei conmocionaron a gran parte de la población de Argentina. Después de su triunfo con el 55% de los votos en la segunda vuelta electoral, Milei se creyó habilitado para aplicar su terapia de shock a la economía en un tiempo récord y sin anestesia. Pero la sociedad argentina es más compleja de lo que describen sus manuales de ortodoxia económica liberal, y las reacciones populares de sectores de la clase media y de los trabajadores no se hicieron esperar. Ya hay marchas y paros convocados en todo el país por las centrales sindicales.

A pesar de haber basado su campaña en denunciar a la “casta política”, el Gobierno de Javier Milei ha incorporado en su gabinete a varios funcionarios procedentes del macrismo, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes repiten el mismo cargo que desempeñaron en el gabinete de Mauricio Macri. Ambos se convirtieron desde el primer día en voceros de los principales planes del Gobierno. Caputo, el ministro de Economía que endeudó a Argentina durante el Gobierno de Macri, contrayendo la mayor deuda de la historia de un país emergente con el FMI, expuso los primeros lineamientos de la política económica ultraliberal de Milei, augurando una etapa de sufrimiento y de hambre para los menos acaudalados.

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ARGENTINA: Las medidas ultraliberales de Milei desatan las primeras protestas callejeras en Argentina
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Por su parte, Bullrich esgrimió las respuestas represivas que adoptará el nuevo Gobierno contra quienes osen manifestarse en el espacio público. Otro antiguo funcionario macrista, el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, fue el encargado de redactar el plan económico impuesto por el presidente Milei en un megadecreto “de necesidad y urgencia” que, en opinión de muchos juristas y políticos de diversos partidos, vulnera las atribuciones del Congreso.

Los argumentos empleados para justificar las medidas de ajuste anunciadas por Caputo fueron completamente falaces. El ministro argumentó que el mayor problema del país no es el endeudamiento, ni la inflación, ni el valor del dólar, sino el déficit fiscal. “La génesis de nuestro problema siempre ha sido el déficit fiscal. Políticamente siempre hemos sido adictos al déficit”, aseguró. Una de las mayores falsedades, argumentada ya por el presidente Milei, es la afirmación de que el Gobierno anterior dejó “plantada” una hiperinflación del 15.000%. La inflación este año fue altísima, cercana al 160% anual a finales de noviembre —más del 12% mensual—, pero no alcanzó el umbral de temibles hiperinflaciones que ya vivió Argentina en el pasado. Tras la victoria de Milei, las expectativas del mercado ante una liberalización general de precios y la anunciada devaluación del peso provocó subidas astronómicas, de hasta el 100%, en los precios de muchos alimentos y productos esenciales.

El mismo día que Milei asumió la presidencia, declaró en un video autograbado: “Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. La inflación en Argentina viaja hoy al 1% diario, eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo, con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero”. Diez días más tarde, considerando los datos de las dos primeras semanas de diciembre, aseguraba que la inflación ya estaba “viajando al 7.550%”.

En realidad, el modelo ortodoxo que aplica Milei se basa en el atraso de los salarios y jubilaciones en la puja distributiva entre trabajadores y empresarios, liberando a la patronal de los controles de precios. De este modo, en su esquema liberal no es tan importante reducir la inflación, como el hecho de que los aumentos de salarios siempre queden por debajo de la cifra de inflación. Esta carrera de la inflación contra los salarios ya se puso en práctica durante el Gobierno de Macri, con importantes beneficios para las empresas, a pesar del estancamiento económico que caracterizó a ese período.

Como supuesto remedio para evitar la hiperinflación, el nuevo gobierno promueve un periodo recesivo de estanflación —estancamiento con inflación— cuyo peso recaerá sobre los hombros de las clases populares y los sectores medio

Milei afirma ahora que no conseguirá controlar la inflación hasta que haya transcurrido un año y medio o dos años de gobierno. Su receta de un ajuste brusco con devaluación superior al 100% implica el paso por un prolongado período de estanflación. De este modo, incumple lo que había prometido en campaña: una inmediata contención de la inflación a través de la dolarización. Posiblemente el objetivo de este brutal ajuste, sin concesiones al gradualismo, sea generar las condiciones del estallido económico y social que tanto el nuevo presidente como su ministra de Seguridad —su rival derechista en la primera vuelta— hubieran preferido que ocurriera antes de que concluyese el gobierno anterior.

