Venezuela- Firma Petitorio a 22 días de sus detenciones: Por la libertad de los sindicalistas de Sidor Leonardo Azócar y Daniel Romero ¡“Sin el Ejercicio de los Derechos Constitucionales, no hay Democracia”!!

No es casual que 22 trabajadores de Ciudad Guayana (al sur de Venezuela) han sido judicializados en seis meses del presente año 2023 por defender sus derechos laborales. Siendo que los obreros han actuado amparados en las vigentes leyes laborales y constitucionales y sus reclamos se centran en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):

«Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…».

En la madrugada del 11 de junio se produjo la detención por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de tres trabajadores de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) Leonardo Azócar, secretario de trabajo y reclamos, Daniel Romero, delegado sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) y Juan Cabrera, representante laboral supuestamente “liberado”, pero debe permanecer bajo el abusivo régimen de presentación y con restricciones que van desde no manifestar hasta opinar en medios de comunicación, es decir, le imponen callar.

Los sindicalistas Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera fueron presentados ante un tribunal penal el día 13 de junio y se les imputaron los delitos de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio y se impuso como lugar de reclusión un centro de detención en Caracas aislados de sus familiares y compañeros de labores. Un proceso judicial de principio a fin, violatorio del estado de derecho y del respeto al debido proceso.

Por ello denunciamos que la actuación del estado venezolano constituye, un claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno de Nicolas Maduro junto al resto de poderes. Es una política de Estado con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los y las trabajadoras del país para defender sus derechos violentados abiertamente.

Como si lo ya contado fuera poco o circunstancial, sucedió que el 14 de junio en horas de la tarde se conoció el allanamiento de las viviendas de Yuxci Martínez y de Cesar Soto de los organismos de seguridad del estado, luego de librarse órdenes de captura para ambos trabajadores Sidoristas por reclamar sus derechos laborales y hasta el momento de redactar este comunicado se desconocen sus paraderos y las condiciones de su integridad física.

Denunciamos que la jueza de Ciudad Guayana (estado Bolívar), Maribel del Valle Rivero, emitió una Orden de Advertencia, lo cual es una amenaza judicial, contra otros 22 trabajadores luchadores de la misma empresa. Así se prohíbe la lucha sindical y las protestas que se mantienen desde hace un mes en la planta de Pellas de Sidor (Siderúrgica del Orinoco). Medidas ilegales, contrarias a las leyes, contra las garantías y los derechos que se arrebatan abiertamente. El estado judicializa la justa lucha de la población trabajadora del país, no sólo de SIDOR, sino también de otros sectores de las empresas básicas, de los docentes, de la salud, los universitarios, los pensionados y jubilados, de los agricultores, de los indígenas, de los mineros entre otros a nivel nacional.

Vale mencionar que la “Orden de Advertencia” fue entregada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en las instalaciones de la empresa con el propósito de intimidar a los huelguistas de SIDOR.

Igualmente, el gobierno regional actúa junto a la gerencia militar de la planta para impedir el ingreso de alimentos y agua, les cortaron la electricidad para doblegar la moral y lucha de los trabajadores Sidoristas. En resumen, el gobierno de Maduro da la orden, los militares reprimen, los tribunales amenazan, la burocracia y los medios de comunicación callan.

Denunciamos el SILENCIO de la dirigencia Sindical Progubernamental y de la Asamblea Nacional

El silencio cómplice de la Central Bolivariana Socialista (CBSTT) y otros entes gremiales abiertamente oficiales y pro patronales es inaceptable.

Ninguno de los miembros de la CBSTT ha manifestado su preocupación por la situación de criminalización y persecución contra los Sidoristas y otros sectores. Tampoco lo ha hecho el parlamento venezolano, Asamblea Nacional, AN, (de control oficialista), la que debería ser “la principal tribuna para el debate” en el país, también está de espaldas al pueblo y a la constitución venezolana.

Y, lo más lamentable, que sepamos, es que la Federación Sindical Mundial (FSM) de la que es parte la Central Bolivariana, tampoco planteó ni reclamó públicamente nada contra la detención y cercenamiento al derecho a huelga de los trabajadores Sidoristas, en esta 111° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que concluyó el día 16 de junio/23. Fue recién, la semana pasada, cuando algunos integrantes de la dirección de la FSM, se pronunciaron desde Uruguay, solicitando las liberaciones de su sus detenciones de Leonardo Azócar y Daniel Romero.

En otro sentido, la lucha de los trabajadores Sidoristas y otros sectores también criminalizados vienen recibiendo el apoyo de importantes organizaciones sociales, políticas, sindicales clasistas, de derechos humanos, de dirigentes y activistas de Caracas, Bolívar, Carabobo y otras regiones del país por todas las vías posibles.

