Mucho antes de la pandemia de covid-19, los pescadores de la playa de Rocky Point, en la parroquia de Clarendon, se veían obligados a aventurarse mar adentro para ganarse la vida o a buscar trabajos alternativos para llegar a fin de mes.
Este pueblo pesquero, situado en el sur del centro jamaicano y a unos 60 kilómetros al oeste de Kingston, la capital, fue antaño privilegiado por su riqueza marina, que atraían a pescadores de toda la costa de este país insular caribeño.
Hombres como Ephraim Walters migraron desde su pueblo natal de Belmont, a unos 100 kilómetros de la costa, hasta Rocky Point, hace unos 30 años, y nunca se marcharon.
Rocky Point es la mayor comunidad pesquera de Jamaica y fue en su día un destino para los pescadores de la costa sur. Pero décadas de negligencia medioambiental, mala gestión y malas prácticas pesqueras están pasando factura, empujando a los pescadores a la indigencia.
Walters, de 70 años, recuerda que antes los pescadores salían a faenar todos los días y ganaban lo suficiente para construir sus casas, mantener a sus familias y escolarizar a sus hijos, como el hizo con los nueve que tuvo . Entonces no hacía falta ir muy lejos, porque la plataforma marina de Rocky, de 24 kilómetros, era el lugar ideal.
«Podíamos echar la red en la bahía, y la recogíamos con un montón de peces, pero hoy en día tenemos que ir más mar adentro por mucho menos», dijo el pescador a IPS. «A veces sales y no pescas nada, y no puedes volver a comprar la gasolina que usaste para salir», añadió.
Con demasiados pescadores persiguiendo a tan pocos peces, ahora recorre unas 60 millas náuticas (96,5 kilómetros) mar adentro hasta la estación de pesca de alta mar de Pedro Banks, gastando cientos de litros de combustible y entre tres y cinco días para conseguir una buena captura.
Pero incluso con esas largas incursiones, dijo Walters, el valor de la captura puede no cubrir el coste del viaje.
Los problemas de Rocky Point, parte de una de las 14 parroquias en que se divide administrativamente Jamaica, son una imagen que se repite en todo el sector pesquero jamaicano, donde hay muchos más pescadores que peces, cuyas especies han ido mermando año tras año, como la del preciado sábalo o el pez loro.
Este país antillano cuenta con 274 000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, lo que representa cerca de 25 veces más que la superficie de su territorio terrestre, en una isla con 240 de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, donde habitan unos 2,9 millones de habitantes.
Karl Aitken, antiguo profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, afirma que el problema de Rocky Point empezó hace 30 años. En la década de los 80, cuando cursaba una maestría, ya registró el descenso de las capturas.
Los datos de la Autoridad Nacional de Pesca (NFA, en inglés) muestran que solo 26 000 de los 40 000 pescadores que se calcula que hay en la isla están registrados. Los datos de capturas marinas entre 1986 y 1995 muestran un descenso de las tasas de captura de 9100 toneladas anuales a 4200 toneladas. Se observa una expansión de la pesquería comercial desde 1991 de langostas y caracolas marinas, unos crustáceos de alto valor.
El consenso es que los problemas pesqueros de Jamaica empezaron con una serie de fenómenos naturales y de otros causados por la actividad humana en los años 80 y 90, que provocaron la muerte de 85 % de los arrecifes de la isla y un drástico descenso de las capturas.
A medida que las zonas costeras se volvían menos productivas, aumentaba la presión sobre los recursos marinos de los cayos de Pedro, pequeños y planos islotes, situados en el sur y muy importantes para la anidación de las aves marinas caribeñas.
El informe del Estado del Ambiente de 2017 señala el creciente número de pescadores como una amenaza para el medioambiente, señalando que las pesquerías artesanales de peces de aleta y langosta cercanas a la costa de la isla son potencialmente perjudiciales para los ecosistemas y están asociadas con la sobrepesca y la recolección.
