MÉXICO- Ayotzinapa: el GIEI y las fuerzas armadas/ Ver- GIEI, la fuerza de la verdad

Martes 1º de agosto de 2023

 

Magdalena Gómez
Es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, cuya presentación, el pasado 25 de julio, ha generado intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo, fuera de toda duda, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos de los cinco integrantes originales que permanecieron hasta ayer que finalizó su mandato. Como sabemos, están por cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y aún no se cuenta con la información contundente sobre su destino y paradero. Es difícil ofrecer un recuento de un proceso permeado desde sus primeras horas por una fuerte carga de dolor para sus padres, marcado por factores políticos y derroteros erráticos sólo en materia de investigación; ello sin abordar los aún precarios resultados en la ruta que ha sido judicializada. También hay que considerar que desde el inicio de su gobierno el Presidente de la República estableció el compromiso de resolver este caso. Se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y se reactivó el GIEI.

La labor del grupo de expertos, mostrada en sus cinco anteriores informes y consolidada en el sexto, ha sido desentrañar paso a paso, todo el entramado que el peñanietismo construyó primero con la llamada verdad histórica en torno al basurero de Cocula que hoy tiene en la cárcel al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y prófugo en Israel a Tomás Zerón de Lucio. En el camino hubo de renunciar el fiscal especial para este caso Omar Gómez Trejo, en un contexto de bloqueos constante desde la propia FGR.

Demos así un salto a la polémica central, y yo diría crucial, colocada por el GIEI en su informe final, esto es que, pese a los reiterados llamados incluso presidenciales para que se abriera información relevante al GIEI por el Ejército y la Marina, éstos no han sido cumplidos. Con rigor mostró la cadena de documentación contundente sobre el nivel de colusión entre el crimen organizado y las autoridades de todos los órdenes. También destacó a detalle que existe nueva evidencia sobre el involucramiento activo de las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia para construir lo que llamó mentira institucionalizada. El Ejército, señaló, en contradicción con lo que ha dicho por casi nueve años del 26 al 27 de septiembre de 2014, no sólo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar. Concluyó con una serie de recomendaciones para continuar la investigación, sobre la necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia, sobre búsquedas pendientes y sobre participación de las víctimas y garantías de no repetición.

¿Cuál es el eje de alta preocupación después de este informe? Que el Presidente de la República se sintió llamado a respaldar incondicionalmente a las fuerzas armadas, que cuestionó tanto al GIEI como a la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, dando dimensión de confabulación contra su gobierno, sin dejar de lado su crítica reiterada a los organismos de derechos humanos. Significativa y también preocupante su respuesta a los padres de los normalistas desaparecidos que demandaron una reunión con el Presidente y él expresó en su mañanera: más adelante. Fácil la traducción.

En contraste palidece la voz del subsecretario de Derechos Humanos, quien afirmó que se atenderán las recomendaciones del GIEI y obviamente que continuará la investigación. No está de más preguntarnos por la implicación de la ausencia de un planteamiento que incluya a las fuerzas armadas dentro de la llamada Cuarta Transformación. ¿Cuál es la propuesta crítica? Más allá de Ayotzinapa, elementos del Ejército han sido condenados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por acciones en Guerrero, la masacre aún impune del 2 de octubre de 1968, entre otras; por ejemplo, en la llamada guerra sucia para lo cual actualmente existe una Comisión de la Verdad. ¿Cómo se relaciona ese aval ciego a las fuerzas armadas con todas las grandes obras en que el Ejército y la Marina no sólo son constructores, sino también administradores a la par que supuestamente se hacen cargo de la seguridad para contener la oposición social a las mismas? Además hay que señalar que junto a la postura presidencial, articulistas de medios de prensa señalados con frecuencia de manera crítica hoy están activos en defensa del Ejército y cuestionando al GIEI así como han defendido estos años a la verdad histórica, incluso alguno ha asentado la afirmación que criminaliza a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Vemos que el Ejército tiene sus seguidores y lamentablemente acompañan la postura presidencial. Bien dijeron los familiares sigue siendo el Estado.

 

 

Tomado de: La Jornada 

 

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GIEI, la fuerza de la verdad
Luis Hernández Navarro
Juan Salgado Guzmán, también conocido como El Indio o El Caderas, era un eslabón clave para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. Era tío de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, fundador del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, aunque estaba sometido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), estos lo ejecutaron extrajudicialmente el 22 de septiembre de 2021, en el municipio de Metepec, estado de México. La lista de testigos claves o de criminales que participaron en la noche de Iguala y poseían información sobresaliente y que fueron asesinados es enorme: más de 20. Al eliminarlos, se esfuman testimonios esenciales, se borran las pruebas y desaparecen las bisagras que sirvieron de enlace entre quienes ordenaron el crimen y los que lo perpetraron.

