La revolución reaccionaria. Sobre la ultraderecha argentina y su proyecto (abyecto)
26DIC23
La ultraderecha que, en Argentina, asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2023 está implementando con celeridad un ajuste ortodoxo, confeccionado a medida de los grupos económicos concentrados y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un ajuste cuyos costos –altísimos, tal vez insoportables para buena parte de la población– ya se hacen sentir sobre extensas franjas de la pequeña y mediana burguesía y, especialmente, sobre los sectores medios, las clases trabajadoras, las jubiladas y los jubilados. Pero el ajuste dista de ser el objetivo principal del gobierno de la ultraderecha.
No se trata solo de un plan de ajuste, estamos frente a un plan de reformas estructurales (en contra del trabajo y a favor del capital) mucho más radical que el implementado durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1999). Estamos frente a una revolución reaccionaria, la más ambiciosa desde la Dictadura Militar (1976-1983). La ultraderecha aspira a la refundación de Argentina en una clave capitalista neoliberal, colonial, pro-imperialista, racista, patriarcal y misógina; anhela una “occidentalización” a fondo de nuestra sociedad. Definitivamente, estamos frente a una calamidad ético-política.
El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) presentado el 20 de diciembre de 2023, entre otras cosas, plantea: una remodelación a fondo de la sociedad argentina conforme al mercado, una profundización del proceso de expansión de la gubernamentalidad neoliberal, un asalto a los restos de la soberanía nacional y del Estado Benefactor. El DNU disuelve instituciones protectoras del trabajo, de lo público y lo común; destruye buena parte del patrimonio institucional y moral de la Nación a la que ofrece como botín; sanciona el principio de desigualdad invocado por los autores favoritos del presidente.
El DNU expone al conjunto de la sociedad argentina, en especial a los sectores más vulnerables, a la voracidad de los grupos económicos mas concentrados y poderosos que ahora, gracias al mismo DNU, cuentan con mejores condiciones para cartelizarse. En fin, “paradojas” de la libre competencia. Con el guión de Federico Sturzenegger, superministro sin cartera y con un currículum espeluznante, con el asesoramiento de las grandes empresas y sus estudios jurídicos más íntimos, el DNU es música para los oídos de Techint, Arcor, Ledesma, Mercado Libre, La Anónima, el JP Morgan, las empresas de medicina prepaga, las grandes petroleras, Farmacity, etcétera.
El tono abiertamente provocador de las figuras más prominentes del gobierno, la retórica violenta desplegada desde el primer día, la apelación a la “pacificación” de una sociedad que está muy lejos de cualquier situación de guerra, las inflexiones que remiten a una venganza clasista sin mediar impugnaciones de fuste, anuncian que no habrá espacio para las medias tintas. La violencia para la ultraderecha ya no es la última ratio, la “razón exasperada”, como la llamaba José Ortega y Gasset; ahora ha pasado a ser la prima ratio: una verdadera sinrazón anticomunitaria, pura crueldad. La revolución reaccionaria ha declarado la guerra a los resabios más democráticos y piadosos del “antiguo régimen”: a la regulación estatal, al “colectivismo”, al “progresismo”, al “marxismo cultural”, al “feminismo”, etcétera.
Estamos frente a un plan de disciplinamiento social. La revolución reaccionaria, revolución al fin, buscará imponer su propia racionalidad. No se ajustará a las reglas y a las normas jurídicas. La revolución reaccionaria se perfila como un golpe de Estado ininterrumpido. Asimismo, todo indica que buscará extender el autoritarismo al conjunto de la sociedad, hasta naturalizarlo.
Reconocer sin ambages esta dimensión revolucionaria de la ultraderecha es el punto de partida imprescindible para pensar-hacer los modos de resistirla y, sobre todo, para vislumbrar las alternativas a la misma.
