De la paz total a la paz cercada

Por Alberto Yepes.

1.- Guerras Recicladas y Paz Total

Después de un gobierno que como el de Iván Duque (2018-2022), que se propuso y casi logra hacer trizas el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, y que de hecho revirtió gran parte de logros en reducción de violencia y expansión de las condiciones favorables para el ejercicio de la presión y movilización social, que se venían consolidando simultáneamente con el avance del proceso de negociación del Gobierno Santos con las FARC y el ELN, llegó Gustavo Petro a la Presidencia con el claro mandato popular de hacer la paz, superar las abismales desigualdades sociales y avanzar en la protección del medio ambiente. La paz es el eje principal del Programa de Gobierno, y el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una fuerte voluntad de construir un país en paz, en donde la vida sea respetada. Sin embargo, el camino hacia la paz no está siendo fácil, pues amplios sectores del establecimiento insisten en tender un cerco al gobierno, que le impida avanzar en sus promesas, y entre estas, impedir el avance hacia la paz, lo mismo que las reformas sociales que le darían sustento.

Acorde con el mandato recibido en las urnas, el Programa de Gobierno del Pacto Histórico “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” se desplegó alrededor de tres ejes: 1. La Política de Paz Total, 2. la Justicia Social y, 3. la Protección del Medio Ambiente y la transición energética-

La estrategia de Paz Total del Gobierno es bastante audaz, sensata y adecuada a la complejidad y naturaleza de la guerra interna que por 6 décadas ha soportado el país. Además de buscar la Paz con todos los actores que generan violencia en los territorios, el Gobierno retomó la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, arbitrariamente suspendido durante el anterior gobierno.

Pero a diferencia de los Acuerdos de Paz celebrados en el pasado, la estrategia buscaba superar la celebración de acuerdos con solo un sector de los armados, evitando dejar al margen a quienes persistieran en su accionar violento, posibilitando la ocupación del espacio dejado por los grupos con los que entraran en procesos de negociación exitosos, como ha sucedido en el pasado. Se buscaba impedir el ciclo de guerras recicladas que han mantenido al país en la violencia, a pesar de múltiples acuerdos de paz.

Se propuso así, no solo negociar con los grupos armados con naturaleza política, es decir, quienes se han enfrentado militarmente al Estado para transformarlo o disputar un nuevo modelo de sociedad, sino también buscar acercamientos para el sometimiento a la ley de los grupos armados ilegales como el paramilitarismo, las estructuras armadas del narcotráfico o las grandes organizaciones de crimen organizado.

2.- Cerco Normativo e Institucional a la Paz

Para dotarse de un marco legal con tales propósitos el Gobierno expidió la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) la cual es concebida como una política de Estado, centrada en el logro de la seguridad humana, como nueva visión de la seguridad centrada en la garantía efectiva de derechos para todas las personas sin distinción.

Para alcanzar la paz con los grupos armados se disponen dos tipos de procesos: 1. Negociaciones con grupos armados organizados ilegales con los que se adelantarán diálogos políticos y, 2. Acercamientos o conversaciones socio-jurídicas con los grupos armados de crimen de alto impacto, para lograr su sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de sus estructuras[1].

Aunque la Corte Constitucional avaló mediante Sentencia C-525 de noviembre de 2023 la Ley de Paz Total, lo hizo poniendo de presente dos restricciones: 1. Someter a la aprobación del Congreso de la República los términos del sometimiento a la ley en los que deben darse los acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (paramilitares, grupos sin naturaleza política, y estructuras de crimen organizado que controlan territorios en grandes ciudades), y 2. Condicionar la suspensión de órdenes de captura, la ubicación temporal y las garantías de seguridad para los miembros de las organizaciones armadas de crimen de alto a estrictas condiciones y finalidades establecidas por el legislador, con lo que se concedió un apreciable margen de maniobra al Fiscal General de la Nación.

Con estas restricciones, el Gobierno solo puede usar las facultades concedidas por la ley de Paz Total exclusivamente para las negociaciones con los grupos armados de naturaleza política, enmarcando en esta categoría las negociaciones que se llevan a cabo con el ELN desde noviembre de 2022 , a lo que suma el reconocimiento político que el Gobierno les otorgó a los grupos de disidencias del llamado Estado Mayor Central, con el cual inició conversaciones en octubre del 2023, y a la llamada Segunda Marquetalia, con quienes el Gobierno anunció el inicio de una mesa de conversaciones el pasado 9 de febrero.

Para el adelanto de acercamientos con los demás grupos, es decir, los paramilitares de las llamadas AGC (Clan del Golfo), de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (los Pachencas) y las organizaciones de crimen organizado de Buenaventura, Quibdó y Medellín, el gobierno presentó al Congreso el Proyecto de Ley Nro. 33 de 2023 (Senado) de Sujeción a la Justicia y Desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, que consagraba penas de 6 a 8 años para quienes llegaran a un acuerdo de sometimiento a la justicia, así como la posibilidad de que estos grupos retuvieran un porcentaje mínimo de los recursos ilegalmente acumulados por la organización armada (6%).

