Juan Carlos Monederos*: ¿Qué ha pasado en Perú con Pedro Castillo?/ Ver- Destitución de Pedro Castillo y nuevo gobierno/ De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú / Tensión en Perú

11/12/22

Juan Carlos Monederos*

Perú es un país con una institucionalidad bien débil. En la actualidad, y como pasa en Chile y en Argentina y va a pasar en Brasil, las constituciones heredadas de las dictaduras y sus transiciones, en este caso la de Alberto Fujimori de 1993, dificultan gobernar democráticamente.

No basta que Pedro Castillo sacara 8,8 millones de votos ni que el país viniera de una enorme desestabilización. El Estado heredado tiene unas inercias y unas claves de funcionamiento internas -selectividades se llaman en la ciencia política- que impiden que el coche institucional pueda girar a la izquierda. Se gana el Gobierno, pero no se gana el poder. Desde el primer día, la Sociedad Nacional de Industrias —la patronal peruana—, se puso como misión “botar al comunismo”, aliada con grupos parlamentarios vinculados a la corrupción estructural, los medios de comunicación y sectores del Ejército. Nada muy diferente de lo que hizo la patronal española durante la Transición.

En Perú, apenas existe la división de poderes, con unos jueces de parte -pensemos en lo que está pasando en España con el Consejo General del Poder Judicial y la defensa del bloqueo hecha recientemente por el líder del PP, Núñez Feijóo- y un parlamento donde tienen ventaja las fuerzas conservadoras gracias al control mediático, la ley electoral, la estructura de partidos y la corrupción rampante.

Seis presidentes en siete años dan cuenta de esa debilidad. Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, luego Martin Vizcarra, luego Manuel Merino, luego el interino Francisco Sagasti y luego Pedro Castillo. Destituidos por golpes blandos parlamentarios autorizados -por Estados Unidos- que generaron una enorme protesta en las calles.  Los golpes que tienen éxito en América Latina siempre cuentan con la aquiescencia de la embajada norteamericana.

Los Estados Unidos nunca han permitido de buena voluntad que se consoliden fuerzas democráticas en el continente. De hecho, han reconocido corriendo a Dina Boluarte, la Presidenta sustituta del depuesto presidente Castillo, con quien espera encontrar la connivencia tradicional que no tenían con Castillo. El Presidente Pedro Sánchez vuelve a equivocarse con América Latina y vuelve a hacer seguidismo de los Estados Unidos, como ya hizo reconociendo a Guaidó, un pobre diablo autoproclamado en una plaza.

Estados Unidos siempre ha pensado lo que solo una vez un Presidente norteamericano expresó en voz alta (y que luego coreó un gran escritor que, al tiempo, es un ciudadano corrompido): los pueblos a veces votan mal. El Presidente fue Nixon justificando el golpe contra Salvador Allende en Chile. El Mr.Hide democrático es Vargas Llosa lamentando la victoria de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia. Los dos, como ocurre con unos cuantos directivos de prensa en España, prefieren corruptos y dictaduras militares a gobiernos de izquierda. Aunque en verdad, Wilson ya lo había avisado: América, para los americanos. Es decir, para ellos.

Pedro Castillo ganó en segunda vuelta en 2021 frente a Keiko Fujimori, a quien apoyaban toda la estructura política y económica corrupta del Perú, Vargas Llosa, las derechas españolas, los militares golpistas y los EEUU.

Castillo ganó sin tener redes sociales y con todos los medios de comunicación en contra. ¿Un maestro rural, de origen indígena, de izquierdas y pobre en la Presidencia del Perú? La victoria, en junio de 2022, fue muy apretada: del 0,26%. Sin embargo, las fuerzas de la derecha iban a saber coaligarse para impedir desde el Parlamento que el nuevo Presidente pudiera gobernar.