¿Qué hacer frente a una revolución reaccionaria? ¿Nos limitamos a defender un orden imperfecto (la democracia “liberal”, el “capitalismo con inclusión”) porque nos espanta la alternativa que está curso? ¿A quién puede seducir la idea de barnizar con falso humanismo esta democracia? ¿Acaso no sería mejor luchar contra la revolución reaccionaria reivindicando nuestra propia alternativa revolucionaria o, como mínimo, asumir una posición defensiva, firme e intransigente, respecto de los viejos derechos (los usos “arcaicos”, las costumbres “antiguas”, todos los vínculos sociales no colonizados por la mercancía), pero reivindicados como regiones a resguardo de la desintegración que impulsa el capital y como punto de partida de un proyecto verdaderamente emancipador que permita liberarse de la mera vida, de la vida de mierda?
La moderación, los lenguajes indirectos que buscan evitar la confrontación, los modos suplicativos, la opción por una defensa “negociada” del “antiguo régimen”, no parecen ser las mejores respuestas frente a una revolución reaccionaria. Los afanes de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales centrados en la dirección de “procesos ordenados”, su acostumbramiento a los automatismos que garantizan la gobernabilidad del sistema (y que no ahondan demasiado en el sentido de esa gobernabilidad), junto al fervor institucionalista de las izquierdas y los progresismos, solo servirán para que las clases subalternas y oprimidas pierdan un tiempo vital. La apelación a lejanos calendarios electorales como instancias destacadas para la intervención política es, en esta coyuntura histórica aciaga, lisa y llanamente, una canallada.
Mientras tanto, la ultraderecha avanza instituyendo sus propios standards en diversas materias. Sabe que fue importante pero no suficiente la batalla que ganó en las urnas, por eso se apresta a librar las batallas más significativas aprovechando al máximo la cuota de legitimidad que le dieron los votos, antes de que se disipe con los efectos del ajuste.
La ultraderecha trabaja para construir legitimidad, a su modo, apelando a los emplazamientos reaccionarios realmente existentes, a la vocación de los verdugos sociales, a la ilusión del emprendedorismo, a los pliegues más sádicos, insensibles, indiferentes y mezquinos de esta sociedad. Pero también canaliza a su favor algunos deseos legítimos de las y los de abajo, por ejemplo, el deseo del trabajo de liberarse del mando del capital, o el deseo de “des-intermediación”, entre otros. Ya sabemos que hará la ultraderecha con esos deseos: desarrollará nuevas formas para sojuzgar al trabajo y para crear nuevas categorías de sujetos desechables, reemplazará las intermediaciones estatales por las intermediaciones mercantiles (pagas y de peor calidad).
Es evidente que ultraderecha sacó provecho de la situación de sectores de las clases subalternas y oprimidas inhibidos a la hora de pensar su diferencia respecto de las clases dominantes, sectores por fuera de la conflictividad tradicional y tipificada, una parte del pueblo que tampoco fue interpelada por las izquierdas y por los progresismos que se mostraron incapaces de dar cuenta de las nuevas formas de la conflictividad social, con escasa predisposición a escuchar a los nuevos sujetos plebeyos (inasibles, “mutantes”) y a atender sus particulares valoraciones de motivos y experiencias de goce. Claro está, la enunciación conservadora y “populista”, la celebración del falso igualitarismo, dejó un terreno más que propicio para el individualismo envidioso y deprimente. ¿Se puede resistir la ofensiva de la ultraderecha apelando a una recomposición del mando “tradicional” del capital? ¿Acaso servirán las representaciones moralizantes del trabajo para resistir la ofensiva de la ultraderecha? Lo mismo cabe preguntarse respecto de la representación política tradicional.
Es imperioso disputarle a la revolución reaccionaria la inteligencia estratégica del presente y las formas fundamentales de comprensión de la realidad. Hay que hacerlo sin dilaciones, en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo. Debemos producir “espacios vivientes” en las escalas micro y macro: espacios afectivos, deliberativos y ejecutivos. Tenemos que aumentar nuestro poder reflexivo por la vía de las reflexiones combinadas y lanzarnos a la reconquista de las regiones subjetivas colonizadas por la ultraderecha. Las circunstancias exigen la promoción de los círculos virtuosos entre lo espontáneo y lo organizado. Necesitamos de nuevas lenguas aglutinantes.