A pesar de que el acuerdo, en términos generales, era bastante sensato, el Congreso decidió bloquear el proceso de aprobación de la ley, como ha venido sucediendo con los demás proyectos de ley del gobierno de reformas sociales estructurales, y especialmente las de salud, pensional y laboral, a las cuales el gobierno terminó concediéndoles la prioridad.

Un error de cálculo llevó al gobierno a pensar que los partidos de oposición en el Congreso, que numéricamente son mayoría, estaban dispuestos a concertar, en el marco de un Acuerdo Nacional, no solo el marco normativo para transitar hacia la paz con las estructuras ilegales sin naturaleza política, sino también para acordar el grueso de las reformas económicas y sociales que pudieran darle base sólida a las transformaciones sociales que crearan el ambiente favorable a los cambios que demanda la paz.

Al bloqueo institucional impuesto por los condicionamientos de la Corte Constitucional, terminó imponiéndose el bloqueo de la oposición en el Congreso para impedir la aprobación del marco normativo para el sometimiento de las estructuras criminales, lo mismo que la resistencia desde la Fiscalía de Barbosa, que entrabó como pudo la suspensión de ordenes de captura para negociadores de estos grupos, así como también lo hizo con las libertades para los presos por ejercicio de la protesta social, a quienes el gobierno, pretendió otorgarles condiciones de voceros de paz para facilitar su vinculación como promotores de la paz, posibilidad que también fue negada luego por la Sentencia de la Corte Constitucional.

La negativa de las mayorías del Congreso para expedir un marco legal que permita que los paramilitares, narcotraficantes y estructuras del crimen organizado se puedan desmovilizar y someterse a la ley, con el supuesto argumento de que otorgarles trato penal favorable y retención de una fracción menor de sus bienes ilegales, seria favorecer la impunidad y entregar el país al narcotráfico, podría estar encubriendo los verdaderos motivos relacionados con el hecho de que aun en el Congreso muchos de sus miembros mantienen relaciones o vínculos de colaboración o apoyo con los mismos grupos cuya desmovilización quieren impedir. Ya al final del gobierno de Juan Manuel Santos, se saboteó la desmovilización acordada con el Clan del Golfo, al presentarles como marco para su desmovilización una norma que como la ley 1908 de 2018 incrementaba las penas por las cuales los paramilitares iban a someterse, en vez de favorecer con tratos más favorables su ya convenida sujeción a la justicia.

3.- Las ambigüedades y dificultades de los ceses al fuego

Casi desde el inicio de este gobierno, los distintos grupos con interés en procesos de paz o conversaciones con el gobierno, incluidas los dos grupos de disidencias y las AGC, declararon de manera unilateral ceses al fuego con la fuerza pública como demostraciones de voluntad de paz para iniciar los diálogos[2]. El Gobierno Nacional además anunció la formalización de acuerdos de cese al fuego con 5 de estos grupos. Pero rápidamente fueron descartados, por haber sido desmentidos por el ELN[3], pocos días después; por hechos violentos como el asesinato de 4 niños en el Caquetá por las disidencias del Estado Mayor Central que llevaron al gobierno a anunciar el reinicio de acciones militares con dicho grupo[4]; o por la violencia extrema contra las poblaciones de los departamentos del norte del país en el marco del paro armado en los primeros días de mayo de 2023[5].

Posteriormente, a partir del anuncio de mesas de conversaciones formales con el ELN, el Estado Mayor Central de Farc y la Segunda Marquetalia el Gobierno ha venido avanzando en la concreción de ceses al fuego con estos grupos armados ilegales. El pasado 3 de agosto de 2023 se dio inicio a un acuerdo formal de cese al fuego nacional, temporal y bilateral con ELN, simultáneamente con el inicio del proceso del Comité Nacional de Participación, mecanismo a través del cual se implementó la participación de 81 representantes de organizaciones pertenecientes a 30 sectores de la sociedad civil, que en 3 fases deben definir tanto los diseños, como debatir sobre el diagnóstico de la democracia para la paz y, finalmente acordar las transformaciones políticas, económicas y ambientales para la paz, en fases de 6 meses cada una, cuya finalización deberá concluir en mayo del 2025.

Con el ELN el cese al fuego, pactado inicialmente el pasado 3 de agosto por otros 180 días fue prorrogado por un periodo igual desde el pasado 6 de febrero, hasta el próximo mes de agosto. De su mecanismo de monitoreo y verificación hacen partes delegados de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica y delegados de ambas partes (Ministerio de Defensa y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por parte del Gobierno). En las negociaciones con esta agrupación se han llevado a cabo ya 6 ciclos de conversaciones, por fuera del país (México, Caracas y la Habana), habiéndose programado el séptimo ciclo para el próximo mes de abril.

Con la Segunda Marquetalia, se pactó el 18 de octubre de 2023 un acuerdo de cese al fuego por un período de 90 días, que se prorrogó el pasado 16 de febrero hasta el 15 de julio de 2024, habiéndose instalado el Mecanismo de Monitoreo y Verificación el 13 de diciembre de 2023, y el cual igualmente integran delegados de ambas partes, de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, así como de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (ONU) en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA). En ambos casos, los procedimientos de los mecanismos de monitoreo y verificación son confidenciales, por lo que no se conocen informes públicos sobre los distintos episodios de cese al fuego. Se contempla sin embargo la posibilidad de una veeduría social en la que las organizaciones civiles pueden transmitir sus informes y preocupaciones al Mecanismo.

