Venezuela (OPINIONES)- Carlos Dürich*: La encrucijada salarial y las posibles salidas/ Ver- Arnaldo Aguilar Dorta*- Máxima acumulación de fuerza: Si llegan a juntarse habrá una revolución

 

[OPINIÓN] La encrucijada salarial y las posibles salidas

 

« […] el capitalista afirma sus derechos de comprador. De otra parte, el carácter específico de la mercancía vendida entraña un límite opuesto a su consumo por el comprador, y, al luchar por reducir a una determinada magnitud normal la jornada de trabajo, el obrero reivindica sus derechos de vendedor. Nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos derechos encontrados, sancionados y acuñados ambos por ley que rige el cambio de mercancías. Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza.»

        Karl Marx.

Desde hace casi un mes Venezuela vive fuertes movilizaciones a lo largo y ancho de su territorio, protagonizadas en su mayoría por integrantes del sector público. La razón fundamental de estas acciones radica en un sentido clamor popular que demanda una mejora sustancial en los sueldos de millones de trabajadores y trabajadoras.

El problema

Actualmente, el sueldo mínimo se ubica, según la tasa de cambio oficial, en poco menos de 5.5 $ o 130 bolívares mensuales. Para el momento de su promulgación, el 15 de marzo de 2022, los 130 bolívares equivalían a 30 $. En otras palabras, actualmente el sueldo mínimo equivale a poco más del 18% del valor que tenía hace 11 meses.

Por otra parte, según datos entregados por la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, el año 2022 cerró con una inflación de 234%. Si restamos la variación que presentó el Índice de los Precios al Consumidor del Banco Central de Venezuela (BCV) hasta febrero del año pasado nos dará un valor inferido de la inflación de marzo a diciembre de 204%.

Lo que quiere decir que, a la clase trabajadora le ha tocado ver como los productos que adquiría hasta hace poco menos de un año han triplicado su costo sin que haya habido ninguna medida para proteger sus ingresos. Midiendo en dólares, el poder adquisitivo ha disminuido a menos de una quinta parte. Esta situación ha obligado a los empleados dependientes del estado a movilizarse para exigir un reajuste salarial más que necesario.

Posición del Estado

Varios voceros del gobierno nacional han mostrado y admitido su preocupación por el rezago salarial, señalando que se encuentran evaluando “con seriedad un aumento que sea sustentable en el tiempo” sin ser afectado por el flagelo de la inflación.

Es importante recalcar que la economía venezolana permanece fuertemente afectada por las sanciones de Estados Unidos y sus aliados. Aunque las estimaciones varían, las medidas coercitivas podrían costar hasta 30 mil millones de ingresos perdidos anualmente, a los cuales hay que sumar los más de 20 mil millones en activos (empresas, cuentas y fondos) que permanecen congelados.

A pesar de lo anterior, los ingresos del país parecen dibujar mejores horizontes, en parte gracias al esfuerzo que el ejecutivo ha realizado para aumentar los ingresos por venta de hidrocarburos y por recaudación de impuestos a lo largo de 2022, sumando entre los dos un monto casi de 130% mayor que el registrado en 2021 por los mismos conceptos y con claras tendencias a continuar creciendo. Lo que hace pensar que las condiciones para “el aumento sustentable” del que hablan algunos dirigentes ya podrían existir en realidad.

Las propuestas

Ante esta aparente encrucijada se han presentado varias propuestas desde distintos sectores políticos y sociales para aumentar el salario, con el objetivo de recuperar su capacidad adquisitiva y protegerlo de la erosión inflacionaria. Bajo la premisa de alimentar el debate, desarrollaremos las pautas y orientaciones de cada una de las alternativas y abordaremos sus posibilidades, condiciones y limitantes.

-Propuesta del Diálogo Social

Desde abril del 2022, se vienen desarrollando en Venezuela distintos foros del llamado “Diálogo Social”, todos mediados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La meta de estos foros era definir tanto a los actores como las condiciones para la instalación de una mesa de consulta tripartita en el país.

Después de casi un año de preparaciones se desarrolló entre el 30 de enero y el 2 de febrero el tercer foro de “Diálogo Social”, en el cual participaron, por las organizaciones sindicales: La Alianza Sindical Independiente (ASI), La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), La Confederación General de Trabajadores (CGT) y La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). Por su parte, las organizaciones de empleadores estuvieron representadas por La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECÁMARAS) y La Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA). Por parte del Estado asistieron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, entre ellos el propio ministro Francisco Torrealba.

