8MAY23
Nuestra sociedad sufre una crisis profunda, prolongada y por ahora sin horizontes a la vista. Referirse a elecciones y candidatos en estas circunstancias hasta produce cierto escozor. La coalición gobernante y la opositora se hunden juntos en la pobreza intelectual y la inoperancia política.
En los últimos días se ha sabido de negociaciones para llegar a un congelamiento de precios y salarios por un lapso que podría ser de tres meses. Esto en medio de la inflación creciente con su correlato de pérdida de poder adquisitivo; la recesión económica, el incremento de la pobreza. Pese a todo, aún se sigue pensando en el salario como una variable a “contener”, a partir de su consideración como un factor causante de la inflación.
Es a esta altura una broma cruel que se piense en inmovilizar una “foto”, compuesta de precios emergidos de una fuerte escalada, en particular en bienes de primera necesidad; y salarios que han “corrido de atrás” con retraso creciente. El cuadro empeora a la vista del completo fracaso de la última tentativa de control: “Precios justos” hundidos frente a la omnipotencia del poderío oligopólico.
Sólo el sector sindical que funge como semioposición a la conducción de la CGT se ha diferenciado al respecto. Dirigentes de camioneros, metalúrgicos, mecánicos y otros gremios incluso presionan por un aumento de suma fija, que socorra a los sectores menos favorecidos. Eso entre los trabajadores sujetos a convenios colectivos. Los “informales” seguirían a la intemperie.
Un gobierno al que se supone con una propensión a la redistribución progresiva del ingreso, por su origen peronista, lleva asumida hace tiempo la política de ajuste. Ceñida entre otros elementos a las restricciones salariales y de programas sociales. El peronismo actual se desenvuelve como garante político y social de ese retroceso.
Ese propósito disciplinador lo lleva a poner en juego su predominio sobre el sindicalismo tradicional para garantizarlo. Al que en los últimos años se suma su posición hegemónica en dirección a una porción decisiva de los movimientos sociales que agrupan a desocupados y precarizados.
Mientras tanto, en “Juntos por el Cambio”.
Desde la oposición de derecha se pone el acento una y otra vez en sostener un programa de reforma laboral regresiva.
Se apunta contra las indemnizaciones por cese de la relación laboral. Se supone que debería reemplazárselas por algún tipo de “seguro contra despido” que no signifique una erogación para el empleador.
Asimismo se propicia la supresión de compensaciones por enfermedad, accidente u otras contingencias, a las que las patronales descalifican como generadoras de la “industria del juicio”.
Al mismo tiempo se proponen ir contra los planes sociales, a los que sugieren reemplazar con alguna modalidad parecida al seguro de desempleo. Eso con el propósito de que incluya una limitación temporal en su vigencia. Y a que cese si el “beneficiario” del plan respectivo no acepta cualquier oferta de trabajo que se le brinde.
Es probable que haya complicidad en todo esto de al menos una parte de la burocracia sindical, siempre dispuesta al entendimiento con las patronales y con los gobiernos del signo que sean. Y los movimientos sociales afines al actual oficialismo vienen en avance con una cultura organizacional similar, de acomodo permanente.
No cuesta trabajo imaginar que esas dirigencias burocráticas ya estarán en aprontes para erigirse en contracara “negociadora” de un futuro gobierno de “Juntos por el Cambio”. El enfoque corporativo del conflicto social no conoce de firmezas ideológicas ni de lealtades perdurables. De hecho, ya circulan con insistencia las versiones de que las negociaciones por la “reforma laboral” se hallan en curso.
En medio de luchas despiadadas por las candidaturas nacionales y locales, la coalición de derecha muestra día tras día que carece de consensos internos. Excepción hecha del propósito al que nos referíamos, de facilitar un avance más franco e integral contra las condiciones de vida y los derechos de trabajadores y pobres. Hablar de un “proyecto nacional” o incluso de un “programa de gobierno” parece incluso desubicado o ingenuo en las actuales circunstancias.
El desconcierto es tal que el actor de reparto fogoneado para traccionar hacia la derecha todo el debate económico, se ha convertido en “presidenciable”. La supuesta división del electorado en “tres tercios” ya se tornó un lugar común de los análisis electorales. Y no por casualidad menudean los editoriales y columnas en medios conservadores que desvalorizan la propuesta de “dolarización”. Y dan la alerta sobre el “salto al vacío” que supondría un triunfo de Javier Milei.
El Frente de Todos a la deriva.
Entretanto, la conducción del “movimiento obrero” verbalizó el apoyo a la candidatura del actual ministro de Economía, mientras realizaba un deslucido y tardío acto por el primero de mayo. La dirigencia sindical que padecen lxs trabajadorxs argentinxs siempre se supera a sí misma: Respalda ahora al postulante que acompañó a un brutal retroceso de los salarios.
