Brasil, Fábio José de Queiroz*- El STF y la clase obrera: una contradicción federal

Desde el momento en que estos ataques contra nuestra clase fueron cobrando fuerza, la crítica a los gobiernos y parlamentos ha seguido siendo un aspecto prioritario y necesario en la agenda diaria de los sindicatos y entidades afines. Las culebras y lagartijas del ejecutivo y el legislativo suelen decirse con razón, ya que eran los sujetos políticos identificables de los ataques.

Me sorprende, sin embargo, el silencio sobre la actitud del Supremo Tribunal Federal en el marco de los operativos que, en este período político que se examina, son responsables de un ataque excepcionalmente cruel contra las conquistas y protecciones de las personas que constituyen el Estado. -llamado mundo del trabajo.

Es de este extrañamiento que se nutre este artículo.

El STF y el vaciamiento de los derechos de la clase obrera

Si es con el análisis concreto que comienza la política, como escribió Trotsky, no está de más analizar cómo ha respondido el STF a los reclamos de las representaciones sindicales en cuanto a la protección de los derechos vulnerados por gobiernos y empleadores.

No es difícil demostrar cómo, en general, la principal institución del poder judicial brasileño actúa para consolidar la política neoliberal de ostensible retirada de derechos adquiridos durante décadas de luchas por la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo.

Me concentraré en cuatro ejemplos que dan materialidad a las inclinaciones del STF hacia, en armonía con los demás poderes del Estado, validar las agresiones contra los derechos de la clase trabajadora.

Dicho esto, un ejemplo palpable se puede ver en el cuestionamiento de la contrarreforma laboral. Uno de los conflictos considerados por el STF se refería al régimen de trabajo 12/36, que, a partir de la referida contrarreforma, podría ser objeto de acuerdos individuales entre las partes y no más resultado de negociaciones colectivas. Pues bien, el máximo tribunal del país quitó de en medio al sindicato y dejó el camino abierto para que el empleador “negociara libremente” con el empleado.

Hay quienes dicen que el STF se divide entre jueces “garantistas” y “punitivistas”. En este caso, quedó claro que las únicas garantías que garantiza la Corte Suprema, cuando se refiere a las relaciones de capital y de trabajo, son las que conciernen a los intereses de los grandes capitalistas y sus socios más pequeños. Bajo las protestas de voces casi apagadas, el retroceso promovido por la “reforma” laboral fue sancionado por los jueces del principal tribunal de justicia de Brasil. El castigo los unió a todos.

Hay un segundo caso, igualmente malicioso. Se trata el tema del valor de la pensión por muerte, que antes de la Contrarreforma de la Seguridad Social, correspondía al 100% del beneficio. ¿Qué hicieron los inelegibles y el Congreso Nacional? Rebajaron este monto al 50% del monto jubilatorio, más el 10% de cuotas por dependiente, que por supuesto no puede exceder el 100%. A pesar de este aumento, lo que realmente cuenta es que el valor de la pensión de muerte, en términos objetivos, se redujo a la mitad, y se lesionó gravemente un derecho adquirido. ¿A quién apelar? El asunto llegó al STF, que tomó el derecho adquirido y le aplicó el golpe final, reconociendo la legalidad de la infamia.

Pero esta posición del Supremo Tribunal Federal no se limita a las contrarreformas. Aun cuando ganen los trabajadores, el cuerpo principal del poder judicial nacional no rehuye un alineamiento inequívoco con la patronal y las políticas neoliberales, como se establece ante las polémicas en torno al piso de enfermería.

Aprobado por el parlamento, luego de un largo camino de lucha por la categoría, “El piso estaba suspendido desde septiembre de 2022, por decisión preliminar del ministro Roberto Barroso, luego confirmado por el resto del STF, luego de una provocación del sector empresarial privado” . (Diario Extra, 14/07/2023). Ahora, finalmente, el Supremo se ha posicionado, empeorando la ley, y no simplemente interpretándola.

