En las comunidades campesinas e indígenas, el huaracazo es un trago de aguardiente ordinario que es recibido en las entrañas como un golpe. Y esto es lo que ha recibido, y sigue recibiendo, la oligarquía en forma de movilizaciones, masivas movilizaciones.
Asistimos a la primera rebelión política de las comunidades quechuas y aymaras. Tiene una tarea pendiente: levantar un proyecto inclusivo que rompa con la hegemonía oligárquica asentada en Lima.
La destitución de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, fue el pistoletazo de salida a la organización y celebración de movilizaciones que se iniciaron en Puno, un territorio rico en litio y uranio y objetivo de las grandes empresas extractivistas.
Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, el tercero de plomo, el cuarto de estaño y molibdeno, y el sexto de oro, entre otros metales, pero hasta ahora no produce ni uranio ni litio, según la agencia EFE.
En relación al litio y el uranio, Perú podría ser el mayor productor de litio en el mundo tras el hallazgo de más de 4 millones de toneladas del mineral de alta calidad en la zona de Macusani, a 150 kilómetros al norte del Lago Titicaca, en Puno.
Las reservas de litio puneño colocarían a Perú como el sexto mayor del mundo en cantidad y superior a la cantidad existente en las reservas chileno-bolivianas. Además, esa inmensa reserva de litio en Puno podría convertir fácilmente a Perú en productor de este mineral y de autos eléctricos, dada su creciente demanda para la fabricación de baterías en estos vehículos, señaló la consultora PwC Perú[1].
Una de las empresas de mayor presencia en Puno es la canadiense American Lithium Corp., que opera a través de su subsidiaria peruana Macusani Yellowcake. La empresa no sólo trabaja el litio, sino también el uranio.
Cuando se pregunta por el origen de la protesta, larvada desde tiempos de la dictadura de Fujimori, todas y todos coinciden en el hartazgo. La población de las regiones más remotas del interior está cansada de que sus demandas ni sean escuchadas ni sean tenidas en cuenta en Lima, capital del país y centro de poder de las mafias, la corrupción, los sobornos y todo chanchullo que se pueda realizar.
Además, existe la invisibilidad –que no se cuenta desde los círculos de poder anclados en Lima– de comunidades indígenas varias y la comunidad afroperuana. La oligarquía limeña, a la que se le llama despectivamente pitucos/as[2], está compuesta por una casta elitista con mucho poder en sectores clave de la economía. Nace la pitucracia, esa que se mueve en barrios residenciales cerrados con rejas, que tienen seguridad privada, esa reducida población que en Lima se mueve entre clubs privados, con acceso a playas privadas y frecuenta los Círculos, Casinos y clubs de militares que llevan viviendo años, desde tiempos de la colonia, a espaldas de ese otro Perú, el Perú de las mil sangres, el Perú profundo.
Para entender, comprender y acercarse a la actual realidad hay que remontarse a la historia.
Desde antes de 1921, las comunidades aymaras y quechuas se habían movido alrededor de la tierra, la pachamama. Hasta la primera gran rebelión en 1962. Sesenta y cuatro tomas de tierras en Cusco que significaron la primera liquidación de la servidumbre en el país.
El antecedente de esta histórica rebelión ocurrió en las montañas de La Convención, Cusco, el 28 de agosto de 1956 a las 14:50 horas. El hacendado Alberto Duque Larrea se dirigía a la ciudad de Quillabamba por un camino de herradura, cuando recibió un disparo de carabina a la altura de la ingle. La mano que apretó el gatillo pertenecía a Nazario Gamarra, un ex soldado indígena, analfabeto y quechuahablante.
¿Por qué mataron al hacendado Duque? Porque los arrendires[3] estaban hartos de los abusos. El licor estaba sujeto a monopolio y debía comprarse en el bazar propiedad del hacendado. Tenían prohibido construir una casa de adobe y calamina. Debían recurrir a la caña brava revestida de barro, los techos de paja y los suelos de tierra. Así, en caso de desalojo se podía incendiar o demoler. El hacendado evitaba que los campesinos desarrollaran el sentido de la propiedad.
