La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la violencia sistemática contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En Arauca fue asesinada la lideresa Tulia Carrillo.
La Corte Constitucional admitió que en Colombia existe una violación masiva y sistemática de los derechos de las líderes y líderes sociales. El Alto Tribunal reconoció que el Estado colombiano es incapaz de garantizar la vida y proteger a estas personas, faltando decisiones estructurales para enfrentar estos crímenes.
En la sentencia, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos. Así mismo, la Corte cuestionó la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos.
En la superación del asesinato de lideresas y líderes sociales, así como la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos, se encuentran directamente obligados el Gobierno nacional, las Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la Nación, las cuales no han brindado las suficientes garantías.
La Corte llegó a esta conclusión después de contrastar información de distintas fuentes como los expedientes de tutela seleccionados, los documentos aportados por las diferentes autoridades y organizaciones, así como en los informes recibidos con ocasión de la audiencia pública realizada por la Sala Plena.
Las órdenes de la Corte Constitucional
La sentencia de la Corte Constitucional le ordenó al Estado colombiano proteger y garantizar la vida de las lideresas y los líderes sociales, así como proteger a defensores y defensoras de derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de Política Criminal y la Unidad Especial de Investigación tienen seis meses para llevar a cabo un proceso que permita superar la lentitud de la justicia para esclarecer los crímenes de la población líder, determinando las responsabilidades penales.
De igual forma, la Fiscalía General deberá efectuar y socializar de forma pública un informe anual sobre los avances para esclarecer los crímenes y agresiones cometidos contra los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos.
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Así mismo, los Ministerios de Defensa, del Interior y Hacienda; la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que elaborar un Plan Integral de Prevención y Protección de la población líder y defensora de derechos humanos donde sean armonizados los instrumentos de seguridad derivados de los Acuerdos de Paz.
La Corte Constitucional también ordenó que el Ministerio del Interior tendrá que instalar e impulsar la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías, las cuales deberán reunirse periódicamente en un plazo no superior a los tres meses. Allí se tendrán que reunir las instituciones competentes para analizar y discutir los avances en el cumplimiento de las recomendaciones del sistema de prevención y reacción rápida de la Defensoría del Pueblo.
La Corte instó a las autoridades a brindar garantías de protección en la defensa de los derechos humanos, incorporando el enfoque de género e implementar todo lo dispuesto en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
Los crímenes no cesan
La última lideresa social asesinada fue Tulia Carrillo el 14 de diciembre en zona rural del municipio de Tame, en Arauca, como lo denunció la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
La lideresa fue sacada de su finca en la vereda Corocito por hombres armados que se movilizaban en una camioneta y le dispararon sobre la vía central.
Las organizaciones sociales de la región reiteran las denuncias de un plan de exterminio contra el movimiento social encabezado por las llamadas disidencias de las extintas Farc, las cuales desde hace operan en Arauca como estructuras paramilitares y delincuenciales vinculadas con las fuerzas militares.
Las cifras del genocidio
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 12 de diciembre de 2023 en Colombia, 178 líderes y lideresas sociales fueron asesinados y 1591 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
De igual forma, hasta el 13 de diciembre del presente año fueron asesinados 42 personas firmantes de paz. Desde la firma del acuerdo en 2016, la cifra asciende a 406.
Tomado de colombiainforma.info
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