19DIC23
El principal problema para la mayoría de la sociedad en Argentina es la suba de precios. Afecta a la mayoría empobrecida, ya que al núcleo que concentra la riqueza y los ingresos, la remarcación no les limita en su capacidad de consumo y de acumulación.
La inflación no afecta por igual a la población y aun, todo quien “puede” aumentar precios, incluso pequeños empresarios, si lo convalida el consumo, lo hará, y no necesariamente le ganará al proceso inflacionario.
Sostenemos que la estrategia del gobierno de Milei apunta a inducir miedo a la hiperinflación, por lo que explica que hoy se asiste a una proyección del 1% diario, o al 3.500% anualizado, incluso aludió a un pronóstico de 15.000%, un disparate que induce el temor ante la imposibilidad de la reproducción de la cotidianeidad.
La política oficial es un chantaje para favorecer el ajuste y la regresiva reestructuración del régimen del capital.
Es una estrategia tendiente a provocar la adhesión a una política de shock en el ajuste que afecta a la mayoría empobrecida y favorece la acumulación de ganancias en el sector más concentrado de la economía, al tiempo que se generan condiciones de posibilidad para reformas estructurales regresivas en las relaciones laborales y en el ámbito previsional, entre otras.
Se alude a un problema heredado, que en parte es cierto, pero que la liberación de precios inducida exacerba las remarcaciones y agrava el cuadro de situación en los precios relativos.
La inflación es guerra de precios (competencia)
Los precios son expresión de los valores generados en el proceso de producción capitalista.
El alza de precios es un mecanismo del capital en la disputa por el excedente económico, la plusvalía.
La producción capitalista se sustenta en valores, base constitutiva de los precios, que mediante sucesivas mediaciones se presentan ante el consumidor como precios de mercado.
Estos precios de mercado no son necesariamente equivalentes al valor producido en cada rama de la producción, sino que son parte de un proceso social ampliado de producción y circulación mercantil que integra al conjunto de la economía.
Por eso, lo que ocurre en el mercado es una guerra de precios y claro, en esa disputa, los capitales más concentrados son los que definen la competencia a su favor.
Remitimos a grandes conglomerados empresarios, extranjeros y locales, que concentran la producción, las ventas y las ganancias, en la industria, el agro o los servicios.
El trabajo productivo genera valor, que lanzados al mercado se realizan mediante los precios, insistamos, en un proceso social en el cual se define la acumulación capitalista desde la centralización y concentración de capitales mediante la competencia.
La explicación teórica relativa a los precios y a la inflación debe entenderse desde la teoría del valor de Marx, por ende, de la crítica a la economía política, que es la crítica al capitalismo.
Regular la inflación es, por ende, una tarea que asumen los Estados del capitalismo desde su capacidad para disciplinar el funcionamiento en cada país de las relaciones capitalistas.
Eso podría explicar el porqué de los elevados índices inflacionarios en Argentina, ante la incapacidad del Estado local para disciplinar no solo la contradicción entre el trabajo y el capital, sino, principalmente la competencia inter capitalista, es decir, entre los principales capitales que lucha por la apropiación de valor y plusvalor.
Milei pretende que ese disciplinamiento lo logre la “libre competencia” y por eso profetiza el fin del Estado. Es la base de su concepción “anarco capitalista”.
Siguiendo la ley del valor de Marx, verificamos que el inversor privado anticipa dinero (D) en medios de producción (MP) y en fuerza de trabajo (FT) para obtener un producto, una mercancía (M) que al llevarla al mercado la vende por un precio mayor al D originalmente invertido. Así, la producción en el capitalismo responde a la fórmula: D que compra MP y FT para producir M y obtener luego de la venta D+d, en donde d es la plusvalía. En definitiva: D – M – (D+d); o D-M-D´
Las mercancías llegan al mercado (salen a la venta), más allá de las mediaciones de intermediarios con un VALOR, que, en la complejidad del capitalismo, el PRECIO no es necesariamente igual al VALOR de cada mercancía, sino que las mercancías, portadoras de valor (trabajo socialmente necesario) se expresan en un precio de producción asociado a la composición orgánica de cada capital (c/v), o sea, la cantidad de capital constante sobre el capital variable, que es la forma de expresión del avance tecnológico aplicado al proceso productivo en el capitalismo.
Insistamos que los productos, bienes y servicios, en el mercado, tienen un precio en correspondencia con la ley del valor de Marx.
Esa ley del valor permite explicar el funcionamiento de la sociedad capitalista, monetario mercantil, basada en la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.
Distintas políticas contra la inflación
La inflación es un fenómeno que expresa la disputa de los capitales por apropiarse del plusvalor generado socialmente por el trabajo productivo, aquel que produce la plusvalía o excedente económico que define la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Por eso resulta complejo asumir políticas antiinflacionarias en el marco del capitalismo.
Confrontar a la ley del valor desde la política de un Estado es un tema que el Che Guevara introdujo en el debate en los primeros años de la revolución cubana. Su estrategia apuntaba a la des-mercantilización de la economía, a una producción a contramano de la lógica mercantil y monetaria.