Además, las fuerzas de la izquierda que acompañaron a Castillo le quitaron pronto el apoyo. Recordemos que el líder natural de Perú Libre, el partido con el que Castillo ganó las elecciones, era Vladimir Cerrón, un médico neurocirujano que fue gobernador de Junín y que debiera haber encabezado la candidatura presidencial. Pero el lawfare le dejó fuera por una condena llena de irregularidades -como ya es lugar común en la izquierda-, de manera que tuvieron que recurrir a Pedro Castillo. Que como casi siempre pasa, después no quiso tener tutelas y se fue alejando de su partido, especialmente cuando se fue alejando de la izquierda.

Tras 18 meses de filibusterismo parlamentario por parte de la oposición, Pedro Castillo cometió el peor error de su vida: declarar el cierre del Parlamento, llamar a elecciones constituyentes en el plazo de nueve meses y declarar el estado de emergencia con toque de queda a partir de las diez de la noche. A partir de ese momento gobernaría por decreto. Decía Hobbes que la ley sin la espada no sirve de nada. Castillo hizo una declaración que no tenía forma alguna de hacer que se cumpliera. Dos horas después estaba detenido y los que llevaban pateando la democracia desde el día que tomó posesión encontraron la justificación que les faltaba. Uno de los éxitos del golpismo suele ser llevar a los que asedian a cometer errores. Con Castillo lo han logrado.

El obstruccionismo parlamentario ya lo había puesto en marcha el fujimorismo contra Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que ganó las elecciones a la derechista Keiko Fujimori, hija del presidente delincuente Alberto Fujimori y, como su padre, no menos delincuente. Al igual que intentaron tumbar parlamentariamente a Castillo dos veces, lo intentaron con Kuczynski (a la segunda con éxito) y siempre usando las acusaciones de corrupción, que siempre son plausibles y encuentran audiencia popular, especialmente cuando ese pueblo lo está pasando mal. Que sean verdaderas o falsas esas acusaciones da lo mismo. Que se lo pregunten a Lula, a Dilma Rousseff, a Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa, a Isa Serra, a Alberto Rodríguez…

Desde el primer momento, hay que insistir, el gobierno de Castillo estuvo cercado por intentos de destitución (dos en este breve tiempo, más el tercero, que intentó burlar cerrando el Parlamento) y acusaciones infundadas de corrupción y mil delitos más que siempre encontraban un juez que los escuchara y unos titulares que los amplificaran. La derecha no es que esperara cien días, es que no esperó una semana.

El primer gabinete que formó Castillo, claramente de izquierda, fue acosado y asediado. Evidentemente, los medios de comunicación eran los encargados de dirigir los ataques y soliviantar los ánimos de los sectores del poder. Por ejemplo, señalaron a ministros que habían sido críticos con el Ejército, logrando que generales afines al golpismo hicieran comunicados mostrando su enfado y consiguiendo que finalmente esos ministros fueran destituidos. Con el consiguiente debilitamiento del presidente Castillo, que terminó aceptando que la derecha acusara a su gobierno de terrorismo o de connivencia con el terrorismo (algo bien conocido en España). Ceder al acoso de la derecha es una mala estrategia.

Los intentos permanentes desde el Parlamento, convertido en un órgano filibustero que no parlamentaba sino que buscaba tumbar al Gobierno, llevaron a Castillo a empezar a cometer errores. Hay que recordar que siempre tuvo más apoyo popular, aunque débil, el Presidente Castillo que el Parlamento. Por eso también hay que entender la desesperación de un Presidente que pese a ganar las elecciones nunca pudo gobernar. Las leyes prometidas durante la campaña para reconocer la plurinacionalidad del Perú -con una mayoría indígena que reclamaba mayor autonomía- o para luchar contra la corrupción o redistribuir la renta se venían abajo. Ese acoso fue minando al Presidente Castillo y a su entorno.

