Nuevamente, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 35 militares, incluidos cinco generales (r), por crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos entre 2005 y 2008 en el departamento del Huila.
Cerca de 200 asesinatos de civiles desarmados fueron cometidos por militares que presentaron los crímenes como “bajas en combate”. De estas, al menos 32 personas fueron también víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas.
Los militares estaban adscritos a los Batallones de Infantería No 26 y 27, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No 11 y la IX Brigada.
Dentro de los máximos responsables está el Mayor General Miguel Ernesto Pérez, el General (r) Jaime Alfonso Lasprillla y el Brigadier General William Fernando Pérez. Lasprilla alcanzó a ser comandante del Ejército Nacional.
General Jaime Alfonso Lasprillla
Todos ellos fueron comandantes de la IX Brigada y serían responsables por omisión según este tribunal, el cual explicó que: “Desde el mando que ocuparon fueron permisivos y laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”.
Del mismo modo, fueron imputados como coautores los Generales (r) Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Edgar Rodríguez Sánchez, junto con 30 militares que hicieron parte y dirigieron pelotones y compañías.
Según la JEP, esos uniformados siguieron un acuerdo común a partir de una división del trabajo criminal y participaron en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
Fueron aportados siete informes por las víctimas y organizaciones de derechos humanos e instituciones. Además, hubo 129 versiones de integrantes de la fuerza pública y 100 mil folios de expedientes digitales que fueron obtenidos en inspecciones judiciales. También tuvieron en cuenta archivos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar.
Otros fallos de la JEP en el Huila
Este tribunal también declaró en días pasados que no sería amnistiable la masacre de nueve concejales perpetrada por las antiguas Farc en Rivera, Huila en 2006.
La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP determinó que: “se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta en hostilidades. Es decir, los concejales del Huila eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos, de acuerdo con el DIH”.
Por esta acción respondería el ex guerrillero Clinio Gasca Valderrama, quien ya está condenado por la justicia ordinaria y quien hizo parte de la Columna Móvil Teófilo Forero.
Expresidente Álvaro Uribe atacó a la JEP
Después de las declaraciones del condenado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde acusó al expresidente de tener conocimiento sobre la masacre de El Aro en 1997, este viene lanzando ataques a la JEP desde sus redes sociales.
“La JEP nació del robo de un plebiscito, la impuso la Farc a un gobierno juguetón y ahora acomoda la ley: la creación de la bisagra para favorecer a Mancuso”, dijo Uribe.
El presidente de este Alto Tribunal, el magistrado Roberto Carlos Vidal López, pidió que sea respetada la autonomía de esta institución en sus decisiones: “En ese sentido, nosotros no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados o a los miembros de nuestros equipos, en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial”.
Tomado de colombiainforma.info
Visitas: 12
