El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina experimentó en febrero pasado una subida interanual del 102,5%, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es la primera vez que la tasa de inflación del país sudamericano alcanza dígitos triples desde 1991, cuando intentaba dejar atrás la hiperinflación del periodo 1989-1990.
Los precios al consumidor aumentaron en el segundo mes del año un 6,6% en comparación con enero pasado, lo que supone una aceleración respecto a la tasa del 6% del mes anterior. Pese a que al cierre de 2022 la tendencia al alza de la inflación parecía contenerse, con incrementos mensuales en torno al 5%, los precios han vuelto a situarse sobre el 6% mensual en el mes de enero y febrero, como sucedía hasta el pasado mes de octubre.
Entre las subidas registradas en febrero destacó el alza mensual del 9,8% en alimentos y bebidas, un dato preocupante por su impacto en el coste de la cesta básica de alimentos. La escalada en los alimentos se dio a pesar del nuevo acuerdo de precios de productos de consumo masivo lanzado por el Gobierno a principios de febrero.
Por el contrario, las dos divisiones de menor variación en febrero fueron educación (1,1%) y prendas de vestir y calzado (2,3%), al igual que en el mes anterior, aunque los porcentajes se han incrementado considerablemente (del 1,1% al 3,2% y del 2,3% al 3,9%, respectivamente).
Según el informe oficial, Argentina acumuló en los dos primeros mese del año una inflación del 13,1%, muy por encima del 8,8% de igual período de 2022.
Objetivos oficiales
El comportamiento de los precios en en arranque del año pone en duda las posibilidades de desacelerar este año la inflación al 60%, desde el 94,8% de 2022, tal como lo ha planteado el Gobierno entre sus objetivos de estabilización macroeconómica.
“La meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60 % interanual para diciembre luce cada vez más inasequible”, sostuvo en un informe la consultora Ecolatina, para la que la inercia inflacionaria luce “difícil de desarmar en el corto plazo”.
Además de la crisis energética que afecta a otros países, en Argentina afecta sobre los precios de los alimentos la severa sequía, así como los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos y la dinámica de las recomposiciones salariales en un año de elecciones presidenciales.
El Gobierno admite un dato “malo”
El Gobierno de Argentina admitió que el dato de la inflación de febrero es “muy malo”, al tiempo que dirigentes de la oposición cuestionaron duramente la política económica del Ejecutivo de Alberto Fernández. “El dato de inflación de febrero es sin duda muy malo”, reconoció el secretario de Política Económica de Argentina, Gabriel Rubinstein.
Este pasado lunes, el FMI ha llegado a un acuerdo con las autoridades argentinas para adoptar una serie de cambios en materia económica, entre los que se incluye el mantenimiento de los tipos de interés con el objetivo de hacer frente a las continuas presiones inflacionarias que sufre el país.
Tomado de elpais.com
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El kirchnerismo respalda a Sergio Massa pero sostiene sus críticas al programa derivado del acuerdo con el FMI
El impacto de la inflación en la interna del Frente de Todos
El diálogo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa abierto y en buenos términos, en contraste con la relación entre CFK y Alberto Fernández. Varios referentes del kirchnerismo salieron a defender el rol de Massa, mientras reiteraron sus cuestionamientos a la política económica puesta en marcha por el ex ministro Martín Guzmán.
Este martes fue un día complicado para el Gobierno por el número que el INDEC publicó de la inflación de febrero, superior al 6 por ciento, más del doble de lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, había pronosticado para esta época del año. Desde el kirchnerismo, más allá del complejo contexto, continúan con el respaldo al ministro, porque es una de las figuras que ordena políticamente al espacio, pero no dejan de marcar las diferencias con el programa económico y distanciarse del acuerdo que firmó su antecesor, Martín Guzmán, con el FMI. El acuerdo y el diálogo de Massa con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner –a diferencia de lo que sucede entre ella y Alberto Fernández— sigue por sus carriles normales y varios alfiles del kirchnerismo hasta defendieron el rol de Massa al frente de la cartera. “Asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”, dijo el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro bonaerense Andrés Larroque agregó que Massa “agarró este fierro caliente en una situación de crisis absoluta, con el país al borde del abismo”.
