9OCT23
La Argentina es un país de locos que se niega a ser gobernado por un loco.
La Mesa estaba puesta, los invitados internacionales habían llegado, los operadores financieros habían hecho los cálculos y aconsejaban a sus clientes comprar dólares que se valorizarían un 25 o 30 % en 24 horas. Las redes sociales confirmaban que el triunfo era inevitable. El León había preparado su discurso. Y ocurrió lo imprevisto.
Los observadores internacionales, no entienden. Es un país con 140% de inflación donde gana la elección un candidato que no solo pertenece al partido gobernante, sino que es su ministro de economía. Es un país de locos, que se niega a ser gobernado por un loco.
Y entonces, vuelve a empezar la corrida. Pero en sentido contrario. Los que vinieron a festejar el triunfo regresan a sus países con el sabor amargo de una derrota. Las empresas empiezan a desprenderse de sus activos en dólares. Los teléfonos del gobierno vuelven a sonar, y a recibir mensajes de empresarios que no se habían comunicado en las últimas semanas ”porque estaban de vacaciones”. Dirigentes políticos que se habían perdido o “que se sienten vilmente estafados por Milei”, regresan al hogar. Los radicales se acuerdan de Yrigoyen y de Alfonsín. Como decía el Chavo: “Vuelve el perro arrepentido. Con su mirada tan tierna. Con el hocico partido. Con el rabo entre las piernas”.
A contracorriente de la corrida, el fundador del PRO, y presidente de Juntos por el Cambio, huyó de su partido, acompañado por la candidata presidencial para brindar su “apoyo incondicional” al candidato que perdió, pero que al menos tiene alguna chance. Una semana después de haberse insultado y amenazado, ahora conforman un trío amoroso.
Un directivo de la Sociedad Rural sostiene que los números están muy finitos pero se puede seguir trabajando, mientras comenta con sus amigos ganaderos que el precio del ternero subió en 12 meses el 400%.
Se han producido, en las últimas horas, casos de mutación. El Gobernador de Jujuy , ha dejado de ser “un hombre cruel, mentiroso y carcelero de Milagros Salas”, para convertirse en el “querido amigo, Gerardo Morales”. En los próximos días se espera las mutaciones de Miguel Angel Picheto, Lilita Carrió, Graciela Ocaña y Luis Brandoni.
El periodista Alejando Bercovich, dice que en países con altos índices de suicidios por aburrimiento, se está estudiando el caso argentino. Estarían pensando planificar algunos viajes de turismo. Lo que es seguro, es que en Argentina nadie se aburre.
*Militó en los años 70 en las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base y actualmente lo hace en el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional. Autor, entre otros libros, de Borradores sobre la lucha popular y la organización (2006), y de la novela Estado de Gracia (2007). Durante los dos últimos años desarrolló tareas de formación policía de base y educación popular en Venezuela.
Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO
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CLARIFICAR PRIORIDADES
Urgen medidas para cuidar las divisas y afrontar los efectos de la inflación
La conmoción provocada por el resultado electoral del domingo pasado no fue solo para los candidatos perdedores, sus estrategas de campaña y sus medios y columnistas. Lo ha sido también para grupos económicos y financieros que se entusiasmaron por los mensajes duros a favor de medidas económicas y sociales regresivas inmediatas de “motosierra” de Javier Milei (La Libertad Avanza) o de “reducción drástica” de gasto público de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). No hay dudas de que Sergio Massa fue el gran ganador de la compulsa inicial, al haber percibido con mucha mayor perspicacia que sus contrincantes el humor y las expectativas del electorado.
La frustración de Juntos por el Cambio, al quedar su candidata fuera de la segunda vuelta, ha derivado en una crisis de imputaciones, cambios de argumentos y de bandos. Ha puesto al descubierto la falta de coherencia y la inexistencia en ese espacio –ya previamente– de supuestos principios diferenciados no negociables y de firmes lealtades. La evidencia del fracaso y de un patético oportunismo ha sido la amistad y comprensión alcanzadas en horas por los supuestos antes archienemigos Milei-Bullrich, convertidos velozmente en aliados para apoyar la candidatura del primero en el ballotage para enfrentar a Massa el 19 de noviembre.