Los debates giraron en torno a las recomendaciones elaboradas por la OIT para el cumplimiento de los convenios 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos), 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y 144 (sobre la consulta tripartita). En esta ocasión, nos concentraremos solo en lo dispuesto y referente al convenio 26, junto a sus distintas obligaciones, para entender integralmente los elementos de la propuesta elaborada a través de la OIT.

El convenio 26 fue establecido por la OIT en 1928 y ratificado por Venezuela en 1944. En su artículo 1 formula la obligación de todos los miembros de la OIT de establecer y mantener métodos de fijación de tasas mínimas de salarios para los trabajadores/as en industrias o partes de industria en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios o donde los mismos sean excepcionalmente bajos.

Por su parte, el artículo 2 establece la consulta tripartita como método de deliberación por excelencia, aclarando de inmediato en el artículo 3 la independencia con la que cuentan los Estados miembros para formular los métodos de fijación de salario, abriendo la posibilidad de llevar a cabo consultas técnicas al margen de la consulta tripartita.

En este punto es necesario mencionar que el organismo ha elaborado instrumentos posteriores para mejorar y afinar las recomendaciones de fijación de salario, como el convenio 131 (sobre la fijación de salarios mínimos, 1970) y el documento de recomendaciones 135 (Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 1970). Dichos mecanismos son, actualmente, los instrumentos de referencia para los técnicos de la OIT en lo pertinente a la elaboración de metodologías para la fijación salarial.1

En el caso de Venezuela, ni el convenio 131 ni el documento 135 han sido ratificados por la república. Así, la norma indica la priorización del método establecido por el convenio 26, en este caso la consulta tripartita, y la potestad superior del Estado en la elaboración de los mecanismos de fijación.

El marco legal referente a la fijación del salario mínimo en Venezuela establece en su criterio amplio el costo de la canasta básica como elemento referencial para el establecimiento del monto salarial2. En cuanto a los criterios más específicos, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) establece como elementos referenciales:

1. La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa;

2. La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital;

3. La cantidad y calidad del servicio prestado;

4. El principio de igual salario por igual trabajo y;

5. La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de aquellos y aquellas que presten el mismo servicio3.

A pesar de lo anterior, al cierre de la mesa del Diálogo Social, en el plan de acción para ser ejecutado por el Gobierno se estableció el compromiso de crear una instancia técnica para definir una metodología de fijación del salario mínimo. Esta instancia tendría como criterios para fijación los siguientes elementos:

1. Las variables e indicadores económicos pertinentes;

2. Los indicadores sociolaborales;

3. El crecimiento económico y;

4. La evaluación del impacto de las sanciones sobre la disponibilidad financiera del Gobierno de cara a realizar los necesarios ajustes salariales.

Esta mesa se encargaría de elaborar una propuesta salarial con base en estos criterios entre los meses de febrero y marzo del presente año. Aunque esta propuesta carece de un monto definido e información pertinente al origen de los recursos para sustentarla, ya deja ver, desde sus criterios de fijación, una primacía del crecimiento económico por sobre la justa redistribución de la riqueza.

La experiencia reciente de Venezuela con el instrumento tripartito resulta muy cuestionable, al igual que los logros que esta metodología habría tenido en los distintos escenarios donde ha sido ejecutada. Incluso la propia OIT reconoce que numerosas organizaciones de empleadores y de trabajadores han formulado “la presencia de obstáculos en el cumplimiento… de los criterios de fijación de ajuste de los salarios mínimos… Porque no siempre se cumplen”4. Por las razones expuestas es más que evidente que esta alternativa deja más dudas y resquemores que certezas.

-Los sindicatos y la dolarización del salario

Otra de las propuestas de aumento salarial, abanderada por algunos de los sindicatos participantes en el “Diálogo Social”, en particular por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI), es la dolarización del salario y su aumento a un monto de 300 $. Esta solicitud estaría amparada en el artículo 91 de la Constitución. La base de la propuesta es anclar el monto del sueldo a una parte de la canasta básica y entregar la remuneración mensual en divisas.

