Abogado y docente universitario, Esteban Rodríguez Alzueta investiga desde hace años cuestiones relacionadas con la criminalización de la protesta social. Un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos días en Argentina con la implementación del denominado “Protocolo Bullrich”, en alusión a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Luego de los anuncios de devaluación y ajuste hechos en la primera semana de Gobierno de Javier Milei, Bullrich presentó “un protocolo para el mantenimiento del orden público” que busca asegurar la libre circulación en rutas y calles, e intenta contener el malestar social que pueda traducirse en cortes y piquetes. “La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple”, sostuvo la ex candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, que devino funcionaria del actual Gobierno luego de su derrota en primera vuelta. En un contexto de ajuste feroz, el protocolo busca contener, desautorizar, penalizar y reprimir, cualquier intento de protesta.

¿Qué significa el Protocolo Bullrich en este contexto?
El protocolo busca sacar la protesta de la calle, pero también es una forma de censura previa y de cercenar el derecho de la libertad de expresión. El derecho a la protesta es el primer derecho porque es el que llama a los otros, si yo no puedo protestar, difícilmente voy a poder hacer valer todos los otros derechos que la Constitución me reconoce. Los derechos son conquistas sociales, la misma movilización que fue necesaria para conquistarlos es la que después se necesita para hacerlos valer. No hay democracia sin protesta social porque esta es la expresión de la desconfianza. Cada tantos años uno es invitado a votar por un candidato, y a dar una muestra de confianza, pero el voto no es un cheque en blanco, menos aún en una sociedad como la argentina en donde venimos con una crisis de representación de larga duración y en la que los partidos políticos tienen cada vez más dificultades para conformar a los diferentes sectores sociales.

El Protocolo Bullrich busca sacar la protesta de la calle, pero también es una forma de censura previa y de cercenar el derecho de la libertad de expresión

Vienes trabajando la criminalización de la protesta social desde hace tiempo, ¿cómo ves la situación en este momento respecto a otras épocas?
Este nuevo protocolo nos retrotrae a finales de la década del 90, cuando también se buscaba pensar la protesta con el Código Penal en la mano, y no con la Constitución. Cuando uno piensa la protesta de esa manera la pregunta que se hace es cuál es el nivel de castigo que merecen los protagonistas de esa acción. En cambio, cuando uno piensa la protesta con la Constitución en la mano, la pregunta sería más bien cuál es el nivel de protección. Hay una frase que se repite mucho en Argentina que es que “los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro”, es decir, vos tenés derecho a protestar, pero yo tengo derecho a circular. Esa es una frase que se muerde la cola porque es una frase sin sentido, porque, vos tenés derecho circular, pero yo tengo derecho a protestar. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Se sale teniendo en cuenta las circunstancias diferentes en las que se encuentran los actores. Es decir, los ciudadanos podrán ser iguales ante la ley, pero hay algunos que son más parecidos que otros ante la historia; y hay actores que por las particulares circunstancias en las que se encuentran, o por las necesidades y las dificultades que tienen, merecen una especial protección por parte del Estado.

El sociólogo Leandro Barttolotta establece una diferenciación entre el estallido de 2001 y esto que sucede ahora, que se parece más, según él, a una implosión, o un estallido hacia adentro, que expresa cierto hartazgo. ¿Compartes de algún modo esa mirada?

Sí, pero son los mismos estallidos. Hay estallidos que tienen prensa y salen en la televisión, y están los que estallan hacia adentro y no suelen tener prensa. A mí me parece que lo que está pasando ahora es una combinación de ambos estallidos. De alguna manera, y esto es lo novedoso, estos estallidos se dan en un contexto de fragmentación social, de desdibujamiento de las solidaridades. Los barrios de Argentina no se caracterizan por la desertificación institucional, pero ya no existe la comunidad organizada que existía hace 20 o 30 años.

El derecho a la protesta es el primer derecho porque es el que llama a los otros, si yo no puedo protestar, difícilmente voy a poder hacer valer todos los otros derechos que la Constitución me reconoce

Durante el kirchnerismo, el Estado tendió a desautorizar las tramas sociales, en lugar de encontrar en la organización social un punto de apoyo para reforzar la solidaridad, intentó suplir esa organización. Por eso también siguió pensando desde una lógica neoliberal, es decir, buscando correr al intermediario y estableciendo una relación directa entre el Estado y el individuo. Y la bancarización del pobre también terminó endeudándolo, porque el dinero que el Estado inyecta todos los meses a través de los planes sociales es captado por el sistema financiero a través de los sistemas de endeudamiento que las financieras van extendiendo sobre los sectores populares.