Uno de los errores de Castillo fue acercarse a las fuerzas de la derecha que le estaban acosando, esperando que así iban a ser más amables. Destituir a los ministros de izquierdas y sustituirlos por Ministros de derecha solo sirvió para cuatro cosas: impedir que salieran adelante leyes que favorecieran a las mayorías, enajenarse el apoyo popular para poner en marcha los cambios, envalentonar a los que no tenían otra agenda que tumbar el gobierno y romper con las fuerzas políticas que le habían apoyado, incluido Perú Libre, su propio partido. El acercamiento de Pedro Castillo a la Organización de Estados Americanos, la sucursal de la embajada norteamericana que justificó el golpe contra Evo Morales en Bolivia, siguió ahondando en sus errores y alejándole de la ciudadanía, lo mismo que el encuentro con Jair Bolsonaro en Brasil. Decisiones todas erróneas de un Presidente que había perdido el rumbo ideológico gracias al acoso y derribo de la derecha.

La paradoja de la izquierda en todo el mundo es que tiene que hacer valer una democracia, la liberal, pese a que le impide desarrollar sus políticas a favor de las mayorías y en contra de las desigualdades, mientras que la derecha, que es la gran beneficiaria de los candados de esas democracias, usa todas las herramientas para invalidar las democracias liberales, a jueces, medios de comunicación, policías corruptos y, llegado el caso, a militares.

Por eso son tan importantes los procesos constituyentes cuando las democracias llegan a callejones sin salida. No olvidemos que Perú viene de la sangría de Sendero Luminoso, un grupo maoísta que renunció a la vía electoral y tomó las armas de una manera brutal. Castillo se equivocó queriendo sortear la democracia liberal en vez de haber apostado desde el principio por un proceso constituyente donde habría contado con el apoyo de las mayorías del país. Cuando la derecha quiebra las normas no pasa nada -en España el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años al margen de la Constitución-, pero cualquier desviación por parte de la izquierda termina en unos tribunales que pretenden usurpar el lugar de la soberanía popular.

Se equivocará la Presidenta sustituta Dina Boluarte, pese a su buena voluntad, si pretende ocupar un espacio para el cual no ha sido votada. Esa suplencia será leída como una usurpación y generará protestas que provocarán a su vez la represión y a su vez más protestas. Y otra vez a la inestabilidad. La solución pasa por elecciones a una Asamblea Constituyente donde Perú pueda salir de la parálisis en la que está desde hace demasiado tiempo. Y que es por lo que tiene que apostar la comunidad internacional, especialmente la latinoamericana, toda vez que la europea hace tiempo que ha perdido el pulso del continente y no sabe salir del seguidismo norteamericano.

 

*Juan Carlos Monedero: ​ es un politólogo, político y profesor español, exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos.​​

 

Fuente: Público.es

 

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Destitución de Pedro Castillo y nuevo gobierno

Destitución de Pedro Castillo y nuevo gobierno

Golpe parlamentario contra Pedro Castillo

La victoria electoral de Pedro Castillo y Perú Libre en las elecciones presidenciales del 2021 auguraba la profundización de la crisis política peruana de hace más de un quinquenio, con la particularidad del ensañamiento de las clases dominantes ante un dirigente sindical de origen campesino que cristalizó con crudeza el racismo y macartismo imperante de nuestra sociedad.

Un populismo de baja intensidad
A diferencias de las experiencias nacional-populares recurrentes en América Latina, el proyecto de Castillo adoleció de una estrategia definida, sólidas bases populares y una amplia mayoría parlamentaria para implementar los cambios propuestos en campaña electoral. Además de ello la convivencia con el partido Perú Libre era más un entendimiento práctico, que una apuesta por construir partido que finalmente se formalizó la separación hace algunos meses.

Ante el asedio golpista de la ultraderecha, Castillo optó constantemente por otorgar concesiones a las clases dominantes hasta el punto de dejar sepultado las medidas mínimas del programa de cambios con que ganó la segunda vuelta electoral.  Cuestión que se evidenció con el cambio de gabinete ministerial donde la tecnocracia neoliberal recuperaba el Ministerio de Economía y algunos sectores de derecha se agazapaban en el ejecutivo a tan solo 6 meses de gobierno.