Como supuesto remedio para evitar la hiperinflación, el nuevo gobierno promueve un periodo recesivo de estanflación —estancamiento con inflación— cuyo peso recaerá sobre los hombros de las clases populares y los sectores medios. Por eso pronostica mucho sufrimiento, pero ya no dirigido a la casta como aseguraba en la campaña, sino al pueblo trabajador. El ajuste recortará el poder adquisitivo de los trabajadores formales, y mucho más aún el de cerca del 50% de la población que vive en la informalidad (recicladores, receptores de ayudas sociales y en general excluidos del trabajo formal).

Los economistas críticos con el plan de ajuste aseguran que estos planes no sirven para controlar la inflación en una situación como la de Argentina. Por ejemplo, el economista Andrés Asiain advierte que un programa ortodoxo como el que propone podría ser útil en un país ideal con una inflación del 3 o 4% anual, pero no con la inflación actual de tres dígitos, donde la dinámica inflacionaria ya tiene componentes inerciales que están en los contratos (de alquileres, de préstamos hipotecarios, etc.), los cuales siempre incluyen cláusulas de indexación. Por lo demás, la idea tan grata a este gobierno de que es la demanda la que acaba estableciendo los precios de ciertos bienes básicos como los alimentos, es completamente falsa porque los productos que no encuentren salida en el mercado interno se podrán destinar a la exportación.

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ARGENTINA: ¿Por qué Argentina devalúa y devalúa?
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Caputo, el arquitecto del endeudamiento

Las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo ponen el foco en el déficit fiscal y dejan en un cono de sombra el problema del endeudamiento externo de Argentina. No es extraño, ya que el actual ministro de Economía de Milei fue quien condujo las negociaciones del Gobierno de Mauricio Macri para devolver al país a la servidumbre del endeudamiento externo. Caputo fue nombrado secretario de Finanzas desde el comienzo del Gobierno de Macri, en diciembre de 2015, y un año más tarde fue ministro de Finanzas, cargo que ocupó hasta junio de 2018. Su último logro fue la firma del acuerdo con el FMI que volvía a subordinar la política financiera y monetaria nacional a los dictámenes del Fondo.

Argentina se convirtió en el país emergente que emitió más deuda en el mundo, con más de 45.000 millones de dólares durante el primer año y medio del Gobierno de Macri, y sobre todo después de recibir el mayor préstamo de la historia del FMI por 50.000 millones de dólares.

El propio Javier Milei se refería así a su actual ministro de Economía, responsable del acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Macri: “[Luis] Caputo vendió, se fumó 15.000 millones de dólares de reservas irresponsablemente”

Antes de aliarse con Macri, el propio Javier Milei se refería así a su actual ministro de Economía: “Caputo vendió, se fumó 15.000 millones de dólares de reservas irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de las Leliqs”. Y a Macri se refería en estos términos: “Si hay algo que caracterizó al Gobierno de Macri es justamente un fuerte endeudamiento. Es una porquería, es una inmoralidad y Macri también es inmoral. No es de liberal endeudarse”.

Si al comienzo del Gobierno macrista la deuda equivalía al 38% de PBI, al final de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri el total de deuda pública nacional alcanzó los 323.000 millones de dólares, equivalente al 100% del PBI. Además, una gran parte de la nueva deuda se fugó al exterior. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA, la “formación de activos externos” del sector privado alcanzó entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 más de 88.000 millones de dólares.

