La oenegé Provea aseveró que la detención arbitraria de los trabajadores, así como su desaparición forzosa representan crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.
Este miércoles 21 de mayo, el abogado Eduardo Torres, miembro de la oenegé Provea, confirmó el traslado y la reclusión de los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Leonardo Azócar y Daniel Romero en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte, en Caracas.
Azócar y Romero fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la madrugada del domingo 11 de junio.
La causa fue su participación en una huelga laboral iniciada el martes 6 de junio en Planta de Pellas de la estatal del acero. Los dirigentes confirmaron entonces a Correo del Caroní, que dicha huelga buscaba exigir la restitución de los beneficios establecidos en las contrataciones colectivas y mejoras salariales.
Desde el día de su arresto, los parientes no han podido comunicarse ni ver a su familiar, lo que suscitó una ola de protestas en Guayana a las que el Estado respondió con militarización y acciones judiciales contra los manifestantes.
| Hasta el momento, a pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder ver a los afectados. Es por ello que la oenegé recomendó a los encargados del caso interponer un habeas corpus, recurso jurídico que se implementa en arrestos arbitrarios para exigir al Estado dar fe de vida de los apresados |
El pasado 19 de junio Eduardo Torres, de Provea, convocó una protesta en Caracas para marchar hasta la Defensoría del Pueblo y exigir información sobre el paradero de los detenidos, puesto que los familiares -quienes continúan sin tener contacto con los dirigentes- fueron informados extraoficialmente que habían sido trasladados a Caracas.
En entrevista con Correo del Caroní, el abogado informó que la manifestación fue exitosa y logró una audiencia con la directora del Servicio Jurídico de la Defensoría del Pueblo, Betsaida Verhelst, quien finalmente confirmó el sitio de reclusión de los trabajadores. Ni los cuerpos de seguridad ni los tribunales de Guayana ofrecieron estos datos a los allegados.
En este sentido, parientes, legalistas y defensores de derechos humanos han hecho énfasis en las múltiples irregularidades del procedimiento, así como referencia a la violación de normativas básicas en las legislaciones venezolanas, referidas a la libertad de pensamiento, la autonomía sindical y la presunción de la inocencia.
“Se han violentado derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Los trabajadores exigían el cumplimiento de unos derechos que están plasmados en las leyes y en la contratación colectiva. El convenio 87 habla del derecho a la sindicalización. Hay que respetar los sindicatos y el derecho a huelga. Paralelamente a eso, se violenta el derecho a la movilización, a la protesta”, manifestó Torres.
10 días de desaparición forzada: exigen habeas corpus
“Hay actos subyacentes que se cometen en estos contextos. El asesinato, la persecución, el encarcelamiento. Todos estos actos están presentes en la realidad venezolana. Por eso va a abrir la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela”, afirmó Torres.
Asimismo destacó que durante los últimos 10 días los sidoristas estuvieron desaparecidos forzosamente, puesto que se violentaron los derechos de los privados de libertad, entre ellos la comunicación y el contacto con personas de su confianza y familiares.
“Hubo una detención arbitraria, no hubo orden de detención. No se conoció nada. Los detuvieron cuando iban a una reunión y de allí no se supo nada. La familia no sabía nada de ellos hasta el día de ayer, 20 de junio. No había conocimiento de su paradero. Eso ya es una desaparición forzosa”.
Hasta el momento, a pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder ver a los afectados. Es por ello que la oenegé recomendó a los encargados del caso interponer un habeas corpus, recurso jurídico que se implementa en arrestos arbitrarios para exigir al Estado dar fe de vida de los apresados.
En concordancia con esta solicitud, el 19 de junio, la comunidad guayanesa protestó frente a la Plaza Monumento a CVG para exigir a las autoridades dar fe de vida de los dirigentes.
“Lamentablemente, los tribunales no están dando respuesta a los habeas corpus. Por eso nuestra estrategia de ir a la Defensoría del Pueblo. La ley de la Defensoría establece que el defensor debe interponer el habeas corpus en casos de detenciones forzadas. Eso fue lo que exigimos y allí nos confirmaron dónde estaban detenidos. Porque el Dgcim sí notificó a la Defensoría la ubicación de ellos”, alegó el representante de Provea.
