MANIFIESTO DE MADRID CONTRA LA DEUDA ILEGÍTIMA y la ACTUACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

La economía mundial de las últimas décadas ha tenido en la supremacía del capital financiero, tanto política como económicamente, una de sus características principales. Ello no hubiera sido posible sin las grandes trasformaciones realizadas durante los años 80 del siglo pasado, que sentaron las bases para una acumulación en favor de los intereses del capital, a través de la globalización de las economías mediante la apertura externa de las mismas, en especial la liberalización de los mercados financieros internacionales, y, también, de la liberalización y privatización de sectores productivos básicos, así como el constante retroceso de las rentas salariales en el producto nacional.

La historia nos muestra una recurrencia de las crisis, que evidencia una serie de debilidades intrínsecas al funcionamiento del sistema capitalista. La naturaleza de las crisis financieras tiene como sustrato común, que los sistemas financieros entran en una expansión de crédito más allá de los parámetros racionales y que los recursos ofrecidos por las entidades financieras, tanto públicas como privadas, producen espirales de deuda en los agentes económicos.

Hace quince años se originó una de las peores crisis de deuda en el sistema bancario estadounidense que se transmitió a todos los sistemas financieros. En Europa explotó, a diferencia de EEUU, como una crisis bancaria ya que los bancos poseían el 80% de los préstamos hipotecarios.

Las autoridades de la Unión Europea y el Estado español reaccionaron con un paquete de medidas para rescatar a los bancos. El resultado supuso que millones de personas perdieran sus puestos de trabajo, sus hogares, su protección social y se cebó especialmente con las mujeres.

La receta del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI fue la imposición de políticas de austeridad traducidas en recortes en derechos sociales. La prioridad estaba en salvar al sistema, y restaurar la confianza en el sector financiero.

Hoy quince años después nos preguntamos si estamos igual . ¿O peor?

El panorama de la deuda pública de los países Europeos ha empeorado considerablemente frente a los niveles prepandémicos. Tres años después de la emergencia sanitaria del Covid-19, y después de casi dos años de inversión y ayudas públicas dirigidas a la recuperación económica y la contención de la crisis energética, los Estados miembros llegan con un alto nivel de endeudamiento – en el caso del Estado Español con una deuda pública del estado central del 116% del PIB y de gobiernos periféricos como el del País Valencià de más del 50% de su PIB -, con las grandes corporaciones con beneficios históricos, y con buena parte de la ciudadanía europea en apuros.

La principal causa de este aumento es la decisión de los gobiernos de no gravar a las grandes empresas que se han aprovechado de las crisis sanitaria y energética y de la guerra para aumentar ilegítimamente sus beneficios. En lugar de financiar el gasto público aumentando los impuestos a los más ricos, especialmente a los que se enriquecieron durante la crisis a costa de la desgracia de la población, los gobiernos han recurrido una vez más al endeudamiento ilegítimo.

En la actualidad, en el estado español, los pagos anuales del servicio de la deuda limitan de forma significativa la inversión en la cobertura de necesidades sociales básicas esenciales para la ciudadanía como por ejemplo, sanidad, vivienda, servicios sociales, educación, etc. La deuda se muestra como insostenible.

Ante este panorama de endeudamiento público preocupante, la Comisión Europea (CE) presentó en noviembre del 2022 una propuesta de reforma del marco de gobernanza económica europea, para debatir y negociar con los Estados cómo será la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Hablamos de la máxima sacrosanta de no superar el «3% de déficit» y «60% de deuda pública» en aras de la estabilidad de la economía europea y del euro.

Según la Comisión llega el momento de saldar las cuentas y pensar cómo volver al PEC. Esto preocupa porque nos hace preguntar ¿Quién va a pagar toda esta deuda? ¿Nos espera una nueva ola de recortes y políticas de austeridad?

Mientras tanto, el casino financiero global sigue su curso y sigue representando un riesgo importante para la sociedad; los lobbies erosionan la democracia y crece la deuda mundial; una sistemática evasión de impuestos ya es endémica y estructural; el gran capital privado se ha apoderado de la llamada transición ecológica; los grandes fondos de inversión colonizan los servicios públicos esenciales y la economía productiva.

Con la decisión del BCE de subir bruscamente los tipos de interés siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal estadounidense, la nueva crisis de la deuda pública y privada que venía madurando adquirió formas agudas, afectando principalmente a los países del Sur. Poco a poco, esta subida de los tipos de interés hará cada vez más insoportable el reembolso de las deudas públicas y privadas. Los movimientos contra las deudas ilegítimas, que habían retrocedido en los últimos años durante el periodo del dinero fácil, tendrán que reactivarse.

Pensamos que este encuentro en Madrid nos brinda la oportunidad de abrir un nuevo espacio de debate público sobre las causas profundas de las crisis y lo que queremos hacer con el sector financiero. Debemos defender nuestro futuro e imponer una solución socialmente justa a la deuda actual. Estamos decididos a intensificar la lucha por un control democrático de las finanzas y por la socialización de la banca. La economía debe estar al servicio de la política y la política debe satisfacer las necesidades humanas.