Esta propuesta ha sido apoyada por distintos gremios del país, entre ellos la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores y El Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Su talón de Aquiles es obvio, el problema de lo menguado de los recursos y la falta de divisas en esas dimensiones en el país. Solo entre trabajadores y pensionados, es decir, aproximadamente 8 millones de personas, sin incluir pagos de aguinaldos, primas o bonos, estaríamos hablando de aproximadamente 28.800 millones de dólares al año.

Dicho monto está muy lejos tanto de las estimaciones oficiales de ingreso como de las extraoficiales5. Varios son los problemas con las que esta propuesta se afronta, desde lo constitucional, al chocar con el propio artículo 91 que intenta defender6, hasta las monetarias por las implicaciones que traería la dolarización de los salarios para la soberanía monetaria del país. Pero el más grande e infranqueable de todos, y que por ahora desestima la propuesta, es el referente a los recursos para su realización.

-Indexaciones de derecha y de izquierda

En los últimos dos años, la propuesta de la indexación salarial ha ganado popularidad como medio para atacar, coyunturalmente, el problema de la pérdida de valor del salario debido a la inflación. Por esto existen actualmente dos propuestas de indexación, una que denominaremos “indexación de derecha” y otra que denominaremos “indexación de izquierda”.

La primera es la piedra angular de la Ley de Emergencia Salarial. Esta ley es patrocinada y apoyada por parte de la bancada opositora de la Asamblea Nacional y por algunos sectores empresariales del país, conglomerados en La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) así como ideólogos posicionados incluso dentro de la OIT, como el empresario Jorge Roig.

La segunda, por su parte, ha sido impulsada, divulgada y debatida en múltiples espacios de la vida pública nacional. Y sin duda alguna es la propuesta más examinada, estudiada, analizada y fundamentada que existe con respecto al aumento y resguardo del salario7. Sus más visibles promotores son Tony Boza, Juan Carlos Valdez, Pasqualina Curcio, Arles Gómez, Omar Muñoz, entre otros.

Estas dos propuestas tienen mecanismos de fondo en principio similares, aunque sus procedimientos y planteamientos difieren enormemente. Como veremos más adelante, la primera propuesta prioriza la acumulación de riqueza y la segunda busca la desconcentración de la misma.

Por eso planteamos la categoría de derecha e izquierda, porque mientras que una contempla las perpetuaciones de los mecanismos generadores de desigualdad en el reparto de riqueza social, defendiendo a la tradicional clase propietaria, la otra contempla mecanismos de redistribución de la riqueza social en favor de los sectores más populares.

Indexación de derecha           

Según se pudo conocer en distintos medios de comunicación, el pasado 17 de enero representantes del bloque opositor en la Asamblea Nacional hicieron entrega formal a la secretaria del Parlamento del proyecto de “Ley de Emergencia Salarial” en el que se propone, entre otras cosas, la indexación del salario a un porcentaje de la canasta básica.

El proyecto está compuesto por 16 artículos. Según el documento, la principal motivación es la defensa del artículo 91 de la Constitución, correspondiente al derecho de un salario digno y a la obligación del Estado en hacerlo cumplir.

La ley traza entre sus objetivos “indexar el Salario Mínimo a un porcentaje de la Canasta Básica, mejorar la cobertura y calidad del Sistema de Seguridad Social, y la creación de un Fondo de Estabilización Salarial, a los efectos de atender las necesidades de bienestar, e ingresos, del personal activo, jubilado y pensionado de la Nación”.

En esta línea, la responsabilidad de determinar el porcentaje de la canasta básica sobre el que se indexara al salario mínimo corresponderá al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas y al Banco Central de Venezuela (BCV) quienes, de ser necesario, reajustarían este porcentaje cada 3 meses (Art 3).

Sin embargo, estos aumentos tendrían una atenuante, según lo dispuesto en el artículo 4: “El aumento salarial deberá estar inmerso dentro de los objetivos del crecimiento de la economía diseñados por el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV), de manera que no impacte negativamente el índice de inflación”. Este punto subraya el predominio monetarista de la ley.