En la presentación del informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la magnitud y gravedad de la poda humana en este caso. “Lamentablemente, en este proceso –dijo– han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. Esas personas fueron integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva, siete testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios, policías y, dentro de ellos, gente que venía proporcionando información significativa.”

La dimensión de esta operación de limpieza es indicador de la naturaleza de los intereses en juego para tratar de evitar que se conozca lo sucedido en el crimen de Estado del 26 y 27 de septiembre de 2014. La lucha entre quienes buscan que la verdad aflore y quienes pretenden que la mentira triunfe es incesante. Así ha sido desde el principio. Es un combate en que no hay tregua, se libra en los más diversos planos: los informes de organismos de derechos humanos, los discursos y la acción de los aparatos del Estado, la labor de los periodistas, el batallar de los padres de familia de los muchachos desaparecidos.

La radiografía más precisa de lo acontecido en la noche de Iguala es la elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe. El trabajo es una documentada bitácora de la impunidad en México, que parece tener como eje central el celebre relato de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, en el que el viejo marinero Marlow, en su travesía por el Congo colonizado por los belgas, exclama: Odio, aborrezco y no soporto la mentira […]. En las mentiras hay manchas de muerte, un aroma de mortalidad.

En el sexto reporte se analiza con extraordinario rigor toda la información del caso a la que el GIEI accedió. Se contrastan las declaraciones que los presuntos responsables, la delincuencia organizada, los agentes de inteligencia, soldados, marinos y las diferentes policías dieron sobre los hechos, con los datos de telefonía. Así, más allá de lo que ellos dicen, puede verse dónde se encontraban realmente y con quién se comunicaron.

La conclusión es demoledora. Se comprueba que, en diferente manera y medida, agentes de todas las instituciones del Estado estuvieron implicados en el crimen de lesa humanidad. Y, se verifica que, frecuentemente, sus versiones son falsas. Por ejemplo, el comandante del 27 Batallón con base en Iguala dijo que no había salido del cuartel cuando se produjeron los ataques contra los normalistas. Sin embargo, el análisis de telefonía muestra que, en ese mismo momento, su teléfono estaba en movimiento en el centro de la ciudad.

El sexto informe del GIEI no es una opinión más. Es una investigación en que se presentan las pruebas de lo que se afirma. Sus autores no dan su punto de vista. Proporcionan los hallazgos a los que su pesquisa llegó, contrastando las versiones que se han contado sobre lo sucedido con hechos verificables.

Al comienzo de este sexenio, para realizar su labor de coadyuvancia con el caso, el GIEI pidió al presidente López Obrador la apertura de los archivos militares, de la Marina y el Cisen. Pensaban que allí había información muy importante para buscar a los desaparecidos. Así fue. En un primer momento, tuvieron una apertura parcial. La documentación encontrada allí resultó crucial.

Sin embargo, hace más de un año, la situación cambió. Solicitó la apertura de nuevos archivos de las fuerzas armadas. Los expedientes a los que tuvo acceso previamente mostraban que había mucha más información pertinente sobre el caso, que se le había ocultado. Ejército, Marina y Cisen respondieron que no había más información que dar, que lo que pedían no existía, y que ellos no realizaban el tipo de trabajos y de transcripciones requeridos.

El GIEI consideró que la respuesta castrense no correspondía a la verdad. Que lo que se quería era rebajar la investigación, desviarla. Los expertos buscaban que la verdad pasara al terreno de la justicia verdadera, no a cuentagotas. Y, sin que se abran los expedientes que siguen ocultos, no puede seguir adelante con la investigación. Por eso decidió, en el marco de la terminación de su convenio a fines de julio, retirarse del país y presentar su informe.

Su salida no significa que el caso se cierre. El caso no se puede cerrar. Faltan cosas por saber. El GIEI esclareció muchos aspectos muy importantes, pero faltan puntos claves, sobre todo en lo sucedido en ciertas horas de la noche. Y, por supuesto: ¿qué pasó con los jóvenes después de que los detuvieron? ¿Adónde los llevaron?

Ayotzinapa, hay que recordarlo, es una herida abierta. Para que pueda cicatrizar, la investigación necesita seguir adelante. Más temprano que tarde, la fuerza de la verdad se abrirá paso sobre la simulación y la mentira.

Twitter: @lhan55

 

Fuente: La Jornada

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