Más allá del respaldo que le dan a Massa porque creen que es uno de los únicos que puede “acomodar” la situación económica, en el kirchnerismo aseguran que no lo ven como el candidato del espacio para este 2023: para ellos la única opción es “levantar la proscripción” de CFK y que la vicepresidenta pueda ser la que represente al peronismo en las elecciones. “Para esto trabajamos. No hay candidato si no es Cristina”, repiten.
En diálogo con Página/12, el senador Oscar Parrilli, hombre de confianza de la vicepresidenta, consideró que “Illia y Frondizi aceptaron ser presidentes con Perón proscripto y ninguno de los dos terminó su mandato. Aceptar enfrentar un proceso electoral con Cristina proscripta, debilita la democracia y la convierte en inviable”. “Es un riesgo que, a 40 años de democracia, no nos podemos permitir”, añadió y subrayó que “Cristina debe ser absuelta antes de la presentación de listas”, es decir, antes del 24 de junio y que, una vez que eso suceda, ella verá y decidirá si quiere o no, ser candidata. “Lo que no podemos aceptar es considerar normal este estado de cosas, esta subordinación de la política a los poderes concentrados de la Argentina”, puntualizó.
Al margen de las candidaturas y de ese debate, que en los próximos meses estará en el centro de la escena, desde todos los sectores del Frente de Todos ven con gran preocupación el número inflacionario y la falta de medidas concretas que permitan alivianar el impacto que ese aumento tiene en los salarios de los trabajadores. “A este ritmo de inflación no hay chances para nadie, sea quién sea el candidato”, subrayan alarmados por la proximidad de los comicios desde el kirchnerismo.
En Casa Rosada, mientras tanto, resaltan que seguirán haciendo “todo lo posible para bajarla”, y que sin importar quién lo pida, “siempre” evalúan medidas para intentar recomponer los salarios. Desde el kirchnerismo insisten con que debería tratarse de una suma fija.
Ferraresi, para respaldar a Massa, luego de decir que “asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”, explicó que “el Gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante”, y que Massa llegó para ponerle un freno a eso. “Sergio vino a poner un orden. Fue una tarea titánica y lo sigue siendo cada uno de los días”, indicó. Luego, destacó que “Massa tuvo experiencia en recuperar rápidamente reservas”.
Larroque opinó que el ministro logró estabilizar la situación, “que era la primera parte del plan”, pero que ahora “hay que avanzar a un esquema de mayor poder redistributivo”. Adelantó que vienen conversando ese tema con Massa y que “en el medio está el corset del acuerdo con el Fondo y Sergio está trabajando ahí para maniobrar y tener ciertos márgenes que permitan sostener esta situación de estabilidad y en un futuro tomar medidas redistributivas”. “A Sergio lo quiero siempre en mi equipo. Es frontal y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir”, señaló el ministro de Gobierno bonaerense y dirigente de La Cámpora.
También se pronunció la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “El ministro de Economía está haciendo lo que puede”, justificó y apuntó que el responsable de las dificultades económicas es Martín Guzmán. Sobre este tema, desde el kirchnerismo remarcan que durante la charla que CFK dio el viernes en Viedma, habló por primera vez, desde que se fue Guzmán del gabinete, sobre economía. “Está preocupada”, resaltan. En esa ocasión, remarcó la necesidad de dialogar entre la oposición y oficialismo para revisar el acuerdo. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, al día siguiente, también fue muy crítico al desempeño del gobierno en materia económica, pero destacó el trabajo conjunto entre Massa y la titular de ANSES, Fernanda Raverta. “Andan intentando que desde el Fondo den el acuerdo para que la moratoria salga adelante porque no ha sido promulgada 10 días después de votada”, expresó. En tanto, La Cámpora publicó un duro documento en contra de las nuevas metas que publicó el FMI y de las exigencias con las que condiciona al país. Allí, sin embargo, no mencionaron al titular de la cartera de Economía.
