Chile- Luis Vitale*: “Recuperar la Memoria Histórica” (VII)

09 Junio 2023

En la contribución anterior, Luis Vitale presentó las primeras medidas del gobierno de la Unidad Popular que marcaron el período noviembre de 1970-julio de 1972. En esta contribución, el autor desarrolla el proceso de ataque a las decisiones tomadas por la UP -cuya audiencia popular siguió siendo muy numerosa- – que de una convergencia entre la derecha (Partido Nacional y Democracia Cristiana mayoritariamente sectaria) y las fuerzas armadas pasó a iniciativas propias del núcleo dirigente de las fuerzas armadas, apoyado por los servicios de los Estados Unidos. Luis Vitale finaliza este capítulo estableciendo elementos del balance y traduciendo la “autocrítica” realizada por Pedro Vuskovic. En cuanto a la obra de la que se extraen estas aportaciones y sobre el lugar y papel del autor, nos remitimos a la Introducción publicada el 31 de mayo . (Ed. en contra )

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El comportamiento de la oposición civil y los preparativos del golpe militar

Por Luis Vitale*

Durante los primeros meses del gobierno de la Unidad Popular (UP), uno de los principales ideólogos de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego, habló de la necesidad de aplicar en Chile la «táctica de los mariscales rusos» de replegarse para proteger a Moscú en la lucha contra el ejército nazi. Según él, el Moscú que había que defender en Chile era el de las instituciones. Claudio Orrego estaba convencido de que el gobierno de la Unidad Popular eventualmente se hundiría y su imagen entre las masas se deterioraría gradualmente. Pero esta recesión duró poco.

La burguesía chilena y el Departamento de Estado de EE.UU. rápidamente se lanzaron a la contraofensiva. Nixon ordenó al Director de Inteligencia Central (CIA) Richard Helms [desde 1966 hasta febrero de 1973] acelerar las operaciones contra la Unidad Popular. El Comité Especial de Estados Unidos aprobó el 28 de enero de 1971 la suma de 1,24 millones de dólares, luego medio millón de dólares adicionales, que se sumaron a los 1,7 millones destinados a determinados medios para desestabilizar al gobierno de Allende. El 26 de octubre de 1972, en pleno paro patronal, el Comité Especial de Estados Unidos autorizó la entrega de 1.427 millones de dólares a los golpistas chilenos y, posteriormente, se liberaron sumas que superaron los 1,2 millones de dólares [52 ] .

Las tácticas de oposición comenzaron a tomar forma a mediados de 1972. Su estrategia estaba decidida desde las elecciones de abril del año anterior, en las que la Unidad Popular obtuvo el 51% de los votos. En ese momento, la oposición consideró que se debía abandonar la vía electoral debido al apoyo masivo que se le dio a la administración de Salvador Allende. Sin embargo, en 1972 aún existían algunas contradicciones entre el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano y, en particular, dentro de este último. Un sector fuerte, encabezado por Radomiro Tomic, Bernardo Leighton y Renan Fuentealba, quería negociar con los líderes de la Unidad Popular para evitar un golpe militar, como lo había hecho Tomic con Allende en diciembre de 1971 y Fuentealba en mayo de 1972.

Varios líderes de la izquierda tradicional denunciaron que la Unidad Popular no había dado los pasos necesarios para llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana. Sin embargo, hay evidencia de que Unidad Popular, con cierta reticencia del Partido Socialista, hizo todo lo posible para llegar a un «compromiso» que sabían que era «histórico». El propio Carlos Altamirano confesó que el Partido Socialista planteó discrepancias matizadas con esta política, pero “aceptamos democráticamente el criterio de la mayoría y nuestra acción nunca estuvo encaminada a entorpecer el diálogo” [53 ]. Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica alentó el acuerdo; el 30 de julio de 1973, a pedido del cardenal Raúl Silva Henríquez [arzobispo de 1961 a 1983], se produjo un nuevo intento de acercamiento entre el gobierno y la Democracia Cristiana.

