Más allá de la forma que adquiera en cada región, la lucha contra el extractivismo es una sola. Así lo entienden asambleas socioambientales, artistas, académicos y activistas autoconvocados a nivel nacional que confluirán los días 22 y 23 de octubre en Andalgalá. Esta ciudad catamarqueña, emblema de la lucha antiminera, será sede del Festival para los Pueblos: Puentes de Agua. Convocado por la asamblea El Algarrobo y el pueblo de Choya, en el departamento Andalgalá, buscará delinear estrategias colectivas en defensa de los bienes comunes y los derechos humanos. El festival-encuentro comenzó a tomar forma el 30 de mayo pasado, cuando se sumó un eslabón más a una larga cadena de violencia de la “santísima trinidad” de empresarios, Gobiernos y Poder Judicial. Aldo Flores y Enzo Brizuela, integrantes de El Algarrobo, fueron detenidos y judicializados por militar contra el proyecto minero MARA, de Yamana Gold, Glencore y Newmont, que planea extraer oro, cobre, molibdeno y otros minerales del yacimiento Agua Rica, en el cordón montañoso del Aconquija. No son los únicos: hay cerca de cien causas judiciales contra los que luchan para que su lugar en el mundo no sea zona de sacrificio. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).
En Catamarca, una de las cunas del extractivismo, Puentes de Agua agrupará a activistas contra la exploración sísmica en el mar, la megaminería metalífera y de litio, el agronegocio, las quemas intencionales, el fracking, la deforestación y los grandes proyectos inmobiliarios. “Es una sola lucha colectiva porque nos une el agua y el amor por nuestros territorios”, dice Ana Chayle, periodista e integrante de El Algarrobo, en diálogo con Emergencia en la Tierra. “Cada gotita de agua que vamos sumando a este río que nos alimenta es importante”, agrega la antropóloga Luciana Fernández, de Ancasti por la Vida, que denuncia el boom del litio en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.
Un festival para fortalecer las luchas
“En este escenario tan perverso, donde poco vale la vida de las personas –y ni hablar las otras vidas no humanas–, no queda otra que unirse”, reflexiona Chayle. El sábado 22, tras la tradicional caminata por la vida, habrá un festival artístico-musical en la plaza principal de Andalgalá, a diecisiete kilómetros de donde se ubica el proyecto MARA.
“El arte abraza y fortalece, pero también es una herramienta de lucha”, dice la asambleísta. Puentes de Agua contará con la presencia del cantautor santafesino Jorge Fandermole, el multiinstrumentista y compositor Carlos Aguirre y el músico Ale Ciancio desde Entre Ríos, las copleras tucumanas Lorena Carpanchay y Andrea Mamondes, el grupo santiagueño Camaleónicas –que conjuga música, canto y danza–, y desde Catamarca Karina Martinelli, Semillas Libres y la banda de rock La N*N, oriunda de Andalgalá, que acompaña la lucha desde el inicio.
En paralelo habrá feria de artesanos, productores rurales, intercambio de semillas, proyección de documentales y muestras fotográficas. También está prevista la visita de un contingente a Choya, un distrito de Andalgalá que, como veremos más adelante, sufre directamente la operación de las multinacionales.
Del encuentro del domingo 23 surgirá un documento común para visibilizar los conflictos y proponer alternativas al modelo extractivista impuesto sin licencia social. Chayle afirma que “servirá para fortalecernos, algo que necesitamos tanto en estos tiempos”.
El proyecto MARA organiza visitas guiadas, pero su operación sigue siendo ilegal.
El agua de los ricos
La lucha contra la megaminería en Andalgalá no comenzó con MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), sino a finales de la década de 1990, cuando se instaló en sus cerros el yacimiento Bajo La Alumbrera. En 2009, con la noticia de Agua Rica, se fundó El Algarrobo.
Puentes de Agua llega en un momento crítico de la lucha. “Lo que hasta hace poco más de un año era una amenaza hoy es una realidad. El proyecto MARA está hoy operando en nuestro cerro en la etapa de exploración avanzada”, explica Chayle.
Fue en abril de 2021 cuando empezaron a subir ilegalmente las máquinas perforadoras a metros de un glaciar, desatándose una “cacería” contra quienes se opusieron. Las fuerzas policiales allanaron violentamente domicilios, detuvieron a decenas de activistas y los acusaron sin pruebas de incendiar oficinas de Agua Rica y el PJ tras la caminata por la vida número 583.
Aun en fase de exploración, el daño que produjo este proyecto, bautizado MARA en diciembre de 2020, ya es irreversible. El paisaje de la Sierra del Aconquija está siendo destruido por la huella minera y sus pasivos ambientales. Por las perforaciones realizadas cerca de las cuencas, está amenazado el “tanque de agua” que varias comunidades usan para consumo y agricultura. La exploración avanzada es la etapa previa a la explotación propiamente dicha, ejecutada con una técnica destructiva que Chayle conoce bien: “Es la generación de un enorme pozo llamado open pit en el que se utilizan gran cantidad de explosivos, químicos y muchísima cantidad de agua, que se les quita a las comunidades, la naturaleza y la biodiversidad”.