Correo del Caroní estableció comunicación con parientes de Leonardo Azócar, quienes informaron que se estarían trasladando a Caracas para poder encontrarse con el sidorista. Asimismo, para el momento del contacto la esposa de Daniel Romero se encontraba viajando hacia Caracas para dirigirse hacia el sitio de detención.
Sistematización y política de Estado: crimen de lesa humanidad
Provea y Correo del Caroní vienen haciendo seguimiento de las protestas que tienen lugar en el estado Bolívar, región con mayor conflictividad social del país según el Observatorio Venezolano de Violencia y, de acuerdo con el patrón que puede advertirse, la política de Estado ante estas manifestaciones se fundamenta en la represión, las detenciones ilegales y la vulneración de la libertad sindical.
Esto, en palabras de Torres, se cataloga como un crimen de lesa humanidad que atenta a todas luces contra una población civil.
“Estamos frente a detenciones arbitrarias porque no se cometieron delitos. Se dice que es un crimen de lesa humanidad porque es un ataque sistemático, continuo contra la población civil. Un ataque que se vuelve una política y los perpetradores están conscientes de la política. Por eso hablamos de que se debe abrir una investigación formal en la Corte Penal Internacional”, declaró Torres.
| “Se han violentado derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Los trabajadores exigían el cumplimiento de unos derechos que están plasmados en las leyes y en la contratación colectiva. El convenio 87 habla del derecho a la sindicalización. Hay que respetar los sindicatos y el derecho a huelga”, Eduardo Torres |
Estas declaraciones hacen referencia a las represalias que viene tomando el Estado desde el año 2018 contra los dirigentes sindicales, buscando la erradicación de los sindicatos y el cese de cualquier actividad de reclamo laboral.
Esta política ha dejado casos emblemáticos como el arresto del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, quien fue encarcelado durante 17 meses por liderar una protesta en la empresa. También la detención de 18 sidoristas durante el mes de enero, quienes fueron apresados por reclamar la precarización salarial de la compañía.
Entre estos casos destaca el del también ferrominero Rodney Álvarez, quien estuvo privado de libertad 11 años sin pruebas en su contra y cuya defensa solicitó resarcimiento por el daño físico y moral ocasionado a él y a su familia, así como una investigación contra el autor material o intelectual del asesinato de Ronny Rojas.
La represión sistemática y generalizada es una de las características de los crímenes de lesa humanidad, los cuales se distinguen por su carácter inhumano y su afectación a una población. Los mismos son competencia de la Corte Penal Internacional, órgano que ya tiene un procedimiento abierto contra Venezuela por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2017.
Fuente: Correo del Caroní
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Nueva protesta ante Defensoría del Pueblo exigiendo libertad de obreros sidoristas presos por luchar
Organizaciones sindicales, de derechos humanos, políticas y activistas se plantaron ante la Defensoría del Pueblo de la Avenida Urdaneta en Caracas en la mañana de este miércoles, exigiendo la libertad de los obreros sidoristas detenidos el pasado 11 de junio. Se hizo un llamado a la más amplia unidad de acción para conseguir liberar a los trabajadores, y nuevas acciones se están convocando.
A las 9 de la mañana de ese miércoles 21 de junio dio inicio la concentración en la Defensoría del Pueblo para seguir levantado la voz por la inmediata libertad de los trabajadores de Sidor Daniel Romero y Leonardo Azócar. También se pronunciaron contra la represión a las luchas obreras que se vienen realizando en Guayana y contra la militarización de las empresas básicas como Sidor.
#21Jun Plantón por la libertad de los trabajadores sidoristas Leonardo Azocar y Daniel Romero frente a la Defensoría del Pueblo de la Avenida Urdaneta. #LiberenALxsTrabajadorxsPresxs #LiberenALosSidoristas pic.twitter.com/iZjahcsQ6u
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 21, 2023
Los obreros de la Siderúrgica del Orinoco, realizaron un paro laboral que inició el 7 de junio y duró casi una semana por sus derechos laborales, salarios, contrato colectivo y en contra del incumplimiento de las promesas de la nueva junta interventora de la CVG. Pero el domingo 11 de junio por la noche, luego de días de amedrentamiento con la Guardia Nacional, fueron detenidos tres obreros sidoristas que estaban a la cabeza de esta lucha obrera, solo uno fue liberado, mientras Leonardo Azócar y Daniel Romero fueron trasladados a una cárcel militar en Caracas.
