Septiembre 26, 2023
Más de 2.300 conflictos laborales ha registrado el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) desde el último aumento salarial, muchos de ellos relacionados con protestas por motivos salariales. El ajuste de remuneración anunciado por Maduro el 1º de mayo de 2023 solo contempló bonos, por lo que perjudicó el cálculo de todos los beneficios laborales al estancar el salario mínimo
El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, el 15 de marzo de 2022. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo 87% de su valor.
Para el momento en el que se decretó el incremento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en $60. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en $30.
Con una estrategia discursiva difusa, el gobierno dio a entender que se indexaría el sueldo, pero no ocurrió, por lo que los venezolanos experimentaron una pérdida de su poder adquisitivo conforme avanzaba la inflación e incrementaba el precio del dólar.
«Aprobado el salario mínimo en medio petro y también vamos a salarizar los bonos que entregamos a los trabajadores. Tenemos el pulmón para aguantar esto ahora», expresaba el mandatario en marzo.
Los Bs 130 quedaron estancados en el tiempo y vieron como el tipo de cambio oficial, marcado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pasó de Bs 4,33 a Bs 33,99 por divisa. Es decir, mientras que el dólar se encareció 684,98%, el salario se quedó estático.
Por consiguiente, los Bs 130 que antes equivalían a $30, ahora representan apenas $3,82.
El aumento aprobado en aquel entonces contemplaba una remuneración total de Bs 175, que incluía los Bs 45 de cesta tickets y los bonos que entregaba el Gobierno con cierta regularidad a través del Sistema Patria. La remuneración mensual para trabajadores de la administración pública excedía los $40 mensuales.
Aunque era un monto insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria, en ese momento representó cierto alivio para todo asalariado, pensionado o jubilado, pues el nuevo salario mínimo repercutía en las tablas salariales, los bonos, las primas, las vacaciones y otros beneficios establecidos en las leyes y las convenciones colectivas.
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*Lea también: Central Bolivariana discute con el chavismo una «solución salarial» para octubre
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Más de 18 meses después, la situación ha cambiado. El rezago del salario repercute en todos los beneficios del trabajador, y arrastra a una situación de miseria tanto a jubilados como a pensionados.
Gracias a la naturaleza inflacionaria que ha caracterizado a la economía durante el último lustro, el poder de compra cae en picada. Ni siquiera la dolarización de facto que experimenta el país se salva del encarecimiento de productos frente a unos salarios —tanto públicos como privados— que afrontan el estancamiento.
De acuerdo con datos de Ecoanalítica compartidos por uno de sus directores, Asdrúbal Oliveros, actualmente se necesitan $400 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en enero de 2019 se podían adquirir por $100.
La data es clara: lo que comprabas con USD 100 en enero de 2019, hoy necesitas para comprar lo mismo USD 400.
Fuente: @ecoanalitica https://t.co/MXFEaTtH1Q— Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) September 19, 2023
Esto quiere decir que los trabajadores asalariados de la administración pública no solo han estado condicionados por salarios mínimos inferiores a $10 en este período, sino que además, con esos escasos ingresos sujetos a la devaluación, deben lidiar con una vida cada vez más cara. Para muchos, la capacidad adquisitiva frente a 2019 ha empeorado, en vez de mejorar.
Canasta alimentaria es inaccesible
Para el momento en el que se decretó el aumento en 2022, ese salario mínimo representaba apenas 6,36% de la canasta alimentaria, estimada en $471,16 por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), es decir, se requerían 15,7 salarios mínimos para adquirir todos los productos.
En comparación, la última canasta publicada por Cendas-FVM corresponde a agosto de 2023 y se estima en $491. El salario mínimo permite costear 0,77% de la cesta. En otras palabras, se necesitan 128 salarios para pagarla.
La canasta alimentaria de Cendas-FVM es inaccesible para la gran mayoría de los venezolanos, no solo para quienes cobran salario mínimo. Sin embargo, otros indicadores como la Cesta Petare muestran cómo desapareció el poder de compra que sí cubrían esos Bs 130.
La Cesta Petare mide los precios de ocho productos básicos comercializados en esta zona popular, cuyos precios son más bajos en comparación con el resto de Caracas. En marzo de 2022, promediaba $34,31 y el salario mínimo permitía cubrir 87,4% del costo; ahora se estima en $34,52 y el sueldo solo alcanza para pagar 11% de la cesta.
Inflación sem 11 #CestaPetare
Cartón de huevos Bs 21
Harina Bs 5,50
Queso blanco Bs 22
Carne Bs 35
Café Bs 35,20
Arroz Bs 7
Aceite Bs 22
Azúcar Bs 7
Bs 152,70 (-0,78%)
— Observatorio Venezolano
de Finanzas (@observafinanzas) March 21, 2022
Inflación sem 36 2023 #CestaPetare
Aceite Bs 160
Azúcar Bs 49,50
— Observatorio Venezolano
Salario mínimo hunde las tablas salariales
El pasado 1º de mayo, el Ejecutivo tomó medidas para ajustar la remuneración de los trabajadores. No obstante, dejó inmutable el salario y modificó únicamente los montos por concepto de cesta ticket de Bs 45 a Bs 1.000 ($40 para ese momento), además de un Bono de Guerra Económica equivalente a $30.
El cesta ticket y el bono del sistema patria -en teoría- están «indexados» al dólar, por lo que la remuneración mensual excedería los $70, pero no todos reciben estos pagos. Los jubilados y pensionados, al no ser considerados trabajadores activos, no perciben cesta ticket y, quienes no están registrados en el sistema patria o tienen un problema con la plataforma, tampoco reciben el bono de guerra económica. Como resultado, algunos solo cuentan con Bs 130 que los condena al hambre.