Tras asumir como ministro de Economía del Gobierno de Milei, Caputo situó en cargos estratégicos a quienes lo acompañaron durante el Gobierno de Macri, como por ejemplo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, considerado su mano derecha y que estará al frente de la gestión de la deuda, tanto interna como de la deuda extranjera, o el sucesor de Caputo en la presidencia del Banco Central durante el gobierno de Macri, Federico Sturzenegger, quien inspiró la nueva legislación ultraliberal del gobierno redactando el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) de Milei. El mandatario que hizo campaña asegurando que dinamitaría el Banco Central, puso en lugares clave de su programa económico a dos ex presidentes de esa entidad.

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Buenos Aires Anti Milei - 6
Las primera gran manifestación del 20 de diciembre contra Milei estuvo en acompañada de un gigantesco y orwelliano dispositivo de seguridad.
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Las primeras medidas de shock

El 12 de diciembre, a los dos días de asumir el nuevo presidente, el ministro de Economía enumeró las “medidas de emergencia económica” del Gobierno. Entre estas, cabe destacar la reducción del número de ministerios a la mitad (de 18 a nueve), la reducción “al mínimo” de las transferencias del Estado nacional a las provincias, el frenazo a la concesión de obras públicas nuevas por parte del Estado y la cancelación de las “licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado” —medio millón de trabajadores que van al paro—, la reducción —léase supresión— de los subsidios al consumo energético de los hogares y al transporte público.

Además de estas medidas ya anunciadas en campaña por el presidente, Caputo anunció una devaluación del peso del 118%, fijando la cotización oficial del dólar en 800 pesos (desde 367 pesos). Dicha devaluación ya era esperada por los actores económicos, pues las expectativas generadas al respecto fueron la principal causa del incremento de precios superior al 100% que registraron muchos productos básicos en los días previos.

Milei declaró en campaña que antes de subir impuestos se cortaría un brazo, pero Caputo incluyó entre las primeras medidas de su gestión el aumento de las retenciones fiscales a las exportaciones —del 31% al 33% para el aceite y la harina de soja— y el aumento del impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), creado por el Gobierno de Alberto Fernández y que se aplica a la adquisición de divisas —hasta 30% sobre el valor de algunas operaciones en moneda extranjera—.

En Argentina hay casi 8.000.000 de personas que alquilan las viviendas en las que habitan, y que han perdido de un plumazo toda seguridad jurídica sobre su futuro

También anticipó la restitución del impuesto a las Ganancias a las rentas medias, eliminado durante el último año por el Gobierno de Alberto Fernández con el voto favorable de Milei en el Congreso, quien definió a ese impuesto como “inmundo”. El restablecimiento de este tributo y otras medidas anunciadas por Caputo obtuvieron el rechazo inmediato de ocho gobernadores provinciales peronistas, que al término de la primera reunión de Milei con todos los gobernadores, emitieron un comunicado indicando que reponer ese impuesto “atenta contra los derechos de los trabajadores”.

En una entrevista que Caputo concedió días después a un canal de televisión, admitió que iban a ser meses de “inflación dura y difícil”, pero animó a la población a padecerlos con entereza porque “es la primera vez que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo”. Afirmó también que el 60% del ajuste recae sobre el gasto público estatal y el 40% sobre el sector privado. Reiteró además la idea ya expuesta por Milei de que el mayor problema de la economía es la emisión monetaria para sostener el déficit fiscal, en particular a través de un instrumento financiero del Banco Central denominado Leliqs (Letras de Liquidez), que tanto Milei como Caputo consideran necesario erradicar.

Paradójicamente, este instrumento financiero fue diseñado por el mismo Luis Caputo en 2018, durante el Gobierno de Macri. Javier Milei pretende eliminar totalmente los controles de cambio, pero dice que no puede hacerlo sin desactivar el riesgo que suponen estos pasivos remunerados del Banco Central para su plan de ajuste fiscal y cambiario. Esas letras, denominadas en pesos, las coloca el banco central en el sistema financiero con elevadas tasas de interés, a fin de gestionar el exceso de liquidez. En los últimos días el Banco Central situó la tasa de interés oficial en el 110%. Una estimación del monto total comprometido en pesos, convertido a divisa, incluyendo las obligaciones de otro instrumento financiero similar llamado “pases” (emitido a plazos más cortos de 24 horas), es de una deuda que, dolarizada al cambio paralelo, alcanzaría los 23.600 millones de dólares.

