El 12 de julio de 2023, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo condicional mayor de lo esperado por valor de $ 3 mil millones para Pakistán. El préstamo, conocido como Acuerdo Stand-By (SBA), fue aclamado como una gran victoria para Pakistán por parte del actual gobierno de coalición encabezado por el Primer Ministro Shahbaz Sharif. Los portavoces del gobierno reconocieron públicamente que sin la SBA, Pakistán habría enfrentado un incumplimiento. Pero la gente común tiene que pagar un alto precio por los términos y condiciones draconianos del FMI.
El día que se aprobó el préstamo del FMI, el precio de la electricidad subió 5 rupias por unidad. El departamento de Gas también anunció un aumento en los precios, como parte del acuerdo con el FMI. La implementación de las condiciones del FMI para el préstamo ha resultado en un aumento de precios sin precedentes en todo el país.
Además, la tasa de interés ya ha subido al 21 por ciento y se han retirado numerosos subsidios de bienestar público. Se han impuesto nuevos impuestos a la industria de la propiedad y la construcción, mientras que el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) se ha incrementado en un uno por ciento. Las conversaciones sobre un nuevo minipresupuesto están en curso, lo que podría generar nuevas oleadas de impuestos. Estas medidas fiscales afectan predominantemente a la gente común, ya que la carga de los impuestos recae en gran medida sobre ellos. A pesar de la introducción de un nuevo superimpuesto que va del 1 al 10 por ciento sobre las personas y empresas adineradas desde mayo de 2022, actualmente no existe un mecanismo efectivo para recaudar impuestos de los ricos.
Para asegurar la SBA de $ 3 mil millones, Pakistán pagó $ 12 mil millones en el servicio de la deuda externa durante el año fiscal 2022-2023. Además del préstamo del FMI, Pakistán también recibió un préstamo de $ 2 mil millones de Arabia Saudita y un préstamo de $ 1 mil millones de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Estos préstamos han mitigado temporalmente el riesgo de incumplimiento para Pakistán.
Sin embargo, para la mayoría de la población, el Estado ya ha incumplido en varios aspectos. La pandemia de COVID-19 provocó un aumento de 20 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, y las recientes medidas de austeridad implementadas por el gobierno desde abril de 2022 han agregado otros 10 millones a ese recuento. Si bien hubo un aumento salarial del 35% para los empleados del sector público (que habían exigido un aumento del 100%), no se proporcionó alivio a los trabajadores del sector privado. Según una estimación conservadora del Banco Mundial, se espera que la tasa de pobreza en Pakistán alcance el 37,2 % (3,65 dólares al día).
Las condiciones del FMI impuestas a Pakistán pueden no tener ejemplos paralelos a nivel internacional. El FMI ha ejercido una influencia significativa sobre la clase dominante paquistaní, exigiéndoles que cumplan con todas las demandas. Esta situación también está influenciada por la dinámica geopolítica en juego, siendo China el mayor socio económico de Pakistán. A través del Pak China Economic Corridor (CPEC), China ha invertido más de $25 mil millones, de los $60 mil millones prometidos, en Pakistán, principalmente en forma de préstamos. El FMI temía que Pakistán pudiera utilizar los préstamos del FMI para pagar las deudas chinas.
A pesar de las devastadoras inundaciones del año pasado que resultaron en una pérdida de $30 mil millones, las estrictas condiciones del FMI se han aplicado sin considerar estos desafíos. El gobierno no ha logrado rehabilitar adecuadamente a las víctimas de las inundaciones, con más de 4 millones de personas que aún residen en campamentos al borde de la carretera. Además, las promesas hechas a Pakistán en la COP 27, bajo el “acuerdo de pérdidas y daños”, aún no se han materializado.
Aunque estas medidas económicas pueden haber ayudado a evitar un incumplimiento al estilo de Sri Lanka, han erosionado significativamente la popularidad del gobierno actual. En consecuencia, el ex primer ministro, Imran Khan, ha experimentado un aumento en la popularidad, a pesar de haber perdido un voto de censura en 2022. Sin embargo, esta popularidad está disminuyendo. La reacción violenta, incluidos los ataques a instalaciones militares, por parte del partido de Imran Khan, el Partido de la Justicia de Pakistán (PTI), luego de su breve arresto el 9 de mayo, proporcionó un pretexto para que el estamento militar reprimiera al PTI. Más de 3.000 activistas y líderes del PTI han sido arrestados y se han establecido tribunales militares para juzgar a los civiles involucrados en ataques a instalaciones militares. Irónicamente,
Las elecciones generales están programadas para octubre, pero existe la preocupación de un posible aplazamiento. Paradójicamente, el actual gobierno de coalición impopular, debido a la implementación de las condiciones del FMI, aún puede tener una ventaja en las elecciones, ya que está respaldado por el estamento militar. La opción alternativa disponible son los partidos religiosos fundamentalistas, quienes, al menos de palabra, mantienen la oposición al FMI. Estos partidos fundamentalistas pueden recuperar una popularidad similar a su éxito en 2002 después de los eventos del 11 de septiembre. Es poco probable que el PTI de Imran Khan, a menos que sea descalificado debido a acusaciones de corrupción y ataques a instalaciones militares, logre el mismo nivel de éxito que en las elecciones generales anteriores de 2018.
Los partidos de izquierda en Pakistán, actualmente marginados, planean disputar solo unos pocos escaños. Ali Wazir, el único miembro socialista en la Asamblea Nacional, ha ganado prominencia a través de su oposición al estamento militar. Sin embargo, se ha convertido en un objetivo para los poderosos militares, después de haber pasado la mitad de su mandato tras las rejas. Si bien sigue siendo popular en su distrito electoral, la manipulación electoral puede obstaculizar su victoria en las próximas elecciones.
Tomado de internationalviewpoint.org
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