Se institucionaliza la negación de derechos a los pueblos indígenas en Mendoza
Tres escenas para armar esta historia. En la primera, la gendarmería persigue y asesina a Santiago Maldonado luego de un corte de ruta. En la segunda, una machi y un grupo de mujeres mapuche son detenidas por un comando creado especialmente para reprimirlas. En la tercera, un grupo de treinta diputados y diputadas de Mendoza aprueban una resolución donde dice que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
Los tres actos son parte de un mismo recorrido histórico: la represión al pueblo mapuche dio paso a una avanzada racista y anti-derechos. Por supuesto, es una película que tiene muchas escenas más. En un contexto global de avance de la ultraderecha, hay sectores políticos que creen que levantar las banderas anti-indígenas les puede rendir electoralmente. Ese recorrido, entre patético y peligroso, tiene un trasfondo gravísimo: la pérdida de derechos de un sector de la población a partir del discurso racista.
Negacionismo indígena
La preexistencia del pueblo mapuche en territorios de lo que hoy es la Argentina (también de lo que hoy es Chile) ha sido probada desde distintas disciplinas como la Arqueología, la Antropología y la Historia. Retomar ese debate resulta tedioso. No porque no tenga valor científico. Mal que nos pese, uno de los “padres” de la errónea teoría de que la población mapuche viene de Chile es Roberto Casamiquela, un personaje discutible, pero relevante, en la academia nacional en el siglo pasado. Es una discusión tediosa porque al otro sector no le interesa darlo, entonces ni siquiera es un debate.
Los y las treinta diputados/as que esta semana enarbolaron la bandera del negacionismo indígena en Mendoza no desconocen que el censo dice que una de cada cinco personas originarias en el país son mapuche. Saben que Malargüe es una palabra de origen mapuche, y conocen la historia de San Martín yendo a parlamentar con los pehuenches. Quizás también sepan que existen registros arqueológicos mapuche desde hace más de seiscientos años en lo que hoy es la Argentina, y es posible que no crean que en el siglo XV la gente no se atrevía a cruzar la cordillera porque cuatrocientos años después ahí se levantarían aduanas.
Su discurso no se basa en la ignorancia, sino en el aprovechamiento político. Durante el último tiempo se ha hecho habitual utilizar la cuestión mapuche como una estrategia electoral. Se hicieron frecuentes las visitas de políticos del ámbito nacional a la Patagonia para descalificar lo mapuche, desconocer la realidad local y ofrecer mano dura. Es el tour del racismo.
Hagamos un repaso no exhaustivo de los últimos seis meses. Patricia Bullrich anunció que el “día uno de su gobierno” enfrentaría con las Fuerzas Armadas a los narcos en Rosario y a los “mapuches usurpadores”. Sergio Berni caracterizó las movilizaciones mapuche como un “malón” que para el código penal “es terrorista”. Miguel Ángel Pichetto, que es de Río Negro, lo calificó como un “pueblo invasor” y señaló que “por suerte apareció (Julio Argentino) Roca e hizo la Campaña del Desierto”. Javier Milei habló de “maputruchos” y su diputada Victoria Villarruel dijo en el Congreso que “vamos a perder nuestra Patagonia” por culpa de “unos oportunistas disfrazados de originarios”. Pichetto y Villarruel, de hecho, organizaron la conferencia titulada “La amenaza del Wallmapu”, en la que alertaban sobre un posible intento independentista mapuche comandado desde Chile.
Tampoco es una novedad. Hay más de un siglo de discursos políticos anti-indígenas, según describe la antropóloga Diana Lenton. Sin embargo, durante los últimos años la campaña anti-mapuche se viralizó. ¿Qué pasó en estos años que se habilitaron discursos racistas que hace una década eran marginales?