La aceleración del ajuste: el Decreto de Necesidad y Urgencia

Pocos días después de los anuncios de Caputo, el 20 de diciembre, el presidente anunció por emisión en cadena a todo el país un conjunto de medidas complementarias presentadas como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En su alocución solo enumeró 30 de las más de 367 reformas legislativas incluidas en un texto de 86 páginas. La variedad de cuestiones dispares que aborda el decreto lo convierte en una verdadera maraña textual para los no iniciados.

El plan fue diseñado por Federico Sturzenegger para un eventual Gobierno de Patricia Bullrich, y fue consensuado con el jefe de Gabinete presidencial, Nicolás Posse. Veamos los principales puntos enunciados por Milei:

• Derogación de la ley de alquileres. El objetivo es que los particulares decidan los condiciones de sus contratos sin un marco jurídico que proteja al arrendador. Milei hizo campaña entre sectores de renta media alta con el reclamo de liberar los contratos de alquiler de restricciones legales. Según el censo oficial de 2022, en Argentina hay casi 8.000.000 de personas que alquilan las viviendas en las que habitan, y que han perdido de un plumazo toda seguridad jurídica sobre su futuro.

• Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Transformación de las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, con vistas a su posterior privatización. En otro artículo se hace mención especial a la compañía aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y se promueve la política de cielos abiertos.

• Reforma de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante el gobierno kirchnerista, que limita a mil hectáreas la cantidad de suelo que un extranjero puede adquirir en núcleos de zonas rurales. La ley regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales y turísticos, entre otros.  El objetivo de la reforma es facilitar la venta de grandes extensiones del territorio argentino a capitales extranjeros.

• Reforma laboral con “flexibilización” del mercado de trabajo. Un trabajador podrá ser despedido sin ninguna indemnización tras ocho meses de período de prueba (en lugar de los tres meses preexistentes) y se permiten jornadas de hasta 12 horas diarias sin consideración de horas extra. Paralelamente, se suprimen las multas para los empresarios que subregistren la cantidad de horas trabajadas para pagar menos cotizaciones sociales. Además, se eliminan las sanciones para el trabajo doméstico no declarado. Al mismo tiempo, se admite como “causa de despido justificado” cualquier medida de fuerza que adopten los trabajadores de una empresa, tales como ocupaciones de fábricas, asambleas no autorizadas por la patronal o piquetes de huelguistas.

• Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía “para evitar la persecución de las empresas”, dijo textualmente el presidente. De este modo consagró los aumentos de precios ilimitados que se producen desde que asumió como una práctica legal y no punible de los grandes conglomerados empresariales, abriendo aun más las puertas a una hiperinflación ya latente.

• Derogación de las leyes de promoción industrial y de promoción comercial. Así mismo, derogación de la ley que favorece la compra de productos nacionales.

• Eliminación de las “restricciones de precios a la industria prepaga” (mutuas de salud), así como la “incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales” de los sindicatos.

• Desregulación de los servicios de telecomunicaciones y del sector turístico.

La inconstitucionalidad de aspectos centrales de Decreto Nacional de Urgencia salta a la vista cuando se plantea modificar (por decreto) el código Civil y el código Comercial

Algunas desrregulaciones favorecen a grupos económicos particulares, como por ejemplo la derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera o de la industria vitivinícola. Milei mencionó en el decreto a uno de los grupos beneficiarios de las medidas por su nombre, al admitir que la desregulación de los servicios de internet satelital se haría para permitir la entrada de nuevas empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.

Otras normas incluidas en el DNU se refieren a cuestiones tan disímiles como la eliminación de los límites a los intereses que pueden cobrar los bancos por el uso de tarjetas de crédito o la eliminación de la obligación de tener un seguro de automóvil y de pasar la ITV, o la modificación de una ley de warrants (certificados de depósito) de 1914. La inconstitucionalidad de aspectos centrales de DNU salta a la vista cuando se plantea modificar (por decreto) el código Civil y el código Comercial.