El hacendado tampoco toleraba ningún signo que alterara los roles tradicionales. Prohibía a los arrendires usar zapatos y los conminaba a caminar descalzos o a usar ojotas de goma. Los niños no podían asistir a la escuela[4].
El arrendire recibía humillaciones, injurias, agresiones y amenazas. Era común que los apalearan y los amarraran para ser azotados. En algunos casos eran encadenados y expuestos a las picaduras de las hormigas de montaña. En un caso, por negarse a saludar a la esposa del hacendado, les encerraron en su choza y la humearon con azufre, provocándoles la ceguera. A otra campesina, Juana Oré, que tardó en la palla[5] de coca le trituraron las manos y poco después tuvieron que amputárselas.
Los casos de violencia fueron expuestos en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco para sensibilizar a los estudiantes y movilizar el apoyo de Hugo Blanco, referente histórico en la toma de tierras.
Cincuenta años después vino una segunda rebelión, esta vez la amazónica en Bagua. Derrotaron al gobierno de Alan García que estuvo empeñado en entregar recursos de la amazonia a grandes empresas. Para García, que se suicidó para no afrontar las denuncias de corrupción, los y las pobladoras de la amazonía no comían ni dejaban comer.
La respuesta de la población amazónica fue: no somos perros del hortelano. No somos ciudadanos de tercera categoría, somos peruanxs.
La elección de Pedro Castillo supuso que, por primera vez, maras y quechuas salieran al frente junto con pueblos de los andes del sur. Reconocieron en él, Pedro Castillo, a uno de los suyos. Votaron por él y lograron su victoria.
Sin embargo, Pedro Castillo no estuvo a la altura de las circunstancias para darle sentido a la esperanza.
La acumulación de rabia y cólera
Desde la segunda vuelta, todas las derechas unieron recursos, dineros e influencias en medios de comunicación para desacreditar y maltratar a un candidato y después a un presidente de la República.
La oligarquía nunca aceptó la elección de Pedro Castillo. Insultado, vapuleado y menospreciado por una casta blanquita y oligarca, heredera del más rancio colonialismo.
El menosprecio desde el minuto uno fue el sustento de una rabia y cólera que se iba acumulando en los pueblos del sur de Perú. Una rabia y una cólera contra las derechas y los medios de comunicación que fraguó un vínculo de solidaridad con Pedro Castillo.
Pero el menosprecio y postergación no es de ahora, viene desde 1535, año de la fundación de Lima por el conquistador Francisco Pizarro.
Las comunidades indígenas y campesinas ya no creen en los gobiernos, en las Fuerzas Armadas (FFAA), en los periódicos. No leen periódicos, no llegan a sus regiones y territorios. Tampoco llegan los programas de televisión, ni se entienden. Solo entienden el lenguaje que practican entre ellos y ellas. Los medios de comunicación no visualizan la rabia y el maltrato de esas comunidades. No buscan la opinión en el campo. Visualizan solo la voz de lxs representantes del pueblo.
Engaño y traición
El pueblo, las comunidades indígenas y campesinas, se sienten engañadas. Cuando Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, y cuatro horas después fue preso, la vicepresidenta pasó a ser presidenta con apoyo del Congreso y las FFAA. Dina Boluarte –que proviene de la izquierdista Perú Libre– cometió un grave error. Inicialmente fue atacada como traidora, porque había dicho que si caía Pedro Castillo, ella se iría y no fue así.
Al no ser fiel a esa promesa pasó a ser traidora en el imaginario popular.
Cuando los muertos aparecen –más de sesenta muertes en un mes y medio: dieciocho en un solo día– Dina Boluarte deja de ser llamada traidora para ser llamada asesina. Desde abajo se le juzga como responsable directa de las muertes.
El pueblo formado por andinxs y aymaras se atreve a decir que se vayan todos. Piden una Constituyente. Esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Nace la primera rebelión política de aymaras y andinxs.
Otro aspecto a tener en cuenta. Los y las que participan en las marchas y movilizaciones hacia Lima son enviadas por decisión de sus comunidades. No son opciones individuales y personales. Las comunidades hacen colectas y pagan el transporte. Proporcionan alimentos y víveres.