La incorporación de militares al gabinete en agosto de 1972 estuvo en línea con el diálogo con la Democracia Cristiana. El 5 de abril de 1973, el general Carlos Prats escribió en su diario: “Necesitamos un acuerdo con la Democracia Cristiana. El Presidente nos dijo que estaba firmemente convencido de la necesidad del diálogo” [54] .

Sin embargo, en este punto del proceso, Carlos Prats había perdido una cantidad significativa de apoyo de sus compañeros de armas. El gabinete de Unidad Popular y Militar de 1973 no fue el mismo que el de 1972 porque el cuerpo mayoritario de generales ya estaba preparando el golpe. El propio Prats escribió en su diario el 19 de mayo de 1973: “El tiempo dirá si las fuerzas armadas permanecerán unidas. En ellos, cada día se hace más evidente un proceso de polarización. Por primera vez desde que la Unidad Popular llegó al poder, muchos miembros de las fuerzas armadas expresan con franqueza, ya veces brutalmente, su desacuerdo con las políticas gubernamentales” [55] .

Un conocido sociólogo francés que presenció los hechos, Alain Touraine, señaló en su Diario que la Democracia Cristiana estaba decidida a que “los militares reemplacen a los ministros de la Unidad Popular e incluso, si es absolutamente necesario, al propio Allende. (…) O se mantiene la alianza actual con la ayuda de los militares que rechazan la fragmentación de la sociedad, o esta alianza se derrumbará sola y habrá un golpe de estado. Esto da sentido real a esta posible presión política de la Democracia Cristiana: esperar la dislocación social, alentar un golpe militar, esperar que el ejército se limite a poner orden y, una vez destituido el presidente, organice unos meses después una nueva elecciones presidenciales de las que saldrá victoriosa la Democracia Cristiana” [56].

El 14 de mayo de 1973 los “intransigentes” triunfaron en la Asamblea Nacional de la Democracia Cristiana y lograron reemplazar a Renan Fuentealba por Patricio Aylwin como presidente del partido, cerrando así el camino a la negociación.

Los empresarios, más conscientes de la realidad de la lucha social que los dirigentes del partido, se dieron cuenta de que su sistema de acumulación capitalista estaba cada vez más en crisis, como lo expresó con agudeza Mario Durán Vidal refiriéndose a la situación en 1972: “El proceso cíclico Dinero-Mercancía sufre un ruptura. El próximo ciclo de reproducción Dinero-Mercancía no consistirá en inversiones, ni en la consecuente compra de bienes productivos. La fase dinero-mercancía adquiere un carácter especulativo .

Ante el aumento de los salarios y del aumento de las cotizaciones sociales, que afectaban la tasa de ganancia en el campo de la producción, la burguesía buscó compensar esta carencia a través de la especulación y el «mercado negro», comenzando por operar en el dominio de la distribución de mercancías, subestimado por la mayoría de los marxistas. Si bien es cierto que la producción es la columna vertebral del sistema, en ocasiones la circulación de mercancías juega un papel importante. Los empresarios lo han entendido y han aplicado la táctica de sabotear la oferta y retención de productos de consumo popular. El ámbito de la especulación y el mercado negro, que pertenece a la esfera de la circulación, fue utilizado para allanar el camino al golpe.

La burguesía desplazó el capital al sector especulativo, pero sin descuidar el capital productivo, ya que para especular con los productos era necesario producirlos, según las leyes de la reproducción ampliada. Este ciclo continuó –incluso en un régimen como la Unidad Popular, que aún era capitalista– porque lo contrario hubiera sido negarse a sí misma como clase social propietaria de los medios de producción y monopolizadora de la plusvalía. Prueba de ello es que la producción industrial aumentó un 10% en 1971, según la Sociedad de Fomento Fabril, que también calculó un aumento del 22% en la industria de bienes de consumo duradero en 1972. Pedro Vuskovic [Ministro de Producción Industrial de junio de 1972 a septiembre 1973] me encomendó a México, en el exilio,

Esta forma de especulación también fue adoptada por la burguesía media y pequeña, que también participó en la satisfacción de la creciente demanda de productos, debido al aumento del poder adquisitivo de los asalariados. Esto generó una situación de “escasez” generalizada, que generó largas “colas” y dificultades de abastecimiento.