La adhesión de los distintos actores armados que han declarado ceses unilaterales o han firmado pactos de cese al fuego con el gobierno ha tenido comportamientos diferenciados en cada uno de los grupos.

El cese al Fuego con las disidencias del Estado Mayor Central

Con las disidencias del Estado Mayor Central, las mayores vulneraciones del cese al fuego, han estado en ataques persistentes agresiones a comunidades étnicas, indígenas y campesinos. En los últimos tres años, ha sido el grupo que más asesinatos de líderes sociales ha llevado a cabo, según informes de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz[6]. Entre 2016 y 2023, uno de cada dos homicidios de líderes sociales en Colombia (45.94%) fueron perpetrados por disidencias de las Farc según reciente informe de la Fiscalía[7]. Su responsabilidad en los asesinatos y tentativas de asesinato de los firmantes de paz alcanza a dos de cada tres víctimas (64.18%)[8]. El cese al fuego declarado inicialmente o pactado luego de manera bilateral, no ha impedido que detengan estas prácticas criminales.

El asesinato de la mayora indígena del resguardo nasa de Toribío, Carmelina Yule Paví, y las heridas a otros miembros de la Guardia indígena que buscaban impedir el reclutamiento violento de un joven de la comunidad, llevó al Presidente Petro a declarar la suspensión del cese al fuego con las estructuras de esta organización en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, integradas al Bloque Occidental Jacobo Arenas, y que conforman el sector más poderoso económica y militarmente del EMC, por control de las economías ligadas al narcotráfico en el suroccidente del país. La estrategia de expansión de esta organización, que apela al creciente reclutamiento de menores, viene propiciando violencia y asesinatos, en los que persiste este grupo, a pesar de que, en dos ocasiones, fueron estos episodios los que llevaron al cabo a declarar la suspensión del cese al fuego por el Gobierno (en mayo de 2023 por el asesinato de 4 menores víctimas de reclutamiento por el Frente Carolina Ramírez en el Caquetá y el pasado 16 de marzo).

Este involucramiento de civiles en la guerra se presenta también en su estrategia de someter a su control a las acciones comunales y organizaciones sociales de las regiones donde actúan, en las presuntas presiones por obligar a las comunidades a crear guardias campesinas[9] y sobre todo, en las presiones a las comunidades para generar asonadas que confronten directamente la presencia de la fuerza pública en los territorios donde actúan y controlan distintas economías ilegales, lo que configura una clara prohibición de derecho humanitario que proscribe la utilización de poblaciones como escudos humanos en las hostilidades.

El cese al fuego con el Clan del Golfo (AGC)

El cese del fuego declarado unilateralmente por el Clan del Golfo no se sabe en qué consiste. La expansión de sus negocios criminales, el copamiento de cada vez mas territorios y comunidades que caen bajo el terror de su violencia no ha hecho sino crecer. Mas bien, ha buscado someter a las comunidades y organizaciones sociales que se les oponen, cooptar mediante coacción los liderazgos, controlar las acciones comunales, silenciar las denuncias e incluso libretear ciertas vocerías para plantear al gobierno exigencias de acuerdos formales de cese al fuego y negociación política con esta organización criminal[10]. En esta dinámica han llegado hasta a asesinar a líderes sociales que no se les someten, aunque para simular que no están implicados en la violencia en sus territorios han apelado a una nueva modalidad de “desplazamientos selectivos”, enfocados en líderes y pobladores que no se someten a su autoridad o se muestran dispuestos a denunciarlos[11].

El cese al fuego con el ELN

Aunque en términos generales se han venido cumpliendo los compromisos de cese al fuego con el ELN, dos factores han generado preocupación en distintos sectores. De un lado, el tema de los secuestros, sobre el cual el país hace tiempo evidencia una respuesta de rechazo unánime, más severa que frente a cualquier otra conducta delictiva, y frente al cual la reacción del cuerpo social es mucho más vehemente que incluso frente a crímenes como las desapariciones forzadas, el exterminio de los liderazgos sociales o incluso el involucramiento en actividades de narcotráfico. El secuestro del señor Luis Manuel Diaz, padre del futbolista Luis Diaz, generó un momento crítico en el desarrollo del cese al fuego con este grupo, por la reacción de rechazo generalizada a esta censurable acción.

De otro lado, han suscitado preocupación algunos “paros armados”, desatados por asedio de los grupos paramilitares de las AGC, principalmente en el Departamento del Chocó y que han causado graves afectaciones a la movilidad, confinamiento, acceso a bienes básicos y temores en la población.

No obstante, se constata que el ELN a lo largo del proceso de negociación ha venido adecuado su conducta frente a la exigencia de cesación de estas acciones que vulnerarían el cese al fuego. El ELN llegó a un acuerdo para poner fin a los secuestros como mecanismo de financiamiento, ha liberado los secuestrados que tenía en su poder, según certificó el mismo gobierno[12], y ha puesto fin a los paros armados poco tiempo después de las exigencias oficiales en este sentido.