Las comunidades amazónicas, costeñas y andinas no son sumas de individuos, sino unidades colectivas. Y esas unidades colectivas, de los pueblos, tienen su propia dirección, sus propios sabios, sus propios sacerdotes indígenas. Tienen sus propios expertos en espiritualidad.
La llegada de manifestantes a Lima, procedentes de las regiones más remotas, ha sacado a la luz el tremendo desconocimiento que tienen las izquierdas sobre los pueblos originarios. No se conoce sus códigos ni sus sabias estrategias. No necesitan tener un título para salir a la calle y conseguir sus reivindicaciones.
Por otro lado, la tercera ola de inmigración en Lima es ya un pilar, un apoyo a contar. La población migrante, asentada en Lima, conoce e interpreta muy bien los códigos de la capital, además de saber hablar muy bien el castellano. Muchos y muchas de ellas controlan y tienen influencia en sectores de la economía informal que supone casi el 75% de la economía global. Muchos y muchas de ellas no recurren a los bancos a pedir préstamos, sino al compadre o a la comadre que tiene un negocio próspero. La ayuda mutua comunal originaria se ha trasladado a la capital. En Lima, la capital centralista, está apareciendo un nuevo componente de transformación.
Luego está el componente lingüístico. El castellano, quechua y aymara se hablan en Puno, pero en Lima sólo se habla castellano.
Esta discriminación lingüística fomenta desigualdad y racismo. A nadie le gusta ser insultado y maltratado. Y para que no me insulten, no me discriminen, me pongo una máscara y soy lo que no soy. La segunda opción es ¿por qué tengo que tener vergüenza? Soy como soy y no debo tener vergüenza.
Así aparece el despertar de los pueblos indígenas, con sus propios dirigentes, su propia lengua, reivindicando sus derechos y diciendo a sus estados que deben reconocer los derechos de esos pueblos. Esta postura tuvo un efecto tan grande, que hasta la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) lo tuvo que reconocer.
¿Quién manda?
Perú está sumido en un baño de sangre instigado desde las esferas de poder oligarca, clasista, racista y excluyente. El actual régimen, con Dina Boluarte a la cabeza, tiene unos sólidos pilares.
Alberto Otárola, el primer ministro y antiguo militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR) de Enrique Bernales, es un abogado experto en derechos humanos y es el responsable de no respetar esos derechos. Antiguo Ministro de Defensa con Humala, está considerado como el más duro de los duros.
El actual régimen político va camino a una dictadura. Quienes mandan y deciden lo que hay que hacer son las FFAA.
El presidente del Congreso, Williams Zapata, es un ex general señalado en su día como responsable de la matanza de 61 campesinos, entre ellos 23 niños, en Accomarca[6]. Zapata estuvo en la cadena de mando cuando se ejecutó extrajudicialmente a miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la toma de la embajada de Japón. El actual presidente del Congreso, hombre fuerte del régimen de Dina Boluarte y posible sucesor si Dina dimite, fue vinculado por la Drug Enforcement Administration (DEA) con el cartel de Tijuana, además de haber sido acusado de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado[7]. Y, además, es firmante de la Carta de Madrid auspiciada por el partido ultraderechista Vox.
Otro de los firmes pilares del actual régimen es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo O’Connor. Considera terrorismo las protestas sociales. Exoficial de enlace en el Comando Sur del Pentágono, ligado estrechamente con la dictadura de Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos presos por delitos de lesa humanidad. Liendo garantiza la represión y militarización en curso en Perú.
El sostén de Dina Boluarte son las derechas unidas, las FFAA, el Congreso y la Fiscalía de la Nación en manos de Patricia Benavides, que busca juzgar las protestas como terrorismo. Si Dina Boluarte no renuncia, el único camino que le queda es seguir con la represión.
Mientras, el sentimiento de rechazo a Boluarte aumenta. El 71% de los peruanos y peruanas rechaza su gestión. Un 83% de la población no se siente representado por ella y un 63% quiere un adelanto electoral[8].