La política económica de la Unidad Popular precipitó una crisis en el modo de operación capitalista. Surgió una situación en la que un aparato estatal, administrado por la izquierda, se enfrentaba a una crisis del sistema económico dominante sin que se hubiera resuelto el problema del poder.

El clima previo al golpe fue preparado por acciones parlamentarias y extraparlamentarias; mientras el Partido Nacional y la Democracia Cristiana obstruían los proyectos del ejecutivo, las damas de la burguesía y las clases medias acomodadas marchaban con cacerolas. Al mismo tiempo, se fomentó el ascenso del «poder de dirección», favoreciendo las huelgas «corporativistas» del sector transporte y camiones en octubre de 1972 [58] . Incluso los trabajadores de la mina de cobre El Teniente fueron arrastrados a la huelga [59], sin que la dirección de la Unidad Popular tome acción alguna para atender sus demandas, a excepción de Allende, quien fue muy sensible a la resolución del conflicto, advirtiendo que era necesario llegar a un acuerdo con los trabajadores, la misma gente que había votó por él. Sin embargo, los esfuerzos del presidente para resolver este paro no fueron compartidos por los partidos de gobierno, quienes confundieron las protestas de los mineros con los movimientos sediciosos de los camioneros (MOPARE: Movimiento Patriótico de Recuperación Gremial) y el comercio minorista, encabezado por Rafael Cumsille. [nombrado en 1967 al frente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo]. Un testigo de la época, Rafael Agustín Gumucio, dijo:[60] .

El cronograma era el siguiente: a) preparar las condiciones para exigir la rendición de la Unidad Popular; (b) declarar la ilegitimidad del gobierno; c) Obtener la renuncia del Presidente Allende y la entrega del poder a la oposición, en caso contrario: d) Golpe militar.

Esta estrategia y pasos tácticos fueron similares a los implementados por los opositores al gobierno de Balmaceda en 1891.

De esto podemos deducir que el uso de la fuerza no fue exclusivamente acto de las fuerzas armadas, sino que se trató de la conjunción de civiles de derecha y militares golpistas. Mientras tanto, para desarmar a los pocos grupos en posesión de armas, que sólo tenían fusiles y ametralladoras ligeras, como el ala izquierda del PS y el MIR, los miembros derechistas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional El gobierno impulsó la Ley de Control de Armas [21 de octubre de 1972], propuesta por el parlamentario demócrata cristiano Juan de Dios Carmona, e inmediatamente allanó Cordons Industriels, ASMAR [astillero] y Lanera Austral [industria textil].

El resultado de las ansiadas elecciones parlamentarias de marzo de 1973 aceleró los planes golpistas, pues la votación de los partidos de la Unidad Popular alcanzó el 46,5%, sólo cuatro puntos menos que en las elecciones municipales de 1971. Para la derecha y la Democracia Cristiana, esto significaba que les sería casi imposible ganar las elecciones presidenciales de 1976 por “vías pacíficas” electorales.

Al mismo tiempo, se ha intensificado la polarización dentro de las fuerzas armadas. Ha habido propuestas para realizar consultas abiertas en regimientos, barcos y bases aéreas. En 1973, en el acorazado Almirante Latorre y en la base aérea de El Belloto, los militares constitucionalistas obtuvieron casi tantos votos como los que consideraban ilegítimo el gobierno de la Unidad Popular. También se conoció que un número importante de miembros del Cuerpo de Carabinieri se mostró partidario de respetar la Constitución y al presidente legalmente electo.