La paralización se dio en la Planta de Pellas de Sidor. Durante toda la lucha la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) era constante, de manera ostensiva y de amedrentamiento. Por eso los obreros venían denunciando que era víctimas de persecución, actos violentos e incluso hasta amenazas con arma de fuego, por parte de efectivos de la GNB quienes intentaban disipar el paro laboral.
Incluso, una vez ya detenidos los obreros, días después, los trabajadores denunciaron a través de las redes sociales el ingreso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la GNB con una orden de medida cautelar, donde se les obligaba a los trabajadores que están en huelga de brazos caídos en Planta de Pellas, el cese total de la paralización y cualquier tipo obstaculización en las actividades de la empresa, sino serían detenidos. Fue el golpe de gracia para terminar de quebrar la huelga vía la represión abierta, con medidas cautelares contra los obreros, y encarcelando a sus principales dirigentes.
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Ángel Arias, integrante de la LTS y trabajador del Ministerio del Trabajo, declaró durante la jornada de protesta de este miércoles ante la Defensoría del Pueblo que: “Me sumo como el resto de los compañeros para exigir la libertad inmediata de los compañeros Leonardo azocar y Daniel Romero, dos dirigentes sindicales que llevan más de una semana presos en una instalación militar e incomunicados. Exigimos libertad inmediata porque no hay ningún tipo de delito. Exigimos también que se les garantice la integridad física, psicológica, de los dos compañeros. Porque como también dijeron aquí, sabemos que hay antecedentes de presos que han muerto en manos del Estado, también hay antecedentes de trabajadores que para intentar amedrentarlos y arrancar falsas confesiones, los someten a todo tipo de amenazas y torturas. Hay que velar por la integridad de los compañeros”.
Arias también manifestó que: “Este gobierno se dice obrerista y hasta se dice socialista. Pero cuando los trabajadores salen a defender los derechos laborales se los lleva preso, y los mantienen sin comunicación con los familiares, sin abogado propio, sin derecho a ningún tipo de asistencia. ¿Qué clase de supuesto socialismo es esto? Esto es una política patronal, lo que busca esta política es garantizar la mayor explotación de la clase trabajadora. Si no, ¿cuál es el interés de reprimir a un trabajador que lucha por su contrato colectivo, de meter preso a unos trabajadores que quieren defender los derechos laborales? Lo que está detrás de eso es garantizar las condiciones para la explotación de la clase trabajadora.”
El dirigente de la LTS también enfatizó que: “Cuando decía que esto está al servicio de la explotación de la clase trabajadora, es porque esto no pasa solo en el sector público. Esto es un problema de clase que atraviesa toda la situación nacional, porque acaso en el sector privado ¿se cumplen los contratos colectivos?, acaso que en el sector privado ¿se puede ejercer la actividad sindical plenamente? Pues no. Tanto en el sector público como el sector privado, lo que está reinando es la súper explotación de la clase trabajadora. Tanto el capital privado como el sector público se congenia para criminalizar la lucha de la clase trabajadora. Por eso es importante la unidad como clase, la unidad de los trabajadores, tanto del sector público como el sector privado, contra todas las políticas de represión contra la clase obrera. Por eso gritamos con fuerza que liberen a los obreros, «son sidoristas, no son terroristas’.”
#21Jun Desde el plantón frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas, para exigirla libertad de los trabajadores de #Sidor, intervención de Ángel Arias @angelariaslts, trabajador del sector público y militante de la @LTS_ven#LiberenALosSidoristas #LibertadALxsTrabajadorxsPresxs pic.twitter.com/4zKUPRSnAQ
— La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 21, 2023
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsan La Izquierda Diario, hacen un llamado «a la más amplia solidaridad con la lucha de los trabajadores de Sidor, exigiendo la libertad inmediata de Leonardo Azócar y Daniel Romero. No a la represión, fuera la Guardia Nacional y demás órganos represivos de Sidor y de todas las industrias básicas, no a la militarización de las empresas. Por sus reivindicaciones salariales y contractuales. Por la incorporación ya de todos los desactivados. Basta de políticas hambreadoras del Gobierno de Maduro”.
Fuente: La Izquierda Diario
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