Tal vez el impulso popular, la fuerza de la política profana y profanadora, contribuya a que las dirigencias sindicales, sociales y políticas dirijan, o sea: a que señalen un horizonte, en lugar de surfear la realidad. Un horizonte que valga la pena, uno que no se limite a la “inclusión” en el mercado capitalista y a una ciudadanía de segunda. Un horizonte de confrontación con las clases dominantes. Un horizonte y un rumbo. Debemos obturar sistemáticamente cualquier manifestación del sentido de venganza horizontal promovido por la ultraderecha con el fin de canalizar la agresividad social. La fórmula de “la gente de bien” no hace más que postular una configuración intraclase del (falso) enemigo y, por lo tanto, su cometido es la producción de paranoia entre iguales.
El tiempo apremia y debemos apurarnos. Si el gobierno de la ultraderecha consigue que el conjunto de la sociedad lo perciba como la ultima trinchera frente a una catástrofe mayor, si despliega alguna capacidad para mantener oculta la brecha que separa el mito liberal de la realidad, si consolida la insustancialidad semántica y convence a la mayoría de la sociedad argentina de las ventajas de “democratizar” la desigualdad y la injusticia, si gana terreno la figura de “la casta” como chivo expiatorio polisémico y abstracto (como aquello que debe ser castigado), si no logramos desestatizar y recomponer desde abajo significantes como “militante”, política”, “cambio social”, “poder popular”; si triunfa la política de cosificación impulsada desde el ministerio de “capital humano” (nombre distópico si los hay y, además, un oxímoron), si el gobierno de la ultraderecha logra gestionar la crisis (no tanto la heredada, sino la que está provocando deliberadamente) combinando dosis parejas de asfixia y miedo, las posibilidades del “campo nacional-popular” de frenar esta revolución reaccionaria serán mínimas, por lo menos en el corto plazo. Después, seguramente, costará mucho más salir del fondo del infierno.
*Lanús, 1966. Profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Lanús (UNLa). Escritor, autor de varios libros publicados en Argentina, Venezuela, Chile y Perú, entre otros: Piqueter@s. Breve historia de un movimiento popular argentino; ¿Qué (no) Hacer? Apuntes para una crítica de los regimenes emancipatorios; Introducción al poder popular (el sueño de una cosa); El socialismo enraizado. Colaborador de la página Contrahegemonía.web. Colaborador habitual de Herramienta; su libro Poder popular y nación. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo fue publicado conjuntamente por Ediciones Herramienta y El colectivo en 2011.
Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO
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DNU: la angustia de quienes deben renovar el alquiler y se enfrentan a condiciones imposibles
Inquilinos al borde del abismo
Aunque el decreto aún no rige, en los hechos la Ley de Alquileres ya caducó. Cifras desmedidas, contratos en dólares o por dos meses. Testimonios de la desesperación.
Son miles y miles. Son personas que deben renovar el alquiler en el corto o mediano plazo. Y con el DNU del presidente Javier Milei quedaron en el desamparo total. El decreto no está vigente todavía, pero en los hechos la Ley de Alquileres ya no se aplica. El «acuerdo entre partes» tiene una sola de ellas en condiciones de poder: cada propietario o inmobiliaria ya impone sus propias reglas y condiciones. Para un tres ambientes ya se está pidiendo un valor de 500.000 pesos mensuales. Y hay propuestas de contratar por dos meses «y después charlamos».
Los inquilinos, en tanto, se enfrentan a situaciones extremas. Volver con los padres, irse con los suegros —con hijos y cónyuge—, compartir con amigos más o menos cercanos o directamente desconocidos, y hasta irse un geriátrico aunque se esté en condiciones de valerse solo o sola. “O debajo de un puente”, llegan a decir. Incluso se darán situaciones de cesación de pagos y juicios de desalojos, anuncian los abogados especializados en el rubro, como consecuencia de esta desregulación salvaje. “Estamos ante una situación de catástrofe nunca vista en la Argentina”, advierten.