Los jefes de salud tendrán 60 días para negociar, es decir, gritar pitangas, amenazar, coaccionar y finalmente, quién sabe, tirar la palabra. De hecho, sólo la Unión está obligada a cumplir, sin reservas, con la ley de piso, ya que los Municipios, Estados y unidades de salud que atienden el 60% a través del SUS deben pagar el monto aprobado por el Congreso Nacional en la medida que reciben transferencias federales para atender ese fin.

Esta siniestra operación contó con la firme unión del “punitivista” Roberto Barroso y el “garante” Gilmar Mendes con el bolsonarista Nunes Marques y el antibolsonarista Alexandre de Moraes. En resumen, cuando se trata de demoler el edificio de las protecciones sociales y laborales, las diferentes alas del STF se unen. Esto es lo que, en el caso del piso de enfermería, aseguró una goleada de 8×2 contra los profesionales de la salud, pues se agravó el contenido de la ley aprobada en el parlamento.

Por último, y no menos importante. No está de más recordar que la “reforma” laboral fue también una “reforma” sindical, en la que los sindicatos quedaron en manos de los tiburones, prácticamente sin fuentes de financiamiento. Hay conversaciones entre el movimiento sindical y el gobierno de Lula para dotar a las entidades representativas de los trabajadores de fuentes de financiación mínimamente estables, pero aún sin resultado final.

Muy bien. Mientras continúan las conversaciones, el tema de la “cuota” de asistencia está en manos del alto tribunal de justicia. En ese momento, la votación en el pleno de la Corte Suprema es de 5×0 para el reconocimiento del aporte asistencial, pero no está de más recordar que todo iba relativamente bien hasta que el ministro Alexandre de Moraes hizo un pedido de vista, interrumpiendo así el juicio, que sólo ahora regresó. Mientras tanto, los sindicatos esperan bajo el sol.

Lo que sí está claro es que las críticas a Moraes por liderar el proceso que terminó en la inhabilitación del expresidente ultraderechista, deben poner las pilas en otra dirección. Los jueces del TSE, en cuya composición están miembros del STF, declararon inelegible el antivacunas porque estaban convencidos de la incompatibilidad entre el neofascismo y el funcionamiento ordinario del poder judicial, incluida la integridad física de sus miembros. Fue una decisión de supervivencia (el hecho de que Alexandre de Moraes -junto a su familia- fuera acosado en el aeropuerto de Roma es solo un indicio de esta circunstancia).

Este es un lado de la cuestión. Pero hay otra, que se refiere a la actitud de solidaridad del poder judicial brasileño, encabezado por la Corte Suprema, en relación con las fuerzas del mercado y la receta neoliberal, lo que, en última instancia, refuerza la retórica de que mejores condiciones de trabajo representan una peligrosa amenaza para las empresas. Guardar silencio sobre esto es ciertamente tan inaceptable como criminal.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta lectura?

La clase obrera y sus organizaciones no deben quedarse de brazos cruzados mientras se desarrollan los conflictos entre las instituciones del Estado. Siempre será necesario un análisis concreto de cada situación, pero este análisis requiere posiciones políticas. De lo contrario, los movimientos sociales y la izquierda se convertirán en meros espectadores. Desde esta perspectiva, era correcto tomar una posición en contra de lo indecible en el tema de la inelegibilidad. Había que poner la responsabilidad sobre sus hombros, sin perdón, sin amnistía.

¿Significa esto renunciar a denunciar el poder que, momentáneamente, enfrenta al expresidente fascista, como ese poder afrenta los derechos de la clase obrera? ¡Seguramente no!Es necesario averiguar exactamente el punto principal de sus ataques contra nuestra clase. A partir de ahí, es fundamental y urgente hacer frente a estos ataques. El primer paso en esta dirección implica dilucidar el papel de clase que juega este poder estatal.