NICARAGUA: Carta Abierta a los partidos y organizaciones del Foro de São Paulo

Daniel Ortega y lo que queda del Frente Sandinista se presentan como izquierdistas y antiimperialistas, pero, lejos de ese discurso proclamado, hace muchos años iniciaron un proceso de abandono de sus principios, a través de la corrupción, alianzas con las peores fuerzas de derecha  del país, fortalecimiento de un modelo neoliberal que acrecienta las ya enormes desigualdades y miseria de la población, y concentración del poder político y económico en su familia y allegados.

En abril de 2018, luego de que escuadrones antimotines agredieran a ancianos que protestaban contra las reformas a la seguridad social, grupos de universitarios salieron a las calles y recintos universitarios, siendo reprimidos a balazos por policías, quienes en tres días mataron a 56 personas, crímenes constatados por organismos de derechos humanos que llegaron al país en mayo, los primeros en hacerlo desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007.

Los manifestantes se movilizaron masivamente exigiendo democracia, justicia, reformas electorales y la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo; levantaron barricadas y tranques, que fueron demolidos semanas después por fuerzas policiales y paramilitares en la denominada “Operación Limpieza”. La CIDH documentó que en estos operativos el número de muertos aumentó a 355, hubo 2.000 heridos, 770 presos que enfrentaron procesos judiciales sin garantías y más de 200.000 refugiados.

La narrativa del gobierno de que todo fue un «golpe de Estado fallido financiado por el imperialismo estadounidense» es contrarrestada con contundentes informes de organismos internacionales, que documentaron y denunciaron las innumerables violaciones de derechos humanos y señalaron crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses, informes recientemente ratificados por el Grupo de Expertos designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  [ 1 ]

Desde entonces, Nicaragua vive en un estado de sitio de facto, sin libertad de movilización, reunión, organización, expresión, información o asociación. Se clausuraron todos los partidos políticos de oposición, los medios de comunicación independientes, más de 4.300 organizaciones civiles de defensa de diversos derechos (feministas, medioambientales, sindicales, de la diversidad sexual, de la infancia, comunitarias y centros de atención a la tercera edad y discapacitados).

Numerosos centros fueron invadidos, convertidos en oficinas de gobierno y sus bienes confiscados, incluido el edificio de La Prensa, un periódico de 96 años que resistió a la antigua dictadura. Llegaron al extremo de cerrar la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia Nicaragüense de Ciencias y hasta la Cruz Roja Nicaragüense.

En 2019, mediante una Ley de Amnistía (que dejó en la impunidad muchos delitos cometidos por el Estado), muchos presos políticos fueron liberados. Esto generó la expectativa de que en 2021, año electoral, se cumplirían los acuerdos asumidos en el diálogo de 2019, que se crearía un Consejo Electoral independiente y se realizarían elecciones con garantías.

En junio de 2021, el régimen ordenó el arresto de todos los candidatos de la oposición y decenas de líderes políticos y sociales, comentaristas y periodistas. Para perpetuarse en el poder, Ortega utilizó tácticas somocistas, eliminando a la oposición y realizando una farsa con los que aceptaron seguirle el juego. Así, en 2021 se proclamó electo por tercera vez consecutiva al obtener el 75% de los votos y en 2022 se adjudicó el 100% de las alcaldías. Organismos especializados estimaron la abstención en más del 80%.

En 2022, el estado policial siguió fortaleciéndose en el país y los más de 300 presos políticos continuaron sometidos a torturas y violaciones de sus derechos elementales: recluidos en régimen de incomunicación, sin visitas periódicas, sin saber leer, escribir ni ejercer de ninguna forma. de distracción Se aplicaron condiciones extremas de aislamiento a la heroína Dora María Téllez y a la feminista Tamara Dávila. También fueron encarcelados sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez. El general en retiro Hugo Torres, héroe de la lucha sandinista, murió como preso político.

Ningún preso político cedió a la coacción y al chantaje. La presión nacional e internacional por la libertad de todos fue decisiva para que el 9 de febrero de 2023, Ortega y Murillo liberaran a 222 personas y las enviaran a Estados Unidos. El mismo día, de manera inconstitucional y neofascista, los despojaron de su nacionalidad. Al día siguiente, tras negarse a ser exiliado, el obispo Álvarez fue condenado a 26 años y encerrado en una celda para presos de alta peligrosidad.

Seis días después, 94 nicaragüenses más fueron despojados de su nacionalidad y derechos políticos, declarados traidores a su patria y prófugos de la justicia, y expropiados de sus bienes y pensiones, entre ellos escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, periodistas como Carlos Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez, defensores de derechos humanos como Vilma Núñez, excomandantes como Luis Carrión y Mónica Baltodano y feministas como Sofía Montenegro.

La represión contra la Iglesia Católica es una locura y resalta la voluntad de eliminarla de Nicaragua. Esto ha resultado en el exilio de decenas de sacerdotes, incluidos 18 sacerdotes desnacionalizados. Confiscaron todos sus bienes y medios de comunicación, anularon sus organizaciones de apoyo social, expulsaron órdenes religiosas y ocuparon escuelas parroquiales. Además de espiarlos, prohibieron sus celebraciones y bloquearon las cuentas bancarias de todas las Diócesis.

Cinco años después, la narrativa mentirosa de «intento de golpe» utilizada por Ortega y Murillo ha sido tergiversada. Ortega es el peor de los dictadores neoliberales. Con sus políticas y agresiones pretenden afianzarse en el poder y heredérselo a sus hijos, como lo hicieron los Somoza. Nada justifica seguir sufriendo su represión.

Por eso pedimos a los partidos y organizaciones que integran el Foro de São Paulo que denuncien y condenen el régimen de terror en Nicaragua, el cual es incompatible con los principios de una izquierda que pretende ser una alternativa a las injusticias del mundo en el que vivimos. No se puede ser antiimperialista aniquilando toda la sociedad civil y suprimiendo todas las libertades. Solo les pedimos que alcen la voz a favor de los derechos humanos en Nicaragua y por los 70 presos políticos restantes, y que los que están en el gobierno también lo hagan en los organismos donde tienen representación, como Naciones Unidas, la OEA y la CEPAL.

Los abajo firmantes somos parte de los presos políticos que pasamos casi dos años en prisión, somos parte de los exiliados, privados de nuestra nacionalidad y reprimidos por el régimen orteguista por denunciar sus atrocidades.

15 de junio de 2023.

Desde el exilio firmamos:

Sergio Ramírez Mercado Ex Vicepresidente de la República- Escritor – Desnacionalizado

Poeta Gioconda Belli desnacionalizada

Dora María Téllez Excomandante guerrillera. Historiador – Ex-prisionero y Desnacionalizado

Luis Carrión Cruz Ex Comandante de la Revolución. Economista – Desnacionalizado

Mónica Baltodano Ex Comandante Guerrillero. Científico social. desnacionalizado

Ernesto Medina Ex Rector de la UNAN León – Desnacionalizado

Carlos Fernando Chamorro Periodista. Director de Confidenciales y Desnacionalizados

Sofia Montenegro Periodista y Feminista – Desnacionalizada

Oscar René Vargas Escritor, Sociólogo y Economista – Ex Preso y Desnacionalizado

Julio C. López Campos Ex Director de RRII FSLN, Politólogo – Desnacionalizado

Azahalea Solís Abogada Constitucionalista y Feminista – Desnacionalizada

Irving Larios Ex Recluso – Economista – Desnacionalizado

Héctor Mairena Abogado – Desnacionalizado

Patricia Orozco Periodista y Feminista – Desnacionalizada

Haydeé Castillo Científica Social. desnacionalizado