Natalia Soraire vive en Salta, es referente de la Asociación de Inquilinos de esa provincia. Tiene una hija en la escuela primaria y un trabajo informal. Cuando perdió su empleo formal, en pandemia, ya no pudo volver a alquilar: “Me desalojaron y tuve que vivir un tiempo en la calle, con mi hija, hasta que fuimos a una toma de terrenos, donde éramos 1800 personas. Queríamos tener un techo y ahí empecé a militar la Ley de alquileres y la Defensoría de Inquilinos que pusimos en marcha. Pero ya no pude alquilar un lugar en condiciones, en regla y legal”.
Natalia vive en una habitación, con terraza, sin gas natural. “La dueña no se hace cargo de nada”, reclama. “Me han subido el alquiler de 7500 a 35.000 pesos. Ahora piden 180.000, quieren que nos vayamos. Ya han desalojado a otros inquilinos y las personas tienen miedo por lo que quieren cobrar, tienen hijos y saben que los quieren desalojar”.
Unas 30 personas por día atiende Natalia en la Defensoría. Como Salta es una zona turística, corren alquileres en dólares, y las mineras tienen prioridad entre los contratos formales. Pero la desesperación y la consulta permanente a las agrupaciones de inquilinos se da en todo el país.
La patria que alquila
Desde Córdoba, el abogado Maximiliano Vittar, referente de la Agrupación Nacional de Inquilinos define al DNU como una medida de gravedad “porque obliga al inquilino a negociar en una condición de aparente igualdad”. Y lo empuja “directo a la calle, víctima de la voracidad del mercado inmobiliario” que le otorga todo el poder a quienes ya lo tienen: los propietarios y las inmobiliarias.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostiene: “Esto va a ser una masacre”. Renovar será una excentricidad a partir del DNU que entraría en vigencia el 28 de diciembre. Se precariza la situación habitacional y queda indefensa la gran patria de inquilinos: unos 9 o 10 millones de personas. El mercado de alquileres en la Argentina se hunde a partir de esto en arenas movedizas, nada más lejos de la proclamada estabilidad».
La desregulación del DNU transforma en “un acuerdo de partes” todo el trato: desde el plazo de vigencia a la moneda: pesos, dólares, reales, bitcoins. Incluso trocar por carnes o vinos, han propuesto con ironía. Y los inquilinos saben que, con estas condiciones, el mercado habitacional entra en crisis.
Muchos no van a poder pagar lo que les piden y muchos consideran que no van a tener dónde vivir. Por un “tres ambientes” en CABA se pedían 200.000 pesos. Hoy piden 350.000 y solo por seis meses, explica Tamara Lescano, inquilina y abogada de Inquilinos Agrupados de CABA. Otro caso es más extremo: una mujer que estaba pagando 52.000 pesos por un “tres ambientes” ahora le pedían 500.000. Dijo que no podía y le preguntaron: ¿Hasta dónde te podes estirar? Ella dijo 250.000. Ellos, los dueños, y la inmobiliaria aceptaron. Pero por dos meses. Después volverán “a charlar”.
La renovación del contrato incluye este fin de año tal nivel de angustia como nunca se ha visto entre quienes alquilan vivienda en la Argentina. Alquilar se convierte en un imposible para millones de personas y se abre una crisis económica y emocional.
Cambio casa por habitación
De vivir en un tres ambientes con todo legal a pensar la posibilidad seria de un lugar bajo la autopista solo media este DNU que acarrea entre otros infortunios la derogación de la Ley de alquileres: “La dueña pidió más del doble de mi sueldo y la inmobiliaria no dice ni mu”, dice una víctima de la nueva realidad que ya imagina la nueva situación.
Los inquilinos que tienen que recontratar en el corto plazo definen soluciones que angustian más de lo que remedian: piensan volver con sus padres o juntarse dos familias y compartir. “Pero lo difícil que es, te la regalo, más con chicos”, dice Marta, una enfermera profesional jubilada “con la mínima”, que hace tres años vive sola en Córdoba capital. Marta pensó en tramitar su ingreso a un geriátrico “aunque soy totalmente autoválida y tengo apenas 68 años, pero no puedo pagar el alquiler”, explica.