Pese el mensaje de los votantes, el siempre misterioso “círculo rojo” no deja de seguir reclamando más “ajustes”, que es justamente lo que puso en cuestión el resultado electoral el 22 de octubre. Atacan todo intento de afirmar capacidades reguladoras y fiscalizadoras del Estado y la transparencia informativa pública en los comportamientos comerciales, impositivos y financieros. Exigen mayores ventajas y desregulaciones laborales y menos cargas tributarias, pero rechazan que se avance en la investigación, el control y el combate de evasiones y operaciones irregulares e ilegales en el comercio exterior, impositivas y fugas de capitales. Se niegan a articular proyectos de desarrollo con otros sectores sociales, no sólo con los trabajadores, sino con el amplio entramado de pymes y emprendimientos sociales cuya demanda se basa en la capacidad de compra de la población, es decir el mercado interno, que impulsa más de tres cuartas partes de la actividad económica del país. Refieren, por último, el impulso de una “salida exportadora” que con una perspectiva yupanquista es percibida por la mayor parte de los argentinos como desproporcionada: las penas son de nosotros, los dólares para otros.
¿De dónde viene la inflación?
Irónicamente, voceros del establishment plantean que la Argentina debe superar las que refieren como “anomalías” para el “aprovechamiento de las oportunidades que ofrece nuestro país en materia agropecuaria, energética, minera, así como en los sectores manufacturero y de servicios”. Pero se niegan a reconocer que la prioridad de atención debe ser la existencia anómala de una creciente emergencia social en el país, al crecer la carestía de productos y servicios sin justificación de mayores costos. Exigen mayores ajustes (reforma laboral y previsional) y la fuerte devaluación de la moneda nacional junto con la liberalización cambiaria “para ganar competitividad”, cuando no existen motivos objetivos para ello.
En paralelo al muy serio desbalance inflacionario, se elevan argumentos sobre “requerimientos de mayores ajustes” y la necesidad del cumplimiento prioritario de las “metas acordadas con el FMI”. Voceros y analistas políticos y económicos del establishment repiten, sin fundamento objetivo, que la emisión monetaria y la inflación son provocadas por una supuesta e inexistente demanda popular recalentada. A la manera del precursor libertario e ideólogo de desastres y vaciamientos económicos Álvaro Alsogaray (1913/2005), hacen referencia a la “maquinita impresora de billetes” o al “plan platita”, pero ocultan lo evidente: que con la aplicación del programa definido y tutoreado por el FMI no solo han persistido, sino que se han profundizado graves desequilibrios sociales estructurales y se ha dado lugar a la aceleración de la devaluación del peso y a alteraciones monetarias por pasivos remunerados del BCRA, cada vez con mayores tasas de interés para el cubrimiento de desequilibrios, una recurrencia especulativa de corto plazo de deuda sobre deuda. En los primeros nueve meses del año (enero-septiembre), el gasto público nacional en prestaciones sociales disminuyó un 7,1% en relación a la inflación, pero los pagos por intereses por deuda pública, por el contrario, aumentaron en forma real un 11,5%.
El aumento de la pobreza e indigencia, la caída del salario real, el empeoramiento de la distribución del ingreso y el crecimiento de la bola de nieve de deuda pública son paralelos a las corridas financieras repetidas, inducidas también por rumores e incertidumbre política para forzar una mayor devaluación del peso, en tanto se generalizan juegos con diferenciales cambiarios y desabastecimientos y/o falta de precios o entregas de insumos y productos esenciales. La población lo percibe día a día cuando va a hacer compras.
Ya en relación al otro eje de confusión inducida que es el del supuesto descontrol del gasto público, esta semana Sergio Massa puso en evidencia en una conferencia de prensa la existencia de exenciones impositivas y beneficios tributarios “que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados” que representan el 4,8% del PBI. Deberán analizarse y debatirse condiciones y efectos puntualmente, ya constituido el nuevo gobierno y el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre.
¿Será factible que se genere un debate parlamentario amplio y desmitificador tanto de ingresos como de gastos públicos? ¿Cómo se ubicará el debate imprescindible sobre la oprimente carga financiera de la deuda pública ante un cronograma de vencimientos irreales crecientes en el próximo período? Y, sobre todo, ¿cuáles deben ser las prioridades de la política pública y los recursos para afrontarlas?
