El 5 y 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga, Magdalena, en lo que se conoció como la masacre de las bananeras. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company.
En la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de Centro América y el Caribe.
La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierras en la región para garantizar la producción de banano.
Igualmente, se aseguró de traer a miles de personas de diferentes regiones del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones bananeras.
La historiadora Judith White señala que a finales de los años veinte, en la economía a nivel global era evidente la dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano, sin embargo, era desafiada por algunas compañías que lograban reducir los costos de producción de la fruta.
Reprimir las luchas populares
Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional buscó reducir los costos de producción. De igual forma, en esos años era evidente que la zona bananera de Santa Marta, dejó de ser económicamente competitiva: el banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica, además los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores.
Por otra parte, los movimientos revolucionarios habían ganado importancia en amplias reivindicaciones de los sectores populares, los cuales sufrían enormes condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense y sus familias sufrían enfermedades, falta de acceso a la salud, hambre, carecían de acceso a la educación, entre otros derechos.
La situación que sufrían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores a buscar organizarse para exigir a la United Fruit Company mejores condiciones laborales.
Después de que los trabajadores y trabajadoras se organizaron definieron unas reivindicaciones precisas y buscaron sentarse dialogar con la United Fruit Company, a la cual le presentaron sus exigencias. Sin embargo, estas sencillas reivindicaciones fueron rechazadas por las directivas de la empresa que se negaron a sentarse a dialogar con los dirigentes obreros y los desconocieron.
La United Fruit Company consideró las demandas de los trabajadores como una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar.
La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto.
El Estado al servicio de la masacre
Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company, también al Presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaban al Gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas, y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit Company.
Sin embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al General Carlos Cortés Vargas para que destruyera la protesta iniciada por los trabajadores.
Presidente Miguel Abadía Méndez
Tras varias protestas por parte de los trabajadores y de continuas detenciones que realizaba el ejército, el general Carlos Cortés Vargas, el gobierno y sobre todo la multinacional United Fruit Company presionaron para que la huelga fuera finalizada a toda costa.
Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que los de la región no actuarían, pues tenían relaciones familiares y fraternales con la gente de la región.
Un ejército asesino
En la noche del 5 de diciembre, Cortés Vargas se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá.
Los manifestantes, quienes estaban preparándose para otra movilización pacífica, estaban seguros de que el ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar.
Cuando empezaron los disparos, el horror se apoderó de las personas en la plaza, mientras los nidos de ametralladora disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes.
No es preciso el número de muertos que dejó la masacre. Después del seis de diciembre continuaron los días de terror a manos del ejército colombiano.
Según el general Cortés Vargas solo hubo 9 muertos, el embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a 1000 personas asesinadas, el dirigente sindical Alberto Castrillón aseguró que la cifra ascendía a 5000 muertos. Varios historiadores coinciden en que la causa para que no se tenga claridad en la cifra radica en el control a la información que hicieron los militares.
General Carlos Cortés Vargas
Jorge Eliécer Gaitán visitó la región y tras regresar a Bogotá, en el Congreso de la República denunció la forma como el ejército colombiano por orden del gobierno asesinó a miles de mujeres, hombres y niños para proteger los intereses de la United Fruit Company.
El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por estos hechos, explicó que decidió atacar a los manifestantes para impedir que los buques de guerra de los Estados Unidos invadieran el territorio colombiano para proteger a la multinacional extranjera.
De la masacre de las bananeras a financiar grupos paramilitares
Años después la United Fruit Company fue sustituida por la Chiquita Brands International y en la actualidad es la principal distribuidora de plátanos en Estados Unidos. Durante la década de los años 90, la Chiquita Brands fue acusada de financiar grupos paramilitares en Colombia.
El 14 de marzo de 2007 Chiquita Brands fue multada por veinticinco millones de dólares como parte de un caso por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por tener lazos con los grupos paramilitares colombianos.
Según la justicia norteamericana, entre 1997 y 2004, altos funcionarios de la Chiquita Brands le pagaron a los paramilitares $1,7 millones de dólares a cambio de protección. De igual forma, para que los paramilitares despojaran a los campesinos de sus tierras.
Chiquita Brands admitió en una corte federal norteamericana que le pagó a los paramilitares y se declararon culpables de hacer negocios con las AUC. A cambio de pagar 25 millones de dólares de multa, los documentos de la Corte no revelaron las identidades de los ejecutivos que aprobaron los pagos ilegales.
Tomado de colombiainforma.info
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