Trabajadores y dirigentes denuncian haber sido violentados por los efectivos, quienes buscaban disipar la protesta en Planta de Pellas de la fábrica, paralizada desde hace tres días, en exigencia de mejoras salariales.
Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss) denunciaron ser víctimas de amedrentamiento, actos violentos y amenaza con arma de fuego, por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana quienes intentaban disipar una huelga laboral organizada en el área de Planta de Pellas de la siderúrgica desde el pasado miércoles.
Los actos denunciados tuvieron lugar este 9 de junio, a las 6:20 de la mañana. Videos enviados a Correo del Caroní por los afectados, muestran que cuando se dirigían a retomar sus lugares para lo que sería el tercer día de protesta, se toparon en el portón I de la empresa con los funcionarios, quienes tenían ordenado acabar con la huelga.
“Aquí hay más de 1.000 trabajadores concentrados en Pellas. Queremos denunciar que a las 6:00 de la mañana, en el portón I de Sidor, estaban 50 guardias y no me dejaban entrar a mí, Leonardo Azócar, secretario de trabajo y reclamo de Sutiss, ni al delegado sindical Daniel Romero. Se presentó una trifulca. Un funcionario de apellido, aparentemente, Hurtado desenfundó su arma de fuego para apuntar al delegado sindical Daniel Romero”, denunció el secretario de trabajo y reclamo de Sutiss, Leonardo Azócar.
“Se presentó un percance con la Guardia Nacional porque no nos querían dejar ingresar. Los trabajadores nos apoyaron y resguardaron. Allí están los videos que pueden esclarecer la situación real. Solo estábamos pasando. Nosotros somos la representación de los trabajadores. Ellos siguen órdenes del capitán Castillo y los mandaron a amedrentar. El guardia molesto, desenfundó el arma de fuego; pero Castillo le gritó que guardara la pistola. Yo soy trabajador y tengo 15 años en la empresa. No puede venir alguien que está aquí para reguardar las instalaciones a hacer eso”, adujo Daniel Hurtado, delegado sindical.
La protesta inició el pasado 7 de junio, cuando los obreros y el sindicato dirimieron paralizar Planta de Pellas a modo de protesta por los bajos salarios, la inexistencia del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y el impago de prestaciones sociales.
Los obreros vienen reclamando estas problemáticas y exigiendo una indexación salarial desde principios de año, cuando protagonizaron la toma de la avenida Guayana por cinco días exigiendo mejores condiciones laborales. Entonces los cuerpos de seguridad del Estado también amedrentaron a los participantes y realizaron detenciones calificadas de ilegales por expertos en materia laboral, para disipar la manifestación.
El vicepresidente de la junta interventora de CVG, Alexis Rodríguez Cabello, hizo acto de presencia en la empresa para conversar con los protestantes, quienes le gritaban “la nevera está vacía”, mientras el representante oficial intentaba dirigirse a ellos.
 Estamos pidiendo que se sienten con nosotros a discutir los beneficios. Pedimos salario digno. Que se nos regrese nuestro HCM porque se nos mueren los trabajadores en Guaiparo, ellos inventaron un hospital de trabajadores en Alta Vista y eso no está adecuado” |
“No nos estamos negando a las peticiones de los trabajadores, absolutamente nadie. Se está organizando un ente para ir al proceso de discusión de una nueva contratación colectiva. Eso no es de la noche a la mañana. No podemos pretender que de la noche a la mañana vamos a resolver una serie de situaciones. Eso es caerles a mentiras. Nos han ido a llevar mil y un planteamientos. Nos hemos reunido con uno y con otro”, expresó el vicepresidente de la junta interventora.
Trascendió que el funcionario exigió a los trabajadores que no lo grabaran y, además, “afirmó que él no hablaba con sindicatos ni sindicalistas”, manifestó un sidorista que prefirió mantenerse en el anonimato.
“El fiscal general de la República dijo que era legal grabar cualquier proceso que se desarrolle por un funcionario”, manifestó Romero.
Asimismo, los obreros reportaron que se prohibió entregar alimentos a los que se mantienen protestando, y que se ha restringido el paso al área de huelga.
Reclamo salarial
Según las declaraciones de los representantes sindicales, la protesta responde a la precarización salarial en la que viven los trabajadores, quienes exigen salarios por encima de los 500 dólares, monto que sigue siendo insuficiente para cubrir el precio de la canasta básica alimentaria.
A su vez, los afectados manifiestan la incapacidad del Hospital de Trabajadores José Gregorio Hernández para ofrecer atención médica a una población de 200 mil personas, por tanto, solicitan la reactivación del servicio de HCM.
“Estamos pidiendo que se sienten con nosotros a discutir los beneficios. Pedimos un buen salario, digno. Que se nos regrese nuestro HCM porque se nos mueren los trabajadores en Guaiparo, ellos inventaron un hospital de trabajadores en Alta Vista y eso no está adecuado. Allá no operan a nadie, no hacen radiografías. Eso lo hizo Maldonado, el saliente presidente de CVG que está preso por corrupción. Lavaba su dinero allí. Le pedimos a Sidor la reintegración de los no requeridos, que respete nuestro contrato colectivo y que nos regrese nuestro HCM”, alegó Leonardo Azócar, vocero de Sutiss quien también rechazó las irregularidades en el proceso de jubilaciones, ya denunciado en tribunales por los perjudicados.