Inti se angustia tanto que “ni siquiera puedo ponerle palabras a lo que siento”, dice. Vive en La Plata. Estudia informática, trabaja en una empresa del rubro y alquila. Lo más cercano a una salida ante el aumento de 140 a 220 mil pesos que le piden es “construir una habitación en un lote que tienen unos amigos en Ranelagh, pero con el aumento del transporte no sé si me conviene, trabajo en el centro. Pero lo que ahora puedo pagar, que es el 60 por ciento de mi sueldo, si me aumentan no voy a poder”.
En febrero le toca renovar a Inti. “Ya estoy poniendo todo en cajas y busco casa, pero me gustaría quedarme acá. Además la gente percibe como algo bueno que saquen la ley y me entristece, porque es un sentido común que viene de los medios y no hay resistencia por el peso mediático que tiene, pero no es real. Eso me saca un poco la esperanza, no sé qué sucederá», insiste.
Tener un resguardo, estar “bajo techo”, se resquebraja ante un paisaje donde la incertidumbre y la angustia agitan la cotidianeidad. Los inquilinos, esta categoría poblacional que hoy observa el futuro al borde del abismo se desestabilizan ante los nuevos precios de alquileres. Porque además la desregulación libera el “trato o contrato” al formalismo del “acuerdo entre partes”, en todo: montos, moneda, plazos.
Los montos son tan altos que la mayoría de las personas que alquilan hoy deben tomar decisiones de todo o nada por un alquiler, explica la abogada Tamara Lescano. Porque el análisis del DNU plantea que toda la defensa está sobre los propietarios y las inmobiliarias. Nada protege a inquilino, señala.
Del geriátrico a una toma de terreno: lo que vendrá
Para Marta, que vive en Córdoba, el hecho de “ser millones de ciudadanos que necesitamos un alquiler debería tener un poco de peso ante el mercado que se ha puesto drásticamente cruel. Mi contrato vence en mayo y la incertidumbre que tengo es total, porque hace meses hablan de derogar la ley, pero lo que nos mató fue la inflación. Con la inflación de un país normal no hubiera pasado nada, acá pasó de todo, incluso Milei”, sostiene. “Y lo que piden por una casa hoy nadie lo gana”, advierte.
José está “con el corazón en la boca”, dice. Empleado municipal en Córdoba, alquila hace 18 años: “Mi situación es una más, con esta incertidumbre. Vivo solo, alquilo y se me terminó el contrato en noviembre que era de tres años. Quise renovar, pero me exigieron actualizar el monto, y un acuerdo por 6 meses, siendo que la ley está vigente. Lo tuve que aceptar porque me estresa buscar casa, mudarme, no sé qué hacer, es muy angustiante”.
Aceptó la prórroga para no salir a buscar ni pagar comisiones. “Veré lo que pase en marzo, por lo pronto es todo especulativo, quieren derogar la ley y esperemos que no suceda, y aunque la gente reclama, falta participación, todavía estamos medio dormidos o quedamos aturdidos”, concede.
Como Marta, José considera que al ser muchos, los inquilinos podrían imponer más condiciones: “Un acuerdo entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos, como dicen, nunca funcionó. Porque ellos ponen las condiciones. Yo no sé ni dónde denunciarlo pero quizá avancemos en denuncias colectivas. Juntarse es prioridad”.
En muchos casos la salida también es “juntarse” para acceder al alquiler. Inti está considerando irse de la ciudad, a vivir con amigos: “Congregarse, amucharse”. El acuerdo de partes “no es una relación entre iguales. Y no hay conciencia, los pibes en la facultad piensan que ahora van a poder alquilar. No amigo, te van cobrar más caro y en dólares”, lamenta Inti. Es su segunda carrera. “A los 36 años, antes estudie historia del arte, pero era difícil para trabajar y ganar bien”.
Las agrupaciones de inquilinos
Ir a los locales de las agrupaciones “ayuda a contextualizar y te asesoran”, aporta Inti. Se refiere a Inquilinos Agrupados o la Asociación de Inquilinos, donde los pequeños propietarios son amigos. «No son los conglomerados que te sacan todo y dejan al pequeño propietario sin posibilidades. Ver opciones, hablar, pensar estrategias, te hace sentir menos sola. Son muy tremendas las inmobiliarias, viven especulando”, agrega Inti.