¿Crees que es un momento que requiere pensarse con nuevas lógicas?
Sí, los grandes partidos resignaron una agenda mayoritaria en detrimento de construir agendas minoritarias. El kirchnerismo fue muy perezoso a la hora de construir una agenda mayoritaria sobre la cuestión social, y fue multiplicando las agendas minoritarias, y me parece que la derrota en las elecciones tiene que ver, no solamente con un fracaso de una política económica, sino también con la incapacidad política para estar cerca de los problemas de las grandes mayorías. Eso sucede porque el Estado, sus funcionarios y la militancia, han estado cada vez más lejos de esos ciudadanos y gran parte de ese descontento fue canalizado por otros actores.

Claro, los dos grandes partidos no salieron indemnes de estas últimas elecciones, más bien al contrario. 
Lo que estamos viendo es que el peronismo no puede ponerse a la cabeza del descontento popular que genera el Gobierno de Milei. Y, como más de la mitad de los trabajadores está por fuera del mercado laboral formal, las grandes centrales sindicales también tienen dificultades para estar cerca de los movimientos sociales. Hay una multiplicación de manifestaciones, no digo espontáneas porque siempre detrás de cada de cada movilización hay experiencias de luchas previas y una memoria presente, pero lo que se ve es una gran ebullición de manifestaciones que son el resultado de manifestaciones previas, antes que la expresión de la síntesis de la articulación que van construyendo los partidos políticos o los movimientos sociales. Los partidos políticos van a llegar después de los movimientos y los movimientos van a llegar después de la movilización callejera que ya está teniendo lugar.

¿Eso en parte responde a una crisis de un Estado que dejó de contener e incluir a amplias porciones sociales, y de unas democracias que también representan cada vez menos?
En la Constitución hay una bonita frase que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, pero es una frase escrita para el siglo XIX. Uno piensa la democracia con el siglo XX a cuestas, y eso te obliga a pensar la democracia con la movilización de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, de las mujeres, los trabajadores desocupados, y los vecinos y sus asambleas. Es decir, el pueblo delibera y gobierna todo el tiempo, y lo hace transformando el espacio público en un foro público y la calle en una caja de resonancia. Me parece que los partidos políticos son muy celosos de la movilización callejera porque, de alguna manera, si la gente está en la calle es porque los partidos están teniendo dificultades. No es casual que a finales del siglo XX hayan surgido los movimientos sociales, que son la expresión de la crisis de los partidos, ahora vemos una crisis de los movimientos sociales también. Esta gran ebullición callejera de ciudadanos, que se están organizando en distintos lugares en función de los distintos derechos conquistados que avasalla el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno de Milei no tiene ni a los partidos ni a los movimientos sociales a la cabeza.

El Estado, sus funcionarios y la militancia han estado cada vez más lejos de los ciudadanos y gran parte de ese descontento fue canalizado por otros actores

Lo que se vio por ahora, al menos en la previa a las elecciones de noviembre pasado, fue, sobre todo, una clase media movilizada con un mensaje que, de alguna forma, solo interpelaba a la misma clase media.
Como dice [el periodista] Martín Rodríguez, la clase media es el hecho maldito del país peronista. En Argentina, la clase media también es la expresión de la movilidad social que lograron, fundamentalmente, los gobiernos peronistas. Entonces, y esto es algo que tampoco entienden los economistas, y es que debajo de la economía política hay una economía moral que establece sus umbrales de tolerancia sobre las reformas que se traman sobre la ciudadanía. Ese umbral de tolerancia, en la Argentina, lo imponen no solo los sectores plebeyos, sino, y, sobre todo, las clases medias. Por eso también suele decirse que cuando le tocan el bolsillo a la clase media termina estallando todo. Tampoco es tan así, yo creo que hay un diálogo entre los sectores plebeyos y las clases medias, y entre los distintos sectores sociales, al menos eso fue lo que sucedió en 2001 con el  corralito, en la crisis del ‘89 y en la del ‘82 y ‘83.

Podrán reprimir una manifestación de 2.000 ciudadanos, pero no una movilización generalizada como la que está teniendo lugar hoy día en Argentina donde la protesta no se concentra en un punto fijo

¿Qué posibilidades hay de reclamar por este atropello de derechos en relación a la criminalización de la protesta social en organismos internacionales?
No se puede descartar ninguna herramienta, me parece que hay que agotar todos los recursos. De todas maneras, la judicialización de la criminalización no le va a ganar a la movilización callejera. Es decir, podrán reprimir una manifestación de 2.000 o 5.000 ciudadanos, pero no una movilización generalizada como la que está teniendo lugar hoy día en Argentina donde la protesta no se concentra en un punto fijo, sino que está desperdigada en múltiples puntos incluso en una misma ciudad. Entonces, me parece que la protesta le va a seguir ganando al protocolo a través de la movilización y que estas movilizaciones van a necesitar del relevo de las organizaciones, y algún encuadre en los partidos políticos y en los movimientos sociales para darle durabilidad. Sí queremos darle trascendencia a estas protestas, van a necesitar de la articulación que solamente los partidos y los movimientos sociales pueden ir generando. Y son esos relevos y esas redes que se van construyendo los que le van a ganar a cualquier judicialización de la criminalización de la protesta.