4. Los Procesos de Paz y la Política de seguridad y protección de los líderes y las comunidades

El inicio de los procesos de paz, la declaratoria unilateral de los distintos grupos que dicen aspirar a entrar en conversaciones, y las manifestaciones de cese al fuego unilaterales o convenidas, han generado enormes expectativas de reducción de la violencia y de las afectaciones a la cotidianidad de los civiles.

Aunque para el año 2023 el Informe de Naciones Unidas sobre las Situación de los Derechos Humanos en el país muestra una reducción escasa en algunos indicadores como el asesinato de lideres sociales, de firmantes de paz, desplazamientos masivos y confinamientos, pero estas afectaciones persisten todavía en niveles inaceptablemente elevados y otras inclusive se han incrementado. Durante 2023 según la ONU, fueron asesinados 108 líderes sociales (6% menos que en 2022); fueron víctimas de desplazamientos masivos 62.967 personas (22.9% menos que en 2022); sufrieron confinamientos 870646 personas (14.3% menos que en 2022) y fueron asesinados 48 antiguos integrantes de Farc (5.9% menos con respecto a 2022)[13].

Sin embargo, se incrementó el número de masacres (98 masacres, un 6.5% más que en 2022), se incrementó en un 90% el número de eventos de minas antipersonales o activación de dichos artefactos o campos minados (929 incidentes); se incrementó un 93% el reclutamiento y uso de niñas y niños y adolescentes (251 casos) y se han incrementado los casos de extorsión (10.263 casos) y de restricciones de acceso a las protecciones humanitarias en regiones afectadas por la presencia de actores armados[14].

Esta situación evidencia que, a pesar de los procesos de paz y de cese al fuego en curso, la tendencia de impactos de violencia sobre la población se mantiene mas o menos constante. Durante los últimos 4 años, el promedio anual de líderes asesinados es de un líder cada 2 días, una masacre cada cuatro días, y cada semana en promedio ha sido asesinado un ex integrante de Farc firmante de paz.

El informe de Naciones Unidas llama la atención sobre el incremento del deterioro de condiciones de seguridad en amplias regiones del país. En sus palabras “A pesar de una disminución en algunos indicadores de violencia en 2023, la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y las organizaciones de base siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos[15]. Si se observa la tendencia, la situación tiende a complicarse, pues el índice de impacto de violencia muestra que mientras en 2021 había 156 municipios más afectados por la violencia, se pasó en 2022 a 180 municipios y se llegó a 206 al finalizar el 2023[16].

Los distintos informes nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos, atribuyen esta situación a una falta de coordinación de la política de paz con la política de seguridad y protección a líderes y comunidades, e inclusive a la subordinación de está última a las expectativas de avance en la primera. Sin embargo, estos costos están siendo demasiado altos en términos de vidas y afectaciones a la población, y exigen como primera medida replanteamientos severos en las exigencias a los actores ilegales en proceso o con aspiraciones de negociación, una efectiva implementación de la política de desmantelamiento de estructuras criminales y paramilitares; desempeños realmente eficaces de las fuerzas de seguridad para proteger la población, confrontar a los actores ilegales y recuperar para el Estado de Derecho la seguridad en los territorios, y una más clara coordinación y articulación en las autoridades y las políticas de Paz, la política de seguridad y defensa, la política de desmantelamiento de actores criminales, la política de protección a líderes y comunidades y las estrategias de la política antidrogas.

5. Los Procesos de Paz con los distintos actores armados

El propósito inicial del Gobierno de la Paz Total era llevar a cabo procesos de negociación de paz o conversaciones de sometimiento a la ley de los distintos actores armados que ejercen violencia permanente en los territorios rurales y urbanos. A casi dos años de gestión del gobierno, los avances más visibles son con el Ejército de Liberación Nacional, hay algunos avances iniciales con las disidencias del EMC, se anunció el inició de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, se mantienen aunque estancados los procesos de paz con estructuras urbanas del crimen organizado en algunas ciudades y el 18 de marzo pasado el Presidente Petro ofreció al Clan de Golfo un proceso de conversaciones para poner fin a la violencia de este grupo criminal.

El proceso de paz con el ELN. Los diálogos con este grupo, que comenzaron desde el inicio de este gobierno, han cumplido ya 6 ciclos de negociaciones que se han llevado a cabo en México, Cuba y Venezuela. En el ciclo de conversaciones llevado a cabo en México (marzo 2023) se concretaron los seis temas de la agenda definitiva que guiará el diálogo entre las partes, que incluyó examinar el régimen político y el modelo económico, garantías para las víctimas y cese al fuego bilateral, entre otras, y que se concreta en los siguientes puntos: Los puntos son: 1) Participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2) Democracia para la Paz, 3) Transformaciones para la paz, 4) Víctimas, 5) Fin del conflicto armado, 6) Plan general de ejecución de los acuerdos.

