El proyecto de Ley Ómnibus busca desarmar la legislación ambiental construida durante años para avanzar sobre glaciares, bosques y humedales; con benefeciarios en la “casta” empresarial. Las organizaciones y comunidades se encargaron de denunciarlo, pero es una oportunidad también para ampliar la defensa del ambiente en su integralidad: el ambiente es salud, energía, cultura, educación y viceversa.

Padres de una escuela rural hartos de que se fumigue con glifosato a sus hijos y de que no los escuchen institucionalmente, cortan la ruta del pueblo. El proyecto de Ley Ómnibus establece su despeje automático, algunos van presos.

Una familia campesina ha sido víctima del avance del fuego en sus tierras, bosque adentro. El proyecto habilita a que esos campos quemados sean vendidos para otros usos. Los hijos presentan quemaduras importantes en la piel. Corren con urgencia al hospital público, donde les piden, antes de revisarlos, el carnet de la obra social o prepaga.

Una comunidad originaria cordillerana denuncia que sus napas de agua están contaminadas por combustible. Tampoco pueden usar el deshielo del glaciar cercano, pues se instaló una minera allí. Cuando se acercan al municipio, les dicen que no hay nada que hacer: la empresa ya no es del Estado y nadie responde. Solo resta activar el Convenio 169 de la OIT y prender velas.

Las cuestiones ambientales han sido, para todos los gobiernos, la cenicienta del Estado. Más allá de la iniciativa del último Perón, al nombrar, en 1973, a Yolanda Ortiz al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (primera experiencia en América Latina); con el correr de las décadas, esa lectura transversal y entramada de la política, en términos ambientales, estuvo ausente. Amén de si una cartera pública tiene rango de ministerio, secretaría o subsecretaría, lo importante es la esencia que se le insufla a la institución y, más aún, la capacidad de gestión, de presupuesto y de decir “No” a los desajustes y desposesiones que propone el capitalismo a las formaciones ambientales.

Por miopías cortoplacistas o por intereses lobbystas, lo ambiental en Argentina ha quedado siempre en el quinto plano de la agenda estatal; van de suyo los inexpertos ministros, secretarios o secretarias que estuvieron al frente del asunto, clara muestra de aceptación de un “premio consuelo” en el reparto del organigrama.

Sin embargo, en los últimos treinta años, la movilización popular —una vez más— le viene demostrando a la clase dirigente la importancia de ambientalizar la política. Gracias a la presión del pueblo (Gualeguaychú, Riachuelo, Esquel, Famatina, Mendozazo, Chubutazo, entre otros) y a un viento de cola internacional vinculado al desarrollo sustentable y a los evidentes problemas ambientales globales (cumbres institucionales y movimientos de justicia ambiental de escala planetaria); se han logrado cosas importantes en el país: Constitución Nacional con artículo específico, Ley General del Ambiente, Leyes Nacionales y Provinciales en defensa de los distintos ambientes.

Empero, el hecho de tener un corpus legal ambiental, sabemos, no garantiza su resguardo efectivo. Esto se da no solo porque no hay presupuesto ni poder de policía de un ministerio con respecto a los embates del capital en los territorios, sino porque justamente no se avanza hacia un modelo de desarrollo que piense y actúe ambientalmente en términos sistémicos. Es por ello que, históricamente, se dicotomizó sobre una lógica que teclea en el binomio “crecimiento económico versus cuidado ambiental”, como si fueran excluyentes.  Todavía no salimos de esa trampa que nos proponen y, en los tiempos que corren, sabemos qué parte de la fórmula está ganando por goleada.

Despojados de un ropaje ambientalista, pensemos un instante en términos “ambiocéntricos”: una buena lectura ambiental y un correcto aprovechamiento de los bienes comunes y los servicios ecológicos, con control estatal, puede incluso ser más conveniente para el crecimiento económico y el ahorro energético. Y reduciría el foco de conflicto social en las provincias, cada vez más consciente del riesgo que suponen los problemas ambientales para la vida.

La Ley Ómnibus contra el ambiente como conjunto, sociedad y naturaleza

Pero esa lectura no sucede. La llamada Ley “ómnibus” apunta a inclinar la balanza hacia un “desarrollo” económico que deja traslucir a quiénes beneficia y de qué forma afecta a los ambientes (sociedad y naturaleza). Pero tampoco. Las críticas que estamos escuchando son sectoriales, esto es: los sindicatos atendiendo cuestiones laborales, los movimientos de base observando impactos sociales, los trabajadores de empresas estatales evitando las privatizaciones, el sector de la salud denunciando su desfinanciamiento y el ambientalismo atacando los artículos que derogan o desregulan las leyes de glaciares, de bosques y de manejo del fuego. Zapatero a tus zapatos.