Federico Sturzenegger actuó como coordinador del equipo que redactó el megadecreto, basándose en el plan que elaboró para la campaña de Patricia Bullrich, candidata de JxC. Sturzenegger fue presidente del Banco Central cuando se crearon los instrumentos financieros Leliqs, de los que se quiere desembarazar Milei como condición para dolarizar la economía.

El mismo Sturzenegger anunció que se prepara un paquete de medidas económicas de mayor calado, no incluidas en el decretazo porque requieren la aprobación del Congreso. Entre ellas estarían la Ley de Reforma del Estado, el proyecto para imponer la boleta (papeleta) única electoral y la restitución del impuesto a las Ganancias.

Estatización de la deuda privada

Aunque Milei no alcanzó su objetivo de eliminar el Banco Central, sí espera que el ajuste hasta déficit cero elimine la posibilidad de que una parte de sus emisiones sirvan para financiar al Tesoro. El Banco Central resucitado por Caputo será esterilizado para potenciar el crecimiento económico y los programas sociales con sus emisiones de deuda, y en cambio dirigirá la mirada a las dificultades de las empresas en el comercio exterior.

Dos figuras del panteón argentino del neoliberalismo que inspiran especialmente a Milei son el ex presidente peronista (y neoliberal) Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, que desarrollaron una política de tierra arrasada contra el Estado en la década de 1990. Previamente, al final de la dictadura, Cavallo fue presidente del Banco Central y sobresalió por haber conseguido la estatización de las deudas privadas con empresas del exterior. Una de las fortunas beneficiarias de esta maniobra fue la de Mauricio Macri.

Milei, que había denunciado en campaña que el endeudamiento era “inmoral”, anunció el 14 de diciembre la creación de un bono del Estado que permitirá a las empresas reconvertir sus deudas en divisa con proveedores del exterior en deuda interna (con el Estado) en pesos, a semejanza de la fórmula ya aplicada por Cavallo. El nuevo engendro financiero se puso en marcha el 22 de diciembre con el anuncio del Banco Central de la creación del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (BOPREAL), que solo podrán suscribir los “importadores de bienes y servicios por hasta las importaciones que tengan pendientes de pago” hasta el 31 de octubre de 2027. El mecanismo del traspaso de deuda funciona así: una empresa con deudas en el exterior compra ese bono en pesos al Banco Central (al cambio oficial) y obtiene así los dólares para cancelar su antigua deuda, convirtiéndose ahora en deudora del Estado. La suma de la deuda empresarial (en muchos casos entre empresas de un mismo grupo) que quedaría bajo el paraguas estatal ascendería a 30.000 millones de dólares según el propio Milei, y a más de 58.000 millones de dólares según las fuentes estadísticas del BCRA y del INDEC.

Protocolo de represión de la protesta social

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montó un dispositivo policial y de gendarmería completamente desproporcionado para la magnitud de la primera protesta social que afrontó el gobierno, convocada por los piqueteros en conmemoración del 20 de diciembre de 2001, evocando el estallido social como todos los años desde entonces. Obviamente, los planes de Milei y las medidas ya anunciadas por Caputo le daban al acto un contexto muy particular, convertidos en foco de las protestas pacíficas de los piqueteros.

La actuación policial fue una provocación permanente contra los manifestantes. Los uniformados formaban cordones con sus escudos y los empujaban, obligándolos a despejar la calle y desfilar por la acera, Milei y Bullrich monitoreaban desde el comando central de la policía (y se dejaban filmar) esa marcha pacífica de los ciudadanos, hostigados por las fuerzas represivas, que de hecho eran las únicas que impedían la circulación de vehículos (argumento central para implantar el dispositivo). El portavoz gubernamental declaró después que “se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo” del dispositivo policial.