Para el mes de abril del presente año está previsto el desarrollo del séptimo ciclo de conversaciones, luego de haberse acordado prorrogar por otros 6 meses el cese al fuego. El inicio de diálogos regionales en Nariño convocados por el Gobernador del Departamento y las declaraciones del Frente Comuneros del Sur del ELN de hacerse parte en dichos diálogos ha generado una situación de tensión que ha puesto sobre la Mesa el tema de los diálogos regionales, demandados por distintos sectores sociales y autoridades locales, y sobre los cuales la dirección del ELN muestra reparos, pero cuya resolución no parece permitir muchas largas[17].

El 3 de agosto de 2023 se instaló el Comité Nacional de Participación CNP, como instancia especial y transitoria, articulada a la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, que desempeñará un papel fundamental como organismo encargado de diseñar y promover la participación de la sociedad en el proceso de paz. Surgido del primer punto del Acuerdo de México, está compuesto por 81 representantes de 30 movimientos, pueblos, organizaciones, gremios de la sociedad. El Comité viene sesionando periódicamente, con base en Bogotá, pero también en encuentros nacionales y territoriales con enfoques temáticos, sectoriales y poblacionales. El plan de trabajo del CNP se desarrollará en 4 fases: el diseño de la participación, el diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz, la construcción de una agenda sobre democracia y transformaciones y, finalmente, la sistematización de los resultados.

Aparte de las preocupaciones sobre la posibilidad de concreción e inicio de diálogos regionales, surgen dos preocupaciones con respecto a este proceso. El primero relacionado con el escenario final donde se decidirán las demandas de transformaciones que surgirán tanto de la Mesa de Diálogos, como de las propuestas finales surgida del proceso del Comité Nacional de la Participación. Es evidente que, con el marco normativo actual, tanto los Acuerdos de Paz como las propuestas de transformación que le den sustento deben ser pasadas por el Congreso. Pero el actual Congreso ha dado suficientes muestras de empeñarse en impedir cualquier reforma social propuesta por el actual gobierno y entrabar el avance del proceso de paz. Entidades como la Procuraduría y otros organismos estatales caminan en el mismo sentido, y la actuación de los poderes fácticos expresados en expandir el control de la violencia paramilitar en los territorios, y el avance que obtuvieron fuerzas conservadoras y de derecha en las pasadas elecciones en distintas regiones, ponen nuevos obstáculos.

A este respecto, el Acuerdo de México previene que “la superación del histórico conflicto armado,…, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales” para lo que se requiere “un gran Acuerdo Nacional mediante la alianza de fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, económicas, sociales, medios de comunicación, y distintos grupos y expresiones populares que deben empujar los cambios que requiere la sociedad colombiana”[18].

La actitud de los poderes políticos dominantes en las instituciones estatales, y de los poderes fácticos con el predominio expansivo de la gobernanza paramilitar en los territorios, no avizoran pistas de su voluntad para acercarse a ese gran Acuerdo Nacional.

En ese sentido, el anuncio del Presidente Petro de desatar un amplio proceso de movilización popular que concluya en una Asamblea Nacional Constituyente que permita tranformaciones sustanciales en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz, las reformas para la garantía de las condiciones básicas de la existencia (salud, pensiones, derechos laborales, educación), el reordenamiento del territorio, la adecuación al cambio climático y la transición energética, la reforma a la Justicia y la superación integral al problema de las drogas, parece ser la propuesta más viable para que la concertación con los poderes políticos y fácticos se acompañe de un vigoroso y creciente proceso de la ciudadanía por quebrar el cerco a la democracia y a la posibilidad real de que los mandatos populares puedan llevarse a la práctica, sobre todo cuando logren llegar al poder gobiernos progresistas identificados con las demandas de los sectores tradicionalmente excluidos.

A pesar de la oposición de los distintos sectores políticos y de los medios tradicionales de comunicación, el desenvolvimiento de este proceso constituyente, en el actual contexto de cerco institucional a la democracia y de bloqueo de cualquier posibilidad reformista, por mínimo que sea, se avizora como una posibilidad de romper el cerco que se ha impuesto a la sociedad para salir del estado permanente de guerra y conflicto armado, y de obstrucción de las posibilidades concretas de realizar reformas políticas y estructurales que la sociedad colombiana viene demandando, y que vienen siendo postergadas en medio de la frustración generalizada y la rebeldía contenida.

La vía del proceso y la Asamblea Constituyente abrirían la esperanza de que los ejercicios participativos desatados con el Comité Nacional de la Participación no terminen agotándose en una amplia lista de promesas y expectativas irrealizables. Procesos previos de ejercicios participativos, dejan lecciones necesarias de como los poderes fácticos, las resistencias sistémicas y las rigideces institucionales pueden frustrar las expectativas generadas.