Luego llegó el tanquetazo. La intentona golpista, encabezada por el teniente coronel Souper el 29 de junio de 1973, fue rápidamente repelida por la acción del general Prats cerca de La Moneda, pero fue una prueba de gran importancia táctica para los golpistas, pues les permitió apreciar las vacilaciones y la falta de preparación de la Unidad Popular para enfrentar un golpe de Estado. Fidel Castro, durante su visita a Chile a fines de noviembre de 1971, tenía razón cuando declaró, ante más de 70.000 personas, en el Estadio Nacional: «No son los revolucionarios quienes, en la situación actual de Chile, crean violencia. Y si no lo sabes, seguro que la vida misma te lo demostrará .

El Partido Comunista analizó incorrectamente el “tanquetazo”: “Los planes de la derecha de involucrar a las fuerzas armadas en una aventura partidista han fracasado. La solidez de nuestras instituciones armadas que han cumplido con patriotismo e intransigencia la misión que les confiere la Constitución. (…) La dignidad y firmeza con que el Comandante en Jefe Adjunto del Ejército, Augusto Pinochet, respondió a esta ofensiva merece ser subrayada porque constituyen un golpe para los políticos que quieren atentar contra el prestigio de los militares chilenos. (…) Los trabajadores tienen plena confianza en los soldados de la patria y respetan su sobriedad, su disciplina, su honradez y su patriotismo. Los que atacan a las fuerzas armadas son aventureros reaccionarios y fascistas” [62]. Esto no requiere un comentario extenso, excepto recordar que la izquierda garabateó el lema «Soldado, amigo…» en las paredes y que en diciembre de 1973 Pinochet reveló a un reportero de Reuters que los preparativos para el golpe de Estado se habían elaborado en secreto. reuniones desde 1972.

El General Prats percibió claramente la situación cuando escribió en su diario el 1 de julio de 1973: «El intento fue evitado, pero en las pocas horas que han pasado ya podemos ver que ha tenido el efecto de dejar espacio para la deliberación abierta dentro de la fuerzas armadas que serán imposibles de contener, independientemente de la aplicación de normas disciplinarias. (…) Cómo no hablar de política en el cuartel, cuando un regimiento, con su comandante a la cabeza, salió a la calle a atacar el palacio presidencial y al Ministro de Defensa, y el comandante en jefe también tuvo que tomar a las calles a defender al gobierno constitucional,[63] .

Al mismo tiempo, nunca antes grandes sectores de mujeres, trabajadores, colonos, campesinos, ciertos trabajadores de clase media y estudiantes se habían politizado tanto, exigiendo armas para derrotar a los golpistas durante el mitin que se realizó la noche del «tanquetazo» frente al balcón de La Moneda, donde habló Allende. A los pocos días, en algunas empresas del sector social que administran, decidieron invertir capital no en máquinas sino en armas, según hizo público el sindicato Socometal. En todo caso, eran conscientes de las carencias de la Unidad Popular frente al golpe. Una semana antes, las organizaciones del «poder popular» enviaron una carta al presidente Allende en la que declaraban proféticamente: «En este país,[64] .

Durante los meses siguientes, los acontecimientos se intensificaron, sin que ni la derecha desistiera del golpe ni la Unidad Popular tomara medidas concretas para una solución. Por el contrario, el encendido discurso de Carlos Altamirano en el estadio de Chile agudizó el conflicto. Cuando la situación estaba casi perdida -no por falta de combatividad de los trabajadores sino por la política derrotista de los partidos de una Unidad Popular inmovilizada- el presidente Allende trató de encontrar una salida convocando a un plebiscito para resolver el conflicto. entre los diferentes poderes.

