Por Ángel Arias
Los anuncios: congelamiento del salario mínimo en 5 dólares, profundización brutal de la bonificación (el 90% son bonos sin incidencia), los jubilados y pensionados siguen condenados a la más criminal miseria. Esta atroz política laboral, sin embargo, se inscribe en los acuerdos con el capital privado, es parte del acuerdo de clase (burgués) que hay en las alturas contra la clase obrera. Aquí te mostramos por qué.
Los números y los hechos
El salario mínimo estaba desde mitad de marzo del año pasado en 130 Bs., equivalente en ese momento a 30$ -a tasa oficial- y hoy a 5$. Maduro lo dejó intacto, luego de 14 meses en los que perdió más del 80% de su valor adquisitivo, lo dejó en la misma atrocidad de 5$ mensuales. El ticket de alimentación estaba en 45 Bs., equivalente a 1,8$ mensuales, y lo colocó en 40$, lo que sería un aumento del mismo de 38$, pero al mismo tiempo operó una reducción del llamado “bono de guerra económica” que venía pagando en la administración pública desde enero.
Ese bono se pagó en un monto equivalente a 44$ en abril, Maduro anunció que quedaría en 20$, una reducción de 24$, aunque hoy amaneció diciendo que “estuvo pensando” y decidió que quedará en 30$, es decir, 14$ menos. Un intento de enmendar míseramente lo que no tiene enmienda, luego que hasta en su propia concentración gubernamental los asistentes rechazaron tales fórmulas. De manera que el único aumento real del ingreso mínimo es de 38$ en el ticket de alimentación, en el caso de los sectores distintos a la administración pública, pero en la administración es de apenas 24$, pues le rebajaron 14$ que venía percibiendo del “bono de guerra económica”.
Con esos números, la bonificación del salario alcanza niveles extremos, jamás vistos en la historia del capitalismo venezolano: en la administración pública, de 70$ de los 75$ del ingreso mínimo serían bonos sin incidencia en el cálculo de vacaciones, aguinaldos y prestaciones, esto es, 93% del salario bonificado; en el resto de los sectores, el ingreso mínimo mensual obligatorio serían 45$, de los cuales 40$ serían bonos sin incidencia salarial (89% del salario). En promedio, 91% del ingreso mínimo oficial de la clase trabajadora está así bonificado, es decir, ¡solo un 9% contaría para el cálculo de retribuciones salariales y contractuales!, que rápidamente es devorado por la alta inflación. Esto puede ser “mejor pero peor” en algunos casos en el sector privado, como veremos más adelante.
La condena de los jubilados y pensionados
Ahora bien, si esa es la realidad de los trabajadores y trabajadoras activas, la de las jubiladas, jubilados y las personas pensionadas es más atroz todavía. Los anuncios ratificaron y profundizaron el abandono en el que están, pues al no cobrar ticket de alimentación, no obtenían ninguna mejoría para su situación, cero aumento en sus ingresos.
Sin embargo, continuando con el intento de aminorar lo nefasto de los anuncios del día de ayer –que causaron un descontento masivo (aunque por ahora pasivo) expresado en innumerable cantidad de mensajes y planteamientos en redes, chats, conversaciones familiares y en espacios de trabajo–, a media mañana de este 02 de mayo el ministro del Trabajo anunció en su cuenta de Twitter medidas para los jubilados y pensionados. Básicamente, que el “bono de guerra económica” pasará a ser ahora de 49$ para los jubilados de la administración pública y de 20$ para los pensionados del IVSS, es decir, un insultante aumento de 5$ para los del seguro social y de 34$ para los jubilados de la APN, pues hasta estos anuncios ambas categorías venían cobrando 15$ por ese concepto.
Tales anuncios no modifican lo fundamental de una política que, en algunos casos, es prácticamente una condena muerte a miles y miles de adultos mayores, al imponerles un ingreso que no cubre ni las necesidades alimenticias y médicas básicas de una semana.
¿Por qué estos anuncios forman parte del consenso burgués no declarado?
Para cualquiera que estuviera más o menos al tanto de las posiciones que vienen sosteniendo los representantes del capital privado nacional en los medios de comunicación y en las negociaciones con el gobierno, fue claro que los anuncios gubernamentales son un triunfo de la lógica que plantean estos voceros de la clase dominante. Lo que más ha trascendido públicamente es la pretensión de los capitalistas privados de que les legalicen lo que en la práctica vienen haciendo ya: que la mayor parte del salario se componga de bonos sin incidencia salarial.