En el proceso participativo de formulación del actual Plan Nacional de Desarrollo desatado por la Agencia de Renovación del Territorio participaron más de 250.000 personas que formularon más de 89.000 propuestas de cambio.[19] En el ejercicio participativo de la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que diseñó las propuestas de transformación acordadas en el proceso de paz con las FARC-EP habían participado más de 220.000 personas que formularon más de 33.500 propuestas[20]. A pesar de ello, en ambos casos, las rigideces de los poderes reales, la resistencia sistémica del establecimiento, y los cercos impuestos por las entidades estatales judiciales y de control, se han convertido en enormes obstáculos y brechas para la efectiva implementación de ambos planes, generando una débil implementación, y en el caso de los PDET, persiste la ausencia de una hoja de ruta clara para su implementación, no obstante, lo dispuesto por el PND[21]. La sucesión de prácticas participativas, sin la certeza de procesos y escenarios claros de adopción de las decisiones acordadas puede derivar en lo que algunos han denominado “la tiranía de la participación”, conducta en la que no debería recaerse en esta ocasión[22].

Los procesos de paz con los paramilitares

La persistente violencia y la continua expansión de las actividades criminales de los grupos paramilitares (Clan del Golfo y Pachencas), no han permitido el inicio de un proceso de formalización de las conversaciones de estos grupos con el Gobierno Nacional.

El pasado 18 de marzo el Presidente Petro lanzó desde la Costa Caribe una oferta de inicio de conversaciones con el Clan del Golfo, autodenominado ahora como Ejército Gaitanista de Colombia. El presidente les formuló el reto de “atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío que es difícil, que es transformar este territorio en una región próspera”, para lo cual planteó la exigencia, “dada la experiencia”, de que “primero tienen que pensar antes de sentarse con el Gobierno Nacional” porque “no se puede entrar a negociar con el gobierno para multiplicar el narcotráfico, sino para acabarlo[23].

Para llegar a este proceso el presidente formuló dos vías, un proceso serio de conversaciones para transformar la economía en las regiones donde actúan y una negociación jurídica que ya no será con el gobierno sino con la Fiscalía, para discutir los términos de su sometimiento a la justicia. Para ello, dijo el presidente, tienen que estar dispuestos a dejar los negocios ilícitos, la extorsión, el traqueteo, pues si es así, se mostró dispuesto a conversar, “pero no para vernos la cara de bobos, sino para hablar seriamente de eso”. En esos términos el gobierno mostró su interés en conversar, planteando que el Clan del Golfo tiene el balón en su cancha, y pensar previamente “si se atreve o no se atreve. Si no se atreve, guerreamos. Porque la decisión es destruir el clan”[24].

Dos dificultades parecen surgir de esta propuesta, la primera, es que el Clan del Golfo, dada la experiencia, no parece tener la menor intensión de abandonar sus negocios ilegales ni su proceso de expansión y control territorial. La respuesta del Clan del Golfo muestra que continua en una tónica negacionista de su control de las principales actividades de narcotráfico y tráfico de migrantes, justificando contra toda evidencia, y contrariando la advertencia de no ver caras de bobo al gobierno, que solo cobran “impuesto al gramaje” a los narcotraficantes y que con relación a los migrantes solo buscan la protección de estas personas[25].

La segunda dificultad es que contrario a lo que puede estar sucediendo con el ELN y tal vez algunos frentes de las disidencias, no existe evidencia de una presión militar, policial o judicial suficiente sobre los grupos paramilitares y sus estructuras ni sobre sus mandos militares, políticos y empresariales que les genere los incentivos necesarios para abandonar la ilegalidad y someterse a un proceso de ingreso a la ilegalidad.

El proceso de negociación con las disidencias de FARC

Con el Estado Mayor Central se iniciaron procesos de negociación el pasado mes de octubre, que van ya por su cuarto ciclo de conversaciones. Entre los acuerdos concertados por las partes hasta el momento se encuentran: la implementación del cese al fuego bilateral, el acuerdo sobre el componente internacional y de acompañamiento a la mesa de diálogos de paz, los lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos, la transformación de territorios y superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas, y la participación social.

Hasta el momento no hay una agenda de negociaciones clara y definitiva, pero se han acordado algunas temáticas que serán la base para su construcción, entre ellas: tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto armado y social, economías consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, y garantías para las partes durante y después del acuerdo.

Sin embargo, la violencia desbordada que los frentes del EMC vienen llevando a cabo en el Cauca y en todo el suroccidente del país, han llevado al país a suspender los acuerdos de cese al fuego con este grupo, y generando dudas además sobre la voluntad de paz real. Ante la muerte de la mayora indígena y demás agresiones contra la comunidad en Toribío, el presidente expresó que El EMC del Cauca en sus diferentes frentes no dió desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz” y que “creyó, muy equivocadamente que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilícita y con el gran capital ilícito”[26]. Esta situación ha creado tensión en las conversaciones, aumentadas por las declaraciones del jefe de esta organización, según la cual habrían apoyado al presidente Petro en su campaña. El Presidente ha respondido exigiendo a la Fuerza Pública que capture al jefe de las disidencias del Estado Mayor Central (ECM) para que vaya a la cárcel y cuente lo que sabe, sin embargo, se mantiene la agenda para la continuidad de las conversaciones hacia el quinto Ciclo de Conversaciones en el mes de abril de 2024.

