Por Olmedo Beluche.
Centenas de miles de personas, y no nos equivocamos si decimos millones, han salido a la calle durante diez días en cada rincón de Panamá para rechazar el contrato con la empresa First Quantum M. o Minera Panamá S.A. Desde las impresionantes movilizaciones, sobre todo juveniles de la Cinta Costera y Calle 50, hasta las capitales de todas las provincias y comarcas, y los pueblos más pequeños el país se ha unido para rechazar este contrato que es una reedición del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903.
El pueblo panameño le dio solo dos alternativas al presidente Cortizo: o deroga la Ley 406 del contrato minero o RENUNCIA. Al borde del precipicio, el presidente envió dos proyectos de ley a la Asamblea: proponiendo la prohibición de la minería metálica en el país y otro llamando a una consulta pública sobre el contrato con First Quantum.
Los diputados de la Asamblea Nacional, que una semana antes habían aprobado en menos de 24 horas el contrato minero, ahora incluyeron un artículo derogando la Ley 406, en el anteproyecto enviado por el Ejecutivo. Por su lado, la Corte Suprema de Justicia, generalmente tan lerda para hacer justicia, cuando la hace, aceleró la consulta a los procuradores de justicia y administración que, milagrosamente, ambos han dictaminado la inconstitucionalidad de la Ley 406. Sólo falta el fallo de los magistrados del tribunal supremo.
Cualquiera de los dos caminos, derogación de la ley o declaratoria de inconstitucionalidad, ES UNA VICTORIA DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR, que ha forzado a los corruptos del Ejecutivo, la Asamblea y la Corte a recular.
Algunos sectores políticos han pretendido introducir un falso debate leguleyo respecto a si hay que privilegiar la decisión de la Corte sobre la Asamblea. NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA de ilusionarnos con que unos magistrados, que no son más honestos que los diputados, sean los que resuelvan. NO olvidemos que la Corte Suprema de Justicia congeló por casi 20 años un fallo de inconstitucionalidad sobre el primer contrato. LA SOLUCIÓN HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO EL PUEBLO MOVILIZADO.
Que ellos, los corruptos, resuelvan como quieran, derogación o inconstitucionalidad, para todos los efectos es igual. Los argumentos a favor del fallo de la Corte expresados por la abogada Raisa Banfield y otros, son baladíes: que si los diputados corruptos quieren lavarse las manos, que si la empresa nos va a demandar. De todos modos, los chupasangres de la empresa transnacional van a demandar. El problema es qué gobierno panameño va a defender los intereses nacionales, los corruptos de siempre o los vamos a sacar del poder.
Pero lo principal aquí, no es perder tiempo discutiendo leguleyadas, lo principal, una vez derogado el contrato, es exigir que el Panamá NACIONALICE LA EMPRESA, QUE LAS AUTORIDADES ENTREN A LA MINA Y TOMEMOS POSESIÓN ELLA, para que deje de sacar mineral sin pagar nada al país como viene sucediendo desde hace tres años con la complicidad del gobierno y de las ONG’s ecologistas que guardan silencio al respecto.
El pueblo panameño ha comprendido que ese contrato era una nueva “venta del Istmo”, como calificó Belisario Porras a lo sucedido con la separación de Colombia para imponer el tratado sobre el canal de 1903. Entregarle “como si fueran soberanos” a la empresa disfrazada de canadiense, la canalera disfrazada de francesa, pero con claros intereses ocultos de Estados Unidos, en 1903 los de J. P. Morgan y William N. Cromwell, los de 2023 de BlackRock.
Pero la conciencia del pueblo panameño ha ido un poco más allá y ha comprendido que quienes controlan los órganos del estado son sectores corruptos que responden a intereses empresariales privados, nacionales e internacionales. Si en verdad queremos salvar nuestra naturaleza y la salud de los habitantes de Panamá tenemos que sacar del poder político a esos corruptos que una y otra vez volverán a firmar contratos antinacionales leoninos y lesivos a la soberanía nacional.
Porque en torno a los intereses mineros se mueven todos los órganos del estado: ejecutivo, legislativo y judicial. No solo el presidente Laurentino Cortizo y su vice y candidato del PRD José G. Carrizo trabajan para la minera; también Rómulo Roux socio del bufete Morgan y Morgan, representantes legales de First Quantum, tanto como el ministro de comercio, emparentado con socios de ese bufete. Pero también conviene recordar que Ricardo Martinelli tiene escondidos intereses mineros, por lo cual intentó reformar el Código Minero en 2011, a costa de heridos y muertos en la comarca Ngäbe-Buglé. Hasta el recién nombrado vicepresidente de Ricardo Lombana Michael Chen, de la Cámara de Comercio de Colón hasta hace poco defendía el contrato minero.
La solución en el largo plazo es política, no leguleya, es quién gobierna. Y la única alternativa popular real que no obedece a los interés mineros y empresariales es la candidatura Maribel Gordón – Richard Morales, que es la única que expresa las demandas sostenidas por el organismo popular que ha guiado esta lucha: la Alianza Pueblo Unido por la Vida Digna.
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