El proyecto establece que el cálculo del porcentaje del salario mínimo integral basado en la canasta básica tendrá los siguientes indicadores: A) El aumento de los precios o incremento de la producción de petróleo, gas o sus derivados, publicados por Petróleos de Venezuela S.A.; B) Los dividendos generados por la comercialización del oro, materia prima, productos terminados y, minerales de la República.; C) Excedentes obtenidos por concepto de recaudación fiscal y tributaria; D) Ingresos generados en las Zonas Económicas Especiales; E) Indicadores o proyecciones macroeconómicas que expresen crecimiento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) e F) Incremento de los ingresos ordinarios o extraordinarios del Fisco Nacional. (Art 5)

Estos elementos evidencian la diferencia de criterio que existe con respecto a la LOTTT para la fijación del salario mínimo. Al igual que en la propuesta de la OIT y FEDECÁMARAS, no se toma en cuenta la distribución de la riqueza ni el mayor valor del trabajo frente al capital como un factor. Esto indica que el proyecto, aunque de forma transitoria, contempla una suspensión o reforma de la LOTTT.

De igual forma, en los artículos 6 y 15 se plantea tanto la modificación del cálculo usado para definir las prestaciones sociales correspondientes al complemento salarial de alimentación (Cesta Ticket) como también la bonificación salarial sin incidencia en el cálculo de retroactivos ni de prestaciones. Ambas acciones irrumpen contra lo dispuesto en la LOTTT, tanto en lo referente al salario base para el cálculo de prestaciones (Art 104 y 122) como en lo referente al mecanismo de cálculo (Art 142 y 143).

Aunque el objetivo fundamental (declarado) del proyecto es aumentar y garantizar el derecho a un salario digno para la clase trabajadora, resulta evidente que es una ley pensada para la acumulación y provecho del sector empresarial en el marco del proceso desigual de recuperación económica que vive el país.

Las prestaciones sociales y la salarización de los bonos son elementos indispensables para equilibrar la distribución de la riqueza producida socialmente, por eso la LOTTT está pensada bajo este criterio, el de la distribución equitativa de la riqueza social, poniendo énfasis en el factor trabajo sobre factor capital. La disminución o la eliminación de ciertos ingresos en el cálculo de las prestaciones significan la priorización del capital frente al trabajo, en el presente y a largo plazo. Es justificar el hambre de mañana con la comida que podamos comprar hoy, un proceso que obviamente beneficia a los empresarios.

De aprobarse esta ley, la misma se convertiría en una muestra evidente del poder que el sector empresarial ha logrado sobre el marco legal bolivariano. No en vano, Mary Olga Girán, presidenta de Asuntos Laborales de CONINDUSTRIA se expresó de la siguiente forma sobre la propuesta:

“Lo deseable es que nos demos una tregua, vamos a pedirle al Ejecutivo que por un plazo de dos años, aproximadamente, se procure la ejecución de políticas públicas que mejoren la economía y que esos bonos que se están dando hoy en dólares no formen parte del salario para contar así con un sueldo mensual con el que se pueda cubrir las necesidades y mucho más.

Es obvio que la tregua se refiere a un escenario que, al suspenderse la protección legal contra la explotación desenfrenada, permita la acumulación ampliada de la burguesía.

-La indexación de izquierda

La propuesta de la indexación de izquierda ha estado presente desde hace años en el escenario político venezolano como una solución a la erosión salarial y ha venido siendo refinada y perfeccionada. Las primeras ideas surgieron en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Durante todo el proceso constituyente la propuesta fue divulgada y debatida en docenas de artículos, incluso se logró que se implementara por un breve periodo de tiempo la indexación del salario al Petro en el 2018, en el contexto del llamado Plan de Recuperación Económica.

Este primer ejercicio fue analizado sistemáticamente en el libro Hiperinflación: Arma Imperial de la economista Pasqualina Curcio en 2018. Allí señalaba:

“Al anclar el bolívar al Petro, y establecer un sistema de precios y de salarios con respecto al Petro… No necesariamente se detendrá la manipulación política del tipo de cambio. Y aunque los precios en Petros, incluyendo el salario permanezcan relativamente fijos (dependiendo de las variaciones del precio del petróleo) la relación bolívar Petro variará tanto como manipulen el tipo de cambio, lo que implicará, que en bolívares se siga registrando una inflación con ajustes automáticos de los salarios, un shock de oferta, y la necesidad de ampliar la cantidad de dinero para proteger a la población del aumento de los precios, así como para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del sector público (aunque este también utilice el Petro como unidad de cuenta y elabore su presupuesto en Petros).”

