La Fiscalía de Guatemala pedirá retirar la inmunidad al presidente y a la vicepresidenta electos

La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a su vicepresidenta, Karin Herrera. El anuncio tiene lugar un día después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por Arévalo para dejar sin efecto varias actuaciones de la Fiscalía que, según el mandatario electo, buscan evitar que asuma el poder el 14 enero. La decisión sobre la inmunidad queda en manos de los nuevos miembros de la Corte Suprema, elegidos sorpresivamente el miércoles por el Congreso. Tanto la OEA, como Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron el pedido de la Fiscalía y Washington, incluso, amenazó con imponer más sanciones .

Este jueves 16 de noviembre, la Fiscalía señaló al presidente electo, Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, de participar en 2022 en la ocupación del campus de la Universidad de San Carlos, la única estatal.

“El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León” y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio, dijo el fiscal Saúl Sánchez este jueves en una rueda de prensa.

Sánchez, que mostró capturas de pantalla en las que se ve a Arévalo en la sede de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado, explicó este jueves que los delitos que se le imputan a ambos, además de a otros seis legisladores opositores, son “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”.

Entre mayo y junio de 2022, la sede central de la Universidad de San Carlos fue ocupada por docentes y estudiantes en rechazo a lo que denunciaban como fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado con el Gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei.

La Fiscalía también señala en el caso a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a los diputados del Movimiento Semilla Samuel Pérez y Román Castellanos y al diputado electo Raúl Barrera, entre otros, a quienes acusa de utilizar la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”.

Este jueves, la Fiscalía realizó, además,  30 allanamientos y lanzó 27 órdenes de captura contra políticos, estudiantes, abogados y profesores universitarios supuestamente involucrados en el mismo caso, por el que también fue detenida la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco.

Tras los allanamientos y la detención de Blanco, Arévalo exigió “respeto a la seguridad e integridad” de los miembros de su partido.

El presidente electo además consideró  que esas acciones de la Fiscalía  “llevan al país hacia una peligrosa dirección”.

“Amanecimos con una rabia y tristeza profunda, ante la detención injusta de jóvenes, estudiantes, profesores y profesionales que se han manifestado contra un grupo de corruptos que busca arrebatarnos el futuro”, indicó Arévalo de León durante una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema este jueves.

Arévalo insiste en una persecución

La fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido criticada en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por presuntamente intentar intervenir en el proceso electoral y buscar cancelar el partido del presidente electo.

La Fiscalía logró ya inhabilitar al partido Semilla y ha presentado varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó el triunfo de Arévalo en los comicios.

Arévalo, sociólogo socialdemócrata de 65 años y actualmente diputado en el Congreso, asegura que Porras encabeza un intento de “golpe de Estado” en su contra para evitar que tome posesión de la Presidencia el próximo 14 de enero.

Su denuncia ha recibido el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el miércoles denunció intentos de “impedir una transición pacífica del poder” en Guatemala, mientras que Estados Unidos exigió que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso con amplia ventaja sobre la ex primera dama Sandra Torres.

Este jueves, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” el pedido de la Fiscalía de Guatemala, mientras que la Unión Europea expresó su preocupación por estas acciones y Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones a algunas autoridades de Guatemala si  Arévalo no asume la Presidencia el 14 de enero.

En el mismo sentido, el diputado Samuel Pérez Álvarez, del Movimiento Semilla, aseguró este jueves que el Ministerio Público está utilizando un caso “sin fundamento legal” para evitar que Arévalo asuma el poder.

“No existe un caso real, están intentando conectar puntos sin sentido para bajarse al binomio electo y a los diputados de Semilla para evitar que se cumpla lo mandado por el pueblo de Guatemala en las urnas”, declaró a EFE Pérez Álvarez.

El caso queda en manos de una nueva Corte Suprema

La solicitud de la Fiscalía queda ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo.  Ese proceso estaba pendiente desde 2019.

“Cualquier diligencia de antejuicio contra el presidente [electo] Arévalo va a la Corte Suprema de Justicia y contra la vicepresidenta electa Karin Herrera también”, explicó a la AFP el consultor de asuntos legislativos Víctor Valverth.

“El procedimiento que se sigue [para retirar la inmunidad] no es tan de hoy para mañana. En tiempos normales, eso normalmente tomaría algún par de meses por lo menos, pero no estamos en un Estado de derecho, sino un Estado de facto y entonces las leyes no se cumplen y los plazos no se cumplen”, agregó el experto de la ONG Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia.

Precisamente, la Corte Suprema rechazó el miércoles un pedido de Arévalo para frenar las acciones de la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contra Semilla y  para que se emprendieran acciones legales contra la fiscal general, Consuelo Porras.

La solicitud también incluía al fiscal Rafael Curruchiche, que realizó allanamientos y registros en las oficinas del TSE, y al magistrado Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su formación en 2017.

El anuncio ocurrió casi al tiempo a la polémica y sorpresiva elección en el Congreso de los nuevos miembros de la Corte Suprema.

Tomado de france24.com

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