El Lado B de la pelea por la coparticipación
La Ciudad acusa a Nación de desacato, pero incumple sentencias de manera serial: de las vacantes en escuelas a la protección de repartidores de Rappi, Glovo y Pedidos Ya diseñó un escandaloso modo de zafar.
El gobierno porteño que se presentó ante la Corte Suprema para acusar al gobierno nacional de no acatar el fallo por la coparticipación y armó un escándalo por el ofrecimiento del pago con bonos, podría ser definido –él mismo– como un incumplidor serial de sentencias con sólo repasar qué hizo cada vez que recibió alguna orden judicial ante diversos reclamos. Es más, en una situación no muy lejana, cuando el juez Andrés Gallardo dispuso que retirara a sus policías de las cercanías de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner el propio jefe de gobierno porteño dijo a viva voz que no pensaba cumplir con esa decisión. Fue después de la represión sobre manifestantes que apoyaban a CFK de parte de los agentes porteños que pertenecen a la fuerza que respondía al ministro Marcelo D’Alessandro, protagonista de los chats filtrados en los que, entre otras cosas, aparecía negociando el fallo por los fondos coparticipables destinados a seguridad. Aquí, un repaso de los casos y resoluciones judiciales nunca cumplidas por las Ciudad: entre ellas –sólo como ejemplo– varias que obligan a garantizar vacantes en las escuelas porteñas, la construcción del hospital de Lugano, la orden de dar seguridad a los conductores de bicicletas que son repartidores de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, la de revertir el riesgo eléctrico en la Villa 21-24, varias otras para exigir el derecho a la vivienda, la que obligaba a regularizar y otorgar derechos laborales a agentes de tránsito.
Todo calculado
El sistema de justicia de la Ciudad está diseñado como para que los fallos contra el Estado local no se cumplan o que cuenten con una cadena de obstáculos. Para empezar, existe desde diciembre de 2020 una ley votada por la Legislatura porteña (donde el PRO y sus aliados tienen mayoría) que establece que cada vez que se presenta un amparo hay que notificar a la fiscalía como «control previo». Esto tal vez no sería tan problemático si el Ministerio Público Fiscal fuera independiente, pero eso no ocurre en territorio porteño. A los asesores y asesoras tutelares –que dependen de Carolina Stanley y se ocupan de los derechos de las y los menores– también les han quitado funciones. Con esta misma lógica la mayoría legislativa votó normas en materia judicial hechas descaradamente a medida de, por ejemplo, Mauricio Macri, como la que permite que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires revisar causas que tramitan en la justicia nacional (es decir, otra jurisdicción), como el expediente comercial del Correo, que tiene una deuda millonaria con el Estado nacional.
Hay un universo de causas que tramitan en los tribunales porteños que son «juicios estructurales», como los que atañen a urbanización de barrios vulnerados, servicios esenciales, el uso de terrenos públicos, comedores escolares y calidad de la comida, construcción de escuelas, de hospitales, la garantía de derechos laborales, derecho a la vivienda, acceso a la educación. Si hay una medida cautelar, alguna intimación judicial, las posibles respuestas del gobierno porteño suelen transitar por un abanico que va del incumplimiento rotundo al cumplimiento parcial, a cuenta gotas, durante años, de manera que nunca hay un acatamiento pleno. Parte de la estrategia suele ser, además de las apelaciones y otras chicanas, la recusación sistemática de los jueces y juezas a quienes se acusa de «kirchneristas» (con Gallardo es un clásico) sólo por exigir la garantía de derechos básicos. También intentan promover juicios políticos, como hicieron con Guillermo Scheibler después que exigió un estudio de impacto ambiental para el proyecto de IRSA en la Costanera Sur. Algunos de estos juicios, además, dependen de que la Legislatura apruebe partidas, y eso es un escollo adicional.
La función del TSJ de dar salvataje al gobierno porteño es ostensible. Un ejemplo: su decisión de anular fallos de la sala III de la Cámara en lo Contencioso y del juez Scheibler en primera instancia que ordenaban –a pedido de varias organizaciones de la sociedad civil– que la integración de la Auditoría General porteña debía respetar el cupo de al menos un 30 por ciento de mujeres en su integración. Scheibler incluso dispuso que la Legislatura publicara un pedido de disculpa pública por incurrir en una conducta discriminatoria. La mayoría macrista/larretista legislativa no acató y la corte de la Ciudad blanqueó esa postura al ignorar la Constitución porteña que prevé la proporción de participación femenina en órganos colegiados.