En este proceso se generan también algunas preocupaciones. Al igual que lo que sucede con las AGC no se ve muy clara la capacidad o voluntad de respuesta militar de las fuerzas de seguridad ante los procesos de control territorial y violencia padecida por la población en las regiones bajo control de esta organización, con lo cual no parece evidente que, sin esta condición, se muestren dispuestos a un proceso de abandonar sus actividades ilegales y llegar a un proceso de paz. En segundo lugar, aunque el EMC ha dicho que sólo dejará las armas cuando el Estado termine de implementar las transformaciones acordadas, y que esa es una “línea roja” política para ese grupo, no deja grandes esperanzas que bajo esas condiciones pueda llegarse razonablemente a un proceso de integración a la sociedad de esa organización ilegal. Sin embargo, el desarrollo de las conversaciones podría dar otro rumbo a este proceso.

Con la Segunda Marquetalia apenas se anunció el inicio de un proceso de conversaciones el pasado 29 de febrero. Un asunto a resolver es la condición jurídica de sus jefes, en tanto la Ley 2272 de 2022 limitó la posibilidad de beneficios a quienes hubieran pasado por procesos previos de negociación política.

Las conversaciones en los procesos de paz urbanos en Buenaventura, Medellín, Quibdó y Barranquilla se encuentran virtualmente estancados, y con algunas situaciones de crisis ante la falta de certeza de las condiciones que pudiera ofrecer el Gobierno ante la ausencia de un marco legal para los procesos de negociación con los grupos del crimen organizado sin naturaleza política. Igual parálisis por falta de marco normativo se observa en el proceso de negociaciones que se adelantaba con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo que también ha expandido su violencia desde el Magdalena hacia el Atlántico, Cesar y Guajira.

Sin embargo, en el Congreso cursa un Proyecto de Ley para la sujeción a la ley de las organizaciones ilegales sin condición política, denominada como de Segundas Oportunidades, que pudiera abrir las compuertas para dar certeza a la negociación con todas estas estructuras[27]. No obstante, dado el bloqueo institucional del Congreso para obstaculizar la gestión en materia de paz de este gobierno, y sobre todo, dados los presuntos nexos de sectores del Congreso con organizaciones que ejercen control territorial o vinculados a la ilegalidad y que por experiencia inciden fuertemente en determinar la composición de la representación política en el Congreso, y para inducir la votación de la población a favor de estos grupos, no hay certeza de que este proyecto vaya a ser aprobado.

De la movilización de la ciudadanía por imponer a los distintos poderes fácticos una voluntad sincera de paz y de lograr romper los cercos que buscan desde adentro y fuera del Estado impedir la concreción de procesos exitosos de paz y buscan mantener las condiciones de guerra imperantes como condición para mantener la expansión de poderes ilegales y clanes políticos asociados, dependerá que finalmente la sociedad colombiana pueda transitar hacia una convivencia en paz, con vigencia plena de derechos y con capacidad de decidir un futuro de prosperidad, desarrollo y democracia.


[1] Gobierno de Colombia. Ley 2272 de 2022. Artículo 2.

[2] Infobae (2022, 10 de septiembre). Unos 10 grupos armados ilegales comenzaron cese al fuego unilateral en Colombia, dice comisionado de paz.  https://www.infobae.com/america/agencias/2022/09/28/unos-10-grupos-armados-ilegales-comenzaron-cese-al-fuego-unilateral-en-colombia-dice-comisionado-de-paz/

[3] El País (2023, 3 de enero). El ELN desmiente un cese al fuego bilateral y Petro evalúa acciones militares. https://elpais.com/america-colombia/2023-01-03/el-eln-desmiente-haber-acordado-un-cese-al-fuego-bilateral-con-el-gobierno.html

[4] El País (2023, 23 de mayo). El Gobierno de Petro suspende el cese al fuego con una de las disidencias de las FARC por la masacre de cuatro jóvenes indígenas. https://elpais.com/america-colombia/2023-05-22/el-gobierno-de-petro-suspende-el-cese-al-fuego-con-disidencia-de-las-farc-por-la-masacre-de-cuatro-jovenes-indigenas.html

[5] El Tiempo (2022, 9 de mayo). Balance de la Fuerza Pública señala que hay afectación en 95 municipios de 10 departamentos. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/paro-armado-del-clan-del-golfo-balance-de-afectaciones-al-8-de-mayo-670761

[6] Infobae (2023, 20 de septiembre). Duro regaño de la JEP al Gobierno nacional: “Las disidencias son responsables de crímenes y aquí no está pasando nada”. En: https://www.infobae.com/colombia/2023/09/21/duro-regano-de-la-jep-al-gobierno-nacional-las-disidencias-son-responsables-de-crimenes-y-aqui-no-esta-pasando-nada/

[7] Fiscalía General de la Nación. Distribución Responsables de Homicidios a Defensores de Derechos Humanos.

[8] Fiscalía General de la Nación. Distribución Responsabilidad Homicidios y Tentativas de Homicidios a firmantes de paz.