También apunta a los daños en la salud humana: “A fines de marzo gran parte de la población de Choya se enfermó con problemas gastrointestinales. Según pudieron saber cuando fueron al hospital, esto tendría relación con el agua que estaban consumiendo”.
Lo comprobaron al mes siguiente, cuando montaron un acampe en Minas Capillitas, uno de los accesos a Agua Rica a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Previa autorización del Gobierno de Raúl Jalil, las mineras habían construido en la cuenca del río Choya una escombrera enorme. Es “aberrante”, dice Chayle. “No se puede construir un basurero donde hay un río”.
La “dictadura minera” arremetió con saña contra el acampe y bloqueo con el que los pobladores buscaban evitar el ingreso de personal e insumos. La represión del 3 de mayo no tuvo otro fin que garantizar la ilegalidad de las empresas y sirvió como antesala de una persecución policial y parapolicial.
Mientras a una joven que registró la represión le secuestraron su teléfono, una patota prominera dispuso su propio acampe. “Ese grupo parapolicial estuvo varios meses apostado muy cerca del lugar donde acampan los vecinos de Choya, y de hecho hace algunas semanas llegaron a amenazarlos con un hacha y piedras”, detalla la referente de El Algarrobo. Aunque presentaron fotos y videos, el fiscal Martín Camps no ordenó medidas para identificar a estas personas.
Este panorama “desolador”, como lo define Chayle, no cancela la poderosa voluntad de lucha que caracteriza a los andalgalenses desde hace décadas. “Estamos juntando fuerzas y reagrupándonos en la defensa del territorio. Tengo la certeza de que este proyecto no se va a llevar a cabo porque Andalgalá es un pueblo despierto y no lo va a permitir”.
Convocatoria oficial de Puentes de Agua.
Festival de ilegalidad minera
Chayle es categórica: el Poder Judicial y el Gobierno de Catamarca trabajan para las empresas. Mientras reprimen y criminalizan activistas, el proyecto MARA sigue atentando contra los derechos humanos al agua, a un ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos. La integrante de El Algarrobo enumera leyes y normas que MARA no respeta:
- El artículo 41 de la Constitución, que consagra el derecho a un ambiente sano.
“Megaminería y ambiente sano no son compatibles”, dice. Contamina el agua, el aire y el suelo por el uso de químicos y explosivos. “No hay pueblo que haya sobrevivido sin agua”.
- La ley general de ambiente.
MARA no deja aspecto de esta legislación ambiental sin quebrar. Chayle menciona dos: la información se conoce cuando el daño está hecho y no se respeta el principio precautorio, que impide que se desarrollen proyectos cuando exista peligro de daño grave o irreversible.
- La ley nacional de glaciares y ambiente periglaciar.
Diferentes organismos oficiales constataron la presencia de geoformas en El Aconquija.
- La Ordenanza 029/2016, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o por galería en la cuenca alta del río Andalgalá.
Sigue vigente pese al fallo de diciembre de 2020 que la declaró inconstitucional. Este fue apelado por el municipio de Andalgalá y El Algarrobo. “Hasta que no se tiene la última palabra se supone que deberían respetar los tiempos procesales”, reclama.
- Las resoluciones que prohíben que los caminos comuneros sean utilizados como huella minera.
- La ley de bosques nativos.
Alberto Fernández visitó proyecto de litio en Catamarca | Foto: Presidencia.
Monólogo violento y quiebre social
“Los pueblos no hablan con violencia”, afirma Chayle. Sin embargo, es el “modus operandi” escogido por los Gobiernos –“aquí no hay grieta”, aclara– y las cámaras empresariales mineras para imponer el modelo extractivista.
Esto no impidió que el 2 de mayo la gestión Fernández, embanderada con la “minería sustentable”, intentara una pose dialoguista que quedó desbaratada menos de veinticuatro horas después. El lanzamiento de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) fue la antesala de la represión contra los vecinos de Choya.
La Memac reunió a funcionarios y gobernadores extractivistas como el catamarqueño Jalil con agrupaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima. En agosto esta última, que había sido duramente cuestionada por las asambleas territoriales desde el norte a la Patagonia, denominó “misión a Catamarca” una visita fugaz junto a funcionarios de la Dirección Nacional para el Acceso a la Justicia. Ahora, en cambio, JOCA no forma parte de la convocatoria de Puentes de Agua.
Al respecto, Chayle recuerda que en aquel momento las asambleas socioambientales firmaron una declaración donde rechazan la “farsa” de la Memac y dejan “muy en claro que esta agrupación Jóvenes por el Clima no representa a las comunidades que estamos sufriendo la dictadura megaminera”.
La megaminería también dispara conflictos al interior de las comunidades. Desde Ancasti, una sierra al este de la ciudad de Catamarca, Luciana Fernández lo llama “quiebre social”. Habla de una “doble estrategia”: por un lado, el lobby minero difunde argumentos falaces y compra voluntades; si esto falla, el plan B es “intimidar y atemorizar”. La división surge cuando un sector acepta, ya sea por plata o miedo a represalias.