Esta aclaratoria obedece a la problemática que se planteó en esta primera indexación de 2018. Se indexó el salario, pero se sostuvo una lógica monetarista de recorte de liquidez secundaria8 en la economía, lo debilitó la viabilidad de la medida, generando su abandono al fin de pocos meses.

Una de las principales diferencias que las dos indexaciones poseen es su visión sobre el tema monetario. Para la indexación de derecha, la principal razón de la inflación en Venezuela es el exceso de liquidez (técnicamente el excedente de agregados monetarios circulantes).

Por el contrario, para la indexación de izquierda, la inflación tendría como fundamento la manipulación exógena del tipo de cambio. Esta manipulación generaría, debido a las expectativas adaptativas de los actores económicos, una subida de los precios de los bienes y servicios y esto a su vez forzaría un aumento o expansión de los agregados monetarios para lograr adquirir los mismos bienes y servicios que se intercambiaban antes de la corrida cambiaria. En otras palabras, el aumento de la liquidez es un síntoma, más no la enfermedad.9

Para entender la importancia de este argumento debemos analizar en detalle la primera propuesta sistematizada de indexación, que fue presentada públicamente el  27 de febrero de 2021 por Tony Boza, Juan Carlos Valdez, Arles Gómez y Omar Muñoz, en el documento titulado “Propuesta Para Indexar La Economía, Rescatar El Poder Adquisitivo Del Salario Y Del Presupuesto Público”. La misma fue introducida en la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional el 7 de marzo del mismo año. Lo último que se supo sobre el proyecto es que hasta finales del 2021 no había recibido ninguna respuesta por parte del poder legislativo.

La propuesta señala:

“Proponemos aplicar el instrumento indexatorio de inmediato, ajustando simultáneamente el salario mínimo a un (1) Petro10, para impedir que siga cayendo el poder de compra y desplegar un plan de reposición y estabilización de los salarios, del presupuesto de gastos e ingresos públicos y otros contratos afectados por el efecto de la indexación desincronizada en el sistema de precios, con el objetivo de elevar el salario mínimo de forma progresiva a seis (6) Petros, y ponderar la magnitud de los incrementos salariales posteriores sin el temor que pierdan pronto su valor real y siga creciendo el descontento que viene generando la pérdida del poder adquisitivo del salario venezolano…”

La “indexación desincronizada” se refiere al proceso de indexación que la economía Venezuela viene atravesando de forma desordenada en los últimos años, ya sea en el sector privado donde se viene presentado una dolarización general de la estructura de costos y de las escalas salariales, o en el sector público a través de distintos mecanismos de anclaje, como por ejemplo el uso de la Unidad de Crédito y el Índice de Inversión establecidos por el BCV para indexar créditos al cambio en divisas11, o el mecanismo de restitución de deuda establecido por la sentencia 517 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de noviembre del 2018.

No es necesario ser economista para darse cuenta de que hoy prácticamente todos los bienes y servicios están indexados al dólar. Sin embargo, el salario y la jubilación de por lo menos 8  millones de trabajados y pensionados públicos están fuera de cualquier indexación. Por eso, lo que se plantea es, utilizando la analogía de los propios promotores del plan, que “el mecanismo indexatorio sea como ir montando a todos los actores en un mismo tren a una misma velocidad”. Así, la “inflación perdería sentido al ir todos o casi todos… al mismo ritmo inflacionario.”

Otro mecanismo que contempla la alternativa es la elaboración de un factor de corrección mensual que permita modificar, según sea el caso, el valor de la unidad de cuenta indexada en bolívares para corregir los desfases que puedan surgir frente a la inflación de los precios de bienes y servicios en la economía nacional y las variaciones del tipo de cambio del bolívar respecto a las divisas.

Un elemento resaltante de esta propuesta con respecto a las demás es el hecho de que identifica los recursos y los mecanismos para lograr la indexación, además del volumen de bolívares para ejecutarlo.