“Ahora hay beneficios para las empresas constructoras que con 20 pesos hacen un edificio y le sacan 100 cuando lo venden, como negocio es bárbaro, para la gente común no”, razona Marta. “Vamos a quedar en la calle millones de personas”, insiste. Y avanza: “¡Esto tendrían que considerarlo!”
¿Quién puede pagar un alquiler de 350 mil cuando un sueldo promedio en comercio está en 200 o 250 mil?” pregunta Marta. Hay dos actores con intereses opuestos, y el que tiene la necesidad es el más débil. El Estado debe protegerlo porque “en el acuerdo de partes el propietario pone sus reglas y si al inquilino no le gusta que busque otra casa”. Su contrato finaliza en mayo. Entró pagando 10.500 pesos. “Soy jubilada y podía pagar el alquiler y luz y gas, las expensas. Me alcanzaba para vivir”, recuerda.
Hoy Marta paga 45.000. “Si me lo triplican me paso de la jubilación. ¡Y no hay plan de vivienda para jubilados! No existimos”, lamenta. “Pienso en la cantidad de gente que va ir a la calle”. En los aumentos sin regulación, la suba “es un abuso, no un acuerdo de partes”. “¿Qué están proponiendo para nuestra sociedad?”, pregunta, sin esperar respuesta.
Ir a la calle, a un geriátrico, debajo de un puente, vivir entre las acequias si el paisaje lo permite, sin amparo, sin reparo, sin techo. Volver a organizar tomas de terrenos, volver a quedar expuesto a la oscuridad de la falta de derechos es lo que enfrentan quienes deben renovar sus contratos de alquiler. Para José, la salida es la lucha “y refugiarse en los seres queridos. No pierdo las esperanzas”. Su militancia en Inquilinos Córdoba lo impulsa a seguir: “Esperemos que la gente se concientice más sobre este tema, es urgente y necesario, esto sí es urgente y necesario”, distingue.
“Frenar el DNU”
“Analizando punto por punto, lo que modifican y derogan, se ve que no habrá plazos de alquiler, ni monto de ajuste y será en cualquier moneda: reales, dólares, bitcoin. Y se pueden pedir los meses que quieran de depósito anticipado, libertad total a las partes. Una arbitrariedad absoluta sin protección del Estado”, analiza la abogada Tamara Lescano, de Inquilinos Agrupados CABA.
“Hoy si tenés un problema vas a la justicia. Ahora la justicia no puede entrometerse en lo que acuerden las partes, y esto vulnera el sistema republicano”, agrega. “Va a generar una crisis habitacional y social sin precedentes porque es desregulación total y absoluta. La gente está desesperada, se te vence el contrato y puede ser que te pidan dólares, que te digan que van a aumentar todos los meses según la variación de la nafta y no tenés garantía de cuánto tiempo lo van a mantener porque lo pueden rescindir cuando quieran”.
“Esto genera violencia y preocupación. Si no podemos pagar el alquiler ¿dónde vamos a vivir? Algunos van a dejar de pagar: si tenés tres hijos y te aumentan al triple y en dólares, vos podes decidir dejar de pagar en lugar de vivir bajo un puente. Va a empezar a ser frecuente la cesación de pagos y el juicio de desalojo, una crisis habitacional, social y política muy grave”.
Sobre la población de inquilinos, Lescano añade: “La mayoría de las consultas son mujeres, personas mayores que viven de la jubilación. Esta crisis que terminará de derrumbar la poca estabilidad que teníamos barre con nuestros derechos y con la posibilidad de reclamar, por eso este DNU no puede pasar, porque va contra de pueblo trabajador”.
Para esta abogada, frenar este DNU “define la calidad de vida que podamos llevar de acá en adelante, porque nos va a afectar a todos y a todas”. Lescano vive en pareja. “Pagamos el alquiler y vence a mitad del año. Estoy asustada y preocupada como el resto de los inquilinos de este país, y no me lo contaron, es muy angustiante no saber dónde vas a vivir”.
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Fuente. Página/12
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