Defensores de derechos humanos, observadores internacionales, instituciones y organizaciones sociales realizaron la caravana humanitaria en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, del 31 de julio al 2 de agosto, para verificar la crisis humanitaria generada por la incursión paramilitar de las AGC.
Está caravana humanitaria liderada por organizaciones de la región de los Dos Ríos y defensores de derechos humanos de la corporación Jesús María Valle Jaramillo, se sumaron observadores internacionales de la Red de Hermandad, Medios de Comunicación y la Unidad de Víctimas.
Recorrieron las veredas de Monte Frío, las Jaguas, Las Palmas, y Arenales, en donde evidenciaron una grave situación humanitaria generada por la incursión del grupo paramilitar AGC en el territorio que se viene agudizando desde hace un mes.
El control paramilitar
La llegada de los paramilitares con el fin de controlar esta zona minera produjo zozobra en las comunidades, además por los enfrentamientos con la insurgencia del ELN, grupo que ha hecho presencia histórica en la región y se resiste también a abandonar el territorio.
Una madre de familia le contó a Colombia Informa: “Saliendo desde el pueblo (Segovia) comienzan los retenes, comienzan a preguntar ¿Usted de dónde viene? ¿Con quién trabaja? ¿De dónde es usted? La problemática viene desde afuera”.
Agrega además: “A los días que entraron esos señores (AGC) a la vereda arenales, mi hija me dijo con sus ojos llorosos”:
– Mami, a mí me da un miedo que los paramilitares entren.
-¿Por qué mami?
-Es que a mí me da un miedo que la maten y uno quede sola.
“Así me dijo. Eso es muy duro para una madre de familia”.
Minas antipersona
La principal causa del desplazamiento de las comunidades es que los grupos armados minaron las fincas de los labriegos y mineros que viven en la región haciendo riesgosa sus actividades laborales diarias.
Hace dos semanas, un campesino sufrió graves afectaciones por causa de una mina antipersona, además de que varios de sus animales también han sido víctimas de estos artefactos explosivos.
Los pobladores cuentan: “Los que vivimos de la maderita, de todo eso, tenemos un problema y es que si uno va a cortar un palo para el sustento de su familia, ya no puede porque el filo está minado, el camino está minado… Un compañero amigo, lastimosamente iba para donde un primo a trabajar, se bajó de la moto porque le dieron ganas de orinar, se metió un poquito hacia el monte y en ese poquito se voló, perdió una pierna, perdió una vista, y casi un brazo”.
Ante esta situación, las familias desplazadas (329 personas) instalaron un refugio humanitario en la escuela de la vereda Rancho Quemado, pero este hasta ahora no cuenta con las condiciones mínimas necesarias como alimentación, agua potable y salubridad.
Además, esto llevó a suspender clases de más de 190 niños de la vereda y zonas cercanas.
Ataque paramilitar contra la minería tradicional
Las comunidades denuncian que los paramilitares de las AGC bloquearon el ingreso de combustible, lo que produjo una crisis que afectó la pequeña minería y la minería tradicional.
Con estas acciones de los paramilitares han sido afectadas las actividades económicas de miles de pobladores que no pueden conseguir su sustento diario.
Además, derribaron torres de energía en Mina Nueva, afectando las zonas mineras en las veredas Mina Nueva, Cañaveral, Bocas de Chicamoque, y Panamá Nueve.
Uno de los habitantes de la vereda Rancho Quemado recuerda: “En días pasados, quien tenía el motorcito no podía trabajar porque no había combustible, fueron casi dos meses estuvimos así”.
Uno de los últimos sucesos graves fue el asesinato del líder de la región, Carlos Mario Roldán, en la vereda Rancho Quemado. El hecho tiene atemorizados a los demás líderes de la región.
Caravana Humanitaria al Nordeste antioqueño
Militares y paramilitares
Las comunidades denuncian que la fuerza pública es permisiva con el grupo paramilitar, ya que nunca los confrontan.
A esto se suma una constante negligencia por parte de las instituciones locales, entre ellos el gobernador de Antioquia, el alcalde de Segovia y el personero, quienes se niegan a reconocer la gravedad de la situación.
Los pobladores denuncian lo que ocurre: “Nosotros, como campesinos y vivientes de este territorio, no hemos sentido esa seguridad que nos dé el ejército nacional, porque ya hemos vivido aquí, que el ejército va adelante, y llega y sucede que atrás ya viene el paramilitarismo avanzando, invadiendo el territorio. Ellos van limpiando de las otras organizaciones”.
Las comunidades explican que con el paramilitarismo llega el narcotráfico: “El miedo que nosotros tenemos es que el paramilitarismo se tome este territorio. Nosotros vivimos en un territorio que gracias a Dios está limpio de base de coca y cultivos de coca, entonces nosotros no quisiéramos que eso llegara a ese extremo”.
Necesidades básicas sin soluciones
Las comunidades sufren de varias necesidades y exigen atención por parte del Estado. En cuanto a la educación, hay varias escuelas que han sido construidas por la comunidad que no han podido “estrenar” porque no cuentan con servicios públicos, ni docentes nombrados, como es el caso de la vereda Arenales.
Con el abandono estatal y la situación de seguridad, la educación que se está impartiendo de manera semipresencial es pésima y los niños y niñas manifiestan inconformidad y deserción. Además, muchos de ellos deben caminar más de dos horas para poder llegar a sus clases.
Sobre la salud, las comunidades demandan con urgencia un hospital o un centro de salud con ambulancia, puesto que la población aumentó en los últimos años. La vereda Rancho Quemado es la más grande, ya que cuenta con más de dos mil personas.
Las comunidades explican que lo que más les indigna es la ausencia de la carretera, la cual aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como pavimentada. Sin embargo, ningún tramo está asfaltado.
El recorrido de cerca de 50 kilómetros en carro puede llegar a tardar 5 horas, solamente cuando el invierno da tregua, de lo contrario se hace casi imposible para los vehículos.
Con la energía eléctrica es similar. La poca que llega ha sido por obra de la comunidad, pero en los registros de la alcaldía la zona aparece conectada en su totalidad.
Las comunidades esperan que la caravana tenga eco en el Gobierno y en la opinión pública y que esto permita que sea llevada una ayuda integral de parte del Estado colombiano.
Manifiestan que están cansados de pedir a entes institucionales y ONGs ayudas porque estas no llegan a materializarse en sus territorios.
Dicen que la política de paz del Gobierno aún no se ve reflejada en sus veredas, pero expresan que están dispuestos a organizarse y hacer parte de las decisiones para conseguir condiciones dignas que les permita alcanzar un desarrollo pleno.
CI CZ/FC/04/08/2023/18:00
Tomado de colombiainforma.info
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