Tomado de pagina12.com
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En el segundo día de acampe de la Unidad Piquetera
El Gobierno confirma 85 mil bajas en el plan Potenciar Trabajo
Los beneficiarios que no completaron la validación de su identidad a través de la app Mi Argentina perderán la asignación. La medida fue confirmada mientras continúa el acampe de organizaciones sociales de izquierda. Las presiones por una salida represiva y una inesperada reacción del jefe de Gabinete porteño.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que este miércoles dará de baja a 85 mil titulares del Potenciar Trabajo y a 20 mil prestaciones Nexo, un plus que reciben algunos trabajadores del Potenciar. Las bajas corresponden a personas que no validaron su identidad mediante la app Mi Argentina -que fueron un poco más del 7 por ciento del total-. En rechazo a esta medida -y también en reclamo por alimentos para los comedores populares-, la Unidad Piquetera mantuvo su segundo día de acampe frente al despacho de la ministra. Los cruces entre Eduardo Belliboni, el referente de la UP, y Tolosa Paz marcaron el día de conflicto: Belliboni le pidió que “deje de hablar como una ministra del PRO y no de un gobierno popular”. A su vez, Tolosa Paz lo acusó de impulsar el acampe por dinero: con las bajas, aseguró, “la Unidad Piquetera dejará de recibir mensualmente, en concepto de cuotas sociales, 9 millones de pesos”.
Sin otro diálogo que estas acusaciones a través de los medios, todo indica que el acampe se mantendrá hasta este jueves a las 10 de la mañana, cuando cumplirá 48 horas. Los integrantes del Polo Obrero, Libres del Sur y otros movimientos de la izquierda están rotando grupos para sostener la protesta, porque la ola de calor vuelve insoportable permanecer largas horas en la calle. El peligro no es sólo de insolación, sino que en el derechizado clima de la campaña electoral, los medios dominantes no dudan en legitimar e impuslar una salida represiva. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, debió aclarar en un programa de TN que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está de acuerdo en intervenir para resolver el corte de calles con la policía. “Cuando uno pide ‘hay que sacarlos’, hay que tener conciencia. ¿Qué están pidiendo? ¿Que se tiren gases donde hay chiquitos y mujeres?”, repreguntó el funcionario durante una entrevista.
105 mil planes menos
Cuando comenzó el proceso de validación, había 1 millón 400 mil planes Potenciar. La cantidad de planes había dado un salto durante la pandemia, entre 2020 y 2021, cuando el Gobierno duplicó su número empujado por la necesidad de hacer llegar recursos a los trabajadores informales, sin ingresos por el aislamiento, y sostener los comedores populares, donde el trabajo de cocineras y otras trabajadoras que se pusieron al hombro el reparto de viandas fue clave para millones de personas.
Cuando se fue levantando el aislamiento social, existió la intención de un sector del Gobierno de apoyar a los trabajadores del Potenciar para que mejoraran sus ingresos, con la entrega de herramientas, entre otras cosas, a sus emprendimientos productivos. De hecho en algunas actividades, como el reciclado y los polos textiles, los trabajadores lograron mejoras importantes. En las cooperativas mejor organizadas, sus trabajadores están ganando por encima del salario mínimo e incluso lo duplican, un progreso que, lamentablemente, pierde mucho de su impacto debido a la inflación.
Esta política, sin embargo, nunca llegó a calar dentro del Frente de Todos. Y en el verano de 2022, con la firma del acuerdo con el FMI, la tendencia a invertir en el sector tuvo un punto de inflexión, empezó a retraerse. En cada revisión de las metas del acuerdo, el organismo internacional se ocuparía, por su parte, de recordar la importancia de “focalizar los programas sociales” -un eufemismo para recortarlos-.
En noviembre pasado, el Gobierno anunció que no otorgaría nuevos planes Potenciar, en medio de una ofensiva mediática que estigmatizó a quienes los perciben, de los que se dijo de todo, incluso que “los planeros” usan el dinero que les da el Estado para comprar dólares, que no trabajan -por supuesto- o que había titulares del Potenciar dueños de yates y autos 0 km.