Es un tema que requiere desarrollo en la actualidad y constituye una asignatura pendiente en el debate teórico contemporáneo de la izquierda.
La propuesta antiinflacionaria de Javier Milei y Luis Caputo es una réplica bajo nuevas condiciones de los intentos de José Martínez de Hoz, Domingo Cavallo o Mauricio Macri en este ciclo de regresiva reestructuración capitalista entre 1976-2023.
Es una política de transferencia de ingresos desde las mayorías empobrecidas al capital más concentrado.
Una política de izquierda supone entonces, en primer lugar, combatir esta propuesta reaccionaria y generar suficiente acumulación de poder político popular para empujar políticas de distribución progresiva del ingreso que habiliten propuestas de construcción de una estrategia revolucionaria que vaya más allá del régimen del capital.
En esa perspectiva debe lucharse por modificar el modelo productivo y de desarrollo asumiendo el programa construido por el movimiento popular, sustentando las lógicas soberanas en materia de alimentación, energía o las finanzas, como parte de una perspectiva de transformación sistémica, revolucionaria, en contra y más allá del capitalismo.
*Julio C. Gambina: economista, marxista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos.
Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO
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Milei amenaza con quitar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar
La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”. La izquierda denuncia al Gobierno ante la justicia
La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público y lo que consideran una “criminalización de la protesta”. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia.
“El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales del Ejecutivo. Sus palabras buscan amedrentar a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, e inauguran una nueva diferencia según la clase social: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos.
Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud.
En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina.
El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito.
Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que los que protestan respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día internacional de la mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura en el aniversario del último golpe de Estado.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el nuevo protocolo de seguridad ataca el derecho a la protesta y persigue la organización social y política. “Más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, denuncia el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
Más del 40% de pobres
Desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre, Milei ha reiterado que se mantendrá firme en su plan para transformar Argentina. “Se van a encontrar un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, señaló en su discurso de investidura. La cabeza visible de la represión de las protestas será Bullrich, quien ya encabezó la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Su trabajo será más fácil cuanta menos gente participe en las marchas, por lo que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en amenazas como la de este lunes.
El 40,1% de la población argentina es pobre y uno de cada dos habitantes del país recibe algún tipo de asistencia estatal, ya sea de forma directa o a través de una organización, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Gobierno de Milei eliminará esa intermediación para restar poder a las organizaciones. Hasta entonces, refuerza uno de los estereotipos más extendidos sobre los beneficiarios de ayudas: que son acarreados a la fuerza a las manifestaciones. De lo contrario, creen, no protestarían. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan”, señaló la ministra. Para asegurarse de que es así, suspenderán el control de los certificados de presencialidad que presentan las organizaciones sociales, una decisión contraria a la exigencia de presencialidad plena para todos los empleados públicos.
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La ministra de Capital Humano usó el miedo para desalentar la participación de niños en las protestas. “Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar”, advirtió. Para el CELS, el Gobierno de Milei “criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado”.
Denuncias anónimas
El mensaje de Pettovello se reprodujo en canales y redes sociales del Gobierno y, de forma abreviada, también en la aplicación oficial de Mi Argentina. “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte”, comienza la comunicación gubernamental en la app. Desde allí, el Ejecutivo anima a denunciar de forma anónima al 134 a cualquier persona a la que amenacen con retirarle la ayuda si se niega a cortar vías públicas. Termina con una felicitación que, en este contexto, es más bien una advertencia velada: “Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.
Lejos de calmar las aguas, las declaraciones del Gobierno crisparon los ánimos en la recta final de 2023. “Vamos todos a la calle”, arengó Eduardo Belliboni, uno de los referentes de la organización Polo Obrero. La elección de la fecha no fue al azar: el 20 de diciembre está asociado en la memoria de los argentinos a las grandes manifestaciones de 2001, que dejaron un saldo de 39 muertos y medio millar de heridos durante la crisis del corralito. Desde entonces, diciembre ha sido siempre un mes muy caliente en el calendario argentino y varios años se han registrado saqueos en supermercados.
Belliboni subrayó que las ayudas sociales ya están en riesgo por la inflación galopante, que es del 160% interanual y no deja de crecer. De continuar así, en pocos meses Argentina superará a Venezuela como el país con la mayor inflación mundial. “Los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja producto de que alguien se movilice, lo cual es ilegal porque las personas tienen derecho a manifestarse bajo cualquier circunstancia, sino que van a desaparecer producto del proceso inflacionario”, señaló.
Los diputados del Frente de Izquierda optaron por plantar cara desde el frente legal. Este lunes solicitaron una medida cautelar ante los tribunales para que suspenda y declare inconstitucional el protocolo de Bullrich contra las protestas. A la espera de la palabra del Poder Judicial, el miércoles se verá la capacidad de movilización callejera de la izquierda y la respuesta del nuevo Gobierno.
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