El oficialismo aparece desdibujado, sin capacidad de presentar ninguna acción exitosa en el campo de las urgencias que sufre la mayor parte de la población. Prueba del desaguisado son los avances y retrocesos en torno a la ubicación de Cristina Fernández de Kirchner frente al proceso electoral.
De renunciante a cualquier postulación a gran electora, de esto último a posible candidata de unidad. Lo único cierto es la prolongación de la incertidumbre y la carencia de un reemplazo que sea portador de un prospecto electoral aceptable. El “operativo clamor” se alza y se diluye de una semana a la otra. Se pretende erigirla en “salvadora” de una propuesta irrescatable. La desorientación y el desánimo son lo único que permanece.
Un lema tradicional del peronismo gobernante, que incita a votarlo para impedir el advenimiento o el regreso de la derecha ha quedado vaciado de sentido. Su gobierno se comporta en muchos aspectos como una genuina fuerza de derecha. O al menos no ha tenido aptitud o voluntad de revertir ningún aspecto del cuadro dejado por la gestión presidencial que transcurrió entre 2015 y 2019.
A comenzar por la mansa aceptación de las gigantescas hipotecas del endeudamiento con los acreedores privados y del monumental préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los niveles de pobreza y de deterioro del salario real existente en diciembre de 2019, denunciados con justicia como escandalosos, se han sostenido y agravado a lo largo del gobierno del Frente de Todos (FdT). Completa el cuadro el hecho de que el crecimiento del PBI a lo largo de 2022, estimado en más de un 5%, no tuvo ningún correlato de mejoría de esos indicadores.
“Redistribución regresiva”, que le dicen. La misma que se supone es patrimonio de gestiones económicas reaccionarias.
La carencia de ningún proyecto alternativo se manifiesta en el respaldo persistente a la política económica encarnada por Sergio Massa, hecha de reverencia al Fondo y de ataque frontal contra los intereses populares. A falta de una propuesta diferente optaron por someterse a quien prometía evitar una catástrofe. La que de todos modos se produce en cámara lenta.
Las proyecciones hoy se acercan a un 120% anual de inflación y a un 3% o más de caída de la actividad económica para 2023. ¿Qué propuesta electoral puede apuntar al éxito en esas condiciones?
El peronismo se encuentra frente a un espejo que no registra antecedentes, al menos desde 1983: Un gobierno justicialista dividido e impotente, con indicadores económicos desastrosos y sin posibilidades de articular un discurso atractivo para sus bases sociales.
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No escasean los análisis que consideran que Argentina se encuentra frente a una “crisis de representación” muy difícil de revertir. Cabe la observación de que el hundimiento de un sistema de partidos y coaliciones mayoritarios implica el afianzamiento de alternativas de reemplazo. Por ahora se visualiza sobre todo el declive de aquello a lo que Javier Milei descalifica como “casta”. No despunta un horizonte diferente.
Entretanto tiende a acentuarse la mezcla de apatía e indignación que aqueja a vastos sectores. El crecimiento de la abstención electoral es uno de los cauces posibles de la misma. Quizás también se concrete la elevada intención de voto que hoy se asigna la propuesta de ultraderecha.
Queda por verse si comienzan a consolidarse las corrientes situadas a la izquierda, impugnadoras de más larga data y con certeros fundamentos del sistema político existente. Al que apuntan en tanto que expresión de un orden social asentado en la injusticia y desigualdad crecientes.
Daniel Campione en Facebook.
@DanielCampione5 en Twitter.
*Daniel Campione: Profesor de Teoría del Estado y de Evolución del Estado Argentino en la UBA, del comité editorial de la revista “Periferias” y de la conducción de la Asociación Antonio Gramsci. Publicó “Argentina. La escritura de su historia”, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2002 y “Prolegómenos del Peronismo”, Buenos Aires, Fisyp, 2003 y, en colaboración con Julio C. Gambina “Los años de Menem. Cirugía mayor”, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2003. Tiene en preparación un estudio y compilación de documentos sobre los primeros años del P.C. argentino.
Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO
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¿Adiós al mundo del trabajo como lo conocimos?
Argentina informal: panorama de un fenómeno que llegó para quedarse
De los 13 millones de trabajadores activos en nuestro país, 6 millones no cuentan con el piso de derechos conseguidos a lo largo de las últimas décadas. Cómo es una jornada laboral, cuánto ganan y qué impacto social y fiscal tiene en el Estado el crecimiento de un sector con más demandas que respuestas. Una aproximación al empleo no registrado y sus efectos en la economía.