Cuando los altos mandos militares supieron que se iba a convocar a un plebiscito entre el 10 y el 12 de septiembre, decidieron adelantar el golpe al 11 de septiembre. En esta etapa de los acontecimientos, la Democracia Cristiana había perdido el control político del proceso. Augusto Pinochet (ejército), José Toribio Merino (marina) y Gustavo Leigh (fuerza aérea) habían adquirido suficiente autonomía para organizar el golpe sin consultar a los líderes de los partidos involucrados en la conspiración. Incluso el presidente del Senado no fue consultado el día del golpe. En una de las tantas ironías de la historia, cuando Frei acudió a la Escuela Militar el 11-S al anochecer para exigir la liberación de un familiar encarcelado por error, un simple teniente le ordenó devolver su carro oficial al Senado. Así, cayó el telón de la farsa y comenzó la tragedia.

Algunas reflexiones para un balance
Una cosa que no se le puede reprochar al presidente Allende es no haber cumplido sus promesas de campaña, pues durante su gobierno cumplió en su totalidad su propuesta de programa. Nadie puede reprocharle que no haya hecho de Chile un país socialista, en el sentido más profundo del término, es decir la transición del sistema capitalista a un modo de producción socialista, porque nunca había formulado esa promesa.

En términos de sociología política, completó esencialmente el programa de cambio que caracteriza a una revolución democrática burguesa —como se caracterizó históricamente después de la Revolución Francesa de 1789— porque nacionalizó las materias primas básicas de la minería, el sistema financiero y las telecomunicaciones, nacionalizó el sistema bancario y la compañía telefónica International Telephone & Telegraph (ITT), y creó un sector económico denominado “Área de propiedad social”. Acabó con el latifundio mediante una reforma agraria que llevó a la expropiación de 5,5 millones de hectáreas de tierra y su entrega inmediata a los campesinos, uno de los puntos fundamentales que caracterizan un proceso democrático burgués.

La nacionalización del cobre fue la medida más importante adoptada por el gobierno de Salvador Allende:

1. por haber reafirmado el derecho de nuestros países latinoamericanos a recuperar sus riquezas, enajenadas por la clase dominante al capital monopolista extranjero;
2. por haber dado concreción histórica, en un determinado país de nuestra América -Chile-, a uno de los puntos claves del proceso de liberación nacional, inspirado en la concepción bolivariana y el pensamiento nacional antiimperialista de los precursores de nuestra soberanía, como son como José Martí, Eloy Alfaro, José María Vargas Vila, Manuel Ugarte, César Augusto Sandino, José Carlos Mariátegui, Salvador de la Plaza y Julio Antonio Mella;
3. por recuperar la memoria histórica de chilenos que supieron defender la soberanía de las riquezas nacionales, como Pedro Félix Vicuña, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, José Manuel Balmaceda, Luis Emilio Recabarren, Marcial Martínez, Tancredo Pinochet Le Brun, Eugenio Matte Hurtado y Ricardo A. Latcham;
4. por demostrar que los gobiernos de países altamente industrializados, como los de Europa y Estados Unidos, protegen los intereses de las empresas transnacionales, en violación de la Declaración Universal adoptada por las Naciones Unidas, reconociendo el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la gobernarse como libremente les parezca;
5. por haber demostrado que las grandes potencias, en nombre de su particular concepción de la democracia, se arrogaron el derecho de intervenir en los países del Tercer Mundo, directamente con tropas, bombardeando estos países y socavando gravemente la Declaración de los Derechos Humanos, o promoviendo golpes militares, como ha sucedido en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, América Central, en Jamaica, Granada y Guyana, así como en naciones africanas y asiáticas, desconociendo las Constituciones y leyes aprobadas democráticamente. por estos pueblos y luego legitimando largas dictaduras militares.

La gestión del gobierno de la Unidad Popular puede ser criticada por cierta falta de eficiencia en la administración de ciertas empresas nacionalizadas, así como por manifestaciones de sectarismo político contra la oposición y entre los propios partidos de izquierda, según confirmó el exsecretario del PC, Luis Corvalán, en sus Memorias: “El sectarismo ha hecho mucho daño. En parte de la Unidad Popular tomó forma un comportamiento fanático y arrogante” [65]. Además, hubo debilidades tácticas y acciones inoportunas, entre ellas el lanzamiento del proyecto Escuela Nacional Unificada (ENU) que, sin saberlo, fue utilizado por la oposición política como pretexto para acusar a la Unidad Popular de acabar con la educación privada o a Colegios particulares (privados subvencionados), que este proyecto no proponía.

