Al cumplirse 509 días desde la última vez que se anunció un aumento salarial, en marzo de 2022, los profesores universitarios recordaron la realidad que los persigue desde entonces: un salario insuficiente que no cubre las necesidades básicas y alimentarias de los profesionales.
La precariedad y el sueldo de hambre que reciben los educadores, lo demostró José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), quien publicó a través de Twitter una tabla que muestra el salario que recibe cada docente, donde el máximo cargo apenas cobra 18 dólares.
Está es la consecuencia de 507 días sin aumento salarial. Esto en la práctica se traduce en la destrucción de la carrera académica y el deterioro de las instituciones de educación universitaria. La política laboral del gobierno es un crimen”, publicó Afonso este lunes 7 de agosto.
Está es la consecuencia de 507 días sin aumento salarial. Esto en la práctica se traduce en la destrucción de la carrera académica y el deterioro de las instituciones de educación universitaria. La política laboral del gobierno es un crimen. pic.twitter.com/sjiOH33adi
— jose gregorio afonso (@gregorio_afonso) August 7, 2023
La tabla, que muestra 15 categorías de los profesores universitarios, refleja el sueldo en bolívares que ganan los docentes actualmente, el valor en dólares para marzo de 2022, y el valor en dólares para agosto de 2023, donde las cifras se han devaluado más del 80 %.
Durante una entrevista concedida a Voz de América, Afonso explicó que un profesor a dedicación exclusiva, lo que implica poseer cuatro trabajos de ascenso, obras publicadas, pregrado y postgrado, gana el día de hoy el equivalente a $18 mensuales, mientras que un profesor comenzando su carrera percibe el equivalente a 11 dólares.
El “salario máximo”, valorado en Bs. 522,16, hace un año equivalía a 121 dólares, hoy su reducción evidencia la pobreza, precariedad y malas condiciones laborales en las que se ven afectados los docentes.
Ante esto, otro de los problemas que se suman a un sueldo insuficiente es el costo de la canasta alimentaria familiar, valorada en $511,20 al mes, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una cifra que muchos trabajadores públicos no pueden alcanzar debido a un salario mínimo que no supera los 5 dólares mensuales.
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Fuente: Versión Final
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Rechazan que se criminalize y se reprima la protesta laboral y social en Venezuela
Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL) emite Moción de Solidaridad y Exigencia
11 de agosto de 2023.-
A continuación la Moción de Solidaridad y Exigencia de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL):
Moción de Solidaridad y Exigencia
El pasado martes 1° de agosto de 2023, el tribunal N° 2 contra el terrorismo, específicamente la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, quien dirige el mencionado organismo; emitió sentencia condenatoria a 16 años de prisión, contra seis (06) dirigentes y activistas sindicales y luchadores sociales, imputandoles los delitos de “asociación para delinquir” y “conspiración”.
A través de diversos cumunicados públicos divulgados por diversas organizaciones sindicales, gremiales, de derechos humanos y sociales, como también mediante las informaciones disponibles en los medios de prensa independientes de Venezuela, entramos en conocimiento de que la sentencia condenatoria fue dictada sin ninguna prueba convincente y sin haberse presentado el único supuesto testigo de la Fiscalía General; por lo que la misma estaría plagada de enormes vicios de ilegalidad. Siendo que la jueza que emite la sentencia basa la misma en un supuesto “informe de contrainteligencia”, anónimo y sin base jurídica y en mensajes de whatsapp sustraídos ilegalmente de los teléfonos de los imputados.
De esta manera, los activistas sindicales y luchadores sociales Reynaldo Cortés (Delegado del Consejo Sindical Regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV- en el estado Guárico) Alonzo Meléndez (Ingeniero Pesquero, activista sindical y social, miembro del Consejo Comunal La Florida del municipio Los Taques, estado Falcón y del Consejo de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras Aurora del municipio Los Taques), Alcides Bracho (profesor en la especialidad de química, artista plástico, activista sindical en el magisterio venezolano y defensor de los derechos salariales del sector) Néstor Astudillo (dirigente político del partido Bandera Roja en el estado Miranda y ex dirigente sindical en el estado Falcón), Gabriel Blanco (dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional -Sinfucan- y miembro de la directiva de la central sindical Alianza Sindical Independiente -ASI-) y Emilio Negrín (abogado, activista de derechos humanos, miembro nacional de la Coalición Sindical Nacional y presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios); detenidos de manera arbitraria e ilegal el pasado junio de 2022, estarían siendo víctimas de una aberrante injusticia, un pase de factura por su activismo en defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y del pueblo venezolano y de una clara política de criminalización de la protesta laboral y social.
La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, así como las cada una de las organizaciones y dirigentes que la integran, rechazan que se criminalize y se reprima la protesta laboral y social, más aún en un contexto donde el gobierno se niega a dar respuesta a las exigencias que desde hace más de dos años los trabajadores venezolanos vienen realizando contra la aplicación de un brutal paquetazo que ha cercenado todas las conquistas salariales y contractuales de la clase obrera venezolana.
Afirmamos que los compañeros hoy sentenciados no han cometido más delito que luchar en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores y de los derechos sociales del pueblo venezolano, tal como demuestra la total ausencia de pruebas de que estos activistas y luchadores sindicales y sociales hayan cometido los delitos que se le imputan.
Nos solidarizamos con los familiares, amigos y compañeros de los luchadores sentenciados ados ilegalmente, repudiamos su condena y exigimos a las autoridades de justicia venezolana así como al gobierno de conjunto, la derogatoria de la sentencia y la liberación inmediata de estos activistas sindicales y luchadores sociales, así como de todos los trabajadores que hoy permanecen detenidos y judicializados por luchar en defensa de sus derechos salariales, sindicales, laborales y sociales.
Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL)
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