Incumplimientos
Cuando el juez Gallardo le ordenó al jefe de gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta que saque a su policía de la zona de la casa de Cristina Fernández de Kirchner (ya que su custodia depende de fuerzas federales), además de remover las vallas que impedían el acceso de manifestantes que iban a darle apoyo, la respuesta del jefe de gobierno fue que no acataría la orden y que haría todo lo contrario. Esto hace más llamativo que ahora acuse al gobierno nacional de no acatar la cautelar sobre coparticipación cuando, demás, se le ofreció una forma de pago. La cuestión de los agentes cerca de la casa de CFK tuvo, finalmente, una salida política, porque era un caso que lo habilitaba. No es lo que siempre sucede.
* Otra decisión de Gallardo que incumple el gobierno de Larreta, es la medida cautelar destinada a mitigar el riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación de la salud de los repartidores a domicilio que conducen bicicletas para Rappi Arg SAS; Kadavara SAS (Glovo) y Pedidos Ya S.A. A las empresas se les ordenó regularizar la situación de los trabajadores y al gobierno de la CABA, garantizar que eso suceda. Mientras tanto se suspendía la actividad. El fallo exigía un plan de contingencia económica social para todos los repartidores. Fue incumplido, incluso el juez declaró la falta de acatamiento, y en el ínterin murió un trabajador de Rappi y en un accidente.
* Dos resoluciones no acatadas, ligadas a la pandemia, fueron el fallo del juez Darío Reynoso para que el gobierno porteño elaborara y cumpliera un «protocolo Covid» en los barrios vulnerables (provisión de agua, alimentos, elementos de higiene y limpieza). La respuesta de CABA fue recusar al juez y hacer que cumplía algo. Gallardo había dispuesto que el gobierno entregue a las y los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad algún dispositivo para seguir con su educación en forma remota y que instalara WiFi en las villas y asentamientos porteños. Tampoco hubo cumplimiento.
* Desde el año 2005 la jueza Elena Liberatori intenta que se ejecute una sentencia para la construcción del hospital de Lugano. La obra está en marcha pero parece no terminar nunca. El incumplimiento atravesó distintas gestiones hasta la actual.
* En 2019 Liberatori firmó un fallo que obliga al gobierno porteño a resolver la falta de vacantes en la escuelas. En ese entonces se calculaba que eran unas 20.000, pero hoy serían más. También le exigió que explicite cuáles son las 54 escuelas nuevas que Larreta dijo haber construido ya que, según advertía su sentencia, en realidad se trata de las mismas que promocionan desde 2008, cuando Macri era jefe de gobierno. La causa fue impulsada por la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores). El fallo fue confirmado el año pasado en Cámara. Larreta nunca acató. Otro fallo incumplido de la misma jueza es el que encomendó reparaciones en la escuela Jorge Donn cuatro años, que nunca fueron terminadas.
* Sobre cuestiones del ámbito educativo hay otros fallos incumplidos de la jueza Patricia López Vergara. Una medida cautelar que responde a un reclamo colectivo para que los colegios privados acepten chicas y chicos con discapacidad. La orden para otorgarle vacante a un niño de un año para garantizar el derecho de acceder a la educación desde los 45 días de edad. También emitió una resolución, incumplida, para que los jueces y juezas de Comodoro Py dejen de estacionar sus lujosos autos en la calle de la escuela de la villa 31. Una sentencia de Gallardo había ordenado incorporar a un trabajador de la educación a la planta docente. Es un caso de 2015, por el cual este año se le impuso a la ministra de Educación Soledad Acuña una multa diaria por no acatar.
* Tampoco se cumplió el fallo de Gallardo de 2018 que ordenó implementar un sistema de acceso a las estaciones de subte que carezcan de escaleras mecánicas y/o ascensores para personas con discapacidad o incapacidad motriz. El juez fijó una multa y explicó que más del 15% de escaleras y ascensores no funcionan. En otra causa resolvió que las y los pasajeros en general viajaran gratis cuando no funcionaran esos accesos, pero Subterráneos de Buenos Aires logró apartarlo del expediente.
* El gobierno porteño no cumplió con una sentencia, en este caso definitiva, ratificada por el TSJ, que ordenaba tomar medidas para revertir la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24, en una demanda que tiene 12 años de existencia, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En junio último un incendio y una explosión volvieron a poner el tema sobre el tapete.