Asimismo, es falso afirmar que Allende estaba subordinado al «bloque socialista», cuando claramente proclamó que Chile era un país no alineado, junto a los pueblos del Tercer Mundo, afirmaciones de las que fácilmente se pueden encontrar huellas. Menos aún fue un títere de la URSS para implementar el «comunismo»; prueba de ello es que Chile, entre 1970 y 1973, no recibió ayudas económicas sustanciales de los países autodenominados “socialistas”, como el mismo Allende declaró en reuniones privadas a su regreso de su gira por Europa: “Yo sólo recibí 20 millones marcas del líder de la República Federal de Alemania, Willy Brandt”. Información posteriormente confirmada en 1997 y 1998 por un miembro de alto rango de la KGB, el general Nikolai Leonov,[66] . Este último declaró en particular al periodista italiano de L’Unità , Giancarlo Summa: «El gobierno de la Unidad Popular pidió 30 millones de dólares en 1973. El Comité Central nos pidió nuestra opinión y nosotros, después de largas discusiones y consultas, dimos una respuesta negativa” [67] .

No hay base seria -a la luz de un intento de establecer la verdad histórica- para acusar a Salvador Allende de querer barrer con el estado burgués y el sistema capitalista, de instaurar el socialismo en el sentido más estricto del término; objetivos que, con excepción del MIR, el Frente Revolucionario y un sector del Partido Socialista, nunca fueron previstos por los partidos gobernantes, en particular el Partido Comunista, que se limitó a realizar la fase de democracia burguesa, de acuerdo con sus concepción de la «revolución por etapas». El plan de la Unidad Popular, explícito en las fuentes de la época, era llegar lo más fuerte posible a las elecciones presidenciales de 1976.

Por lo tanto, las acusaciones contra el ^..XXgobierno de Allende solo pretendían crear un ambiente propicio para un golpe militar, que restauraría el viejo y tradicional sistema de dominación de clases practicado por los gobiernos oligárquicos de los siglos XIX y

La estrategia de la Unidad Popular de utilizar la legalidad para apuntalar el proceso actuó como un boomerang, ya que los partidos de oposición se apoyaron en mecanismos legales que ellos mismos habían creado para imponer, paradójicamente, un resultado ilegal. Mientras la Unidad Popular juraba lealtad a la legalidad, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana utilizaron el arma legal para atentar contra la Constitución y el gobierno elegido por la mayor mayoría democrática en la historia de Chile. Dado que la estructura institucional creada por la clase dominante (parlamento, poder judicial, Tribunal de Cuentas y Fuerzas Armadas) se mantuvo intacta, las condiciones para el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular estaban objetivamente reunidas.

En conclusión, el análisis objetivo de los hechos, más allá de cualquier enfoque ideologizante, permite afirmar que durante los 1004 días del gobierno de Allende se mantuvieron las reglas generales del sistema capitalista, aunque con el pleno cumplimiento de las tareas democrático burguesas sin resolver por los Presidentes de la República que le precedieron. Así, en rigor, no hubo transición del capitalismo al socialismo, entendiéndose que una revolución socialista significa la sustitución de la clase dominante por la mayoría de la clase obrera, el desmantelamiento de las instituciones del estado burgués, principalmente de sus fuerzas armadas. y su Parlamento.