Entendiendo que, como bien lo explicó Pasqualina Curcio en el pasaje citado, la indexación estaría incompleta sin aumentar los bolívares en circulación para recuperar la capacidad de intercambio de bienes. Los promotores del proyecto apuestan por financiar la propuesta a partir de la liquidez secundaria, es decir, de la inyección de bolívares por parte del BCV. Pero esta liquidez tendría su sustento en los dólares que el BCV coloca en las mesas de cambio y que son comprados con bolívares.

En el año 2022 el BCV vendió más de 5.000 millones de dólares en las mesas de cambio privadas, si dividimos ese monto en Petros nos dará poco más de 83.3 millones de Petros que dividido entre 12 meses da casi 7 millones de Petros, lo que significa que con el cobro por la venta de esas divisas se podría haber indexado el sueldo de 7 millones de trabajadores del Estado entre activos y jubilados. Aunque no hubieran cobrado la totalidad de los funcionarios públicos, ni se hubiesen cubierto las prestaciones y aguinaldos, sigue siendo un monto considerable que junto a otros recursos provenientes del sector de hidrocarburos o la recolección fiscal, permitirían haber ejecutado la propuesta.

Sin embargo, las operaciones cambiarias se utilizaron solo para absorber el supuesto excedente de agregados monetarios. Es decir, los recursos están allí y el plan también, lo único que hace falta es voluntad política para dar los pasos audaces que hoy demandan nuestro pueblo y nuestra historia.

Una última observación sobre esta propuesta es que de las cuatro que hemos revisado es la única que en principio y rigor no contraviene ni la Constitución ni la LOTTT. Funciona con una unidad de cuenta indexada, pero el pago se realizaría en bolívares obedeciendo lo dispuesto en artículo 91, ciertamente aun sin poder garantizar el goce entero para el trabajador que garantiza el artículo, pero estableciendo una ruta en ese sentido. Por otra parte, respeta el mecanismo de cálculo de las prestaciones sociales y reconoce la integralidad del salario, al contrario de la indexación de derecha. Finalmente, parte de un principio de distribución progresiva de la riqueza social poniendo hincapié en el factor trabajo, cosa que ninguna de las perspectivas anteriores contemplaba.

Para concluir con el examen de esta alternativa, nos hacemos eco de las siguientes palabras de Pasqualina Curcio:

“… Queremos dejar claro que estas propuestas no se desvían del rumbo a transitar hacia el Socialismo del siglo XXI, por el contrario, tratan por una parte de contener y evitar el desvío hacia políticas monetaristas que ha implicado la congelación de los salarios en el marco de un proceso hiperinflacionario y la reducción de hecho del Estado en la prestación de los servicios públicos […] y Por otra parte, garantizar el menor grado de explotación por parte del capital hacia el trabajo.

En este sentido, es imperioso cerrar la brecha abismal que se ha abierto entre el salario y la ganancia en el marco de un proceso hiperinflacionario que además ha sido inducido por el imperialismo. Hacer mínima esa contradicción trabajo-capital es necesario. Ajustar los salarios en función de la variación de los precios de la economía, los cuales a su vez están determinados por el tipo de cambio inducido, no solo permitirá garantizar salarios reales dignos… sino que aumentará también el salario relativo, es decir, el salario con respecto a la ganancia fortaleciendo y empoderando a la clase obrera en esta lucha por transitar hacia el socialismo.”12

-Un final para el combate 

Por lo dispuesto en nuestra normativa laboral, todo lo pertinente al establecimiento de salarios, su protección y su fijación es plena y total responsabilidad del Estado. Así lo determina el artículo 91 de la Constitución y los artículos 96, 97, 98, 99 y 100 de la LOTTT. Por lo tanto, es el ejecutivo quien, a partir de un análisis técnico, debe considerar o rechazar las mencionadas propuestas. Sin embargo, citando a Tony Boza:

“La forma de resolver el tema salarial definirá en gran medida el cariz del movimiento, de la tendencia que pueda permitir desembocar en el fortalecimiento de la clase trabajadora, asalariada, sujeto histórico de la revolución, o en el fortalecimiento del capital, en cualquiera de sus manifestaciones”13

Como lo han dicho los promotores de la Indexación de Izquierda, la indexación no es una panacea, la mayoría de los grandes problemas económicos del país aún quedarán por resolver en el camino. Sin embargo, parafraseando a Gramsci, la indexación nos permitirá la toma de una posición importante, una victoria necesaria de la clase obrera después de tanto reflujo y retroceso. Sería una victoria sobre los tecnócratas monetaristas que actualmente manejan las calculadoras de las distintas instituciones del Estado liberal burgués que permanece y sería un paso decisivo para abrir nuevos escenarios de lucha.