Finalmente, señalar que detrás de la intransigencia de no adelantar las elecciones generales existen razones poderosas: los contratos de concesión a empresas extranjeras y nacionales.
Este contrato lo firman el presidente y el ministro respectivo con las empresas extranjeras y nacionales. El plazo del contrato generalmente es de 30 a 40 años y nadie puede modificar el plazo.
Este contrato ley no se puede modificar por ninguna razón. Tampoco se puede modificar aunque el pueblo haga huelgas o los congresistas quisieran anularlo.
En estos contratos de ley generalmente las ganancias para el Perú son del 18% y para la empresa extranjera el 82%.
Los contratos ley que firmó Fujimori con esas empresas terminan, casi todos, este año 2023 y 2024 El Perú debe firmar y/o renovar dichos contratos, siempre por 30 y 40 años de plazo.
Por este motivo, los saqueadores del país se han apresurado en vacar a Castillo. Desde el minuto uno. Un ejemplo. Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, ultraderechista, amigo de Bolsonaro y firmante también de la Carta de Madrid promovida por Vox, tiene su empresa –Ferrocarril Rail– que opera en Cuzco. Quiere seguir saqueando y renovando en condiciones ventajosas 40 años más.
Hay más de 900 contratos ley que esperan renovarse. Por eso, la derecha y la ultraderecha, encabezada por Keiko Fujimori, Roque Benavides, López Aliaga, Ventura, Banda Flores y muchos más, están desesperadas.
Las movilizaciones son un huaracazo a la oligarquía.
Notas:
[1] https://andina.pe/agencia/noticia-peru-podria-convertirse-productor-litio-y-autos-electricos-763427.aspx
[2] Persona de buena posición social, caracterizada por su frivolidad. Diccionario de peruanismos. Juan Álvarez Vita. Ediciones Studium. 1990. Pág. 425
[3] Pobladores que obtenían en arriendo una porción de tierra dentro de las haciendas. A cambio, los arrendires, como se les conocía en Cusco, estaban obligados a trabajar para los hacendados y a cumplir unas exigentes condiciones.
[4] La revolución de los arrendires. Rolando Rojas Rojas. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Pág. 51, 52.
[5] Cosecha
[6] https://poderpopular.info/2022/09/16/uno-de-los-responsables-de-la-masacre-de-campesinos-en-accomarca-es-elegido-presidente-del-congreso-en-peru/
[7] https://www.tercerainformacion.es/opinion/10/01/2023/peru-las-armas-de-la-dictadura/
[8] https://elpais.com/internacional/2023-01-26/una-encuesta-refleja-la-elevada-desaprobacion-de-dina-boluarte-el-71-de-los-peruanos-rechaza-su-gestion.html
*Pepe Mejía: es periodista, miembro del Colectivo Peruanxs en Madrid, militante de Anticapitalistas
Fuente: Viento Sur
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La muerte de un manifestante en Lima eleva a 65 las víctimas desde el inicio de las protestas en Perú
La víctima, Víctor Santisteban, fue trasladado al hospital por heridas causadas en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la capital peruana. El ministerio de Interior ya ha informado de que la Policía está investigando los hechos.
LIMA
Un manifestante, identificado como Víctor Santisteban, ha fallecido este sábado en las protestas en Lima, tras resultar herido en los enfrentamientos con la Policía, informó la Defensoría del Pueblo, lo que eleva a 65 el número de muertes desde el inicio de las protestas en diciembre. Además, medios locales mostraron que, al menos, seis agentes fueron heridos y trasladados en ambulancias.
Cientos de manifestantes antigubernamentales han vuelto a enfrentarse este sábado en las calles del centro histórico de Lima con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a los que lanzaron pirotecnia y objetos contundentes, cuando les bloquearon el paso en el acceso a la avenida Abancay, que conduce hacia el Congreso peruano.
Algunos manifestantes llevaban el rostro cubierto y, en algunos casos, llevaban escudos para enfrentarse a las fuerzas de seguridad, a las que arrojaron piedras, ladrillos y cascotes, además de las bombardas, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos.