[9] La W (2023, 11 de noviembre). Disidencias Farc están obligando a comunidad a crear guardias campesinas en Guaviare.   En: https://www.wradio.com.co/2023/11/17/disidencias-farc-estan-obligando-a-comunidad-a-crear-guardias-campesinas-en-guaviare/

[10] Caracol Radio (2024, 21 de marzo). El 30% de los líderes sociales en Bajo Cauca habrían renunciado por presiones de ilegales. En: https://caracol.com.co/2024/03/21/el-30-de-los-lideres-sociales-en-bajo-cauca-habrian-renunciado-por-presiones-de-ilegales/

[11] Caracol (2024, 15 de marzo). Entre enero y marzo han obligado a desplazarse a cuatro líderes sociales en Segovia. En: https://caracol.com.co/2024/03/16/entre-enero-y-marzo-han-obligado-a-desplazarse-a-cuatro-lideres-sociales-en-segovia/

[12] France 24 (2024, 29 de febrero). Gobierno colombiano afirma que ELN liberó a todos los secuestrados que tenía hasta diciembre de 2023. En: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240229-gobierno-colombiano-afirma-que-eln-liber%C3%B3-a-todos-los-secuestrados-que-ten%C3%ADa-hasta-diciembre-de-2023

[13] ONU. Consejo de Derechos Humanos (2024, 14 de febrero).  Situación de los derechos humanos en Colombia

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En: https://www.hchr.org.co/informes_anuales/informe-anual-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-2023/

[14] OCHA (2024). Informe. Tendencias del Impacto Humanitario en Colombia 2023. En: https://www.unocha.org/publications/report/colombia/informe-tendencias-e-impacto-humanitario-en-colombia-2023-fecha-de-corte-enero-septiembre-de-2023-fecha-de-publicacion-01-de-noviembre-de-2023

[15] ONU. Consejo de Derechos Humanos (2024). Informe… pagina 3, párrafo 10

[16] ONU. Consejo de Derechos Humanos (2024, febrero). COLOMBIA: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2023 En: https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2024/02/02-28-2024-Colombia_infografia-informe-anual-2023.pdf

[17] Radio Nacional de Colombia (2024, 9 de marzo). Se instaló en Samaniego, Nariño, el primer Diálogo Regional para la Paz.  En: https://www.radionacional.co/actualidad/paz/dialogo-regional-para-la-paz-se-instalo-en-samaniego-gobernacion-de-narino

[18] Oficina del Alto Comisionado de Paz. Acuerdo Nro. 6. Acuerdo de México. Nueva Agenda de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberacion Nacional – ELN. En: https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/nueva-agenda-dialogos-paz-gobierno-colombia-ejercito-liberacion-nacional-eln

[19] Departamento Nacional de Planeación (2023, 9 de febrero). DNP publica resultados de los Diálogos Regionales Vinculantes. En: https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/dnp-publica-resultados-de-los-dialogos-regionales-vinculantes.aspx

[20] Agencia de Renovación del Territorio. Proyecto de Presupuesto 2021. Debate en la Comisión I de la Cámara de Representantes. En: https://www. camara.gov.co/sites/default/files/2020-08/4.4%2520Presentaci%25C3%25B3n%2520Agencia%2520de%2520A.R.T.pptx&ved=2ahUKEwjFrKqS14eFAxUdRDABHbiHDdoQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw2IfVeG_C9c7ayyztYYNXsG

[21] Jimenez, C. (2023). El progresismo de Petro y las rigideces de “los factores de poder”. En: https://www.revistaraya.com/carolina-jimenez/405-el-progresismo-de-petro-y-las-rigideces-de-los-factores-de-poder.html

[22] Mantilla, J. (2024, 11 de marzo). La Paz, el Pacífico y la Tiranía de la Participación. En: https://razonpublica.com/la-paz-el-pacifico-y-la-tirania-de-la-participacion-jm/

[23] El Tiempo (2024, 19 de marzo). ¿Es posible abrir hoy una negociación política con el Clan del Golfo?. En: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/es-posible-abrir-hoy-una-negociacion-politica-con-el-clan-del-golfo-analisis-3325870

[24] Semana (2004, 19 de marzo). Petro dijo ‘sí’ a diálogos de paz con el Clan del Golfo, pero le pidió dejar el narcotráfico: “No para vernos cara de bobos”. En: https://www.semana.com/politica/articulo/petro-dijo-si-a-dialogos-de-paz-con-el-clan-del-golfo-pero-le-pidio-dejar-el-narcotrafico-no-para-vernos-cara-de-bobos/202414/

[25] El Tiempo (2024, 19 de marzo). El ‘clan del Golfo’ acepta invitación del presidente Gustavo Petro para negociar. En: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/el-clan-del-golfo-acepta-invitacion-del-presidente-gustavo-petro-para-negociar-3325867

[26] La Silla Vacia (2024, 18 de marzo). Violencia en Cauca quiebra la esperanza de Petro en la paz con el EMC. En: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/violencia-en-cauca-quiebra-la-esperanza-de-petro-en-la-paz-con-el-emc/

[27] Senado de la República. Gaceta del Congreso Nro. 1767 (2023, 12 de diciembre). Proyecto de Ley 209 de 2023. Reforma a la Ley de Justicia y Paz, Segundas Oportunidades  y Acogimiento de Nuevos Grupos.

 

Alberto Yepes P. es miembro del observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y del grupo de Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Tomado de rebelion.org

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