Fue aprobada en Cámara de Representantes la reforma a la salud. Con 87 votos por el sí y 47 por el no. Ahora el proyecto pasará a la Comisión Séptima del Senado de la República. Esta reforma, promesa de gobierno, pretende acabar con la intermediación privada de los recursos de la salud.
Los cambios que traerá la reforma
El proyecto de ley, que en mayo fue aprobado en su primer debate, contempla el desmonte del sistema privado de Empresas Prestadoras de Salud (EPS) regido por la Ley 100 de 1993.
Los pilares de la reforma son ante todo eliminar los intermediarios en la financiación de la salud y así recuperar los recursos públicos que se destinan para proporcionar estos servicios.
Otra novedad es que se concentrará en la atención primaria, la prevención de enfermedades y mejorará la situación laboral de los trabajadores del sector.
El sistema de salud orbitará alrededor de los Centros de Atención Primaria (CAPS), los cuales serán los encargados de proporcionar cobertura a la población, cada uno de estos atenderá a 25.000 personas en un territorio específico. Con esto, el Gobierno pretende disminuir las desigualdades entre el sector urbano y las zonas rurales más apartadas, que actualmente son las más afectadas.
Quizá el cambio más radical, y, por tanto, el que ha generado más resistencias en los sectores conservadores y neoliberales, es la administración de los recursos públicos. Las EPS, criticadas por especular y hacer negocios con los recursos de salud, ya no cumplirían este papel de intermediario.
Será directamente la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) quien hará los pagos directamente a clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, como lo dicen los artículos 60 y 49.
La reforma pretende luchar contra la precarización de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, quienes serán beneficiados con mejoras salariales, autonomía médica, mayor capacitación, actualización continua para el personal, y condiciones de ascenso, priorizando a los que laboran en zonas rurales. El artículo 46 plantea que los médicos serán trabajadores estatales.
Crisis y corrupción en las EPS
La Superintendencia de Salud presentó un informe hace un mes que reveló una grave crisis en las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
En él aseguran que estas han evadido la ley al no garantizar recursos para las reservas técnicas, los cuales se utilizan para resolver diferentes contingencias, entre ellas la compra de medicamentos, como sucedió con el caso Sanitas.
El informe señaló que “20 de las 24 entidades que actualmente operan en aseguramiento de salud no cuentan con los suficientes recursos para cubrir las reservas técnicas”.
Incluso, el mismo Presidente denunció a la opinión pública que los recursos no aparecen: “Es de cerca de 12 billones de pesos, que son recursos públicos y que fueron utilizados por fuera de ley”.
Las entidades involucradas son SURA, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emssanar, SOS, EPM y Ferrocarriles Nacionales.
Hasta el momento solo sobreviven 30 EPS de 150 que fueron creadas a partir de la Ley 100.
Establecimiento unido contra la reforma
Sectores políticos de extrema derecha y neoliberales manifiestan estar en desacuerdo con la reforma porque esta afectará a las EPS y el sector privado, razón por la cual han desplegado varias acciones para sabotear su tránsito en el legislativo.
Hace unas semanas, el representante David Racero denunció: “El Centro Democrático y Cambio Radical son los que propician el saboteo. No tienen argumentos y con ello roban a los colombianos al irse del lugar de trabajo” cuando integrantes de esos partidos decidieron romper el quórum.
De igual forma, bajo argucias jurídicas, retórica y desinformación, medios privados y oposición implementaron un “Plan Tortuga”. Estos argumentaron con suposiciones que el manejo público de los recursos traería burocracia y corrupción y que los cambios traeran caos en el sistema.
Ahora el pulso será en el Senado, donde el Gobierno tendrá dificultades para conseguir las mayorías necesarias. En caso de ser aprobada la reforma, será revisada por la Corte Constitucional al tratarse de la reforma a un derecho fundamental como la salud.
Tomado de colombiainforma.info
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