Por tanto, fue y es erróneo caracterizar al gobierno de la UP como una fase de “transición al socialismo”, porque la ciencia política y los clásicos del marxismo, desde Marx hasta Lenin y Trotsky, han demostrado que el período de transición al socialismo comienza con la toma del poder por parte de la clase obrera, junto con otros movimientos sociales, generando un nuevo tipo de estado, gobernado por órganos representativos de las masas trabajadoras. Las nacionalizaciones y medidas nacionalizadoras que se han tomado han desconcertado muchas veces a los analistas del gobierno de Allende, que efectivamente ha nacionalizado grandes empresas, pero eso no permite hablar de socialismo en Chile, porque ha habido nacionalizaciones en la Argentina de Perón, en la Bolivia de Paz Estenssoro, en el México de Cárdenas,

Sin embargo, durante este período se tomaron medidas de carácter socialista, como la administración de las empresas por los trabajadores, la creación de granjas colectivas, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción en manos de grandes empresarios, permitiendo a los pequeños terratenientes urbanos y rurales para mantener sus propiedades. No hay precedentes de que tal transición resulte en el establecimiento de una sociedad socialista, un fenómeno que no ha sucedido en ningún país, incluidos Rusia, China, Europa del Este, Corea, Vietnam y Cuba. Este período de transición puede durar muchos años, como otros períodos de transición en la historia: pensemos en los siglos de transición del modo de producción esclavista al modo de producción feudal y del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Ningún politólogo riguroso podría probar con hechos que Chile, bajo la Unidad Popular, vivió una fase de transición hacia el socialismo.

Pedro Vuskovic: la autocrítica va en la dirección correcta

Una de las mejores valoraciones del gobierno de la Unidad Popular la hizo el destacado ministro de Allende, el economista Pedro Vuskovic. En su obra Política económica y Poder político (publicada en 1976), es uno de los pocos líderes de la Unidad Popular que se atrevió a formular una autocrítica rigurosa, en el marco de una valoración positiva de las medidas adoptadas por el presidente Allende.

Comienza diciendo que “se siente la necesidad de análisis críticos y autocríticos que emanen de las propias fuerzas populares. (…) Esta tarea de evaluación aún está pendiente. (…) Lo primero que se desprende de la experiencia del gobierno popular es el cumplimiento de grandísimas y decisivas tareas encomendadas a la política económica, junto con la relativa debilidad de la base de sustentación política sobre la que debía descansar”.

Vuskovic afirma que los partidos de la Unidad Popular no han logrado entender la íntima relación entre los objetivos de largo y corto plazo: «Por un lado, se ha cuestionado la necesidad de la interrelación y simultaneidad de los dos objetivos, sugiriendo que representaban el coexistencia de dos políticas diferentes. Una ‘reformista’, que enfatizaba los objetivos de estabilidad, redistribución y aumento del nivel de vida material, y la otra ‘revolucionaria’, que apuntaba a la expropiación de la burguesía ya la iniciación de transformaciones socialistas. Por otra parte, se consideró fundamental el aporte político que representa la política económica coyuntural, siendo considerados los resultados inmediatos como un apoyo que no debe ser puesto en peligro por una rápida progresión de las expropiaciones y del campo social, que podría deteriorar las posibilidades de neutralizar y ganar más fuerzas entre la pequeña burguesía; por lo tanto, este último tendía a ser retenido. (…) Como en otros aspectos, las diferencias en la percepción política del proceso dentro de la Unidad Popular impidieron una decisión política precisa y la conducción de la política económica osciló erráticamente entre las dos opciones”.

Actor y testigo de los debates ministeriales, Vuskovic señala con franqueza que la Unidad Popular no podía actuar con rapidez frente a la oposición burguesa: “Todo el proceso tenía que transcurrir inevitablemente en el marco de una creciente intensificación de la lucha de clases y del enfrentamiento con el imperialismo. Este era el hecho central al que debía responder la dirección política en sus distintos niveles y, por supuesto, en el nivel más restringido de la política económica. En este sentido, si se hubiera tomado con la necesaria consecuencia, la preparación de este inevitable enfrentamiento debió y pudo haberse expresado en varios aspectos: en la rapidez con que se afectaron las bases económicas de sustento de la burguesía, en el grado de reorientación de las relaciones económicas exteriores,