Castillo derrotó las dos primeras mociones de vacancia estableciendo acuerdos con las bancadas de derecha ligadas más a las regiones y a cierta burguesía provinciana como Alianza para el Progreso (APP) y una fracción de Acción Popular (AP) y Podemos. De cierta forma la división de la izquierda, las disputas entre Perú Libre y Nuevo Perú, en los primeros 6 meses de gobierno contribuyó a esta dinámica fortaleciendo al entorno regionalista y familiar cercano a Castillo que se desempeñó como dirección política informal del ejecutivo apuntalando su derechización y capitulación.

El asedio golpista permanente
La ultraderecha peruana liderada por el Fujimorismo desde el día cero desconoció la victoria electoral de Castillo, que bajo diversas formas intentó impedir la investidura presidencial recurriendo a un pool de abogados reaccionarios, así como a los grandes medios de comunicación que se propusieron menoscabar la legitimidad del nuevo gobierno que llegaba con banderas de izquierda.

Las movilizaciones antigubernamentales que convocaban solo lograban congregar a la vieja partidocracia del APRA y el PPC, y algunas fracciones de la clase media y la burguesía limeña que no toleraban a alguien proveniente del mundo popular como presidente de la república. En cierta medida el empate de fuerzas en las calles y el congreso entre la oposición burguesa y el oficialismo habilitó la política de sobrevivencia que llevaba a Castillo a sostener el piloto automático neoliberal.

Ante el impasse se abrió con más contundencia otro frente de disputa política desde el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que aperturaron 6 carpetas fiscales en tiempo récord contra el entonces presidente Pedro Castillo con el fin de lograr su derrocamiento previa deslegitimación ante la opinión pública.  La fiscal a cargo de la investigación que tiene presuntos lazos con el narcotráfico se convertía ahora en una referente de la lucha contra la corrupción según la narrativa de los grandes medios de comunicación alineados con los golpistas. Hasta el momento contra el expresidente Castillo solo pudieron obtener testimonios de ex altos funcionarios y empresarios lobbystas sin alguna prueba que acredite las denuncias vertidas.

Desde el congreso se preparaba una solicitud de suspensión del entonces presidente Castillo, ya que requería menor votación que las mociones de vacancia, pero esta vía no logra prosperar ante lo cual se aprueba la tercera solicitud de admisión de la moción de vacancia presidencial que implicaba una segunda votación este siete de diciembre para su aprobación final.

Una salida precipitada
Ante la crisis política irresuelta Castillo decidió cerrar el congreso golpista sin la correlación política necesaria y sin el apoyo popular contundente que le permitiera materializar su medida de excepción. Su aislamiento fue a tal punto que todos los ministros terminaron renunciando a las pocas horas o minutos, inclusive los sectores provenientes de la izquierda castillista como Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Betssy Chávez de Voces del Pueblo.

El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en contra del cierre del congreso clarificó la correlación de fuerzas actual, así como el carácter precipitado y absurdo de la medida de excepción que intentó implementar, más allá de cuestiones formales/constitucionales priorizadas en el análisis de la izquierda liberal que llamó golpista al expresidente Castillo llegando incluso a compararlo con Alberto Fujimori y algunos  Exministros como Pedro Francke y Mirtha Vásquez se unieron al coro mediático de la reacción que fustigaba el frustrado intento de cierre del congreso.

Derrotada la medida precipitada de Castillo, el congreso se alistó a aprobar la tercera moción de vacancia presidencial contando con los votos a favor de algunos congresistas de Perú Libre, Nuevo Perú y el Partido Magisterial y Popular. Consumado el golpe parlamentario, efectivos policiales detuvieron al expresidente en la prefectura bajo el cargo de rebelión evidenciándose una vez más el ensañamiento de las clases dominantes del Perú con el dirigente sindical de origen campesino.

La crisis continua
La asunción presidencial de Dina Boluarte, ex vicepresidenta, es producto del acuerdo tácito de las fuerzas políticas del congreso en su maniobra de normalizar el golpe parlamentario consumado. Tan solo meses antes la ultraderecha intentó inhabilitar a la entonces vicepresidenta con razones absurdas, pero en los últimos días se retrocedió en la medida con el fin de habilitar la transferencia de mando presidencial sin irrupciones populares.