* El asesinato de la agente de tránsito Cinthia Choque, de 28 años, en 2019, y las heridas sufridas por su compañero Santiago Siciliano, de 30, cuando fueron embestidos por el auto que manejaba a toda velocidad Eugenio Veppo, pusieron al descubrieron la precarización de estos trabajadores de la seguridad porteña. De un total de 2800, solo 30 por ciento se supo que integraba la planta permanente y el resto eran monotributistas. Tiempo después, a raíz de la desvinculación de un grupo de agentes, la jueza López Vergara ordenó su reincorporación y el pase a planta transitoria. También indicaba el cumplimiento de derechos laborales con la regularización, ya que no cuentan con obra social, ART, aguinaldo, licencia y ni ninguna clase de protección. La cautelar es de 2020 y no fue acatada.
* Varios fallos sobre derecho a la vivienda son ignorados sistemáticamente por Larreta. En 2018 integrantes del colectivo trans iniciaron una demanda y el juez Gallardo dictó una cautelar para que se les otorgue un subsidio suficiente para acceder a una vivienda digna y que se cree un plan de empleo para este colectivo que –argumentó– se encuentra en situación de vulnerabilidad social, sin condiciones de vivienda digna, ni acceso al mercado formal de trabajo, con baja expectativa de vida y el padecimiento de discriminación por identidad de género. A Gallardo lo apartaron y otro juez, Martín Converset, dijo que las políticas habitacionales en la ciudad eran suficientes. En otras causas, como la que impulsó Norma Quirós, la Cámara confirmó la orden de Gallardo de proveerle un subsidio para que ella y sus hijos puedan pagar un alojamiento digno. Este mes se ordenó el embargo del dinero al gobierno porteño por el incumplimiento. En el caso de la familia de Flor Cecilia Asto Aranda, para quien también se ordenó un subsidio habitacional, en noviembre fue intimado el Ministerio de Desarrollo porteño.
*Irina Hauser @Irihauser: Periodista especializada en temas judiciales.
Fuente: Página/12
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La tarea hoy: reformular la Argentina
Mempo Giardinelli*
16 de enero de 2023
. Imagen: Bernardino Avila
Al inicio del nuevo año el pueblo argentino vive en un tembladeral. Sobran egoismos y ambiciones desmedidas, la Constitución Nacional es casi un libraco inútil y las llamadas «instituciones» son burladas a diario por muchos que deberían cuidarlas y hacerlas respetar, pero en cambio las acomodan al servicio de ambiciones, negocios y cargos personales. Así se aceptan acuerdos y prácticas corruptas, y no se vacila en mentir y ceder soberanía en favor de gobiernos y empresas extranjeras que ven a esta República como un mero paraíso de oportunidades de negocios y explotaciones sin control.
Por eso son cipayos los que entregan Soberanía, abusan de la Democracia y ponen en riesgo la Paz. Así ha venido siendo en muchos tramos de nuestra Historia, y particularmente durante los gobiernos de Menem y de Macri y sus respectivas pandillas. Por encima de ideologías –si acaso las tuvieron– su verdadera vocación y práctica se redujo a mentir y robar, endeudando a la Argentina en beneficio de patrones, bancos y fondos foráneos. Práctica que continúa y con la que endeudaron y engañaron a nuestro pueblo enancados en un sistema comunicacional perverso que distorsiona la verdad y destruye cerebros.
Es claro que no se dice aquí nada nuevo, pero sirve para subrayar la indignante burla de ese sistema a millones de compatriotas, ciudadanos y ciudadanas que no saben o no pueden resistirse, porque no saben qué y cómo los engaña.
Por lo menos la mitad de los casi 50 millones que somos ha de ignorar que vive en uno de los 5 territorios más ricos del mundo. Y que su pobreza, desamparo y creciente desazón serían fácil y velozmente corregibles con políticas públicas. Y que el hambre, la violencia y el embrutecimiento que no dejan de crecer, no son un destino y mucho menos inevitable. Y que es posible mejorar la vida en todo país, y sobre todo en éste, y para ello hay que desplazar a dirigencias corruptas.
Un país roto como el nuestro es, también, producto del estúpido abandono de un sistema educativo que educó y capacitó a millones de niños y jóvenes de varias generaciones, pero que hoy se ha degradado al punto de que la Argentina debe ser hoy el único país del planeta con 24 ministerios de Educación. Y seguramente más en las provincias que municipalizan enseñanza y magisterios. De donde el conocimiento en democracia ya ni está al borde del abismo, sino despeñándose de manera ominosa. Como lo está casi todo en este país que duele por donde se lo mire con ojos sinceros.
Es en estos contextos que indigna la pérdida de soberanía en casi todo el territorio nacional. Y esa pérdida no es simbólica sino concreta: hasta hace pocos años este país era maravilloso en su virginidad y equilibrio, sobrado de bienes naturales y asentado sobre el tercer acuífero más rico del mundo.
