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El grito “Dina asesina, renuncia” se volvió a escuchar con fuerza en las calles del país. Este miércoles se realizó un paro nacional para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que fue acatado parcialmente en Lima, pero fue contundente en regiones andina Decenas de miles de peruanos participaron en las manifestaciones en todo el país. Unas diez mil personas se congregaron en Lima y varios miles más en Juliaca, Arequipa y Ayacucho. Hubo movilizaciones en las principales ciudades del país, que amanecieron con una fuerte presencia policial. Cerraron escuelas y universidades en varias regiones. Plazas y calles fueron tomadas por manifestantes antigubernamentales. En Lima se dieron enfrentamientos cuando un cordón policial impedía que manifestantes que querían llegar al Congreso avancen. Un nutrido grupo pasó la barrera policial y avanzó por la avenida que lleva al Congreso. Llegaron hasta la plaza que está frente al Legislativo, la que estaba enrejada y con fuerte presencia policial. Una gran cantidad de policías salió de la plaza del Congreso para alejarlos de esa zona. La movilización quedó partida. Al cierre de esta nota, en el centro de Lima se daban choques entre policías, que lanzaban gases lacrimógenos, y manifestantes.

Rechazo
El Congreso, controlado por la derecha y que ha puesto en marcha una ofensiva autoritaria para controlar las instituciones democráticas, es blanco, junto con Boluarte, de la ira popular. Boluarte tiene un rechazo del 80 por ciento y el Congreso del 91 por ciento. El gobierno, que ha respondido a las protestas con un amenazante discurso que criminaliza la movilización popular, movilizó ocho mil policías en el centro de Lima y unos 25 mil en todo el país. Es el mismo discurso que avaló la brutal represión contra las protestas que se dieron entre diciembre y marzo, en las cuales murieron 67 personas, 49 de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad. El adelanto de elecciones para cambiar a la presidenta Boluarte y al desacreditado Congreso, justicia por los muertos durante las protestas anteriores y un referéndum para una Asamblea Constituyente, son las principales demandas.

Las movilizaciones comenzaron antes del mediodía en varias provincias. En Lima la protesta en el centro de la capital se inició a media tarde, pero desde temprano manifestantes comenzaron a desplazarse desde distintas zonas de la ciudad, desde los barrios populares que rodean Lima, para llegar al centro. Miles se concentraron en la Plaza Dos de Mayo, tradicional escenario de manifestaciones obreras, y desde ahí partieron para movilizarse por las calles del centro. Delegaciones del interior del país llegaron a Lima para sumarse a la protesta en la capital. La policía puso retenes en las carreteras para obstaculizar su ingreso a la ciudad. “Elecciones generales ya”, se leía en una gran banderola. “Aquí están, estos son, los que siempre van a luchar”, coreaban los manifestantes mientras se movilizaban por las calles del centro con fuerte presencia policial. Una mujer levantaba un cartelón con la inscripción “Esto ya no es democracia. Dina renuncia”. Cerca de ahí, en otro cartel se leía “En democracia no se mata a los que protestan”. Se agitaban banderas peruanas, algunas con el color negro reemplazando al rojo en señal de duelo, y la wiphala.

La represión
En la andina ciudad de Huancavelica la represión estalló poco después del mediodía, cuando manifestantes iban a iniciar un mitin en la Plaza de Armas y la policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersarlos. Los pobladores respondieron gritando “asesinos, asesinos”. Intentaron prender fuego a la puerta de la Prefectura y apedrearon las ventanas. La policía desalojó la plaza, pero hasta ella llegaban los cánticos que coreaban “Dina asesina, el pueblo te repudia, cuantos muertos más quieres para que renuncies”, canción que se ha vuelto un himno de las protestas contra el gobierno. Fue la primera acción represiva de esta jornada de protesta.

En Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, donde el paro fue contundente, familiares de las víctimas de la represión ocuparon lugar central en las movilizaciones de protesta. El 9 de enero, 18 personas murieron en esta ciudad cuando la policía disparó contra los pobladores que se habían movilizado ese día exigiendo la renuncia de Boluarte. Los retratos de la víctimas fueron colocados en la Plaza de Armas. “Exigimos justicia”, coreaba la población. “Queremos justicia, para nosotros no hay justicia, nos duele eso. Por justicia caminamos llorando. Con mucho sacrificio he criado a mi hijo y lo han matado, me lo han baleado, dieciséis añitos tenía”, declaró llorando ante las cámaras de un canal por internet la madre de Elmer Huanca, uno de los jóvenes muertos en Juliaca por disparos de las fuerzas de seguridad. Como los otros familiares, ella cargaba el retrato de su hijo. Otras madres también protestaron en la plaza con el mismo clamor por justicia, la misma indignación contra Boluarte, el mismo llanto. La investigación fiscal por las muertes causadas por la represión no avanza, lo que hay hasta ahora es impunidad.

En Ayacucho, otra región andina, donde la represión dejó diez muertos en diciembre, el paro también fue general. Contundencia que se repitió en otras regiones. En Cajamarca, región natal del expresidente Pedro Castillo, ahora preso, fue tomada a universidad. Algunas carreteras fueron bloqueadas. La policía lanzó gases lacrimógenos para despejarlas. En el extranjero hubo plantones en distintas ciudades, entre ellas Buenos Aires donde se concentraron frente al consulado peruano y el Obelisco.

El día anterior a la protesta, Boluarte dio un mensaje en el que, en la línea represiva de su régimen, calificó las protestas contra su gobierno como “una amenaza a la democracia” y volvió a atacar a los manifestantes acusándolos de “violentos”. El discurso oficial ha resucitado al derrotado grupo armado Sendero Luminoso para vincularlo con la protesta y así pretender desacreditarla, meter miedo y justificar la represión. Contradictoria, la presidenta llamó al diálogo a quienes exigen su renuncia, pero dijo que sus demandas no podían ser atendidas por ser “políticas”, señaló que el gobierno respetaba el derecho a la protesta, pero la criminalizó. Distanciada de la realidad, afirmó no entender por qué protestan en su contra y aseguró que las demandas de la protesta son minoritarias, desconociendo que el 82 por ciento apoya su salida y el adelanto de elecciones.

En respuesta a las afirmaciones del oficialismo descalificando la protesta, la Conferencia Episcopal Peruana la calificó como justa y constitucional. En un comunicado indicó que “el gobierno tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajeno a sus urgentes necesidades y justos reclamos”.