27 may. CI.- Por Gerardo Amador Caballero*. En el día de hoy inició en Bogotá la Cumbre Minera, un espacio de diálogo y debate no vinculante convocado por el Gobierno Nacional.

Aprovechando este espacio y el pulso político que sigue en torno al reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, es necesario plantear el debate y caracterización sobre la definición del sujeto campesino agrominero. Este es un término que no es común para algunas regiones del país, pero en otras, se considera como parte de la identidad cultural, tales como el Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.

Podemos caracterizar a la campesina y campesino agrominero como aquellos que desarrollan actividades agropecuarias y mineras de manera mixta, en un mismo territorio.

La práctica de la minería fue extendida a estas regiones desde la década de los 80, cuando comunidades mineras flotantes llegaron al Sur de Bolívar y Antioquia en busca de vetas de oro, utilizando al campesinado del territorio como fuerza laboral en los inicios de la explotación de este mineral y quienes con el tiempo dominaron el ejercicio de esta actividad; permitiendo así el desarrollo de una minería más independiente y colectiva en beneficio de las comunidades. Desde ese entonces se articulan estas dos actividades (minería y agricultura) en la dinámica económica y territorial.

Muchas de estas comunidades campesinas empezaron a trabajar la minería en la Serranía de San Lucas y alrededor de las bocas de minas desarrollaban actividades agrícolas como siembra de comida para el autoconsumo y la comercialización. De esta manera, cuando la producción del oro disminuía, lograban solventar los gastos con lo que se producía en la agricultura, esta última entendida como un ejercicio de seguridad alimentaria y economía campesina, que genera las condiciones para la permanencia del campesinado en el territorio y una dinámica de identidad cultural propia. Con el desarrollo de los procesos organizativos agromineros, el cultivo de alimentos ganó la categoría de soberanía alimentaria.

La minería realizada por el campesinado se da de manera colectiva y es caracterizada como pequeña minería, por lo que las afectaciones ambientales, aunque las hay y se reconocen, son menores que las generadas por la minería a gran escala desarrolladas por grandes empresas transnacionales y nacionales. De igual manera, las comunidades campesinas efectúan acciones de protección y conservación del territorio que habitan, puesto que su vida se desarrolla en torno a él y es la base de su identidad y cultura. Este arraigo territorial hace necesario plantearse una transición hacia mayores economías campesinas agrarias, que permita una armonía en las regiones donde se generan estas dinámicas mineras que son el principal foco de conflictividad territorial.

Es importante plantear el debate, ya que el estigma y la invisibilización que enfrenta el campesino agro minero es grande, sobre todo por la forma en que el Estado ha abordado esta situación, considerando como ilegales a los dueños históricos de la tierra, a quienes la habitan y la protegen, avasallando las posibilidades de subsistencia del campesinado. Se puede decir que la legislación minera tiene una serie de barreras que imposibilitan que el campesino acceda a títulos, esos mismos que el Estado a través del actual Código Minero les ha entregado a las empresas trasnacionales.

A la fecha, según datos de la Gobernación de Bolívar, hay cerca de 228 títulos mineros y 218 solicitudes de adjudicación de títulos, en su mayoría otorgados y diligenciados por dichas empresas en el Sur de Bolívar, que asciende a 430.000 hectáreas aproximadamente. Se suma a lo anterior, la persecución y estigmatización constante del Estado al pequeño minero mediante la militarización del territorio y la avanzada paramilitar que se vive desde el año 2020, hechos que profundizan la Emergencia Humanitaria en la región, expresando estos riesgos de violencia, despojo y desplazamiento del campesinado y comunidades étnicas.

Desde el Coordinador Nacional Agrario seguimos defendiendo y aportando en la construcción de propuestas, que garanticen la integralidad de los derechos del campesinado en general. Valoramos todos los espacios de participación que el Gobierno impulsa a nivel nacional, como esta Cumbre Minera. Sin embargo, planteamos que en muchos de ellos debe priorizarse el sentir de los históricamente excluidos y que con ello se pueda materializar la concreción de políticas serias de cambios y transformaciones.

*Gerardo Amador Caballero, es dirigente social y político de la región de Dos Ríos. Es integrante de la Junta Directiva del Coordinador Nacional Agrario

CI GA/FC/27/05/2023/18:00