Racistas por encargo
Una primera respuesta, quizás la más evidente, tiene que ver con lo económico. Como ha ocurrido de manera histórica, los pueblos indígenas son considerados un tapón para el desarrollo del capital. En estos meses en Mendoza, el discurso anti-mapuche disipó posibles grietas, como señala el politólogo Oscar Soto en la Agencia Tierra Viva. Para sostener la explotación de la porción mendocina de Vaca Muerta o el posible desarrollo minero en el sur de la provincia, diversos sectores políticos (desde Cambia Mendoza al PJ) y empresariales salieron a negar la existencia del pueblo mapuche. Por su parte, el ex gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”, mientras que el actual gobernador, Rodolfo Suárez, denunció que el gobierno nacional le estaba entregando Vaca Muerta a los “pseudo mapuches”.
Una segunda cuestión tiene que ver con el racismo estructural de una parte de la sociedad. Para esas personas, los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas resultan aterradores. El surgimiento de tantos personajes anti-mapuches declarados puede deberse a una estrategia electoral o responder a las encuestas que contratan en privado. Sin embargo, estos sectores ya eran racistas antes del focus group, y hoy están gozando su reacción conservadora.
La tercera causa que presentamos como posible respuesta a la viralización del discurso anti- mapuche en la actualidad es el camino que pavimentó la tibia consagración de derechos indígenas en la Argentina. Tras décadas de lucha, a partir de la Constitución de 1994 las organizaciones indígenas conquistaron una serie de derechos muy relevantes. Dentro de ellos, el propio reconocimiento a su preexistencia étnica y cultural. Sin embargo, su aplicación en muchos casos ni siquiera comenzó a darse.
Pongamos el caso de la ley 26.160 de relevamiento territorial, que fue la que trajo el debate reciente a Mendoza, luego de que en enero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) mensuró tres comunidades mapuche del sur de la provincia. La ley fue aprobada en 2006, concebida como un primer paso de cuatro años para avanzar en la titulación comunitaria indígena. No obstante, ha tenido que ser prorrogada cuatro veces, pasando más tiempo en el cajón que en el territorio. Al no existir un Estado que realmente aplique derechos específicos a estos pueblos, las personas indígenas viven de manera institucional una forma de injusticia particular: el racismo.
El último argumento que proponemos es la aplicación de la represión como una verdadera política de Estado, más allá de los gobiernos. Como en todas las cuestiones indígenas, existe una memoria larga de injusticias y atropellos, pero este ciclo de violencia contra el pueblo mapuche tiene una fecha muy específica. Fue el surgimiento de la doctrina Bullrich en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahí se buscó aislar la demanda de los sectores mapuche más autónomos, calificándola como terrorista. La Gendarmería en Cushamen y la Prefectura Naval en Mascardi terminaron siendo el último eslabón que completó la cadena de un gobierno cuya política indígena fue asesinar mapuches.
Cinco años después revivió la doctrina Bullrich. Como una directa continuidad de la política de Macri, el 3 de octubre de 2022, Aníbal Fernández firmó la resolución que creaba un comando unificado de cuatro cuerpos policiales para reprimir la ocupación del Lof (comunidad) Winkul Lafken Mapu. El resultado –deberíamos tenerlo presente– fue la detención hasta el día de hoy de cuatro mujeres mapuche, incluyendo una machi (líder espiritual).
¿Qué buscaba el gobierno de Alberto Fernández al emular la represión macrista? Su resultado electoral es poco efectivo. A nivel local se da por descontado el triunfo de Juntos Somos Río Negro, con o sin represión en Mascardi. Mientras que, a nivel nacional, lo confronta con algunos sectores de su base. Las repercusiones políticas, sin embargo, quedarán resonando por mucho tiempo. La represión albertista habilita la continuidad represiva en un posible próximo gobierno y podría establecer la doctrina Bullrich como política de Estado.
La resolución de la Cámara de Diputados de Mendoza pone en evidencia la institucionalización del racismo, camino que fue pavimentado por una tibia aplicación de derechos y la consagración de una política represiva contra el pueblo mapuche. Como en un cine continuado, las tres escenas que arriba se exponían se pueden repetir de manera eterna si no son detenidas ahora las políticas que avanzan contra unos derechos que, a fin de cuentas, son colectivos.
*Investigador del Observatorio Petrolero Sur y el IPECHS (Conicet/Universidad Nacional del Comahue). Militante de Marabunta.
Tomado de contrahegemoniaweb.com.ar
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