No se trata de meras preguntas técnicas sino que requerirán participación y toma de posición política y social.
Cuidar divisas y parar la inflación
Otro tema recurrente en el período preelectoral ha sido sin dudas el de la falta de reservas del Banco Central. El acuerdo de ampliación de la línea de crédito “swap” de China por un equivalente en yuanes a 6.500 millones de dólares acordado la semana pasada ha sido un alivio inmediato cierto y sustantivo (también criticado por la oposición), pero de todas formas solo circunstancial. Visto lo ocurrido días antes de las elecciones, es preciso clarificar el estado de situación y ponderar eventuales pasos concretos en relación al cuidado de las divisas del Banco Central, entre las cuales pueden mencionarse:
- Desarticular falsos argumentos de “atraso cambiario”.
- Sostener la necesidad del país de seguir manteniendo controles cambiarios, al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
- Establecer específica y claramente prioridades para el acceso de divisas para pagos al exterior. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y la provisión de equipamientos e insumos críticos en tanto resulten insustituibles en forma eficiente y efectiva con producción nacional.
- Investigar en forma exhaustiva y transparente, y establecer controles estrictos contra el contrabando y las maniobras especulativas en el comercio exterior de bienes y servicios.
- Investigar en forma exhaustiva y transparente y sancionar severamente maniobras de triangulación, re-exportación, sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones.
- Investigar y sancionar el pago de auto-préstamos en el exterior en dólares en el mercado oficial y la fuga ilegal de capitales.
- Cumplir y hacer cumplir la ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario).
Y en relación a la necesidad de afrontar efectos inflacionarios inducidos por la incertidumbre y los desequilibrios estructurales mencionados:
- Establecer como prioridad la emergencia alimentaria y la atención de los sectores más castigados de la sociedad.
- Desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales de exportación, vía fijación de cupos para garantizar el abastecimiento interno.
- Transparentar cadenas de valor, costos y precios de productos y servicios de incidencia central en la canasta familiar y en la producción.
- Supervisar y combatir ventajas monopólicas u oligopólicas que se evidencian en relación a productos y servicios clave.
- Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen empresas productoras de materias primas básicas e insumos difundidos, que imponen subas indiscriminadas en cada cadena de valor.
En lo inmediato, la mira estará puesta en la definición de la elección presidencial. En perspectiva, se trata, ni más ni menos, que el futuro del país.
*Jorge Marchini: es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Director de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política (SEPLA)
Tomado de: EL COHETE A LA LUNA- 
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OTRO PAÍS ES POSIBLE
Defensa del mercado interno, poder de consumo a la población y control real del sector externo
En medio de la llamada Guerra Fría y del temor exacerbado de Estados Unidos al comunismo, máxime con la Cuba castrista de 1959, en la Argentina se llamó a elecciones de gobernador en marzo de 1962 y en la mayoría de las provincias ganó el peronismo. Esto provocó que las cúpulas de las Fuerzas Armadas, alineadas con los servicios de inteligencia norteamericanos, destituyeran al Presidente Arturo Frondizi y, a su vez, posibilitaran que el mandato lo completara el presidente provisional del Senado, José María Guido.
Durante la delegación de Guido se produjo el enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas entre los azules y colorados. Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de izquierda marxista. Los colorados, por su parte, equiparaban al movimiento peronista con el comunismo y abogaban por erradicarlo completamente mediante la instauración de una dictadura militar permanente.
La victoria de los azules permitió la supervivencia de la presidencia de Guido y la convocatoria a nuevas elecciones con el peronismo proscripto. En un marco económico recesivo e inflacionario, era el ministro del área Álvaro Alsogaray quien imponía sucesivas devaluaciones y medidas de austeridad tales como estrictos controles de crédito e incluso el pago de salarios estatales con bonos. El PIB cayó un 4% entre 1962 y 1963, el desempleo abierto aumentó a un 8,8%, y el conjunto de la capacidad productiva instalada era del 55% (las fábricas de bienes de consumo trabajaban en el orden del 70% de la capacidad instalada, y las fábricas de bienes de capital y productos semiduraderos en el 30%).
