Colombia – Asesinan al hijo de líder que denunció amenazas en audiencia minera

En Falan, Tolima, organizaciones sociales denunciaron que el pasado 3 de septiembre fue asesinado Johan Ferney Aguilar González, hijo de Wilmer Antonio Aguilar Rodríguez, un líder ambiental y accionante de la tutela que ordenó la organización de una audiencia pública para conocer títulos mineros en ese municipio.

Johan Ferney Aguilar González fue asesinado horas después de que él y su padre denunciaran amenazas de muerte durante una audiencia pública en la que participaron más de 700 personas.

 

De igual forma, el caso obligó a la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, a pronunciarse:

 

Al igual lo expresó la misma Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado pidiendo a las autoridades que se esclarezca cuanto antes el crimen:

 

La Audiencia Pública

La Audiencia Pública, celebrada el 2 de septiembre en el Centro de Integración Ciudadana de la IE Normal Superior Fabio Lozano Torrijos de Falan, fue el resultado de un fallo judicial emitido por el Juzgado Primero del Circuito de Honda.

Este fallo ordenó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) suspender la ejecución de 13 contratos de concesión que involucran la exploración y explotación de minerales.

Se trata de 5000 hectáreas donde las empresas mineras: Sociedad Falan Gold S.A.S. (1 concesión), Miranda Gold Colombia (4 concesiones), Activos Mineros de Colombia S.A.S. (5), Mineras Vetas (1) y Eaton Gold S.A.S. (2) esperan extraer asfalto natural, oro, cobre, plata, y platino.

La comunidad y organizaciones sociales habían exigido esta Audiencia Pública para conocer los detalles de los proyectos mineros propuestos y expresar sus inquietudes.

Este proceso se inició después de que 70 personas interpusieron una acción de tutela contra la ANM, alegando que no se proporcionaron garantías suficientes para la Audiencia Pública originalmente programada para el 20 de octubre de 2021.

El presidente de la Agencia Nacional Minera, Álvaro Pardo, hizo un balance positivo, y resaltó que hubo garantías de participación para las comunidades.

Se comprometió a hacer un juicioso análisis que permita llegar a consensos, para lo que llamó un “choque de derechos” entre comunidades y empresas.

 

El Colectivo Voces del Tolima resaltó la importancia de la Audiencia Pública como un espacio clave para conocer si los proyectos mineros afectan sistemas de acueducto o reservas.

A pesar de la expectativa de un diálogo abierto con el Gobierno nacional, ellos quedan con la inquietud sobre: si la audiencia será únicamente informativa y un requisito más, o si la comunidad tendrá influencia en las decisiones.

Comunidades se oponen a la minería

Ambientalistas denuncian irregularidades sobre la organización de la audiencia, pues dicen que nunca fue claro cuándo se realizaría el evento, y no fueron avisados a tiempo. También dijeron que esta debe estar a cargo es la ANM y no un candidato o incluso la misma empresa minera, como le aseguraron al medio El Olfato.

En su página de Facebook, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida manifestó que se oponen rotundamente a las concesiones mineras y denunciaron:

“La expedición de los títulos mineros por la autoridad ambiental no dio en su momento la garantía de los derechos de la ciudadanía, ni se dio el debido proceso, permitiendo la participación abierta, transparente y no sesgada de la comunidad. Este no es un territorio para la minería sino un territorio agropecuario, agrícola y ecoturistico.”

También acusaron a la alcaldesa de Falan, Lucero Castaño Castillo de no permitir la movilización al emanar el Decreto 069 del 23 de agosto de 2023, que restringe la participación a los niños, niñas y jóvenes estudiantes del municipio.

Según la ONG internacional Global Witness, Colombia es uno de los países donde más asesinan líderes ambientales. Durante la década de 2012-2022, más de 1.700 fueron asesinados en todo el mundo y 322 fueron en territorio colombiano, lo que convierte a este país en el más mortífero después de Brasil.

Hasta ahora, el Gobierno no ha cumplido con la tarea de parar la violencia contra líderes y lideresas sociales, perpetrada fundamentalmente por grupos paramilitares que se resisten a abandonar sus intereses económicos en el territorio.

Tomado de colombiainforma.info

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