El portavoz gubernamental declaró después que “se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron [en las movilizaciones], quienes se deberán hacer cargo del costo” del dispositivo policial

En las principales estaciones de ferrocarril y en medios de transporte urbano se instaló un dispositivo orwelliano de persecución de la protesta. En la estación porteña de Constitución, un enorme cartel luminoso reproducía la sentencia presidencial “el que corta no cobra” (el manifestante que interrumpe la circulación deja de cobrar planes sociales, en el caso de ser beneficiario de algún subsidio estatal). Simultáneamente, agentes policiales se subían a los colectivos y filmaban los rostros de todas las personas que se desplazaban hacia los lugares de convocatoria.

Milei lanzó su megadecreto después de monitorear esa marcha. Al acabar su alocución de 16 minutos, una parte de la población se lanzó a las calles y comenzaron espontáneos cacerolazos contra las medidas anunciadas. Muchos manifestantes se reunieron delante del Congreso, y en distintos barrios de Buenos Aires y otras ciudades. En Córdoba los cacerolazos fueron reprimidos por la policía provincial, que lanzó gases y palos contra los manifestantes.

La protesta social va en aumento con la misma velocidad a la que el Gobierno despliega su tablero de juego. Las grandes centrales sindicales, CGT y las dos CTA, convocaron a una marcha conjunta de rechazo al decretazo el próximo 27 de diciembre, y consideran la posibilidad de declarar un paro nacional. Y desde la oposición, incluidos antiguos miembros de la coalición macrista JxC, como la UCR y Coalición Democrática, se oponen a que estas medidas se adopten por decreto y no se debatan en el Congreso.

Desde la oposición, incluidos antiguos miembros de la coalición macrista JxC, como la UCR y Coalición Democrática, se oponen a que estas medidas se adopten por decreto y no se debatan en el Congreso

La seccional provincial de Tierra del Fuego de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue la primera organización gremial que emitió un comunicado denunciando “el avasallamiento” de los derechos de los trabajadores que supone el DNU de Milei: “Repudiamos en su totalidad cada una de las modificaciones del decreto, ya que el mismo atenta contra la democracia, los salarios y la soberanía del pueblo argentino”. Desde el 23 de diciembre se declaran en estado de “alerta y movilización” permanente en espera de las medidas que adopte la CGT nacional. Los sindicalistas aseguran que el decreto apunta a liquidar “una enorme cantidad de derechos adquiridos”, “profundizando aceleradamente un nivel de descomposición social que pretende llevarnos a niveles insospechados de pobreza”.

Por su parte, el secretario general de la central CTA Autónoma, Hugo Godoy, definió el DNU como “una bomba neutrónica […] que desregula las relaciones laborales de manera absoluta”. “La responsabilidad que tenemos como pueblo es evitar que la patria desaparezca”, añadió antes de explicar las reuniones que mantendría con otras centrales sindicales y los planes de movilización: “Hay que dar una respuesta a este DNU de manera inmediata” concluyó.

El clima social en Argentina se está deteriorando y recalentando de manera proporcional a la velocidad con la que el nuevo presidente trastoca las estructuras jurídicas que históricamente garantizaron el ejercicio de la democracia. Un consenso democrático que llevó muchas décadas construir y que se pretende borrar de un plumazo por decreto presidencial.

 

*Eduardo Giordano: es periodista, traductor y escritor argentino, radicado en Barcelona desde 1977, ciudad a la que llegó exiliado de la dictadura militar.

 

Fuente: EL SALTO DIARIO

 

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Movilizaciones, paros y la cabeza de los dirigentes

 

24DIC23 

 

Por DANIEL CAMPIONE*

En medio de diversas manifestaciones en las calles argentinas el miércoles 27 se realiza la primera que contará con protagonismo de la principal central de trabajadores. Será un desafío alcanzar su masividad, a despecho del burocratismo de sus convocantes.

Las movilizaciones callejeras han recorrido las calles de Buenos Aires y otras ciudades a partir de la aprobación el 20 de diciembre del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que responde al título grandilocuente de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Se salió a repudiar la agresión contra los derechos de los trabajadores, el propósito de privatizar empresas públicas y otros entes estatales y la desregulación y mercantilización de las más variadas actividades.

Todo comenzó ya horas antes de la publicidad del decreto, con la manifestación de las agrupaciones “piqueteras” más orientadas hacia la izquierda en la tarde del miércoles, a despecho del descomunal operativo de “seguridad” e intimidación que encabezó el gobierno nacional.