El modelo histórico del trabajador del último siglo -con jornada de 8 horas, vacaciones pagas, que comparte espacio de trabajo con otros empleados, con licencias pagas y que tributa a su jubilación- ya no representa a la amplia mayoría de los trabajadores. En Argentina, el 35 por ciento de los asalariados no cuenta con descuento jubilatorio, un fenómeno que se profundizó en los últimos años. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un trabajador informal?
Si bien no hay una única definición de informalidad laboral, una de las más utilizadas hace referencia a la protección social, esto es, son considerados trabajadores formales aquellos que perciben un salario y cotizan en el sistema de seguridad social, e informales aquellos que no.
Según los datos proporcionados por la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del universo de asalariados en Argentina -unas 9,5 millones de personas-, el 35% -3,5 millones- no cuenta con descuento jubilatorio. Y dentro del universo de los no asalariados, unas 3,5 millones de personas, el 80 por ciento, es informal. Con lo cual, en nuestro país hay 6,5 millones de personas ocupadas informalmente.
Argentina, de la excepción a la normalidad
Consultado por Página/12, el investigador principal de Tecnologías y Futuro del Trabajo de la Red Sudamericana de Economía Aplicada Red Sur, Ramiro Albrieu, explica que el de los informales es un sector “altamente heterogéneo” en términos de ingresos, nivel educativo y sectores en los que se trabaja.
“Está la economía de plataformas de servicios de baja calificación y la economía popular, pero también profesionales independientes que exportan sus servicios. Por eso existen trabajadores informales que se encuentran en los deciles más altos del ingreso laboral”, detalla el especialista.
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Según Albrieu, la informalidad en Argentina fue históricamente baja para la región y para el sur global. “Hay países en el sur de Asia en los que la informalidad llega al 90%. En cambio, hasta fines de los ‘80 los mercados formales en nuestro país eran predominantes”, sostiene.
Un primer impacto en el mercado formal de trabajo fue la desindustrialización y la quiebra de muchas empresas -en especial del sector PyME- de la primera mitad de la década del ‘90, que empujó a masas de empleados registrados a trabajar en changas.
“En los primeros años de los 2000 hubo un aumento de la formalidad. Entre 2003 y 2009 se revirtió la tendencia, pero no se logró aumentar sustancialmente. A partir de 2010 en adelante se estancó la economía y empezó nuevamente una pequeña tendencia a la informalidad. Esa tendencia empezó a aumentar en la etapa del macrismo y se profundizó con la pandemia”, completa Albrieu.
Entre demandas y algoritmos
Dentro de la denominada economía de plataformas está el caso conocido de los repartidores. Las jornadas del sector son variables, y los ingresos también. Por 8 horas de trabajo en moto, un repartidor alcanza un sueldo semanal de 45 a 50 mil pesos. Si el reparto se realiza en bicicleta, por la misma cantidad de horas trabajadas cobra entre 35 y 40 mil pesos por semana.
“Esto es más alto que en algunos laburos en negro convencionales, pero apenas alcanza. A veces ni siquiera logra cubrir una canasta familiar, sin contemplar el alquiler”, señala el repartidor Didier Bolsh en diálogo con Página/12.
Las jornadas varían, fundamentalmente, porque los sábados y domingos se pagan mejor que los días de semana. Pero también porque si el trabajador se enferma o accidenta debe compensar los días no trabajados para “recuperar”.
En las últimas semanas se discutió un proyecto del senador bonaerense y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, que busca comenzar a registrar a los repartidores en la Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron a manifestarse a la Legislatura bonaerense alegando que no querían sindicalizarse “porque no les conviene”.
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En una entrevista en Radio con vos con el periodista Diego Genoud, Bolsh -que pertenece al gremio ATR, Agrupación de Trabajadores de Reparto- explicó que no fueron convocados a participar del diseño de la ley y que ahora presentarán su propio proyecto de la mano del legislador Guillermo Kane, del Partido Obrero.
“Estas regulaciones que impulsan desde el Estado no están contemplando situaciones eventuales, como puede ser que las empresas aprovechen esto para despedir una cantidad de trabajadores. Entonces no hay garantía frente a eso. Eso debe ser criticado en este proyecto, que además ni siquiera es de reconocimiento laboral tampoco, sino que consiste simplemente en crear un registro de trabajadores como existe en Capital Federal”, agregó Bolsh.
La avenida del medio del mundo del trabajo
Por su parte, para el sector de los trabajadores organizados de la economía popular que se nuclean en UTEP el escenario es igual de complejo. Según lo definen desde el propio gremio, pertenecen a la economía popular aquellos que crearon su propio empleo como consecuencia de la exclusión del mercado laboral formal. De ese total de 6 millones de trabajadores informales en Argentina, sostienen, solo un millón está organizado.
Dina Sánchez, secretaria general de la UTEP, señaló en AM750 el 1º de mayo pasado que “los reclamos del sector son muy amplios” y van desde un aumento del Salario Social Complementario -que hasta abril de 2023 era de apenas 34.740 pesos- hasta el pedido para que se garanticen los alimentos en comedores y merenderos.