Quienes han padecido una mayor pérdida del poder adquisitivo son todos aquellos trabajadores activos o jubilados con mayor grado de estudios, experiencia o profesionalización, pues las tablas salariales recompensan, en teoría, estos elementos. La política de remuneración a través de bonos irrespeta esta estructura.
Las tablas salariales para los trabajadores de la administración pública contemplaban un rango salarial de entre Bs 130 ($30) y Bs 395,21 ($91) al momento del aumento. Ahora, estos mismos montos representan $3,82 y $11,62, respectivamente.
Esta ha sido la razón principal de las decenas de protestas que se han llevado a cabo en los últimos 18 meses. Según el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), entre marzo de 2022 y agosto de 2023 se produjeron 2.302 «conflictos laborales», un eufemismo empleado para abordar una serie de situaciones irregulares en el ámbito laboral, que muchas veces se relaciona precisamente con las manifestaciones.
Los principales protagonistas de las protestas en este período han sido los docentes, especialmente perjudicados por la violación de sus derechos laborales y la destrucción de su capacidad adquisitiva por unas tablas salariales que se quiebran gracias al estancamiento del salario mínimo.
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*Lea también: Central ASI propone salario mínimo de $65 para «salir del umbral de la pobreza»
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El aumento de marzo de 2022 dejaba las tablas salariales con un rango de ingresos por concepto de salario de entre $61 y $104 para los docentes con más de 40 horas académicas asignadas, y otra escala de entre $81,5 y $138,7 para la categoría de 53,33 horas académicas. Esos eran los montos que debían utilizarse para calcular prestaciones, primas y afines.
Ahora esas mismas tablas salariales establecen un rango de entre $7,78 y $13,25 para la categoría de 40 horas, mientras que la de 53,33 horas responde a una escala de entre $10,38 y $17,67. Con base en estos montos se calculan todos los beneficios.
El sector sindical insiste en su exigencia de un incremento del salario mínimo, y no de bonos, que permita un mínimo de respeto hacia los derechos laborales contemplados en las leyes.
Recientemente, la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) propuso un aumento del salario mínimo a $65 como mecanismo para salir del umbral de la pobreza, aunque la meta sea un salario vital digno con un monto muy superior.
Al mismo tiempo, junto con un grupo de organizaciones sindicales, presentaron ante el Ministerio de Trabajo una fórmula para calcular aumentos salariales anualmente, el cual emergió gracias a conversaciones entre representantes sindicales, gremios de empleadores y entes gubernamentales en reuniones mediadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que se instaló la Mesa de Diálogo Social, en marzo de 2022.
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Por su parte, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), una organización sindical cercana al chavismo, entabla sus propias conversaciones con el Ejecutivo y prometió una «solución salarial» para octubre. El vicepresidente de esta central, Orlando Pérez, adelantó que se prevén medidas más enfocadas en beneficios sociales que en mejorar la remuneración del trabajador.
Fuete: Tal Cual- 
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Lo robado daba para 14 millones de asalariados (a la canasta básica) por más de 3 años
Activistas contra la corrupción volvieron a la Contraloría
MANIFESTANTES PROTESTAN CONTRA LA CORRUPCIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL. EN LA GRÁFICA UNA PANCARTA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR UN SALARIO MÍNIMO AL NIVEL DE LA CANASTA BÁSICA. CON EL MICRÓFONO GUSTAVO MARTÍNEZ, DE MAREA SOCIALISTA.
Credito: Prensa MS
La semana pasada, organizaciones y corrientes políticas, junto con agrupaciones sindicales y del movimiento popular, acudieron nuevamente ante la Contraloría general de la República, que ya visitaron en varias oportunidades, con entrega de documentos, para exigir información sobre investigaciones y continuidad de acciones contra la impunidad de la corrupción. Allí volvieron a denunciar el desfalco descomunal cometido por funcionarios gubernamentales y de instituciones o empresas del Estado, con un alcance que sobrepasa enormemente los casos hechos públicos y las detenciones efectuadas meses atrás con intervención de los organismo judiciales.
Dicha actividad fue realizada por los factores que se vienen agrupando, discutiendo e impulsando acciones unitarias de protesta, en torno a lo que denominan Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo y Contra la Corrupción, en el que participan el Partido Comunista de Venezuela, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, el sector del PPT intervenido por el gobierno que es dirigido por Rafaél Uzcátegui y participa en la APR, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad, la Liga de Trabajadores Socialistas, Lucha de Clases, el Movimiento Popular Alternativo, sindicalistas del sector salud, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (C-CURA) y dirigentes comunitarios, entre otros participantes.
En el desarrollo de la protesta tomó la palabra Gustavo Martínez, de Marea Socialista, quien en su denuncia de la corrupción y el desfalco se refirió al volumen colosal e impresionante del mismo, calculado en más de 500 mil millones de dólares (según varios estudios, incluído uno de su propia organización política) y estimó la cantidad de salarios que se hubiesen podido pagar con tamaña cantidad a la totalidad de población laboral venezolana por varios años, pero no el mísero salario mínimo constitucional que es pagado hoy en día en Venezuela, sino como lo manda la Constitución en el Art 91, con cobertura del costo de la Canasta Básica. En concreto dijo que por más de tres años, 14 millones de venezolanos hubiesen podido recibir un salario de al menos 900 dólares mensuales, y que todo eso se lo robaron los corruptos. Al parecer de los manifestantes la inoperancia de la Contraloría es señal de encubrimiento. Sin embargo, una comisión fue citada para hoy, pero aún no se conoce de ninguna novedad.
Fuente: Aporrea.org
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