En esta lucha cada uno decide qué posición quiere jugar. No existen escenarios fuera de dicho conflicto, la única opción es la toma de posición.

 

*Carlos Dürich: Autor en TatuyTv Comunistaria

Fuente: TatuyTV.

 

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Máxima acumulación de fuerza

Si  llegan a juntarse habrá una revolución

Por Arnaldo Aguilar Dorta*

 

   Probablemente un chavista empobrecido y traicionado al igual  que su homólogo, un empobrecido de la oposición dejado también en la estacada por sus pseudodirigentes, se identifiquen a partir de un único deseo, salir de esta pesadilla madurista-fedecámaras-oposición de derecha proimperialista norteamericano, que aparentando ser opuestos, se complotan para favorecerse así mismos, repartiéndose las riquezas del país mientras el pueblo sufre observando como se destruye su vida.

Puede advertirse claramente, que ambos, chavistas empobrecidos y opositores empobrecidos, están de acuerdo con que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen, que haya agricultura nacional, que haya producción petrolera, que se reactive el aparato productivo, que se cuente con verdaderos empresarios productivos, que haya propiedad comunal, que no cunda el político ladrón ni del gobierno ni de la oposición, que las criminales sanciones de los gringos se acaben, pero si continúan, entonces, que todos las suframos y las enfrentemos y no sólo los más pobres. Con seguridad que coincidirán con que se elimine el burocratismo, que haya ciencia, tecnología y arte al servicio y para bienestar de toda la sociedad, que estemos insertos en el mundo y no a la cola de nadie, que haya un transporte público digno y bien organizado, que haya puestos de trabajo bien pagados para todas y todos, que haya respeto por la naturaleza en fin que haya un país donde quepamos todos en paz con justicia social y libertad. A menos que ambos sean unos disociados mentales y deseen vivir en desgracia, pero en general chavistas empobrecidos y opositores empobrecidos todos quieren dejar de ser empobrecidos y vivir en un país que funcione para la vida.

Pero, ¿es que acaso, un chavista empobrecido y un opositor empobrecido no hacen parte de la misma clase social desposeída de medios de producción, que con lo único que cuentan es con su propia fuerza de trabajo para alquilarla a los capitalistas explotadores? El auténtico sentido de esta pregunta está en la respuesta, que nos dice, que es un absurdo continuar dividiendo en el plano ideológico y en el de la organización política a estas dos porciones de una misma clase social cuando en realidad pertenecen a la misma comunidad.

Hay aspectos de la realidad, para no decir que todo, que funcionan en el anonimato y precisamente la ciencia se encarga de descubrir, y más específicamente la filosofía de la liberación es la encargada de desvelar con el propósito de dotar a los empobrecidos del madurismo-fedecámaras-oposición de derecha proimperialista, con las herramientas para su propia liberación.

Por lo tanto, se necesita comenzar por romper con el sentido común predominante, por adoptar una nueva lógica de percibir las relaciones que se desenvuelven en el seno de la sociedad, deslastrarse de esa otra que está predispuesta a ver el mundo sólo en blanco y negro, con un reduccionismo dicotómico. Y para lograr tal ruptura debemos aprender a leer la realidad venezolana no con el pensamiento habitual que todo lo fragmenta y divide, sino requerirá una lectura inaudita, que genere nuevos sentidos, que forje una visión dialectico-holística para salir de las ergástulas epistemológicas que nos obligan a interpretar y conocer nuestra realidad con los ojos de quienes nos oprimen, de la ideología dominante. Es urgente, pues, que los empobrecidos del chavismo y los empobrecidos de la oposición se deshagan de la ideología de las clases explotadoras y comiencen a ver su vida con sus propios familiares conceptos, los que están contenidos en la ciencia de su autoliberación.

Sosteniendo como base esta línea de pensamiento, planteamos entonces la siguiente hipótesis: si logran unirse en único y nuevo bloque histórico, los empobrecidos del chavismo y los de la oposición y toman conciencia de conformarse como una clase social para sí, con total seguridad se logrará frenar y revertir el desastre neoliberal en el que la alianza madurismo-fedecámaras metió a Venezuela y comenzar a construir un estado y una sociedad de productores libremente asociados.