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Hasta la fecha, según datos de la Defensoría, ya son 47 las personas que participaban en las protestas que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. A estas víctimas, se suman once decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 11 de diciembre, número al que se añade la víctima mortal de este domingo.
“Lamentamos el fallecimiento de Víctor Santisteban Yacsavilca en las manifestaciones violentas de hoy, la jefatura de guardia del Hospital de Emergencias Grau coordina con la Fiscalía de Perú para las diligencia de acuerdo a ley”, escribió la Defensoría en su cuenta de Twitter.
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El organismo señaló que también realiza “el seguimiento de la atención de salud” en el hospital limeño Guillermo Almenara de un herido de gravedad, al que identifico como Taine Isidoro Bedon Maguiña. “Estamos también en los hospitales que recibieron heridas/os, como producto de las protestas, para garantizar el derecho de la salud de todas/os”, remarcó.
El ministerio del Interior de Perú expresó este domingo sus “más profundas condolencias” a los familiares de Víctor y anunció que el caso ya está siendo investigado por la División de Homicidios de la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público. El ministerio señaló que, de acuerdo con el informe médico del sistema de Seguridad Social EsSalud, la víctima mortal fue atendida en un hospital de Lima “por una herida contuso cortante detrás de la oreja, producto de un golpe”.
La violencia se desató después de que un numeroso grupo de personas recorrió de nuevo las calles del casco histórico de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente.
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La palabra de los manifestantes
Durante la concentración inicial en la plaza Dos de Mayo, una de las manifestantes, identificada como Elizabeth, declaró a Efe que llegó hace dos semanas a Lima desde la provincia de Yunguyo, en la región sureña de Puno (fronteriza con Bolivia).
Tras asegurar que el gobierno de Boluarte es “una dictadura“, afirmó que los manifestantes de provincias seguirán en Lima “hasta que se dé la solución” a sus exigencias. “No pensamos irnos sin respuestas de Lima, la solución es el cierre del Congreso, nueva Constitución y que renuncie Dina Boluarte. Sin resultados nosotros no pensamos retroceder”, enfatizó.
Otra persona, que se identificó como Wilfredo Cayllo, señaló a Efe que llegó desde la región amazónica de Madre de Dios, y reiteró la exigencia de que “renuncie la señora Dina Boluarte, se cierre el Congreso y se haga una reforma constitucional para un cambio total”. “Nosotros ya no creemos en el Congreso, porque hay personas que no nos representan. Queremos que se cierre con urgencia”, dijo antes de asegurar que los manifestantes arribaron a Lima por su “propia voluntad, autoconvocados” y no tienen “ningún dirigente, ni nada”.
Tanto Elizabeth como Cayllo afirmaron que la violencia en las manifestaciones es realizada por “personas infiltradas para hacer todos los disturbios”.
Una “marcha por la paz”
Este duro enfrentamiento se dio poco después de que en otra zona cercana al casco histórico de Lima, en el Campo de Marte, se convocara a una marcha y un “concierto por la paz“, que reunió a cerca de medio millar de personas opuestas a las manifestaciones.
Una de las asistentes, que se identificó como Milagros, dijo a Efe que las protestas en Lima y en las regiones “tienen un gran porcentaje de vandalismo, saqueos y muertes“, aunque también “ha habido una represión que ha sido bastante fuerte”. “Esta marcha es para demostrar que nosotros estamos del lado de la paz y la democracia, que hay luchas justas que se pueden hacer de manera pacífica, que no es necesario usar la violencia”, sostuvo.
Otra mujer, que solo se identificó como Lissi, afirmó que no está “de acuerdo con lo que la gente esta haciendo en las calles” y dijo que fue a la marcha y el concierto porque desea “que haya paz en el Perú”.
En medio de los violentos enfrentamientos posteriores, la Defensoría del Pueblo invocó a los manifestantes “a deponer toda forma de violencia, como lanzar objetos a la PNP o dañar propiedad pública o privada“. “Estas no son formas de ejercer el derecho a protesta, son delitos. Pedimos a la Policía que actúe en el estricto marco de sus atribuciones constitucionales y legales”, remarcó el organismo.
Fuente: Público Diario
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