El Estado se ve obligado a financiar políticas sociales para amortiguar el perjuicio que supone la informalidad en el sistema previsional, por lo tanto, “gasta” más como consecuencia de ese déficit.
En 2019, el medio La Nación Trabajadora, integrado por sectores de la CGT, UTEP, trabajadores de la cultura y universidades nacionales, publicó un ensayo sobre el gobierno de Mauricio Macri e hizo un balance de su gestión en el área laboral. En el estudio, se destaca como un hito la reglamentación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, con la que algunas de las trasnacionales como Cabify, Rappi, Uber y Flybondi lograron instalarse en el país “en 24 horas”.
“El macrismo nos subió al tercer tiempo de precarización de una maquinaria destinada a desustanciar el trabajo: de la flexibilización a la subcontratación para desembocar en el emprendedurismo. La jerga del management definía el modelo centrífugo del posfordismo como ‘small is beautiful’, ahora se llega hasta la soledad de cada laburante trabajando por cuenta y riesgo propio”, dice el texto.
Tres años después, con una situación profundizada por la pandemia, el diagnóstico sigue siendo preocupante. En 2022,Revista Crisispublicó la nota “4.974.775 no registrados”, escrita por Paula Abal Medina y Martín Rodríguez, en donde se explica que la heterogeneidad de los no registrados creció y se preguntan quién responde a las demandas del sector.
“Si no hacemos paro no nos aumentan”, apunta al respecto el repartidor Didier Bolsh a Página/12. Pero si hacen paro, no cobran. Es que la organización de los trabajadores en este vasto universo informal es compleja, ya que las demandas en algunos casos son nucleadas por sectores organizados con poco poder de negociación (como la experiencia de ATR, UTEP, y otros sindicatos) y en otros directamente no encuentran destinatarios, es decir que no hay a quién exigir derechos laborales.
Además, el artículo de Crisis señala la tensión entre la vieja CGT -que, por ejemplo, aún no integró a la UTEP a sus filas- y las nuevas expresiones de organizaciones para trabajadores informales, sumado a la mínima capacidad del Estado para controlar: “La avenida del medio del mundo del trabajo es una maraña de bolicheros, no registrados codo a codo con inserciones híbridas (básico en blanco, resto no declarado) y vistas gordas. La subsistencia alrededor de la línea de flotación de pequeñas empresas y de millones de trabajadores. Un Estado sin poder de inspección”, describen en el texto Abal Medina y Rodríguez.
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Más gasto y más déficit: el impacto de la informalidad en la economía
Además del deterioro de los derechos laborales y de la capacidad de representación de los sindicatos, desde un análisis económico más puro la informalidad afecta al rubro fiscal. Como la masa de trabajadores informales es cada vez mayor, explica el economista Albrieu, esto impacta directamente en la capacidad recaudadora del Estado, y por consiguiente se desfinancia el sistema de pensiones, una discusión que ya está en curso en Argentina y que cada vez es más acuciante.
“Los sistemas de protección social son clave porque ayudan a las personas ocupadas y a sus familias a lidiar con los riesgos y los escenarios adversos. Una persona que se encuentra en la informalidad no cuenta con esa ventaja, y ello repercute de manera directa en el bienestar. Pero además, las altas tasas de informalidad constituyen un pasivo para los gobiernos, ya que contribuyen al desfinanciamiento del sistema de pensiones”, plantea.
En ese marco, el Estado se ve obligado a financiar políticas sociales para amortiguar el perjuicio que supone la informalidad en el sistema previsional, por lo tanto, “gasta” más como consecuencia de ese déficit.
Otro foco de análisis es la movilidad social. En ese punto, Albrieu señala que los informales del decil más bajo de ingreso están imposibilitados de poder escalar en el trabajo: “Los esquemas de formación laboral que hacen que una persona pueda ir moviéndose de un puesto de trabajo a otro existen únicamente para el sector formal, o en el decil más alto de ingreso de los informales (como quienes trabajan para empresas tecnológicas). Los centros de formación que existen son para trabajadores de alta calificación formales y, generalmente, varones”, expresa Albrieu.
Sobre este punto, en una perspectiva más amplia, la imposibilidad de formar y capacitar a ese sector y, como consecuencia, generar movilidad social ascendente, perjudica la capacidad productiva de la economía en su conjunto. Más informalidad es menos capacidad de movilidad social y, por lo tanto, menos productividad.
“Generalmente, la gente que es informal trabaja sola o en unidades que son informales, entonces es muy difícil pensar que cualquier política productiva de incorporación de tecnología o conocimiento va a llegar a esos sectores”, concluye.
Fuente: Página/12
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