Esa misma noche y al día siguiente, esquinas y plazas de Buenos Aires y el país se poblaron de argentinas y argentinos en actitud contestataria. Gran parte de los cuales acudieron en forma espontánea para hacer oír su voz airada contra el  “decretazo” Y su toque de atención a las instituciones, en especial el Congreso Nacional, al que marcharon por miles ya bien entrada la noche.

Para el viernes 22, la CTA Autónoma convocó una concentración de sus afiliades, que fue replicada por organizaciones sociales que llamaron a congregarse frente al Obelisco. Y tuvo correlato en diversos puntos del país.

En esas movilizaciones, en particular en las del 20 y 21, se escucharon con fuerza consignas y cánticos que exhortaban a la Confederación General del Trabajo (CGT) al lanzamiento de acciones contundentes. A acompañar la lucha contra la privación de derechos adquiridos, el arrasamiento de conquistas sociales y una inusitada restricción del derecho de huelga.

Algunxs manifestantes, ante las cámaras de televisión, exigían la declaración de un paro general. Otras veces, se optaba por un tono burlón hacia la escasa actitud combativa de la central obrera: “Adonde está, que no se ve, a la famosa CGT”.

En medio de esa vorágine la CGT optó, con cierto retraso, por hacer su propia llamada a la acción. Fue fijada para el miércoles 27 de diciembre. Si bien la medida matiza la marcada tendencia al inmovilismo de la central de la calle Azopardo, caben relevantes observaciones acerca del carácter y alcance de la medida.

La conducción de la CGT, reunida para evaluar las acciones a tomar. Rostros expresivos.

 

A “Tribunales” y al mediodía.

La propuesta cegetista consiste en una movilización ante el palacio de justicia (sede de la Corte Suprema), a realizarse a las 12 horas del miércoles próximo.

Un primer comentario pertinente es respecto al destinatario de la manifestación. No se apunta al responsable del decreto, el presidente de la Nación, sino al poder judicial, que sería el encargado de revisar su vigencia. Lo que sin duda se hará necesario frente a las acciones de amparo y otros reclamos que se produzcan por la vía de los tribunales. El problema es asignarle el protagonismo mayor.

De ese modo se elude la interpelación directa al Poder Ejecutivo Nacional, que ha dictado la norma cuyo alcance y agresividad supera todo lo previsto, según las propias palabras del líder más conspicuo de la Confederación, Rodolfo Daer: “nadie esperaba un acto tan avasallante sobre la institucionalidad como el DNU que firmó el presidente Javier Milei”.

Un viejo aforismo de la política indica que ante circunstancias de gravedad inusitada sólo caben medidas excepcionales. No parece alcanzar ese carácter el llamado a solicitar al poder judicial que actúe. Más bien exhibe una tendencia a la “rutinización” de la respuesta, frente a una situación inédita que exige otros medios. Una multitud congregada frente a la casa de gobierno, enmarcada en un paro general, sería un mensaje mucho más terminante.

Al criticar la reciente norma, Daer y otros sindicalistas han coincidido en instar a que el Congreso y la “Justicia” se expidan frente al mismo. Sin que se desconozca la pertinencia y necesidad de esos pronunciamientos institucionales, conferirles el  primer lugar suena a minusvalorar el rol de la presencia en la calle, lo más unitaria y elocuente posible, de trabajadores de todas las extracciones. Y asimismo de empobrecidxs en general, y de todos aquellos grupos dispuestos a enfrentarse de forma sincera y activa al avasallamiento en ciernes.

La prioridad a la apelación parlamentaria y judicial se presta asimismo a sembrar expectativas favorables en poderes del Estado que ya han demostrado hasta la saciedad que las necesidades y deseos populares tienen una prioridad muy baja en sus decisiones, si es que tienen alguna.

