Una manifestación feminista en Quito, el 1 de octubre de 2022.ANA MARIA BUITRON
Las feministas han conseguido que se suspendan los requisitos para acceder al aborto en casos de violación, tras el veto del mandatario que exigía una denuncia penal o un examen médico
La causal de violación, una de las dos permitidas en Ecuador, fue despenalizada en 2021, pero en abril del año pasado, Lasso vetó la ley y modificó el 97% de su contenido. “Terminó siendo un Frankenstein”, dice Ana Vera, abogada de la organización Surkuma. El presidente borró del proyecto a las personas gestantes (hombres trans, personas no binarias), disminuyó el tiempo de semanas para acceder al aborto (pasó de 18 a 12) e impuso una serie de requisitos, que terminaron teniendo efectos directos en la vida de las mujeres.
Según Vera, hasta inicios de noviembre, de 16 solicitudes de aborto por violación, solo se practicaron cinco. El trabajo de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos logró, con una medida cautelar, que la Corte suspenda la exigencia de una denuncia, y en el caso de las menores de edad, ya no necesitarán de una autorización parental para interrumpir sus embarazos. “Muchas niñas y adolescentes son víctimas en sus casas y los victimarios están en su entorno familiar, por eso no es fácil que denuncien y mucho menos que puedan abortar”, dice Vera. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Ecuador, al menos tres de cada 10 mujeres en ese país han sufrido violencia sexual en su vida.
Durante los meses que estuvo vigente la ley reformada por Lasso, la mayoría de mujeres que buscaron un aborto tras sufrir una violación no lo consiguieron. En muchos casos, a pesar de que denunciaron y pudieron probar sus denuncias, los servicios médicos objetaron conciencia y se negaron a practicar el procedimiento.
El presidente de Ecuador no ha escondido sus posturas conservadoras y su rechazo a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Lasso es un hombre católico, cercano al Opus Dei, que ha puesto sus creencias por encima de los derechos de las mujeres. La periodista María Sol Borja recuerda en esta columna de The Washington Post, que en 2019, cuando la Asamblea Nacional debatía la posibilidad de levantar la penalización al aborto en casos de violación, se hicieron públicas las presiones que el presidente ejerció sobre los legisladores de su partido, que terminaron cambiando sus votos para impedir la descriminalización. “Al final, faltaron cinco votos, tres de ellos de asambleístas de CREO, el partido de Lasso, que previamente habían anunciado que votarían a favor pero que, a última hora, cambiaron de opinión”. Tres años después, gracias a la lucha de las mujeres y el respaldo de la Corte Constitucional, basta la palabra de las víctimas para que puedan acceder al derecho al aborto.
*Redactora de EL PAÍS América desde Bogotá. Ha sido reportera de la revista ‘Semana’ en su formato digital y editora web del diario ‘El Tiempo’.
Fuente: EL PAÍS
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