En Venezuela estamos viviendo tiempos de lobos devorando a otros lobos, y eso está asociado como rasgo particular, y nada más ocurre cuando un sistema como el capitalista entra en una situación de crisis estructural profunda, y es precisamente lo que está  sucediendo en Venezuela. Por lo tanto, Destruir el estado capitalista (objetivo supremo de toda revolución hecha por las clases trabajadoras) y sustituirlo por otro fundamentado en las lógicas del mundo del trabajo, no es un asunto de soplar y hacer botellas. Consiste, si somos capaces de sacar lecciones de la historia, en un asunto de una altísima complejidad.

Sin embargo, no es este el camino que quiero transitar en este artículo, sino abordar un aspecto más local, el que tiene que ver con la construcción necesaria de la unidad del pueblo venezolano como clase trabajadora para sí,  condición sine qua non que debe alcanzarse previamente en el plano de la conciencia para comenzar a realizar una auténtica revolución social que lo transforme todo de raíz en beneficio de todo el pueblo, que no deje nada intacto del estado burgués,  porque está suficientemente comprobado que cuando lo nuevo no es capaz de consolidarse el pasado entonces regresa por sus fueros y con más fuerza.

Cuando aquí hablamos de la clase trabajadora hacemos referencia hoy,  en pleno siglo XXI, a todas esas agrupaciones sociales que se identifican por no tener otra opción sino alquilar su fuerza de trabajo, física o intelectual, a los capitalistas. En esta línea de pensamiento caben entonces desde la gran masa de obreros del campo y la ciudad hasta los trabajadores de la salud, de la educación, empleados públicos, mujeres, jóvenes, indígenas, incluyendo a los mismos miembros de las fuerzas armadas y en general, a toda mujer y hombre desprovistos de cualquier medio de producción. En este sentido, en la actualidad podemos afirmar que la inmensa mayoría del pueblo venezolano pertenece a la clase trabajadora.

Ahora bien, por qué es necesario dedicarle esfuerzos a definir esto. Lo es porque efectivamente una revolución social es el resultado de condiciones excepcionales, de la agudización de la lucha de clases, y en la medida que tengamos claro cómo es la estructura de clases de la sociedad venezolana contemporánea, su metabolismo,  en esa medida se acertará en cuanto a la definición de la política de alianzas, asimismo se podrá identificar quien es el enemigo inmediato y el estratégico, y cuál debe ser  el programa que la revolución de los trabajadores deberá llevar a cabo.  Es en este momento tan especial cuando se proyecta en el cerebro colectivo un nuevo horizonte de vida, cuando todas las fuerzas transformadoras concentra todos sus deseos y voluntad por alcanzar  el objetivo de destruir el viejo estado burgués y de hacerse con la conducción del nuevo estado; el de los trabajadores y trabajadoras.

Si estamos de acuerdo con lo dicho anteriormente, entonces, es necesario  hacernos las siguientes preguntas para seguir avanzando, ¿ qué sentido tiene entonces seguir dividiendo al pueblo trabajador venezolano en chavistas y opositores si ambos agrupamientos sociales son parte de una sola clase social, los desposeídos de poder político y medios de producción excepto su fuerza de trabajo para alquilarla al capitalista explotador, si ellos son los asalariados,  los modernos esclavos? ¿a quién beneficia esta división y enfrentamiento? ¿Cómo unificar a los empobrecidos del chavismo y de la oposición en un nuevo bloque hegemónico y con autoconciencia descolonizada?

No vamos a contestar en este artículo la última pregunta, la vamos a dejar sin respuesta con la esperanza de que la solución sea el resultado de la reflexión colectiva militante. El gobierno madurista está hoy muy débil, perdió el apoyo popular, el pueblo se dio cuenta de que este no es un gobierno del pueblo sino un gobierno de los empresarios capitalistas explotadores nacionales y transnacionales. Es urgente unir al pueblo venezolano en una máxima acumulación de fuerzas transformadoras.

 

*Arnaldo Aguilar Dorta: Docente y militante de  los movimientos sociales en los barrios del sur de Valencia, Venezuela.

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