En ese contexto se convocó a elecciones para julio de 1963 y ganó la UCR con la formula Arturo Illia y Carlos Perette, quienes asumieron el 12 de octubre de ese año. El nuevo gobierno desoyó los cantos de sirena de la libertad de mercado y retomó la defensa acérrima del mercado interno del peronismo, canceló los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi, controló las inversiones y los precios de empresas extranjeras en las automotrices y en medicamentos, y fijó el control de cambio. En tres años de gobierno, Illia logró superar la dura recesión heredada. Durante 1964 el PBI aumentó en un 10,3% y al año siguiente un 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad. La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PIB (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo; su participación en el PIB en 1964 fue del 32,5% y alcanzaría en 1965 el récord histórico del 33,9%, que nunca fue superado. La participación de los asalariados en el Ingreso Nacional pasó del 34,7% en 1963 al 41% al año siguiente.
Las exportaciones de 1.200 millones de dólares en 1962 pasaron a 1.500 millones en 1965, con un récord de 877 millones en el primer semestre de 1966. La deuda externa disminuyó de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 millones en 1965, sin necesidad de tocar las reservas de oro y divisas guardadas en el Banco Central, ni de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional.
Los auspiciosos resultados se deben en primer lugar al estímulo a la demanda interna a través del fortalecimiento en el poder de compra de los salarios, que se potenció a través de una serie de medidas:
- Se fijó un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica total.
- A su vez, se operó sobre un conjunto de precios que afectaban la canasta familiar y se fijaron precios máximos para un conjunto de bienes de consumo esenciales.
- Se congelaron tarifas públicas.
- Se redujo la tasa de interés interna para financiar la producción industrial.
- Férreo control sobre las importaciones, suspendiendo el financiamiento sobre algunas [1] y estimulando a las industrias locales para la utilización de insumos de materias primas nacionales y de producción local.
- Obligación de liquidar las exportaciones en el plazo de diez días.
- Férreo control de las divisas mediante la Emergencia Cambiaria declarada por el decreto 2.581, del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservara las reservas internacionales y programara su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos, y obligara al sector privado a financiarse a su costa las importaciones y los pagos de su deuda.
No devaluó, pese a la existencia de dólares paralelos mucho más altos que el oficial y a la presión del “campo” (exportaciones agropecuarias). En el transcurso del gobierno y para evitar el retraso en el tipo de cambio, se hacían ajustes en base a los precios internos (crawling peg) para evitar transferencias bruscas intersectoriales.
Era otro país, con importantes empresas públicas en lugares claves (petróleo y gas, energía eléctrica, acero, ferrocarriles, marina mercante, etc.), para cuyo control el gobierno de Illia creó la Sindicatura de Empresas del Estado. El gobierno había nombrado a los presidentes y directorios de las empresas del Estado, pero la Sindicatura, formada por la Secretaria de Hacienda, el Banco Central y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) [2], realizaba el control interno: Hacienda porque financiaba el gasto de recursos públicos; el Banco Central porque generaba créditos corrientes y, llegado el caso de una inversión, el pago de ese capital; y el CONADE porque orientaba las inversiones. La Sindicatura de Empresas del Estado tenía un síndico en cada una de ellas y ese síndico tenía derecho de veto, por lo que las empresas públicas, en sus balances-presupuestos que presentaban a la iniciación del ejercicio, debían ceñirse al plan del CONADE, y si en el curso del año el presidente o el directorio quería hacer un cambio, el síndico tenía derecho de veto.
En cada ministerio que estaba relacionado con la obra pública se estableció también una oficina del CONADE, de manera tal que el seguimiento del gasto de capital, su financiamiento y su ejecución estaban supervisados por el organismo de planeamiento.
La situación hoy
Obviamente han pasado 60 años desde el inicio del gobierno radical de Illia y hoy la administración nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PIB (403.386 millones de dólares al 30 de junio último); una tasa de pobreza del 40,1% de la población (que alcanza al 56,2% en la banda etaria de cero a 14 años) y un 9,3% de indigencia (datos del INDEC, primer semestre de 2023), y paralelamente siete argentinos –según la revista Forbes– poseen un patrimonio superior a los 1.500 millones de dólares, y se exportan mercancías (declaradas) por 90.000 millones de dólares por año, demostrando palpablemente qué significa seguir la política de mercados.