Denunciamos el impacto negativo de una visión cortoplacista de los mercados financieros que dominan las formas de desarrollo de las sociedades, alimentan la desigualdad social, la pobreza, las salidas políticas estatalmente centralizadoras, autoritarias y austeritarias, el colapso de los servicios públicos y el cambio climático, por todo ello proponemos:

En relación con la deuda, exigimos:

• El fin de las políticas de austeridad impuestas en nombre del pago de la deuda por las instituciones financieras internacionales y los Estados, así como el fin de las políticas extractivistas y coloniales impuestas por los planes de ajuste estructural.

En el estado español, el fin de la falsa descentralización política y económica del modelo autonómico de «régimen común», la cual supedita el desarrollo de las naciones y regiones del estado y de su ciudadanía al mantenimiento de una élite política, económica y mediática que basa su poder en potenciar el dominio de la capital del estado.

Proponemos:

• La organización de auditorías ciudadanas de la deuda que identifiquen las deudas ilegítimas e insostenibles para su anulación. Potencien un proceso de desendeudamiento eficaz y equitativo y propicien una salida a la trampa de la deuda en la que están atrapados muchos ciudadanos, empresas y países. Este proceso de desendeudamiento forma parte del desarrollo de nuevos marcos económicos que huyan del desarrollismo y potencien la justicia social.

• La priorización del interés general antes del pago de la deuda. En este sentido, proponemos la derogación del artículo 135 de la Constitución que antepone el pago de la deuda por encima de cualquier gasto social.

• La creación de un servicio público de la banca y de los seguros, de modo que sea gestionado bajo el control ciudadano por el interés general. Asimismo, para casos en los que los bancos minoristas fallen y requieran salvaguardia de sus depositantes, establecer un fondo especial de crisis en todos los países, alimentado por una fiscalidad excepcional a las empresas financieras.

• Poner fin a la impunidad de evasores fiscales con la generalización del intercambio automático de datos bancarios y fiscales, más la supresión definitiva del secreto bancario para que los Estados puedan conocer e incautar los fondos ocultos en paraísos fiscales. En el estado español poner fin a la domiciliación fiscal de empresas en territorios en lo que no se origina su actividad económica.

• Buscar la recuperación de la soberanía de los estados frente al poder del mercado con un sistema de impuestos sobre la renta altamente progresivo.

• Poner el Banco Central Europeo (BCE) al servicio del interés general (y ya no de los mercados), lo que exige con carácter prioritario someter a control democrático el BCE, responsable de la política monetaria y de la supervisión bancaria, revocando la prohibición de que los Estados y gobiernos pidan préstamos a sus bancos centrales. Anular las deudas de la zona euro detenidas por el BCE lo que representa un promedio de 25% al 30% de la deuda soberana de la zona euro.

En relación con los fondos de inversión especulativos y los fondos buitre:

• Informar y explicar a la ciudadanía los graves perjuicios y enormes daños que los fondos buitre pueden causar en nuestras vidas.

• En el ámbito de los servicios básicos, de carácter público o privado, como la vivienda, la educación, la sanidad, los servicios sociales, los cuidados a nuestros mayores o al medio ambiente, reivindicamos la adopción de medidas que eviten la entrada de fondos especulativos en esos sectores y promuevan una gestión orientada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

• Impulsar una Ley contra los fondos buitre en el territorio del Estado español, similar a la ley belga, pero que además impida operar a estos fondos que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población.

Hasta que se apruebe esta Ley, proponemos que se impida que reciban fondos públicos si no cumplen con unos mínimos de transparencia que incluyan desvelar la identidad de sus accionistas, quienes se enriquecen desde la opacidad destrozando los derechos básicos de la población.

• Impulsar el desarrollo de una normativa similar de alcance internacional, empezando por la Unión Europea, ya que los fondos buitre suelen recurrir a tribunales de países “amigos” para eludir las leyes estatales.

• La desaparición de las Guaridas Fiscales antes mal denominados Paraísos Fiscales.

Así que soñemos un poco… Lo anterior supondrá que las advertencias y demandas del movimiento social y ciudadano han sido finalmente escuchadas por las autoridades, internacionales, europeas y estatales, lo que finalmente ha significado la aplicación de reformas radicales para regular el sistema económico-financiero. Sus decisiones se inspiran en el interés público, la voz de la ciudadanía. Además, los problemas del medio ambiente y acabar con las desigualdades se convierten en prioridad.

Así que soñemos un poco… Lo anterior supondrá que las advertencias y demandas del movimiento social y ciudadano han sido finalmente escuchadas por las autoridades, internacionales, europeas y estatales, lo que finalmente ha significado la aplicación de reformas radicales para regular el sistema económico-financiero. Sus decisiones se inspiran en el interés público, la voz de la ciudadanía. Además, los problemas del medio ambiente y acabar con las desigualdades se convierten en prioridad.