La intención de esta ley es llevar a cabo una profunda reforma del Estado, en múltiples dimensiones, en favor de los más ricos y más poderosos de la sociedad; en detrimento de la mayoría de la población. Propone desregular varios aspectos de la economía, la política, la cultura, el ambiente, de modo que el Estado interceda lo menos posible y, con ello, sea garante de la rentabilidad de la “casta”. Su lectura debe ser integral, holística y estructural, de modo que pueda codificarse la verdadera intención política del gobierno que la impulsa, más allá de las afectaciones particulares de cada sector.

Si bien es correcto analizar los apartados de la ley, diseccionando cada uno de sus artículos, la crítica debe ser completa y no sectorial. Porque, justamente, lo que buscan es cumplir con el viejo adagio del “divide y vencerás”. Si cada sector social solo observa sus afectaciones particulares y no la totalidad del problema, solamente se conseguirán enmiendas técnicas que no modificarán sustancialmente el espíritu de la ley.

Ambientalmente, se apunta a modificar tres leyes y eso es claro. Pero pensemos dialécticamente: el ambiente es salud, es energía, es cultura, es educación y viceversa. Si una de las variables de esa dialéctica se trastoca, también lo harán las otras dimensiones: ¿Cómo pensar en un ambiente sano con un sistema de salud desfinanciado? ¿Cómo bregar por soberanía ambiental si las empresas públicas se privatizan? ¿Cómo educar y estudiar con o en ambientes degradados? ¿Cómo luchar por el ambiente con una mano de obra sobreexplotada y flexibilizada? Y las preguntas pueden ser infinitas…

Si no activamos mancomunadamente todos los sectores sociales, políticos y ambientales, las historias que encabezaron este artículo se repetirán por doquier. Diseccionar la ley es un error. Reclamar sectorialmente es perder. Compartimentar el ambiente es compartimentar artificialmente la realidad. Decirle “ómnibus” a este saqueo sideral, es morir.

*Diego García Ríos: Geógrafo y educador ambiental

Fuente: Agencia Tierra Viva

Desde el 20 de diciembre el movimiento indígena está en estado de alerta y movilización a raíz de las primeras medidas de corte inconstitucional que el gobierno del ultraderechista Javier Milei ha lanzado.

En paralelo al debate que se va sucediendo en el Congreso de la Nación, donde no existe representación indigena, las comunidades a lo largo del territorio se organizan para debatir las modificaciones que afectará a su forma de vida y arman estrategias judiciales y acciones de formación.

Esta semana estuvieron presentes dos referentes indígenas en una reunión informativa para la sociedad civil respecto de temas ambientales del Bloque de Diputados de Unión por la Patria. Lourdes Albornoz, trabajadora social perteneciente a la nación diaguita quien forma parte de la organización Tejido de Profesionales Indígenas y que vive en la provincia de Tucumán, Comunidad El Mollar. También participó Orlando Carriqueo, el Werken (vocero) y autoridad política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Rio Negro.

Anteriormente, el miércoles 17 de enero Raúl Sajama, de origen Kolla, integrante de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel cercano a Tilcara en Jujuy, quien fue parte del Malón de la Paz participó durante la quinta reunión informativa del Plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se encuentra en debate la llamada Ley Ómnibus (más de 600 artículos).

El 12 de enero la abogada quechua Aymara Choque también del Tejido de Profesionales Indigenas participó en una reunión informativa del Bloque UxP por los temas de género y diversidad sexual donde estuvieron algunas representantes del movimiento feminista. Allí la abogada indigena denunció varias situaciones de desalojos violentos en las provincias de Tucuman, Rio Negro y persecución y criminalización de miembros de comunidades indígenas desde Jujuy hasta Los Toldos en la provincia de Buenos Aires (Comunidad Epu Lafken- usurpación de sede comunitaria).
Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una población total cercana a los 45 millones de personas. Según estimaciones de organizaciones indígenas, habría cerca de 2 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios. (Censo Población 2023- Sin datos de pueblos originarios aún). En lo que respecta a los pueblos originarios las leyes que afectan directamente en el DNU es la Ley contra la Extranjerización de la Tierra, y en el proyecto de la Ley Ómnibus, se modifican la Ley de Protección de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de Control de Quemas, Ley de Pesca, Ley de comercialización de fertilizantes y agroquímicos, Leyes Mineras, entre otras.