Boluarte anunció un gobierno de unidad nacional que en realidad significa continuismo neoliberal ahora quizás a un nivel de mayor vínculo con la tecnocracia y la derecha tradicional.  No cumplió su promesa de renunciar si vacan a Castillo, como lo señaló en unos de sus últimas intervenciones políticas, tampoco mencionó algo sobre el proceso constituyente o alguna reforma progresiva durante su toma de mando presidencial. Aun así, la ultraderecha no arriará sus banderas golpistas, solo se alista para un contexto en mejores condiciones para su política sediciosa.

Hoy queda más claro que la independencia política de la izquierda y los movimientos populares son vitales para preparar una salida democrática y de ruptura antineoliberal antes la crisis política permanente. En esa medida construir un referente político para las mayorías populares es la tarea principal del momento y de las nuevas generaciones de la militancia revolucionaria.

Punto de Vista Internacional

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Entrevista a Marisa Glave

De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú

Pablo Stefanoni*

La crisis política peruana ha dado un vuelco. Tras asumir el poder el 28 de julio de 2021 como expresión del «Perú profundo», despreciado por las elites limeñas, Pedro Castillo nunca encontró un rumbo. Cambió un gabinete de ministros tras otro, perdió aliados, se mostró políticamente errático y terminó dependiendo de círculos oscuros de asesores y envuelto en crecientes denuncias de corrupción de su entorno y su familia. Pero fue su decisión de cerrar el Congreso -al que acusó de obstruccionista en un discurso con voz temblorosa– lo que selló su fin. Dos horas después, el Congreso que hasta ese momento no tenía mayoría para «vacarlo» la consiguió, y en pocos minutos el mandatario fue detenido, al parecer mientras buscaba llegar a la embajada mexicana. ¿Cómo se explican esta aceleración de la crisis y los errores del mandatario peruano? En esta entrevista, Marisa Glave ofrece algunas claves de lectura. Entre 2007 y 2013, Glave fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y entre 2016 y 2019, congresista de la República. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).

¿Cómo se explica la torpeza de Pedro Castillo de disolver el Congreso sin prever que en pocos minutos se quedaría completamente solo, cuando el Congreso además no tenía los votos para destituirlo?

El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de ministros sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos. Luego de formar un gabinete más amplio, con figuras de diversos sectores progresistas, terminó recostado en un entorno que la prensa ha llamado «los chotanos» o «los chiclayanos», dependiendo de su origen, que concentraron poderes de decisión alrededor del presidente y fueron además sus interlocutores en relación con lo que estaba ocurriendo en el país.

Recordemos una de las más penosas entrevistas del presidente, en la cadena CNN, en la que dijo que no leía periódicos ni veía televisión. De esa forma, ha ido recibiendo información mediada de quienes le hablaban al oído. Este entorno, muy poco capacitado, ha estado tomando decisiones y cometido error tras error.

El presidente Castillo nombró por ejemplo como canciller a una persona, Miguel Rodríguez Mackay, que había hecho declaraciones contra el propio presidente, a quien había tildado de comunista, que apoyó el indulto a Alberto Fujimori e incluso habló de fraude electoral, una denuncia sin fundamento del fujimorismo. Castillo también nombró como ministro del Interior a Mariano González, a quien terminó considerando un topo del golpismo dentro de su gobierno. Hubo niveles de precariedad e ingenuidad, y una especie de soberbia muy fuerte entre las personas que han estado tomando las decisiones.

Recientemente, Castillo cambió a dos figuras importantes: al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y al ministro de Defensa. En la DINI colocó al ex-general Wilson Barrantes, y en Defensa, a Gustavo Bobbio, dos personas muy enfrentadas entre síHoy hay muchos rumores que están circulando en redacciones y diversos espacios de que estos dos funcionarios le habrían asegurado a Castillo que tenía la fuerza suficiente, entre las Fuerzas Armadas y la Policía, para avanzar en el cierre del Congreso, hacia ese golpe absurdo. Porque fue un golpe. La policía decidió de facto no responder a las órdenes del presidente, y evidentemente los militares también. Y luego hay un conjunto de personajes políticos del entorno del presidente, incluida la premier, Betssy Chávez [33 años, quinta presidenta del Consejo de Ministros desde que asumió Castillo], que creo que sobredimensionaron un posible respaldo popular a la decisión del presidente de cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente.