«El mayor potencial de impacto ambiental está en el subsector pesquero, asociado al sector de los peces de aleta marina, que sigue creciendo para abastecer los mercados nacionales», destaca el informe.
Walters anhela el prometido santuario de peces, que está convencido que minimizaría los comportamientos destructivos y salvaría el sustento de los pescadores de Rocky Point. No solo se están colapsando las poblaciones de peces, sino que las pesquerías de gran valor, como las de caracolas y langostas, también son vulnerables, ya que cada vez hay más gente que va tras esos recursos.
Desde el año 2000, el gobierno ha cerrado la pesquería de caracolas en dos ocasiones: la primera, cuando una disputa sobre las cuotas dio lugar a una demanda, y la segunda, en 2018, tras el colapso del recurso.
El exdirector de Pesca Andre Kong explica que en ambos casos las poblaciones eran bajas. Pero en 2018, la pesquería estaba al borde del colapso.
Hay quienes creen que las pesquerías de caracolas y langostas deberían permanecer en veda unos años más, pero los pescadores creen que sin la protección adecuada, los recursos serían saqueados por los furtivos como ocurrió durante la pandemia de covid.
En las playas pesqueras de los alrededores de Rocky Point ya se han establecido santuarios que, según los pescadores locales, han contribuido a aumentar sus índices de capturas y el tamaño de los peces que capturan. En la vecina Portland Bight se han establecido tres zonas marinas protegidas en las parroquias de St Catherine y Clarendon.
En la parroquia de Westmoreland, la Sociedad Amiga de los Pescadores de Blufields, dirigida por Wolde Christos, estableció en 2009 uno de los 18 santuarios de peces más grandes de la isla para impulsar las decrecientes tasas de captura, proteger la vida marina local, como las tortugas carey que anidan allí, y reducir los altos niveles de pesca furtiva.
El santuario abarca más de 1300 hectáreas. Y funciona, explica Christos, señalando que una subvención del gobierno ayuda a los pescadores con licencia de guardas de pesca y caza a mantener un control estricto y alejar a los pescadores ilegales.
La pandemia empeoró las cosas para muchos pescadores debido a la pérdida de mercados.
En un informe presentado al parlamento el año pasado, el ministro sin cartera Pearnel Charles Jr. afirmó que la pandemia de covid causó trastornos en la producción pesquera y en las cadenas de valor, con la pérdida de mercados locales y extranjeros, y el aumento de los costes de los insumos.
Ello se tradujo, explicó el ministro que se ocupa en la oficina del primer ministro de asuntos de vivienda y agua, la pesca incluida, en un incremento significativo de los gastos operativos. Se calcula que solo en 2020 el sector pesquero sufrió pérdidas por valor de 23 millones de dólares.
En la playa, muchos pescadores hacen lo que pueden para sobrevivir. Algunos trabajan a tiempo parcial como constructores o en reparaciones de barcos, electricistas o incluso mecánicos; otros limpian pescado para los compradores para llegar a fin de mes. Y si los rumores son ciertos, muchos han recurrido a la pesca ilegal.
El problema se complica porque, aparte de la pesca regulada de caracolas y langostas, Jamaica no tiene límites en cuanto a la cantidad o el tamaño de los peces que se pueden capturar.
Casi no se dispone de datos para el análisis, y hay prácticas destructivas, como el uso de redes de malla pequeña, que maltratan el fondo marino y con las que capturan peces por debajo de tamaño legal.
En cumplimiento de los compromisos y acuerdos internacionales, en 2018 se estableció una nueva Ley de Pesca.
En ella se creaba la Autoridad Nacional de Pesca en sustitución de la División de Pesca del Ministerio de Agricultura para reforzar la gestión y el marco legislativo del sector. Se espera que la ley aumente el cumplimiento en el registro, incremente las oportunidades para la acuicultura y aumente las multas y penas de prisión por infracciones.
Tomado de ipsnoticias.net
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