Fuente: Correo del Caroní.
___________________________________________________
Trabajar la minería: Una opción de sustento y un riesgo de muerte en Guayana
La víctima número 13 del derrumbe en una mina de El Callao fue un policía de Delta Amacuro. Williams Alexis Gil Guilarte estaba de vacaciones y aprovechó esos días libres para trabajar la minería y tener unos mejores ingresos económicos
Jhoalys Siverio/Crónica Uno
Los pueblos del sur de Bolívar destacan porque su principal fuente de trabajo es la minería artesanal. Son poblaciones mineras y en eso se basa su sustento económico. Sin embargo, el auge que tuvo a raíz de la crisis generalizada en Venezuela conllevó a una migración pendular hacia estas zonas y ejercer en la mina sin las mejores condiciones para ello.
El pasado 30 de mayo se registró un derrumbe en la mina La Talavera, en el sector El Perú de El Callao, al sur de Bolívar. Fue una consecuencia de las fuertes lluvias de ese día. También se ha advertido de los efectos ambientales con mayores consecuencias a raíz de las deforestaciones por trabajar la minería de manera indiscriminada.
Si bien trabajar la minería es una opción de sustento para los venezolanos que viajan a estas zonas y para los mismos pobladores, significa también un riesgo de muerte. Fue el caso de las 13 víctimas del derrumbe de dicha galería aurífera.
El martes 6 de junio, el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a 13. Este último cuerpo que encontraron fue el de Williams Alexis Gil Guilarte, de 21 años. Y es precisamente uno de los ejemplos de cómo los venezolanos ven en la minería una forma de un mejor ingreso económico a costa de ponerse en riesgo.
Gil Guilarte era policía activo en el Centro de Coordinación Policial Estadal Delta Amacuro, adscrito a la Estación Policial Municipal Casacoima.
Un compañero de trabajo comentó que Gil estaba de vacaciones y aprovechó esos días para buscar en las minas lo que su trabajo como policía no le garantizaba: un buen ingreso económico.
Un trabajo temporal
“Eso lo hice mucho cuando vivía en Bolívar. Me iba con mi esposo. Ambos de mineros. Yo no cocinaba ni vendía helados, radios para comunicarse, interiores ni nada de eso como también hacen otras personas. Pasábamos un tiempo en la mina. Nosotros lo hicimos en la mina Isidora. Regresábamos a Puerto Ordaz unos días y volvíamos. Así reuní para pagarle una operación a mi mamá y su tratamiento”. Ese fue el testimonio de Ángela (nombre ficticio), una ingeniero geólogo que hoy está fuera del país.
Desde que se graduó, Ángela sólo una vez trabajó ejerciendo su profesión por un año, ya que era por contrato. Luego no tuvo más oportunidades. Su esposo es uno de los trabajadores de las empresas básicas con ficha desactivada y que apenas recibía un sueldo base sin otros beneficios.
Los hermanos Henrickson y Enrique Rojas Malavé, de 23 y 30 años, respectivamente, fueron dos más de las 13 víctimas fatales del derrumbe en la mina Talavera.
Ambos eran oriundos del estado Monagas. Vivían en La Toscana, municipio Piar, a unos 20 minutos de Maturín. Llevaban alrededor de dos años viajando frecuentemente a El Callao para trabajar la minería, hasta ese 30 de mayo cuando quedaron atrapados por el alud.
En total fueron 124 sobrevivientes. Unos rescatados por Protección Civil, Bomberos Municipales y otros mineros que lograron salir antes. Estos relataron que la única manera de salvar sus vidas fue abandonar el saco en el que cargaban su oro. El peso y volumen les impedía salir a tiempo o pasar por las delgadas paredes de la galería aurífera. Los que no tomaron esa decisión rápidamente pasaron a formar parte de la lista de fallecidos que enlutó al pueblo de El Callao.
Otros accidentes
En El Callao son varias las muertes por derrumbes en las minas registradas en los últimos años. En 2020 hubo al menos tres casos.
El 2 de febrero de 2020 hubo un derrumbe de aproximadamente 50 metros de profundidad, y que comprometió la galería de 200 metros de profundidad de la mina Isidora. En ese hecho se hallaron tres cadáveres.
El 2 de mayo de ese mismo año, ocho mineros, incluida una mujer, murieron tapiados en la mina Productores del Sur, en el sector Nacupay de El Callao. Las víctimas trabajaban la minería a una profundidad de nueve metros cuando se precipitó un alud de tierra.
En julio de 2020, el derrumbe ocurrió en el sector minero Remington y hubo siete personas fallecidas, incluyendo tres mujeres.
El 13 de octubre de 2019, Protección Civil El Callao rescató a 107 mineros que quedaron incomunicados por varias horas, luego de un derrumbe en la mina Isidora. De ellos, siete presentaron hipotermia y lesiones leves. Los mineros ingresaron de manera ilegal a esta galería. De hecho, es un área restringida de la otrora Minerven, pero está ocupada por grupos irregulares.
En el caso de la mina La Talavera, en la que ocurrió el más reciente derrumbe, según el secretario de Seguridad Ciudadana en Bolívar, Edgar Colina Reyes, estaba clausurada. Sin embargo, para los mineros era de frecuente tránsito.
Periodismo en Alianza
Tomado del Carabobeño
Visitas: 3