Hoy en cambio, y sólo como ejemplo, se comete la estupidez de traer empresas israelíes para «tratar» nuestras aguas, lo que delata posibles negociados ya que la Argentina tiene capacidad tecnológica propia para cuidar sus aguas.
Y así sucede con casi todo: el agro, el petróleo y también el oro. El litio y la plata y el cobre y el uranio. Los bosques y los ríos y nuestro magnífico Atlántico Sur donde pescan de todo y sin control naves-factoría de todo el mundo, mientras acá sobran lobbies para impedir el desarrollo de la nación pesquera que también podemos y debemos ser.
Todo conduce a revalorizar y reposicionar el concepto de Soberanía, que se asienta sobre tres ejes fundamentales que definen a las naciones verdaderamente libres del planeta: la Bandera, el Himno y la Moneda nacionales. Desde esos ejes se custodian las fronteras territoriales en casi todo el mundo, junto con la Educación, la Salud y el Trabajo, que son base de toda organización social. Y eso es lo que cipayos e invasores vienen destruyendo por lo menos desde los criminales bombardeos aéreos sobre Buenos Aires el 16 de Junio de 1955.
Esa, enorme y magnífica, es la tarea a poner en marcha por el pueblo argentino. Tarea política, claro, porque impedimentos e imposibilidades tienen nombres y apellidos, de personas y corporaciones. De donde –resultante obvia– este país está en manos de personas, empresas e instituciones que no lo aman, ni a su gente, y por eso en lugar de servir se sirven. Y así el engaño y los negocios privados al servicio de mandantes extranjeros son, de hecho, la vida cotidiana misma de este país. Porque se ha destruido el federalismo que dio origen a la otrora orgullosa República Argentina. Porque la Constitución Nacional está anulada por sus custodios naturales. Y porque lo que hoy vive la ciudadanía es un mix de engaños, macaneo, extranjerización, bronca contenida y Soberanías degradadas.
Las esperanzas no se construyen solas. Es la ciudadania la que debe imaginarlas, planearlas, organizarlas. Y especialmente custodiarlas. O sea, al revés de lo que pasa en este país, donde cualquiera sabe que si el porvenir depende de nombres y figuras desgastadas, y objetivamente la mitad de ellas peligrosas para la Democracia y la Paz, el futuro seguirá negro.
Ahora mismo, en la lista de apellidos que se barajan para el próximo recambio gubernamental, no aparece ninguno nuevo ni esperanzador. De hecho los nombres en danza sólo aseguran más entrega y más renuncias de soberanía. Lo que sólo garantiza la profundización del despeñadero: seguir sometidos a una deuda infame que nuestro pueblo no contrajo pero crece a lo bestia.
Y otro problema es que, en el damero político actual, falla la coordinación de fuerzas. Está a la vista que en la realidad concreta no hay organización ni liderazgos. Basta ver el gabinete presidecial que integra el cristinismo que apoya a Massa y ahora al neoliberal Sr. Aracre.
Como señala el experto en comunicaciones Néstor Piccone, «un mejor gobierno en 2023 requiere de una unidad electoral que hoy no se ve». Y añade un dato grave que se repite como calcado de 2019: «Las provincias adelantan sus elecciones y los gobernadores aseguran sus territorios ante la falta de candidato/a nacional». Eso les permitirá ganar con alianzas variopintas para después ver a quién apoyan en la presidencial. Al cierre de esta nota ya hay más de una docena de provincias en esta línea. También es por eso que no hay unidad para enfrentar a la Corte.
La hipótesis de este texto, entonces, es que faltan candidaturas diferentes, nuevas, inesperadas y, sobre todo, sólidas moralmente. Intachables. Integradas por ciudadan@s con probada vocación patriótica.
Es claro que existen, y eso también configura la esperanza de que, por una vez, la ciudadanía vote confiando en que no será traicionada como fue norma en este país.
Por todo esto es esencial la resistencia como tarea. Porque la Argentina sí tiene solución. Hay muchísimo por hacer y se puede –y se debe– hacerlo. Hay mucha gente capaz y honesta, y en la lucha soberanista son muchísimos. Es mentira eso de que no hay argentinos capaces y honrados, con la transparencia de Evita o de Alfredo Palacios; de Arturo Illia o Ernesto Guevara, Julio Cortázar, María Elena Walsh y tantos más. Hoy también hay patriotas. Y la Soberanía es su trabajo. Y es urgente.
¿Que en este texto sobra idealismo? Claro que sí. No hay otra manera de reinventar una Patria. ¿O cómo creen que empezaron San Martín, Belgrano, Juana Azurduy o Simón Bolívar?
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