Por Carine Fouteau.
Falta de atención y de consideración, demostración de fuerza legislativa, despliegue de fuerzas especiales de la gendarmería (GIGN) y de la policía (RAID), toques de queda, estado de emergencia… Con cinco muertos (tres canacos y dos gendarmes) y numerosos heridos en los enfrentamientos de los últimos días en Numea y sus alrededores, el gobierno francés se ve atrapado en la espiral de violencia que no ha conseguido desactivar si es que no ha contribuido a reavivar.
Los disparos con munición real, en un contexto de incendios, cortes de carretera y saqueos, han hecho resurgir el fantasma de la guerra civil entre independentistas y lealistas, que culminó en mayo de 1988 con la muerte de diecinueve canacos y dos militares durante el asalto a la cueva de Ouvéa. La cuestión del electorado ya estaba en el centro de lo que hipócritamente se llamó acontecimientos.
Por su dejadez y falta de preparación, hasta el punto de que la historia parece repetirse, el ejecutivo puede llevar a Francia a reducir a cenizas casi cuarenta años de un paciente proceso de descolonización, que hasta entonces había permitido mantener la paz civil en Nueva Caledonia gracias a un hábil aprendizaje de las fuerzas allí presentes, y que algunos, incluidos los funcionarios, esperaban desde hacía tiempo que simbolizara la primera descolonización exitosa, es decir, sin violencia, del país.
Hoy parece haberse roto el hilo de debate y equilibrio sobre el que se construyó el destino común de Nueva Caledonia, a pesar de los llamamientos a la calma que se escuchan desde todas partes, tanto en el bando lealista como en el independentista.
Emmanuel Macron es el responsable, dados los errores cometidos por el ejecutivo. En lugar de escuchar las advertencias lanzadas por los independentistas hace meses sobre las consecuencias de la ampliación del electorado, que podría marginar a los canacos en el reparto de escaños en las provincias, su gobierno decidió despreciarlas. En lugar de insistir en la necesidad del diálogo, por complejo que sea, ha optado por forzar su plan a través de la Asamblea Nacional.
En lugar de comprender la gravedad del momento aprendiendo las lecciones de experiencias pasadas, el presidente no ha querido detenerse sobre el fondo de la reforma impugnada, recurriendo al estado de emergencia –el de la ley de 1955 para hacer frente a los «acontecimientos» de otra antigua colonia, Argelia– y al envío de tropas.
Heridas reabiertas
Tras avivar el caos, Macron promete una respuesta implacable a la conflagración en las calles. Para mostrar una cara amable ante la brutalidad de su estrategia, invita ahora a las delegaciones neocaledonias a venir a París para dialogar, advirtiéndoles que, si no se llega a un acuerdo para entonces, convocará al Congreso (sesión conjunta de la asamblea y el senado, ndt) en Versalles “antes de finales de junio” para ratificar la revisión constitucional. Negociaciones con ultimátum… no es seguro que a los interesados les guste.
El ministro del Interior lo expresó a su manera, aún menos moderada: “A la República no le temblará el pulso. Sí al diálogo, como ha dicho el primer ministro, el que sea necesario, donde sea necesario, con quien sea necesario, pero la República nunca debe temblar ante los Kalashnikov”, declaró Gérald Darmanin, tras rendir homenaje a la memoria del gendarme muerto sin media palabra para las demás víctimas.
Dada su implicación en el proceso descolonizador, el Estado francés debería saber que no se puede acabar impunemente con un legado de conquista, esclavitud y resentimiento sin romper con los métodos brutales y expeditivos que configuraron el pasado.
Lejos del apaciguamiento esperado, el Jefe del Estado reabre dolorosamente las heridas de una historia de dominación que nunca han cicatrizado del todo, a pesar de los Acuerdos de Matignon de 1988, tras la tragedia de Ouvéa, y de los Acuerdos de Numea de 1998, cuyo preámbulo reconocía oficialmente por primera vez el pasado colonial de la República Francesa.
Esos acuerdos expresaban la voluntad común de “pasar la página de la violencia y el desprecio para escribir juntos páginas de paz, solidaridad y prosperidad”, que el Estado había logrado grabar a fuego. Dada la situación actual, parece que el ejecutivo se ha olvidado de leer la página hasta el final antes de pasar a la siguiente. Porque aunque el no haya ganado tres veces en los referendos de autodeterminación, el proceso de descolonización, contrariamente a lo que se quiere creer, aún no ha terminado. Según lo que se ha dicho y escrito, aún no se ha llegado a un acuerdo global sobre el futuro institucional de este archipiélago del Pacífico, considerado todavía por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar.
No es ésta la forma de deshacerse de un sustrato colonial que aún impregna el presente del país, sin haberlo mirado de frente. En una tierra donde los habitantes y las instituciones han demostrado una inteligencia colectiva y un acomodo razonables, la gestión política y policial de esta cuestión candente, sin pasado ni futuro, está condenada no sólo al fracaso, sino también a la tragedia.
“Llegará el momento en que el deseo de dominar, de dictar su ley, de construir su imperio, el orgullo de ser el más fuerte, el orgullo de detentar la verdad, serán vistos como uno de los signos más seguros de barbarie en la historia de las humanidades”. Estas palabras, pertenecientes a Manifiestos, obra de los escritores Édouard Glissant y Patrick Chamoiseau deberían estar pitando en los oídos de Emmanuel Macron. Escritas en 2007, no se referían a la situación en Nueva Caledonia, sino una respuesta al siniestro debate sobre la identidad nacional, que, retrospectivamente, ha reactivado viejos esquemas racistas.