La principal cara pública de esta pretensión es Jorge Roig, ex presidente de Fedecámaras y uno de los representantes de los empresarios venezolanos en las instancias tripartitas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El argumento del capital viene, claro está, con su dosis de “preocupación” por los trabajadores, ¡faltara menos! Dicen que ellos quisieran aumentar los salarios, porque bueno, entienden que es un salario muy insuficiente, pero que no lo entienden tampoco tanto como para que el aumento les afecte en serio las ganancias, y por eso proponen una “ley de emergencia laboral” que les permita aumentar con cierta periodicidad, pero que esos aumentos no tengan incidencia salarial, es decir, aumentaría el ingreso pero no el salario.
Es lo más que se puede permitir el buen corazón de ese sector de la burguesía nacional, una extorsión de clase: o nos otorgan una ley que desmonte conquistas obreras establecidas en la legislación previa, o los salarios seguirán siendo miserables. Y decimos ese sector de la burguesía, porque hay otro, el tradicionalmente aliado del chavismo, desde tiempos de Chávez, el representado en Fedeindustrias, que es más brutal aún: directamente se opone a cualquier aumento del salario, “el sector privado no podría respaldar un aumento”, dijeron ya en enero de este año.
Consecuentes con su militancia en las filas del chavismo gobernante, uno de los argumentos de estos capitalistas es… las sanciones impuestas por países imperialistas. Las sanciones –que quienes esto escribimos condenamos por principio y exigimos en todo momento que cesen-, claro está, “impiden” mejores salarios y pensiones pero no impiden las ganancias y lujos de los capitalistas y los ricos, en un país cada vez más groseramente desigual ¡A otro perro con ese hueso! Ese cínico discurso burgués encuentra en los representantes de esta cúpula empresarial una perfecta expresión, puesto que su actual presidente, Orlando Camacho, es al mismo tiempo diputado de la Asamblea Nacional por el chavismo, en la tarjeta de “Somos Venezuela”.
De manera que el anuncio de Maduro, de no aumentar ni un céntimo al casi inexistente salario mínimo, responde claramente a las pretensiones de los diferentes sectores del capital privado, y es parte de una política más de conjunto, tendiente a la normalización de las relaciones entre el Estado capitalista y la clase a la que le sirve: el gobierno de Maduro, por lo visto, quiere dejar atrás la página en la que el Gobierno decretaba anuncios salariales sin consultar ni consensuar con las organizaciones de la clase capitalista.
Esto es así porque en las negociaciones auspiciadas por la OIT no lograron ponerse de acuerdo Gobierno, empresarios y las burocracias sindicales que allí asisten. El llamado “diálogo social tripartito”, allí donde se negocia el cuero de nuestra clase a sus espaldas, exige, en consonancia con los acuerdos firmados y ratificados por el país en la OIT, que se pongan de acuerdo sobre “un método” para fijar el monto del salario mínimo. Como en esa instancia de conciliación de clases no han podido lograr acuerdo, el Gobierno ha sido tan alcahuete que, por primera vez en más de dos décadas, ha resignado incluso su potestad legal de fijar unilateralmente el monto del salario, para mostrar toda la voluntad política de avanzar lo más en acuerdo posible con el empresariado nacional.
No nos olvidemos, además, que el propio Gobierno es además un actor patronal muy importante en el país, no solo en el sentido de ser el Estado la organización política de una sociedad de clases basada en la explotación de los trabajadores, sino también en el sentido de que en nuestro país, como sabemos, el sector estatal de la economía abarca amplios sectores, por lo cual el Gobierno actúa también de acuerdo a su rol directo de patrono y explotador.
Es por eso que estos anuncios con respecto al salario forman parte de ese consenso burgués que, aunque no declarado, existe y funciona. Aun no hay acuerdos formales, no hay pactos firmados públicamente, etc., pero en los hechos la lógica que se impone por todos lados y en la tiene acuerdo tanto el PSUV como los partidos de la oposición patronal, es que la supuesta “recuperación” del país pasa por seguir dándole a los empresarios y grandes comerciantes las posibilidades de garantizarse sus niveles de ganancias y rentabilidad a costa de lo que sea, de seguir haciendo con los derechos laborales y los precios lo que les venga en gana, no importa si en el camino condenan a la miseria y la precariedad a la mayoría de la clase trabajadora. Lucha de clases se llama eso, no lo olvidemos tampoco.
Tomado de laizquierdadiario.com.ve
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