La validación de identidad estuvo enmarcada en ese clima. Con todo, una parte de los movimientos sociales, por ejemplo la mayoría de los que están dentro de la UTEP, no salieron a la calle contra la validación de datos. Su postura sugiere que lo entienden como una medida razonable, destinada a ordenar el Potenciar, que venía desmadrado. La oposición, en cambio, es protagonizada por las organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera. Entre sus argumentos, la UP señala que hay miles de personas que no tienen teléfono celular, o que no tienen conectividad, o a las que el trámite de validación les resultó imposible de hacer. Reclaman que en esos casos, el ministerio debe ir a buscar a los beneficiarios a los barrios, para que completen la validación de manera presencial.
Con la anulación de estos 85 mil Potenciar, el número de beneficiarios de planes quedará, según confirmó la ministra Tolosa Paz, en 1.279.000 personas. Si se compara el padrón de diciembre de 2022 -de 1 millón 400 mil beneficiarios- con el actual, las bajas en los últimos tres meses suman 195 mil planes.
Tolosa vs. Belliboni
Tolosa Paz cargó contra el acampe de la Unidad Piquetera y acusó a su dirigente más visible, Belliboni, de organizarlo porque “van a dejar de recibir 9 millones de pesos por mes”. La ministra lo dijo porque si bien el pago del Potenciar está bancarizado y cada titular cobra los 32 mil pesos mensuales en su cuenta, los movimientos tienen a su cargo las unidades de gestión que certifican que esos trabajadores estén realizando la contraprestación de 4 horas diarias. En el caso del Polo Obrero, la organización les pide a sus integrantes un 2 por ciento en concepto de cuota social, a la manera de los sindicatos con sus afiliados.
Tolosa Paz dijo que de los 85 mil planes dados de baja, 12.500 son de la Unidad Piquetera. “Sus unidades de gestión no encuentran a 12.500 personas. El mes pasado dijeron que están trabajando en sus emprendimientos, pero ahora no saben dónde están”, aseguró. “Le dijimos a Belliboni que los traiga a la puerta del ministerio, que acá pueden validar su identidad, pero no los encuentra”. La ministra concluyó que el dirigente está molesto “porque le cobran a la gente el 2 por ciento de cada Potenciar como cuota social, y con estas 12.500 bajas se quedan sin 9 millones de pesos por mes”.
Belliboni replicó pidiéndole que realice una validación presencial y opinó que los criterios de la ministra la ponen más cerca del PRO que de un gobierno popular. “No estamos reclamando sólo por nosotros, sino por miles de personas que no pudieron hacerlo. Una persona que vive en el Chaco, en El Impenetrable, sin luz, no puede hacer una validación de datos y de rostro. El trámite debería ser presencial y Desarrollo Social debería ir al territorio, ir al barrio en lugar de plantear que la gente vaya al ministerio, como hace ahora”.
Si bien la polémica se centró en este punto, otro de los motivos del acampe es la falta de alimentos en los comedores populares, donde la mercadería de Desarrollo Social llega con demoras y graves faltantes.
Los argumentos de la Unidad Piquetera tuvieron el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa, que integra la UTEP. Su principal referente, el diputado Juan Carlos Alderete, contó que efectivamente en El Impenetrable, donde no hay internet, tienen 1900 titulares del Potenciar que no pudieron hacer la validación. “El mes pasado los dejaron sin cobrar”. Alderete añadió que el sábado se cruzó en una actividad oficial con Tolosa Paz y le advirtió que, a pesar de los reclamos, el problema continuaba. Se llevó el compromiso de que esos Potenciar serán acreditados antes de que termine el mes.
Sin embargo, el dirigente respaldó las críticas hechas por la UP. “El ministerio no tuvo en cuenta que hay comunidades originarias y localidades que no tienen conectividad”, consideró, y cuestionó que el empeño en revisar los planes sociales, que representan 1 punto del PBI, no sea el mismo para revisar “los subsidios a las empresas, que son de 6 o 7 puntos” del Producto Bruto Interno.
”Nosotros estamos de acuerdo en que se controle, pero también tenemos que decir que los controles deberían ser para todos, no sólo para los pobres: mientras a los de abajo les sacan el secreto bancario, no hacen lo mismo con los que fugan la plata o tienen millonarios negocios con el Estado”.
Tomado de pagina12.com
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