La Argentina es el décimo exportador de alimentos del mundo y el tercero en soja y sus derivados; el puerto de Rosario –con 31 terminales en los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte de la ciudad– es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta, y sin embargo uno de cada dos niños está bajo la línea de pobreza.
La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Lo peor es que están los medios para solucionarlo: los bancos tienen encajes remunerados [3] por 21,8 billones de pesos (al tipo de cambio oficial, unos 59.000 millones de dólares).
El Banco Central debe apuntalar la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de auto-construcción, que no requiere de insumos importados y es un importante multiplicador de la producción local. Acompañado de las imprescindibles inversiones de infraestructura (poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas para hacer barcos y barcazas, por ejemplo). Y, finalmente, asistir a la población más vulnerable y a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo y a las pequeñas y medianas empresas, y al Estado. Para ello se podría trasformar progresivamente el actual stock de LELIQs en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento de niveles de demanda privada y estatal.
¿Por qué no se hace? Porque el mayor ingreso en la población implica mayor consumo de alimentos y de energía, y ello impacta negativamente en nuestras exportaciones y positivamente en nuestras importaciones. Toda la política de ajuste de la demanda interna se hace para privilegiar el superávit comercial, que los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández usaron para financiar la fuga de capitales, pagar deuda externa pública y pagar a dólares oficiales la deuda externa privada.
La riqueza acumulada en beneficio del uno o dos por ciento de la sociedad, se hace a costa de las penurias de la mayor parte de los argentinos. Si se le da poder de consumo a la población y se controla de verdad el sector externo, la Argentina vuelve a crecer a tasas de 9 ó 10% anual, como fue en los gobiernos de Arturo Illia y de Néstor Kirchner.
La historia
Es increíble la historia de nuestro país. Un hombrecito gris, de menos que mediana inteligencia y de una formación “cursillista” y limitada, asume la Presidencia de la República con el mérito de haber ganado la guerra de aparatos entre azules y colorados, y haberse formado en West Point, donde en términos castrenses había dicho en un discurso: “El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia si se produce al amparo de ideologías exóticas… En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrán ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima”. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei lo hubieran dicho peor.
La consigna no bien dieron el golpe el 28 de junio de 1966 fue: “El gobierno no tiene plazos sino objetivos”, con lo que pensaban en un gobierno tipo franquista por más de 20 años. Por ello cerraron el Congreso, clausuraron la prensa de izquierda y peronista, intervinieron las universidades, quemaron libros, desmantelaron bibliotecas y librerías de publicaciones meramente progresistas, disolvieron los partidos y prohibieron toda actividad política. La resistencia no se hizo esperar y el 12 de septiembre de 1966, en Córdoba, en una protesta estudiantil, murió el estudiante Santiago Pampillón.
Las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados: disminución de la protección aduanera, transferencias de tierras públicas a manos privadas, aumento de tarifas de electricidad y privatización de emisoras radiales y televisivas.
Se ejecutó un plan de racionalización en los ferrocarriles y en los puertos, y se cerraron 14 ingenios azucareros en Tucumán, lo que provocó que 55.000 trabajadores quedaran desocupados, y con ello 200.000 tucumanos se vieron obligados a abandonar la provincia, dado que al hambre se le sumó la represión sistemática, que incluyó el fusilamiento de la mujer de un obrero del Ingenio Santa Lucía, Hilda Guerrero de Molina, madre de cuatro hijos, en enero 1967.
Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.
[1] Recordemos que antes de la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, del 13 de agosto 1976, ninguna empresa trasnacional podía financiarse con el BCRA, al que no podían comprarle una sola divisa por ningún motivo.
[2] El Consejo Nacional de Desarrollo estaba constituido por un consejo directivo, integrado por un presidente, un vice, un secretario ejecutivo, un secretario técnico y un consejero por cada Ministerio y Secretaría de Estado en jurisdicción de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos, de Defensa Nacional, de Trabajo y Seguridad Social; otro por el Banco Central y otro por el Consejo Federal de Inversiones.
[3] Al 19 de octubre de 2023 las Leliqs y Notaliqs suman $ 12.946.221 millones y los Pases Pasivos $ 8.857.843 millones.
*Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional …
Tomado de: EL COHETE A LA LUNA-
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