Otro reparo indispensable es que la ocupación del espacio público no va acompañada por el llamado a un paro de actividades, siquiera sea por algunas horas. Ello le daría otra visibilidad pública a la medida, además de proyectarse como una advertencia hacia las patronales de que ellas, beneficiarias de muchísimos aspectos del decreto, no quedan eximidas de responsabilidades desde el punto de vista de la fuerza de trabajo organizada.

Esa no interrupción de las prestaciones laborales se agiganta en sus efectos por la hora prevista para la manifestación, a las 12, en plena jornada laboral. Les trabajadores que no quieran arrostrar las consecuencias de una ausencia a su empleo, en forma de represalias patronales, no podrán concurrir.

Es cierto que el momento dispuesto para la movilización está condicionado por el horario tribunalicio, que al menos en lo formal termina a las 13.30. Pero ese sería un motivo más para respaldar la masividad de la convocatoria con un paro general. Así las cosas, todo hace pensar que en la CGT piensan en un acto basado en delegados sindicales con añadido, tal vez, del “aparato” de empleados de los propios sindicatos y sus obras sociales. El grueso de los asalariados se verá obligado a permanecer en sus lugares de trabajo durante una acción cuyo alcance podría ser trascendental.

Lo anterior no debería obstar para que las organizaciones obreras y populares que no se subordinan a la conducción de la CGT se aboquen con la mayor decisión y empeño a garantizar el carácter masivo del acto frente a la Corte. Asimismo a propagar el llamado a manifestarse a trabajadores formales y precarizados, a empobrecidos y al conjunto de la sociedad argentina. Bajo cualquier encuadre organizativo o en forma individual o de pequeños grupos. La exhortación debería extenderse a los gremios comprendidos en las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos.

Conseguir una presencia multitudinaria el 27 a las 12 será un instrumento apto para presionar por un paro general encabezado por todas las centrales, a la brevedad posible. Acompañado por un proceso asambleario dentro y fuera del ámbito sindical, que sustente la convicción colectiva acerca de lo indispensable de plantar cara al DNU en particular, y a la acción de gobierno en general.

 

Protocolo, resistencia y alternativa.

Si la acción del próximo miércoles tiene un respaldo muy numeroso será además en sí misma un desafío al llamado “protocolo antipiquetes”. El gobierno ha dado reiteradas muestras de que asume por su parte que las calles serán un lugar de privilegio de la inevitable confrontación. Ofrecer una respuesta eficaz “desde abajo” tiene como requisito insoslayable la decisión de sostener con toda la fuerza ese desafío.

La presencia popular en el espacio público constituye un sustento central de toda democracia que aspire a exceder en su alcance al periódico ejercicio del voto. Uno de los propósitos ineludibles de esa presencia es el ejercicio de la facultad de protestar frente a disposiciones de los poderes públicos que se estimen indeseables y perjudiciales.

En cuanto al perjuicio, es difícil encontrar en la historia nacional otras disposiciones de parecido alcance en cuanto a suprimir derechos, dificultar el ejercicio de los restantes y empeorar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías. El “plan Caputo”, el ya famoso “protocolo”, el decreto de “reconstrucción” y el futuro proyecto de ley de “reestructuración”, son un muestrario de una ofensiva en toda la línea, desplegada en el transcurso de unos pocos días.

En las masas y en las calles, con el máximo vigor posible, está la posibilidad de ofrecer una resistencia exitosa. Y, a mediano plazo, la clave será la aptitud para plantearse una propuesta popular alternativa a los “paquetes de medidas” que procuran la reorganización estructural y el disciplinamiento al servicio del gran capital local e internacional.

 

 

*Daniel Campione: Profesor de Teoría del Estado y de Evolución del Estado Argentino en la UBA, del comité editorial de la revista “Periferias” y de la conducción de la Asociación Antonio Gramsci. Publicó “Argentina. La escritura de su historia”, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2002 y “Prolegómenos del Peronismo”, Buenos Aires, Fisyp, 2003 y, en colaboración con Julio C. Gambina “Los años de Menem. Cirugía mayor”, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2003. Tiene en preparación un estudio y compilación de documentos sobre los primeros años del P.C. argentino.

 

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Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO

 

 

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