Muestra de ello, es el comunicado publicado por Provea junto a más de 50 sindicatos y organizaciones de derechos humanos venezolanas que exigen la liberación de los trabajadores detenidos, bajo el título «Sin Libertad Sindical no hay Democracia» Exigimos cese la persecución contra trabajadores que reclaman derechos, cuyo texto completo invitamos a leer: https://provea.org/comunicados/con-otros/sin-libertad-sindical-no-hay-democracia-exigimos-cese-la-persecucion-contra-trabajadores-que-reclaman-derechos/

Igualmente, el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) junto al Comité Regional de Conflicto, Espacio de Unidad Gremial y Sindical del estado Carabobo se suman al pronunciamiento público donde exigen «…a la OFICINA DE LA CPI instalada en Caracas la semana pasada, así como a las organizaciones de la ONU y la CIDCH-OEA y a todos los organismos internacionales que se pronuncien y se aboquen a investigar estos hechos por ser violatorios de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales»

Fueron ratificadas estas denuncia hechas acá, en la concentración realizada ante la sede principal de la Fiscalía General de la República, en La Candelaria, Caracas, el miércoles 14 de junio. Allí se convocaron y asistieron diversos sectores políticos, sociales y ciudadanos para reclamar por la libertad de los tres obreros detenidos y el respeto a sus derechos, comenzando por su sagrado derecho a huelga y a la manifestación.

Siguen sumándose expresiones de apoyo como ésta «Oficiales, marinos mercantes del estado Zulia, ubicados en el Muelle “Rafael Urdaneta”, se pronuncian contra la detención de los Trabajadores de SIDOR, Edo. Bolívar. El gobierno utiliza la fuerza policial, fiscalía y los tribunales contra el pueblo. Pero se están rebelando. A Luchar».

Igualmente lo plantea la Federación Venezolana de Maestros en sus redes «Sin libertad sindical no hay democracia, el sistema democrático debe ser un escenario de libertad y justicia ¡Exigimos la liberación de los dirigentes sindicales de SIDOR»

Las luchas del pueblo trabajador de Sidor junto al resto de sectores de trabajadores venezolanos y la actuación gubernamental, confirman que la deriva del Estado, sus instituciones y del sistema político que encabeza Nicolas Maduro, son la muestra real de que se recorren dos caminos distintos.

• Uno, la lucha de la población trabajadora en condiciones paupérrimas y de hambre por sus garantías y derechos constitucionales.
• Y dos, el gobierno por acelerar la reconstrucción capitalista con un Estado Anti popular y Mafioso, similar o peor que la cuarta república.

No hay nada que justifique esta perversa situación contra la vida y los derechos humanos

Por Ahora, quienes suscribimos esta declaración: Marilú Coello (dirigente de Trabajador@s;

Ana Viloria (trabajadora Social);

Virginia King (Defensora de lso DD HH.);

María Alejandra Díaz(Abogada defensora DD HH:, y luchadora social);

Juan García( comprobado militante revolucionario);

Modesto Guerrero(Escrotor, Periodista);

Stalin Pérez Borges (Sindicalista clasista, militante de izquierda y Editor);

Arturo Álvarez( militante social);

Ángel Luis Barrolleta Orta (dirigente social);

Luis Ferrer -Morillo( dirigente social);

Rafael Úzcategui(Secretario General PPT-APR, Venezuela);

Ernesto Vergara(Licenciado en Administracción en Salud); Ignacio Ramírez Romero( Presidente de la Federación de DD HH., Venezuela).

Todas y todos nos reclamamos chavistas bolivarianos y, socialistas revolucionarios.

Otros Firmantes:

Iracara Chirinos Azuaje (Docente venezolana e integrante del Comité por la Libertad de Aryenis y Alfredo);

Liga Unitaria Chavista Socialista LUCHAS.

Hemos acompañado desde mediado de la década de los ´90 del siglo pasado, las luchas de los revolucionarios bolivarianos por conquistar el “Socialismo del Siglo XXI” (que para nosotros significa, gobiernos comunales, democráticos, libertarios, anticapitalista y ecosocialistas) y formamos parte protagónica del proceso bolivariano en Venezuela, condiciones y proyecto muy distintas y contrarias a las prácticas que hoy está desarrollando el gobierno presidido por Nicolás Maduro y una mayoría de generalatos que hoy acompaña esta mala gestión

Reclamamos la libertad inmediata de los trabajadores y luchadores sociales detenidos arbitrariamente y la derogación de la orden judicial contra los 22 trabajadores;

Solicitamos la solidaridad de sindicatos, asociaciones de derechos humanos y organizaciones democráticas de nuestro continente y de otros, haciendo el reclamo contundente para que el presidente Nicolás Maduro y demás instituciones del régimen venezolano respeten los derechos humanos comenzando por el derecho a disentir y criticar tanto, como el fundamental derecho a vivir y el tener un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas de la familia trabajadora.

Siguen firmas de apoyo: