Una buena parte de la izquierda a nivel mundial, podrá ser desconocida o extraña la deriva
reaccionaria y autoritaria del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, sobre todo
cuando se les identifica erróneamente como herederos de la gran revolución armada, dirigida
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, en 1979, derrocó al dictador
Anastasio Somoza e implantó a un gobierno popular en Nicaragua, enfrentado a los intereses del
imperialismo estadunidense. Durante sus primeros años, el gobierno del FSLN realizó importantes reformas democráticas, de beneficio social y de género.
Sin embargo, la descomposición de la cúpula sandinista se inició desde su primer mandato cuando el
sector encabezado por la dupla Ortega-Murillo y de Tomás Borge, comenzó a apropiarse de los bienes de Somoza, de sus allegados o del Estado. El escándalo estalló cuando, luego de perder el poder en las elecciones de 1990, la cúpula sandinista realizó una verdadera rapiña de bienes del Estado antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro. Esta descomposición se conoció como la “piñata sandinista” y fue ampliamente documentada por el periódico mexicano La Jornada y por muchos otros medios.
Una vez en la oposición, la dirección de Daniel Ortega impuso un férreo control sobre el FSLN para
imponer un curso cada vez más a la derecha y antidemocrático. El costo fue la salida de grandes
personalidades democráticas o revolucionarias, como Herty Lewites, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Víctor Hugo Tinoco, Gioconda Belli, Carlos Mejía Godoy, Dora María Téllez o Mónica Baltodano, entre muchos otros.
Para ganar el proceso electoral del 2006, Daniel Ortega realizó alianzas corruptas con el grueso de la
oligarquía y de los sectores sociales más reaccionarios, como Arnoldo Alemán y el ultraconservador
Cardenal Miguel Ovando y Bravo. No se piense que dichos acuerdos fueron una “hábil maniobra electoral” para gobernar en favor de los sectores populares. Una vez en el poder, el clan Ortega-Murillo, ha cumplido fielmente la agenda neoliberal y conservadora: ha abierto la puerta a nuevas inversiones extranjeras que saquean la riqueza minera, marina y agrícola, derogó el derecho al aborto (incluso con fines terapéuticos), criminaliza la libertad sexual, impulsa megaproyectos ecocidas como el canal inter oceánico, en 2018 intentó imponer una reforma neoliberal al sistema de pensiones que, como en Francia, pretendía aumentar la edad de jubilación a 65 años, paga puntualmente la deuda pública, en resumen, aplican fielmente los programas de “estabilización” dictados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El intento de reformar las jubilaciones provocó, en el 2018, una inmensa protesta que fue aplastada
con un costo de más de 300 muertos y cientos de presos políticos. Aunque la dictadura trató de justificar esta masacre tachando este levantamiento de ser un “intento de golpe de estado apoyado por el imperialismo”, la realidad lo desmiente de manera nítida. Las movilizaciones masivas se iniciaron de manera pacífica, fueron los brutales ataques de fuerzas paramilitares adictas al gobierno, las que obligaron al pueblo a ejercer el derecho a la autodefensa con recursos muy rudimentarios. Prueba de ello fue la enorme diferencia en el saldo de muertos y heridos. La conducta del gobierno fue del todo criminal sin el menor género de duda.
Desde entonces, el régimen nicaragüense aceleró brutalmente su deriva antidemocrática, con cientos
de opositores arrestados, utilizando el Poder Judicial como instrumento de persecución de opositores,
impidiendo elecciones libres y democráticas (llegando al colmo de encarcelar a candidatos opositores en las presidenciales del 2020) y la reciente farsa de elecciones municipales con la sola participación de candidaturas oficialistas.
El régimen tiránico de la familia Ortega-Murillo ha realizado una aportación a la historia de la infamia
y el sadismo. Ahora no se conforma con asesinar o encarcelar opositores -como lo hacía Hitler, Mussolini, Stalin o Pinochet-, ahora los exilia no sin antes quitarles la ciudadanía, sus bienes muebles e inmuebles y les borra del registro civil, dejándolos como parias. Y todo esto por el crimen de pensar diferente. Esto sucedió con 220 nicaragüenses que fueron enviados a Estados Unidos el pasado 8 de febrero y manteniendo en las cárceles a otros 35 presos políticos que se niegan a aceptar una “liberación” a condición de perder su nacionalidad y medios de vida.
La política criminal del régimen Ortega-Murillo ha encontrado el firme rechazo de gobiernos
progresistas como los de Andrés Manuel López Obrador (México), Gabriel Boric Font (Chile), Gustavo
Francisco Petro (Colombia), Alberto Ángel (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), de los partidos Comunista y Socialista de Chile, Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), y, desde antes, de personalidades de la talla de Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Guillermo Almeyra, Raúl Zibechi, Leonardo Boff, Frei Beto, Adolfo Pérez Esquivel, Eric Toussaint, José “Pep”e Mujica, Lucía Topolansky, William I. Robinson, Elena Poniatowska y de miles más que antaño apoyamos la Revolución Sandinista.
Cada día somos más quienes tomamos conciencia de que el sandinismo histórico está en las antípodas
del poder autocrático de un presidente que obscenamente utiliza el lenguaje, las consignas y hasta los cantos de una revolución extinguida, para manipular los sentimientos del pueblo y hacerle creer que la represión, las cientos de personas asesinadas, heridas, encarceladas y las miles de personas exiliadas, estudiantes, feministas, defensoras de derechos humanos…, son el camino para una vida mejor.
El discurso antiimperialista de Daniel Ortega es simple retórica destinado a disimular un crecimiento
económico basado en los tratados de libre comercio con otros países y de profundizar la integración
subordinada de Nicaragua a las cadenas de valor global asociado con empresas trasnacionales, el capital chino y de la oligarquía nicaragüense. Por su parte, el imperialismo norteamericano, recurre a la misma hipocresía al criticar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega, pero sin asumir la misma política agresiva que asfixia a los gobiernos de Cuba o Venezuela. En los últimos dos años el comercio de Estados Unidos con Nicaragua ha crecido en un 67.15%. Este simple dato desmiente cualquier ilusión sobre el supuesto carácter “antimperialista” del régimen y lo muestran más bien como un fiel aliado de Estados Unidos.
Los socialistas mexicanos, por experiencia propia, no podemos olvidar que el discurso
antimperialista, de Daniel Ortega no es garantía de nada. El expresidente mexicano, Luis Echeverría (1970- 76), utilizaba el mismo discurso, pero era un agente de la CIA y asesino de estudiantes.
El Movimiento Socialista y del Poder Popular no puede ser cómplice del régimen de los Ortega -Murillo. Reivindicamos que no puede haber Socialismo sin Democracia ni Democracia sin Socialismo.
Debemos pronunciarnos porque los países que han ofrecido asilo a los expatriados y nacionalidad, los reciban en el plazo más breve posible, que apoyen su lucha por recuperar su nacionalidad, papeles y medios de vida, así como la inmediata liberación de los prisioneros que todavía quedan en Nicaragua.
Ciudad de México a 1 de julio de 2023.
Visitas: 16
