iecisiete caravanas fúnebres partieron la noche del martes desde la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) hacia los hogares de los jóvenes migrantes fallecidos el pasado 27 de marzo en el incendio que se desató en un centro de detención de Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Buscaban llegar a Estados Unidos y acabaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, una dependencia gubernamental. Las autoridades mexicanas repatriaron los féretros de 17 de las 19 víctimas de la tragedia, en la que murieron 39 migrantes de diferentes nacionalidades.
Tras dos semanas de espera, los familiares estallaron en llanto y sollozos al recibir los cuerpos de sus seres queridos. Luego del pésame y homenaje oficial, los cortejos emprendieron largas rutas de regreso a casa. La espera se prolongará para las familias y comunidades de los otros dos fallecidos, cuya identidad se debe confirmar mediante pruebas de ADN.
En Nahualá, un poblado de mayoría indígena ubicado a 157 kilómetros de la capital, recibieron a cinco de los 19 guatemaltecos. Los carros fúnebres se abrieron paso entre una manifestación que durante dos días ha mantenido cerrada una de las principales rutas del país. Los pobladores han puesto sus cuerpos sobre la vía para que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei atienda sus demandas, que se cumplan los acuerdos para terminar con un conflicto territorial que lleva más de 150 años y que las autoridades envíen a 3.500 agentes de policía para resguardar a los pobladores que quieren cultivar sus tierras.
El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, llamó a una mesa de diálogo que no hizo eco entre los manifestantes. “Tampoco vamos a ser imprudentes de acercarnos a un lugar donde las personas están alteradas, tenemos que ser bien cuidadosos con no comprometer a la fuerza policial”, dijo el funcionario.
Los pobladores de Nahualá viven en un ambiente de tensión y bajo riesgo, a partir de una disputa territorial que mantienen desde 1862 con el municipio vecino de Santa Catarina Ixtahuacán, ya que ambas localidades se adjudican la propiedad de un terreno codiciado por sus reservas de agua. Las dos comunidades enfrentadas están en Sololá, un departamento que cada año recibe a miles visitantes del lago de Atitlán, uno de los principales atractivos turísticos en Guatemala.
Cuando la tensión por el conflicto territorial escala en Nahualá, los días transcurren entre detonaciones de armas de fuego o morteros de fabricación artesanal. Bajo anonimato, varios vecinos relatan que los han amenazado con sacarlos a balazos si pisan el territorio contrario, donde se les considera intrusos. En diciembre de 2021, fueron masacradas 13 personas de Santa Catarina Ixtahuacán, entre ellos tres niños, que iban a cosechar maíz. El Gobierno ha asegurado que en la zona operan grupos de crimen organizado, sin que a la fecha se haya capturado a los presuntos responsables por la matanza.
Uno de los 17 retornados ayer, Manuel Chox Tambriz, tenía 21 años y vivía en uno de los territorios en conflicto. Sus padres y familiares expresaron a los medios locales la necesidad de ayuda económica. Para muchos, migrar implica contraer deudas millonarias con los coyotes o traficantes de personas.
La pobreza se suma a la inseguridad en Nahualá, donde el 89% de la población vive en situación de pobreza en condiciones muy parecidas a las otras ocho localidades donde vivían los otros migrantes fallecidos en Ciudad Juárez que retornaron a Guatemala con apoyo del Gobierno de México.
“Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar, se están intensificando los programas de atención a migrantes pero también los programas para que la migración en nuestros territorios no sea forzada”, dijo Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Morir lejos
Esta no es la primera vez que en Nahualá se vive luto por el retorno de migrantes que murieron en la ruta a Estados Unidos. Solo en julio de 2022 fueron repatriados los cuerpos de cinco adolescentes no acompañados. Tres de ellos murieron asfixiados dentro de un camión que los traficantes dejaron abandonado a las afueras de San Antonio, en Texas.
Con los 17 féretros de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha asistido, con acompañamiento legal y económico, la repatriación de más de 50 personas durante 2023. En 2022 esa dependencia apoyó el retorno de 427 guatemaltecos que murieron en el extranjero, 361 fallecieron en Estados Unidos. La cifra de migrantes que murieron en el extranjero puede superar los datos oficiales, ya que hay familias que no requieren de la ayuda gubernamental.
Tomado de elpais.com
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