Diría demás que estas fantasías estaban acompañadas de un temor real de Pedro Castillo ante el avance de las investigaciones de la Fiscalía y el surgimiento de nuevos «colaboradores eficaces» (de la justicia) con un conjunto de testimonios que comenzaron a filtrarse en la prensa. Quizás el que más lo ha golpeado es el del ex-jefe de la DINI, José Fernández Latorre, hablando de posibles pagos a familiares de Castillo, así como del apoyo a funcionarios que están fugados en este momento. Y el día de hoy [7 de diciembre], el ex-jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, ha dado detalles muy pormenorizados de la suma de nueve millones de soles (más de dos millones de dólares) que habría recibido de una empresaria para financiar un conjunto de acciones del presidente Castillo, e incluso dinero que habría llegado para él. Creo que estos temores explican en parte la decisión de avanzar en esta tentación autoritaria, que se ha visto por otro lado como una característica en parte de su entorno.

Todo se terminó desarrollando en muy pocas horas y Perú tiene otro ex-presidente preso, parece una crisis sin fin en la que todos los mandatarios terminan en la cárcel, o incluso suicidados como Alan García… 

Todo esto podría interpretarse como eficacia de la justicia peruana, pero lo cierto es que, en realidad, se trata de muestras de la precariedad de la representación política y de un conjunto de golpes a la propia confianza de los peruanos. Si vemos las encuestas de IPSOS, Perú es uno de los países de América Latina con menor confianza en la democracia y mayor desconfianza en las autoridades. Entonces, ¿cómo sostener la democracia y las instituciones cuando más de 80% de los peruanos cree que la clase política solo se fija en su propia reproducción -y autoprotección- antes que en la búsqueda de transformaciones mínimas o pautas básicas de justicia en el país?

Castillo llegó como candidato del Perú profundo y desde el comienzo se vio que su gobierno transitaba un rumbo errático, sin mayoría parlamentaria, sin ideas y, como usted mencionaba, con entornos que terminaron sumergidos en la lógica de clientelismo y corrupción. ¿Cómo afecta esta experiencia a la izquierda peruana?

Yo creo que la experiencia de este gobierno, sin claridad programática, sin ninguna reforma básica que pudiera darle alguna bandera de cambio social, de justicia social, va a golpear mucho a la izquierda, y más aún al sector de la izquierda autoritaria, como Perú Libre y otras organizaciones, que mantuvieron por más tiempo su apoyo al gobierno. Pero también a la izquierda democrática, que ha sido vacilante y no ha podido decir con claridad que, más allá de la presencia de una derecha golpista que existió desde el día uno de Castillo y ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas, era necesario marcar con claridad distancia con un gobierno con cero voluntad de transformación. Además de los mencionados signos evidentes de corrupción y de falta de capacidad para dar pasos mínimos en materia de salud y educación tras los efectos de la pandemia, uno de los peores de América Latina.

Pero también diré que si bien todo esto le va a pasar factura a la izquierda, no hay que olvidar que el Congreso, en manos de la derecha opositora que vimos actuar durante este tiempo, tiene niveles de rechazo cercanos a 90%. Estamos ante una profunda descomposición de la representación política en su conjunto. Lo que es riesgoso por la posibilidad de que crezcan supuestas soluciones autoritarias.

¿Cuánto puede favorecer esta situación a la extrema derecha, con figuras como el alcalde electo de Lima Rafael López Aliaga?