Los errores del presidente
¿Cómo hemos llegado a este punto sin retorno? Desde Francia, Numea parecía arder en llamas en un abrir y cerrar de ojos, al término de los debates parlamentarios. Pero el enfado venía gestándose desde mucho antes. El error de origen del Jefe del Estado viene de 2021, cuando el ejecutivo exigió mantener el tercer referéndum sobre la independencia, a pesar de que había sido boicoteado por los independentistas. Al privar a la población más afectada de la oportunidad de expresar su opinión, el escrutinio perdía de facto toda legitimidad.
Con la pérdida de confianza, se tensaron considerablemente las relaciones con los principales componentes del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), hasta el punto de obstaculizar la reanudación de los debates sobre el futuro institucional de Nueva Caledonia.
En 2022, los independentistas vieron en el nombramiento para el gobierno de Sonia Backès, puntal de la derecha lealista, una clara falta de imparcialidad por parte del Estado. Recientemente, su rabia se ha centrado en el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que se ha hecho cargo del expediente, rompiendo la tradición de confiárselo al primer ministro, y cuyas maniobras políticas están reñidas con la búsqueda del consenso y el crédito dado a la palabra dada al centro de la cultura política de Nueva Caledonia.
La chispa final provino del proyecto de reforma presentado por el ministro Darmanin. Desde la revisión constitucional de 2007, resultante del Acuerdo de Numea, sólo las personas inscritas en el censo electoral antes de la fecha del acuerdo podían votar en las elecciones provinciales, una excepción de la ley francesa para reducir el peso de los recién llegados y para que los canacos puedan seguir influyendo en las decisiones que les afectan.
Desafiando este compromiso, Gérald Darmanin, deseoso de pasar la página de la Historia, decidió que este principio “ya no se ajustaba a los principios de la democracia”. Los independentistas, tras haber boicoteado el tercer referéndum por no haberse respetado el periodo de luto canaco posterior a la pandemia, vieron inmediatamente la liberación del electorado como un paso más hacia la minoría, ya que los canacos sólo representan actualmente el 41% de la población, según el último censo.
Una cuestión de supervivencia
Se trata de una cuestión existencial para ellos: sin mayoría demográfica, su destino político se les escapa de las manos, ya que apoyan mayoritariamente la independencia, mientras los herederos de los colonos blancos, y los caledonios de origen europeo en general, optan por lo contrario. Tienen pues sobrados motivos para desconfiar de las intenciones del Estado, dado que Francia, desde el momento en que se estableció en Oceanía, ha hecho de la región una cuestión estratégica al servicio de su política de colonización y sustitución.
Desde que Napoleón III tomó posesión de la isla en 1853, el expolio de tierras, los desplazamientos y los trabajos forzados llevaron a la reducción de la población autóctona. En el censo de 1921 sólo quedaban 27.100 canacos, un 80% menos que en 1774.
En la década de 1950, tras el fin del sistema indígena en 1946 y cuando los movimientos de descolonización ganaban impulso en todo el mundo, Francia fue contracorriente e intensificó su estrategia de poblamiento en Nueva Caledonia. Tras deportar a presidiarios, comuneros y argelinos en la segunda mitad del siglo XIX, tras la Segunda Guerra Mundial Francia vio en la inmigración una necesidad para mantener su presencia en esta parte del mundo. Luego, en los años 70, con el auge del níquel, esa oleada de emigrantes económicos, procedentes sobre todo de las islas Wallis y Futuna, convirtió al pueblo canaco en una minoría numérica.
La circular del primer ministro Pierre Messmer del 19 de julio de 1972 es de lo más explícita:
La presencia francesa en Nueva Caledonia sólo puede verse amenazada, salvo guerra mundial, por una reivindicación nacionalista de las poblaciones autóctonas, apoyada por algunos posibles aliados en otras comunidades étnicas del Pacífico. A corto y medio plazo, la inmigración masiva de ciudadanos franceses procedentes de la Francia continental o de los departamentos de ultramar debería permitir evitar este peligro, manteniendo o mejorando la proporción numérica de las comunidades. A largo plazo, la reivindicación nacionalista autóctona sólo se evitará si las comunidades no originarias del Pacífico representan una masa demográfica mayoritaria.
Queda todo dicho. Al mismo tiempo, las reivindicaciones canacas se hacían tan fuertes que el Estado ya no podía ignorarlas. Los independentistas consideraban que, además del pueblo canaco, había que permitir expresar su opinión sobre el futuro del país a las que llamaban víctimas de la historia, es decir, las personas obligadas por la administración colonial a instalarse en el archipiélago. En una mesa redonda organizada en 1983 en Nainville-les-Roches (Essonne) quedaron sentadas las bases de las negociaciones sobre la autodeterminación. A partir de entonces se planteó la cuestión del electorado y se ha planteado una y otra vez, especialmente en 1988, pero también durante el primer referéndum de autodeterminación de 2018. Hasta el día de hoy.
Tomado de vientosur.info
Visitas: 4
