Desde hace un tiempo circula en ámbitos policiales el rumor de que cuando asuma Milei, “se van acabar los derechos humanos”, es decir van a tener vía libre para detener, torturar y aplicar el gatillo facil contra cualquier persona que presuman pueda ser un delincuente. El nombramiento de Patricia Bullrich en la Secretaría de Seguridad es una señal en la misma dirección. Yendo por más, una ONG ha pedido al futuro presidente que elimine la Secretaría de Derechos Humanos.

Se trata de la Unión Personal Militar Asociación Civil (www.upmac.org.ar), una ONG que nuclea a militares, que ha escrito al futuro presidente que: “en su reforma de Ministerios, elimine la Secretaría de Derechos Humanos porque, lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados “juicios de lesa humanidad”, que no son más que la “máscara” de la JUSTICIA VENGANZA que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70 “.

El argumento planteado identifica con claridad al grupo que hace la propuesta: Se trata de un grupo que reivindica la dictadura militar y se opone a los juicios a los genocidas, equiparando a los condenados a la totalidad del personal militar de las fuerzas de seguridad y militares que se sentirían “humillados” por las sentencias.

La propuesta de esta ONG, incluye además la denuncia a tres funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, con nombre y apellido a los que se los acusa de que: “someten a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman “impunidad gerontológica”, según la cual el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o del estado de salud, no debe aplicarse a los imputados en estas causas”.

Debería aclararse que la negación del beneficio de prisión domiciliaria no se ha aplicado a “agentes del Estado imputados”, sino a genocidas condenados. Y además, en muy pocas oportunidades. La mayoría de los genocidas, mayores de 70 años, están en sus casas. Pero lo más grave es que con este tipo de denuncias empiezan a señalar personas, a identificar blancos de futuros ataques. Esta práctica nos recuerda a los peores momentos de la represión institucional y paramilitar en la Argentina.