Yo creo que la extrema derecha tiende a sobredimensionar las cosas. Castillo se ha autovacado [autodestituído], y esto ha sido capitalizado provisionalmente por el Congreso. Pero no creo que la extrema derecha pueda sacar tanto provecho de este momento de crisis. Más bien, mi preocupación, diré con sinceridad, es que proyectos como el de Antauro Humala, que es una expresión autoritaria pero de signo diferente al de López Aliaga, autoproclamado etnonacionalista, puedan crecer en algunos espacios y territorios de Perú. [Antauro Humala propuso, por ejemplo, fusilar a los ex-presidentes corruptos, incluido su hermano Ollanta «por traidor»]

¿Qué se puede esperar de Dina Boluarte, a la luz de su perfil de vicepresidenta tan inesperada como Castillo?

La señora Boluarte ha dado un mensaje, al momento de asumir la Presidencia, llamando al diálogo nacional, a la construcción de un gobierno de unidad y ancha base, pidiendo una tregua política y comprometiéndose en la lucha contra la corrupción. Ella misma ha dicho que parte de los problemas se vinculan con la necesidad de una reforma electoral que aún está pendiente. Sin embargo, yo creo que la nueva presidenta y quienes piensan que esta sucesión constitucional generará algo más de estabilidad se están equivocando. Es difícil pensar que la mayoría de los peruanos acepten que este Congreso y Dina Boluarte se mantengan hasta 2026 como si nada. Mi impresión es que habrá movilización ciudadana en un contexto muy complicado: hay una sequía muy fuerte que afecta a parte del país, que genera mucho malestar entre los campesinos y agricultores, que ya se venían discutiendo la posibilidad de un paro… y además la derecha en el Parlamento, sectores como Fuerza Popular (fujimorista), Avanza País (con vínculos con el partido español Vox) o Renovación Nacional (López Aliaga) tienen una voluntad expresa de buscar también la salida de Boluarte. Sin bancada parlamentaria propia, sería ingenuo de su parte pensar que tendrá una gestión tranquila en relación con el Congreso. Boluarte haría bien en propiciar un diálogo sobre posibles reformas políticas y electorales que decanten en un adelanto de las elecciones. Es posible que no tenga luna de miel ni con el Congreso ni con la ciudadanía, por eso es importante abrir el diálogo hacia un adelanto electoral, que no será en los próximos tres meses, pero que debe abrirse paso.

En fin, como colofón diría que estamos en transición hacia nuestra próxima crisis. No creo que estemos solucionando la crisis, sino transitando hacia otra.

 

*Pablo Stefanoni es jefe de redacción de la revista latinoamericana Nueva Sociedad e investigador asociado en la Fundación Carolina de España.

Fuente: nuso

 

 

 

 

 

Tensión en Perú

Tensión en Perú

10DIC 22

Por TRAMAS

El pedido de tregua de quien quedó a cargo de la presidencia, Dina Boularte, no ha sido aceptada por movimientos sociales y grupos politicos como Nuevo Perú que reclaman un inmediato llamado a elecciones presidenciales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva Carta Magna.

En distintas plazas del país, en particular en la zona campesina se han realizado concentraciones, donde la consigna mas escuchada ha sido: Que decida el pueblo! Militantes populares que están movilizando manifiestan que no reconocen a un régimen surgido de un golpe de Estado, que no van a permitir que gobiernen los que no ganaron las elecciones,y que se declaran en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático. La socióloga Lucía Alvitez, militante de Nuevo Perú en declaraciones a la prensa internacional denunció que se produjo una avanzada de la ultraderecha, para “quebrar la voluntad popular y sacar a Castillo del Ejecutivo”. Que en estas decisiones volvieron hacerse presente las roscas oligárquicas de Lima, movilizadas por el clasimo y el racismo. Descalificó la tregua propuesta por la nueva presidente porque “esconde en la práctica un pacto con los sectores golpistas que han venido maniatando la democracia, dinamitando lo poco que nos queda de ella”. Agregó además que “Lo que planteamos es que se convoque a nuevas elecciones, con nuevas reglas; hay que tener un referéndum donde el pueblo pueda poner ciertas reformas y poder devolverle el poder al pueblo, y preguntarle si quiere una nueva Constitución”.,

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