Entre las voluntades compradas, la antropóloga menciona a los profesionales que firman informes de impacto ambiental –“una lista de mentiras sin sustento”– que permiten a los Gobiernos dar luz verde al avance minero. “Ni siquiera cuentan con líneas de base, con estudios de lo que va a provocar la instalación de esos emprendimientos en los territorios”.
Flamenco muerto en la vega de la laguna Diamante | Foto: asamblea Pucará.
“Los salares son humedales”
La economía regional y la vida en Antofagasta de la Sierra dependen del río Los Patos, la fuente de agua dulce más importante del Salar del Hombre Muerto. Se teme que este “oasis en la puna” corra la misma suerte que el río Trapiche, que la minera norteamericana Livent secó tras veinte años de “canilla libre” para su emprendimiento de litio. En quince días usa la misma cantidad de agua que la población de Antofagasta en todo un año.
Fernández relata que el boom de proyectos de megaminería metalífera y de litio a partir de 2017 puso en alerta a la comunidad, dando origen a Ancasti por la Vida. Ahora son ocho y no una sola las mineras que van por el agua de Los Patos: Fernández lo describe como “un mate con muchas bombillas”. Galaxy es otra empresa autorizada a extraer el litio del salar y el agua del río, mientras que el proyecto de Posco está “muy avanzado”.
Es “una minería de agua”, sostiene la referente de Ancasti, porque utiliza millones de litros de agua dulce y salada. “Lo que el Gobierno y las empresas contemplan como mineral, que es la salmuera, en realidad es agua con grandes concentraciones de sal, y después por supuesto necesitan muchísima agua dulce para lavar la sal y obtener el litio”, explica.
Fernández habla del río Los Patos como la “víctima principal” del “ecocidio” en el Salar del Hombre Muerto. Es un crimen por el valor intrínseco del río, dice la antropóloga, mientras subraya la importancia de los humedales de altura. Hay que dejar de verlos como desiertos, ya que contienen reservas hídricas fósiles: “El 98 % del agua en la puna está bajo tierra”.
En tiempos de emergencia hídrica, su destrucción genera un impacto global irreversible. Al secarse la vegetación de los humedales altoandinos el planeta también pierde sumideros de gases de efecto invernadero claves para mitigar la crisis climática.
Río Los Patos | Foto: Luciana Fernández.
Transición empresarial
Fernández descree de los relatos que ubican al litio como “salvador planetario” por su rol en la transición energética. “Lejos de mitigar los efectos de la crisis climática, los agudiza”. Con el precio del recurso por las nubes, la referente de Ancasti por la Vida considera que mineras y Gobiernos “son capaces de cualquier cosa para obtenerlo”.
Más allá del marketing, el litio tampoco “salva” al país en materia económica, apunta la asambleísta. Tras dos décadas de megaminería, en Andalgalá y Antofagasta de la Sierra “ni siquiera funcionan los hospitales o hay transportes”. Por ello le resulta paradójico que se hable de que el litio generará electromovilidad individual y colectiva. ¿Para quiénes? En Antofagasta hay apenas un colectivo por semana hacia Belén.
La “transición empresarial” de la que habla Fernández abarca un circuito más amplio que el del litio. Las baterías de los coches eléctricos también demandan cobre, tierras raras y cobalto, para cuya extracción deben destruir otras regiones del globo.
Mientras la riqueza se concentra en cada vez menos manos, los pueblos, hundidos en la pobreza, son obligados a vivir en territorios saqueados y destruidos. La antropóloga está convencida de que “el extractivismo no nos salva de ninguna crisis”. El interrogante es qué tipo de transición alternativa propondrán las comunidades.
Foto: Soledad Castro | @lobisfemina.
“Estamos unidos por el agua”
Ancasti por la Vida, El Algarrobo y otras asambleas catamarqueñas en lucha contra el extractivismo se unen en Pucará, la “asamblea de asambleas”, como la define Fernández, “un espacio donde nos apoyamos para continuar con la resistencia”.
Chayle suma en la misma sintonía: “Tenemos que actuar y activar de manera colectiva porque estamos unidos por el agua, por la defensa de nuestros bienes comunes”. Para ella el extractivismo es “un solo monstruo con diferentes caras”.
El 22 y 23 de octubre participarán No a la Mina Esquel, Red Trasandina de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro, Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Museo del Hambre, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Multisectorial Provincial Paren de Fumigarnos (Santa Fe), la Multisectorial de Humedales de Rosario y la Dirección Nacional de Políticas Socioambientales de la CTA Autónoma.
El extractivismo tiene poder político, económico y mediático. En los territorios creen que hay otros modelos de desarrollo por los que pelear. Chayle tiene esperanzas: “Así como ellos tienen el poder de la violencia, los pueblos, las asambleas y las organizaciones tenemos otro poder dado por la fuerza y la unión de todas y todos. Es urgente unirnos en una sola lucha y avanzar para vencer”.
Tomado de Anred.org
https://www.getrevue.co/profile/valeriafgl/issues/el-agua-une-andalgala-recibe-a-activistas-socioambientales-de-todo-el-pais-emergenciaenlatierra-1379724
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