En cuanto a la participación popular y el papel de los Cordones Industriales, Vuskovicl asevera que existían ideas encontradas dentro de los partidos de la Unidad Popular: “Las coordinaciones sectoriales de trabajadores llegaron a representar el poder real, pero no fueron formalmente reconocidas, ni fomentadas, ni apoyadas por el poder administrativo. estructura y la dirección política, también se reprodujeron en este punto las diferencias internas en torno a la concepción de la política de masas. Más aún cuando se trataba de iniciativas que iban más allá del ámbito productivo para convertirse en expresiones más generales del poder en sentido amplio, como fue el caso de los Comandos Comunales y los Cordones Industriales.

Vuskovic es transparente al enfatizar que dentro de la Unidad Popular “existían divergencias entre las concepciones que atribuían mayor importancia a una política de masas y a una política de alianzas, divergencias que, de hecho, en general se resolvían a favor de esta última. (…) La política de alianzas (con sectores del centro) ha sacrificado el desarrollo de una política de masas. (…) El potencial de movilización de masas y de gestación y desarrollo de nuevas formas de poder popular no ha sido suficientemente percibido” [68] . (Traducción de Ruben Navarro y Hans-Peter Renk) (Continuará)

Calificaciones

[52] Servicio de Documentación del Congreso de los Estados Unidos: «Chile, 1960-70: una cronología, Chile desde la elección de Salvador Allende». Además, documentos que forman parte del informe del 21-6-1973 del Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos sobre Empresas Multinacionales, publicado bajo el nombre «ITT y Chile», parte del cual fue publicado en español: La CIA, 10 años contra Chile , Bogotá, 1973.

[53] Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota , op. cit., pág. 89.

[54] Carlos Prats, Una vida por la legalidad (Revista), Ed. FCE, México, 1976, p 45.

[55] Ibíd., pág. 52.

[56] Alain Touraine, Vida y muerte del Chile popular .
Diario del 29 de Julio de 1972 al 28 de noviembre de 1973, Ed. Siglo XXI, México, 1974, pp. 38 y 40. El mismo autor decía el 28-9-1973: “La política de la Democracia Cristiana parece en retrospectiva una locura. (…) Llama a un golpe pero sin tomar su dirección ni control, de modo que se ve engullida por él. (…) Allende trató de negociar, incluso, al final, accedió a volver a poner su poder sobre la mesa frente a los votantes. En lo que se refiere a la Democracia Cristiana, se ha negado constantemente a negociar. Ella no quería negociar en agosto” (Ibíd., p. 40).

[57] Mario Durán Vidal, op. cit., pág. 69.

[58] Los Gremios Patronales, Documentos , Ed. Quimantú, Santiago, 1972 y Claudio Durán, Propaganda de emoción en el período agosto 1972-marzo 1973 , Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1995.

[59] Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro, La caída de Allende y la Huelga de El Teniente , Ed. Ornitorrinco, Santiago, 1987.

[60] Rafael Agustín Gumucio, Apuntes de medio siglo , Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1994, p. 137.

[61] Periódicos chilenos Noticias de última hora y El Siglo , 12-4-1971.

[62] El Siglo , 29-6-1973.

[63] Carlos Prats: op. cit., págs. 59 y 62.

[64] Entrevista de Carlos Altamirano, Dialéctica de una derrota , Ed. Siglo XXI, México, 1977, p. 114.

[65] Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado , Ed. LOM, Santiago, 1997. También en el reportaje de Hernán Millas: “Los porfiados hechos de Lucho Corvalán”, diario La Época , 21-9-1997, p11.

[66] Entrevista de la periodista Tamara Avetikian, El Mercurio , Santiago, 26-9-1998, Cuerpo D, pág. 1.

[67] Reportaje republicado por la revista chilena Punto Final , Santiago, agosto de 1997, p. 27

[68] Pedro Vuskovic: Obras escogidas sobre Chile (1964-1992) , obra editada por Raúl Maldonado, Ed. Del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, CEPLA, Santiago, 1993.