Actualmente, el 5,23% de las tierras del país está en manos de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR- 2013). A pesar de la voracidad del capital transnacional ninguna provincia argentina supera el 15% que establece la Ley. Aunque hay excepciones como Lago Escondido, que pertenece al magnate Joe Lewis.

Por otro lado, hasta ahora la Ley de Manejo del Fuego establece que las tierras quemadas no podrán venderse, lotear o urbanizarse por 30 o 60 años hasta garantizar su recuperación. Sin Ley de Tierras Rurales podría quedar vía libre para las quemas de los territorios. Respecto de la Minería sin control, en el mega decreto se derogó leyes vinculadas a la actividad minera: la Ley N° 24.523 que creaba el Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.

“El 80% de la biodiversidad global está en resguardo de los pueblos indígenas, somos quienes ofrecemos la vida, por eso también queremos que nuestra palabra se tenga en cuenta para poder decidir”, exigió ayer la trabajadora social del pueblo diaguita el día de ayer ante el Bloque de UxP. Mientras que el Werken Mapuche Orlando Carriqueo indicó que: “la Ley Ómnibus afecta a la democracia, además de afectar a los derechos ambientales, afecta derechos laborales, de sindicalización, por lo cual entendemos que es inconstitucional. El extractivismo ya se viene desarrollando en nuestros territorios y esto afianza el proceso colonizador en todas nuestras comunidades, por lo que creo que no existe posibilidad en términos democráticos de aprobar esta ley, ya que violaría todos los preceptos constitucionales y quebraría el orden de la república”.

Por su parte, Raúl Sajama, el miércoles 17 de enero, ante los legisladores de la Cámara de Diputados manifestó: “El día 11 de enero nos reunimos muchas de las 400 comunidades de Jujuy, ha motivado esa reunión la grave situación institucional que está ocurriendo en el país en relación al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que están siendo tratados, de las cuales las comunidades indígenas presentes solicitamos a ambas cámaras el rechazo total de ambas leyes, fundamentamos esa solicitud por cuanto la modificación viola el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, ya que no se ha realizado la consulta indigena que obliga la actual ley vigente”.

También fue enfático al explicar que las leyes y normas de la Ley Ómnibus seguramente van a afectar y dificultar, cuando no impedirán, el relevamiento territorial que se realiza bajo la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas “tradicionalmente por comunidades indígenas originarias” y que sirve de base a los reclamos de la mayoría de las comunidades indígenas. El dirigente indicó que la modificación de la Ley de protección a los glaciares pondría en peligro el agua dulce poniendo en peligro la vida de las personas y también de plantas y animales ante potenciales actividades de las empresas mineras.

El shock, la sobreinformación y las fake news son los principios que manejan desde la campaña electoral de Miei y su gestión presidencial. Esta confusión planificada es funcional al Poder Ejecutivo Nacional, manifestó Veronica Azpiroz Cleñan politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

Desde la organización Tejido de Profesionales Indígenas han realizado talleres destinados a comunidades indígenas de todo el país para explicar el alcance y efecto negativo que tiene la vigencia del DNU desde el 31 de diciembre y ordenar la estrategia judicial. Esta organización tiene como horizonte el poder presentar un recurso judicial en conjunto con otras comunidades indígenas, pero siendo los propios integrantes de comunidades quienes puedan elaborar las presentaciones judiciales, para dejar de lado los patrocinios o los modos clientelares que muchas veces existen con los sectores más vulnerables.

Hasta el momento se han presentado tres recursos de amparo por parte de abogados no indígenas que patrocinan a tres comunidades: de San Juan, (Huarpe) Rio Negro (mapuche) y Buenos Aires (mapuche). En este orden Azpiroz Cleñan alienta la conformación de fuerza propia indígena tanto sea para la estrategia judicial como para la representación política. En sus palabras: “salir del paternalismo progresista, o de la mirada hippie o trotskista sobre lo indígena es una tarea que hemos asumido como organización. Ya estamos bastante grandecitos como para que una ONG o abogada/o no indígena hable en nombre nuestro, quiera interpretarnos o busque su minuto de gloria, utilizando la causa indígena para hacerse su lugarcito en los medios de comunicación. La colonialidad del poder hay que romperla justo ahora, cuando está en plena crisis todo el sistema político argentino.”

Fuente: Rebelión.org