Un grupo de jubilados de Ferrominera Orinoco protestaron frente al Edificio Administrativo número II de la estatal y, además, consignaron una denuncia en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en la que señalan a la compañía como responsable de violentar sus derechos laborales, amedrentarlos en sus áreas de trabajo, jubilarlos forzosamente y someterlos a la pobreza debido al impago de prestaciones sociales.

El grupo está conformado por jubilados entre los años 2018 y 2023, toda vez que desde 2018 la empresa no cancela prestaciones sociales a sus extrabajadores. Asimismo, los afectados señalan a las autoridades de la estatal como responsables de no cumplir la ley y someter al empleado a condiciones inseguras.

En el documento, que han dedicado su vida a la compañía y, en respuesta, esta les cierra las puertas, destacando que en su mayoría estuvieron como personal no requerido durante dos años debido a la pandemia -cobrando solo salario base-, y ahora son jubilados sin pago de prestaciones y percibiendo un porcentaje salarial de 65% cuando, por ley, deberían seguir cobrando 80% del sueldo.

“Se nos obligaba verbalmente a colocar en nuestras redes sociales videos manipulados de producción y si no los publicabas te reducían el salario. Las autoridades de la empresa hacían seguimiento a las redes sociales del trabajador. Además no se nos informó que estábamos jubilados de manera oportuna ni como lo establece la Ley General de Seguridad Social”, manifestaron los denunciantes.

Maribel Muñoz alegó que el grupo le exige al gobierno el pago de inmediato de sus prestaciones sociales, el cual por ley debió ser cancelado cinco días después de su jubilación.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún pago. Somos hombres y mujeres con familias que el gobierno no solo jubiló de la empresa, sino de la vida. No tenemos dinero para alimentos, para medicinas, para darle educación a nuestros hijos. La respuesta que nos dan aquí en la empresa es que eso depende del Sistema Patria. Señores, nosotros no hicimos contrato con Patria, sino con la empresa Ferrominera Orinoco. Todos nosotros cobramos 200 bolívares que no alcanzan para nada”, aseveró Muñoz.

Los afectados aseguran que, desde un primer momento y sin haber cobrado su liquidación, fueron trasladados a la nómina inactiva de la industria; pese a haber sufrido reducción salarial, y desde hace más de 6 meses esperan el pago de sus prestaciones, las cuales no les han sido canceladas.

Según los adultos mayores, ninguno de sus salarios supera los 300 bolívares, asimismo, sus liquidaciones oscilan entre 1.800 y 5 mil dólares, según los documentos que les fueron proporcionados en el proceso; no obstante, la empresa no ha liquidado estos pasivos.

“La mayoría tenemos familiares enfermos y el sueldo no alcanza para comprar pañales ni medicinas. En el 99% de los casos, la farmacia del Hospital Dr. Américo Babó no cuenta con las medicinas y por fuera son muy costosas. Algunos tenemos hijos en escuelas, liceos y universidades y como no contamos con los recursos suficientes para cancelar las cuotas, hemos tenido que sacarlos. Del aporte educativo de nuestros hijos la empresa no está pagando el 100%”, reza la denuncia consignada en las autoridades laborales.

“No estamos pidiendo limosna, es nuestro derecho. Cumplimos con nuestros deberes, dimos nuestra mejor versión en esta empresa. Batimos récord de producción en esta empresa. No somos culpables del quiebre de estas empresas y exigimos nuestros derechos”, cerró una de las perjudicadas.